Las mujeres son el enemigo

La reforma sobre el aborto que pretende el Gobierno supone otra muestra de autoritarismo en materia penal. Dicha modificaci¨®n legal es innecesaria, pues existe una aceptaci¨®n colectiva muy amplia de las normas actuales sobre la materia, que resultan adecuadas a nuestra realidad social. Y es manifiestamente contraria a la evoluci¨®n en valores que ha tenido el conjunto de nuestra sociedad. De hecho, en muchos aspectos nos hace regresar en el t¨²nel del tiempo a la ¨¦poca preconstitucional.

El derecho penal solo debe establecer las prohibiciones m¨¢s esenciales para garantizar la? convivencia. No puede utilizarse para imponer una moralidad determinada al conjunto de la ciudadan¨ªa. En un Estado aconfesional no resulta admisible aplicar dogmas de fe a toda la poblaci¨®n. Debemos compartir con Ronald Dworkin que las leyes no se pueden perfilar desde una moralidad que se nutre de t¨®picos, reacciones emocionales o prejuicios antiguos. Ni tampoco desde la imposici¨®n de verdades ¨²ltimas al conjunto de la sociedad. Con esta perspectiva institucional se erosionan los principios b¨¢sicos de convivencia en una sociedad plural, en lugar de respetarse la libertad y las opciones leg¨ªtimas de cada persona. Como se?al¨® Herbert Hart, las sociedades no presentan una moral unitaria, un¨¢nime o eterna, sino que se definen por su pluralidad social y por la evoluci¨®n de sus creencias.

Con esta reforma el Gobierno demuestra que no es capaz de gobernar para la mayor¨ªa de la sociedad. Y que no tiene inconveniente en atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Provocar¨¢ importantes desigualdades sociales, en un d¨¦j¨¤ vu que parece inquietante. Quienes tengan recursos econ¨®micos podr¨¢n seguir abortando con toda libertad en el extranjero, como ocurr¨ªa en los tiempos del franquismo. Sin embargo, quedar¨¢n condenadas a interrumpir su embarazo en la clandestinidad las mujeres sumergidas en los espacios cada vez m¨¢s amplios de la precarizaci¨®n social, con serios riesgos para su integridad.

Resulta poco comprensible la actuaci¨®n de un Gobierno que recorta constantemente las ayudas familiares y al mismo tiempo criminaliza la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Todav¨ªa resulta m¨¢s grave la contradicci¨®n entre obligar a las mujeres a tener descendencia en el caso de malformaciones f¨ªsicas o ps¨ªquicas y, al mismo tiempo, retirar las ayudas a la dependencia.

El Gobierno se hab¨ªa distinguido por utilizar el derecho penal del enemigo contra la disconformidad social. Cualquier manifestante le parece peligroso, merecedor de sospechas y generador de riesgos que hay que conjurar desde los poderes p¨²blicos. Con el aborto el Gobierno ampl¨ªa su perspectiva, en esta l¨ªnea que nos est¨¢ llevando a las restricciones de libertades m¨¢s intensas de la democracia. Ahora las mujeres son el enemigo.

Joaquim Bosch es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia