El Defensor canario pide reformas en las guarder¨ªas para incluir a discapacitados

El Diputado del Com¨²n, la instituci¨®n equivalente al Defensor del Pueblo en Canarias, ha recomendado al Ayuntamiento de San Crist¨®bal de La Laguna (Tenerife) que modifique el reglamento de las escuelas infantiles de la localidad. Jer¨®nimo Saavedra, exministro socialista que ocupa el cargo desde finales de 2011, da as¨ª la raz¨®n a Albano Alonso, que se queja que su hijo, que tiene dos a?os y medio y un 67% de discapacidad, fue discriminado al no ser admitido en las guarder¨ªas p¨²blicas del municipio. Su hermano mellizo s¨ª fue aceptado. ?l, sin embargo, fue directamente rechazado porque no fue considerado "compatible con el equipamiento, recursos humanos y el proyecto educativo" del centro. Estos son los requisitos exigidos por la ordenanza municipal para que los menores con un "porcentaje de minusval¨ªa" ¡ªas¨ª se refiere la norma a la discapacidad¡ª puedan ser aceptados en el sistema p¨²blico.?

Que se cese en la pr¨¢ctica de excluir alumnos de las escuelas municipales por raz¨®n de discapacidad y se garantice su inclusi¨®n en el primer ciclo de educaci¨®n infantil. Esta es una de las recomendaciones que el Diputado del Com¨²n envi¨® el pasado viernes al Ayuntamiento de San Crist¨®bal de La Laguna (localidad con 153.000 habitantes), que tendr¨¢ un plazo de 30 d¨ªas para dar una respuesta. Saavedra tambi¨¦n aboga por que el reglamento ofrezca un modelo educativo inclusivo de acuerdo con la convenci¨®n sobre los derechos de las personas con discapacidad; por que se excluyan los vocablos que hagan referencia a minusval¨ªa o incapacidad, o que se revise el baremo de calificaci¨®n de solicitudes de plaza para las escuelas infantiles municipales para incorporar facilidades para las familias en las que alguno de los dos progenitores tenga alguna discapacidad.

Miguel ?ngel Gonz¨¢lez (Coalici¨®n Canaria), concejal de Bienestar Social, asegura que estudiar¨¢n la propuesta y que ya han comenzado a trabajar en alguno de los cambios solicitados. "La semana pasada enviamos al Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad las convocatorias de ayudas que tenemos para que se pronuncien acerca de su redacci¨®n y tendremos en cuenta sus recomendaciones. Supongo que tambi¨¦n hablar¨¢n de los baremos", afirma Gonz¨¢lez, quien se ha mostrado receptivo a los planteamientos del Diputado del Com¨²n.

En el caso de Albano Alonso y su hijo, sin embargo, no ha variado ni un ¨¢pice su opini¨®n. Saavedra suger¨ªa que en las ocasiones en que "se hubiera causado un perjuicio o da?o a los menores y sus familias por la denegaci¨®n de plaza por no cumplir el ordenamiento jur¨ªdico vigente, valore la posibilidad de iniciar, de oficio, los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones p¨²blicas". Pero el concejal se muestra convencido de que actuaron de forma correcta. La educaci¨®n infantil no es obligatoria y el Ayuntamiento no dispone de medios econ¨®micos para atender al peque?o adecuadamente. Esos son sus argumentos.

Alonso, un profesor de instituto de 39 a?os, explica que el pasado agosto recibi¨® una llamada y fue informado de que uno de sus hijos era admitido en una guarder¨ªa p¨²blica cercana a su domicilio, pero que el otro, que sufre una par¨¢lisis cerebral, fue directamente rechazado. Y se queja de que el Ayuntamiento justifica su decisi¨®n agarr¨¢ndose a un informe m¨¦dico que el padre present¨® en marzo en el que, "adem¨¢s de recomendar la escolarizaci¨®n del menor, la doctora de cabecera del ni?o tambi¨¦n indicaba que necesitaba un auxiliar". Alonso critica que, a pesar de la evoluci¨®n que ha experimentado su hijo ¡ª"que ya gatea y camina agarrado de la mano"¡ª, ning¨²n t¨¦cnico lo ha evaluado en persona, "ni tampoco han recibido a la familia para analizar el caso concreto". Adem¨¢s, "si consideraban imprescindible contratar a ese asistente y no dispon¨ªan de fondos para hacerlo, como argumentan el alcalde y el concejal de Bienestar Social, lo normal es que pidieran financiaci¨®n a otro organismo, como la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de Canarias, y en ning¨²n momento lo hicieron".

Este fue el motivo por el que Alonso reclam¨® a instancias regionales, nacionales e incluso internacionales. Las ¨²ltimas, la Comisi¨®n Europea, la UNESCO y la ONU. Su objetivo, dice, ya no es que admitan a su hijo en las escuelas infantiles p¨²blicas ¡ª"a estas alturas del curso, cuando ¨¦l y su hermano est¨¢n integrados en una guarder¨ªa privada, les perjudicar¨ªa"¡ª, sino que se cambie la ordenanza y que otros ni?os con discapacidad "no sean discriminados".