M¨¦xico reabre el debate sobre derechos reproductivos

Seis a?os despu¨¦s de que M¨¦xico DF aprobase la primera (y, por ahora, ¨²nica) ley de plazos, el estado de Morelos ha reabierto el debate sobre el aborto en este pa¨ªs. El secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, declar¨® hace unos d¨ªas que "no se va a criminalizar a ninguna mujer que por razones diversas haya sufrido un aborto". "No se las mandar¨¢ a la c¨¢rcel y se va a propiciar que se respete el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus ideas", a?adi¨® Messeguer, quien hizo estas declaraciones durante su intervenci¨®n en el III Congreso Latinoamericano Jur¨ªdico sobre Derechos Reproductivos. De cumplirse, Morelos se convertir¨ªa en el segundo Estado mexicano que permite la interrupci¨®n legal del embarazo sin tener que aducir una causa. Un paso m¨¢s en materia de derechos reproductivos y sexuales en un pa¨ªs que sufre elevadas tasas de mortalidad materna y dificultades en el acceso a m¨¦todos anticonceptivos.

"La propuesta de legalizar la interrupci¨®n del embarazo fue una promesa del actual gobernador durante la campa?a", explica Andrea Acevedo, coordinadora de la red por los derechos sexuales y reproductivos en Morelos. Graco Ram¨ªrez, del izquierdista Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica -la misma formaci¨®n que Gobernaba el DF cuando se aprob¨® all¨ª la ILE- acaba de cumplir su primer a?o al frente del Ejecutivo de Morelos.

"Es una postura digna de un grupo progresista, sin embargo, las posibilidades, por ahora, no son claras porque no depende solo del Gobierno, sino tambi¨¦n del Congreso estatal. Para reformar el c¨®digo penal se necesita mayor¨ªa calificada, y el PRD y la izquierda no llegan". Acevedo explica que el bloqueo en la Asamblea respecto a este tema est¨¢ abanderado por tres diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo que gobierna en toda la Rep¨²blica.

Sin embargo, contrariamente a lo que ha sido la postura del partido de la derecha en M¨¦xico, el PAN, la negativa del PRI en materia de aborto no es un¨¢nime ni est¨¢ tan clara. El propio presidente, Enrique Pe?a Nieto, cuando todav¨ªa era candidato a las elecciones de 2012 dej¨® clara su posici¨®n al respecto: "Yo estoy favor de la vida. Pero eso s¨ª, tambi¨¦n estoy en contra de que se criminalice a las mujeres solo por decidir interrumpir sus embarazos". De hecho, fue Rosario Robles, la actual secretaria (ministra) de Desarrollo Social, quien en su etapa como jefa interina del Gobierno del Distrito Federal, entre 1999 y 2000, impuls¨® pol¨ªticas que incorporaron nuevos supuestos de despenalizaci¨®n en la capital.

"Las reformas del 2000 promovieron el debate en la asamblea legislativa y pusieron las bases para que se diera una reforma gradualista", reconoce la jurista Alma Beltr¨¢n y Puga, del Grupo de Informaci¨®n en Reproducci¨®n Elegida, una organizaci¨®n civil que promueve el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Cada a?o se practican en M¨¦xico m¨¢s de un mill¨®n de abortos. De ellos, solo son seguros uno de cada 60, que son los que se realizan en el Distrito Federal. La capital es la ¨²nica zona del pa¨ªs que cuenta con una ley de plazos, que permite a la mujer abortar libremente hasta la semana doce de gestaci¨®n. Una medida que se aprob¨® en 2007, tras varias d¨¦cadas de lucha por parte de los movimientos feministas. Hasta la fecha, el modelo de la Ciudad de M¨¦xico no ha servido de referente para otros estados. Muy al contrario, hasta 16 c¨®digos penales han sido reformulados en el sentido contrario, para aumentar las restricciones que permiten el acceso al aborto legal.

La propuesta para la despenalizaci¨®n del aborto en la Ciudad de M¨¦xico fue presentada en noviembre de 2006 por el PRI y Alianza en la Asamblea Legislativa local, pero el PRD se posicion¨® enseguida como principal defensor del cambio normativo, que fue aprobado en abril de 2007. La iniciativa provoc¨® una fuerte oposici¨®n. La Procuradur¨ªa (Fiscal¨ªa) General de la Rep¨²blica (PGR) y la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que los rechaz¨® un a?o despu¨¦s, reconociendo en su sentencia "la facultad de la legislatura local" de promulgar leyes sobre este tema. Las manifestaciones contrarias a la reforma llegaron tambi¨¦n de los grupos provida y de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica, que a¨²n hoy mantienen su rechazo frontal a esta normativa.

El arzobispo primado de M¨¦xico, Norberto Rivera, asegur¨® hace unos meses que los abortos y los matrimonios homosexuales da?an a la sociedad mexicana. Y los grupos provida siguen protestando en cada aniversario de la aprobaci¨®n de la norma del DF. En su d¨ªa, Jorge Serrano Lim¨®n, l¨ªder del Comit¨¦ Nacional Pro-Vida, hizo un llamamiento a la "desobediencia civil" para frenar la despenalizaci¨®n. El grupo presion¨® con bloqueos a cl¨ªnicas y protestas contra pol¨ªticos. "Esta ley es perversa, no tiene sentido. Es un ataque sin precedentes al ser humano en el vientre materno", declar¨® entonces a los medios. La organizaci¨®n considera el aborto como "un acto de violencia contra la propia mujer, que se causa a s¨ª misma graves da?os por estas pr¨¢cticas".

Un argumento rebatido por las estad¨ªsticas, que sistem¨¢ticamente confirman que el mayor riesgo proviene de los abortos inseguros. La doctora Raffaela Schiavon, directora de Ipas M¨¦xico, una organizaci¨®n que trata de evitar las muertes por aborto inseguro, explica las conclusiones de un estudio realizado por esta entidad. Los abortos clandestinos e inseguros constituyen el 11% de las muertes maternas en M¨¦xico. Seg¨²n los grupos que defienden la despenalizaci¨®n, cada a?o se producen unas 100 muertes por intervenciones realizadas en condiciones clandestinas. "Existe una relaci¨®n inversa entre riesgo de morir por aborto y tasa de hospitalizaci¨®n por aborto. Donde se hospitalizan m¨¢s mujeres, menos riesgo hay de morir, lo que significa que all¨ª donde hay barreras para acceder a los servicios de salud, las mujeres corren mayor peligro". Schiavon explica que desde la aprobaci¨®n de la interrupci¨®n legal del embarazo en el DF se han producido unos 100.000 abortos sin que se registre ning¨²n fallecimiento. "Esto significa que el aborto legal es una pr¨¢ctica muy segura", defiende.

¡°Cero por ciento de muertes por abortos clandestinos en el D.F.¡± fue el dato rese?ado por las autoridades del Distrito Federal el pasado mes de abril, cuando se cumplieron seis a?os del cambio legislativo. En el resto del pa¨ªs, suspender voluntariamente el embarazo y hacerlo en las mejores condiciones m¨¦dicas posibles no resulta f¨¢cil ni siquiera en los supuestos en los que est¨¢ permitido por la ley.

Dependiendo de las entidades federativas, la interrupci¨®n del embarazo est¨¢ permitida en supuestos como la violaci¨®n (en todos), grave da?o para la salud de la madre, alteraciones gen¨¦ticas o cong¨¦nitas graves del feto o inseminaci¨®n artificial no consentida, entre otros. Pero aunque la ley lo permita, en la pr¨¢ctica existen numerosas trabas para su autorizaci¨®n efectiva.

El aborto cuando el embarazo es producto de una violaci¨®n es el ¨²nico supuesto que est¨¢ reconocido en todo el pa¨ªs. M¨¦xico registra elevados ¨ªndices de abuso sexual -131.400 casos al a?o- pero, pese a ello, en el ¨²ltimo lustro tan solo se han emitido 39 autorizaciones de aborto por este supuesto en todo el pa¨ªs y 30 de ellas corresponden al Distrito Federal. En el informe Omisi¨®n e Indiferencia. Derechos Reproductivos en M¨¦xico, publicado en 2013, GIRE denuncia que "el acceso efectivo de las mujeres a las causales legales de aborto es bastante precario o nulo".

En opini¨®n de la doctora Joaquina Erviti, investigadora de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico, el contexto penal, altamente restrictivo, inhibe la demanda de aborto. "Las mujeres antes de llegar al hospital p¨²blico realizan una serie de estrategias para presentar el aborto como espont¨¢neo, para no ser culpabilizadas. Los m¨¦dicos suelen buscar que ellas confiesen que actuaron para interrumpir el embarazo¡±. Erviti explica que desde 2009, con las normas m¨¢s restrictivas aprobadas en varios Estados, las denuncias contra mujeres por abortar desde los servicios de salud han aumentado. "Los m¨¦dicos suelen desempe?ar actitudes punitivas hacia las mujeres. A menudo eval¨²an y emiten juicios morales", a?ade la experta.

Esto fue lo que le pas¨® a Hilda, una de las cuatro protagonistas del documental ?Viva M¨¦xico!, del director Flavio Florencio, que retrata la criminalizaci¨®n que sufren las mujeres cuando abortan. A la edad de 18 a?os la joven lleg¨® a un hospital p¨²blico de San Luis Potos¨ª con una hemorragia. Seg¨²n relata, la doctora le hizo muchas preguntas antes de atenderla y la oblig¨® a que le contara lo sucedido como condici¨®n para empezar a tratarla. La muchacha confes¨® un aborto inducido y la m¨¦dico le dijo que deb¨ªa dar parte. Desde la cl¨ªnica, la polic¨ªa la llev¨® a comisar¨ªa "semidesnuda, solo con una bata". Rindi¨® declaraci¨®n, pas¨® una noche encerrada y la dejaron libre tras pagar la fianza. "Nadie me inform¨® de nada, de que yo estaba en un proceso, de que deb¨ªa buscar abogado. Nada". Dos a?os despu¨¦s, Hilda fue acusada de aborto y posteriormente condenada a un a?o de c¨¢rcel. "Los m¨¦dicos del hospital me juzgaron y los medios de comunicaci¨®n locales me llamaron asesina", relata. El Supremo de Justicia del Estado acaba de revertir la sentencia al considerar que no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en los hechos.

A trav¨¦s de los datos de las secretar¨ªas de seguridad locales GIRE ha contabilizado un total de 41 personas en prisi¨®n preventiva por delito de aborto desde 2007, aunque 13 de las 32 entidades federativas del pa¨ªs no aportaron informaci¨®n. Adem¨¢s, entre 2009 y 2011 un total de 679 mujeres fueron denunciadas por tentativa de aborto. Las penas var¨ªan seg¨²n el Estado. La sanci¨®n de prisi¨®n m¨¢s baja est¨¢ en Tlaxcala, entre 15 d¨ªas y dos meses, mientras que la m¨¢s alta se da en Sonora, con castigos que van de uno a seis a?os de c¨¢rcel. En 27 entidades el aborto es un delito no grave, por lo que la mujer puede seguir el proceso penal en libertad mediante el pago de una fianza. "La sanci¨®n econ¨®mica var¨ªa desde los 2.000 pesos hasta los 160.000 -de 113 a 9.037 euros-, aunque lo normal es que ronden entre los 2.000 y los 10.000 -113 y 564 euros-", afirma Beltr¨¢n y Puga.

El estudio denuncia que las mujeres pobres, menos educadas e ind¨ªgenas tienen nueve veces m¨¢s probabilidades de tener un aborto inseguro que aquellas con mayores posibilidades econ¨®micas, m¨¢s educadas y que no pertenecen a etnias ind¨ªgenas.

Quienes s¨ª pueden permit¨ªrselo, optan por acudir a la capital federal. Lourdes qued¨® embarazada con 13 a?os como consecuencia de una violaci¨®n sexual cometida por un familiar. Present¨® la denuncia ante el Ministerio P¨²blico y solicit¨® la interrupci¨®n del embarazo, pero la autoridad nunca respondi¨® a su solicitud. Como la joven todav¨ªa no sobrepasaba las doce semanas de embarazo se traslad¨® con recursos privados al DF para interrumpirlo. Cuando una asociaci¨®n civil intervino en el caso, la fiscal¨ªa estatal se?al¨® que ni siquiera exist¨ªa un protocolo a seguir en los casos de interrupci¨®n del embarazo por violaci¨®n, el ¨²nico supuesto que lo hac¨ªa legal. Esto sucedi¨® en el Estado de Morelos.