Mano dura para la droga blanda

El pasado 10 de diciembre, el Senado de Uruguay aprob¨® una novedosa ley para regular la producci¨®n, distribuci¨®n y venta de marihuana. El pa¨ªs sudamericano se convirti¨® en el primero en todo el mundo en legalizar esa sustancia a nivel estatal, acaparando desde entonces todas las miradas al ser tambi¨¦n el primer pa¨ªs de Am¨¦rica Latina en abordar la problem¨¢tica del tr¨¢fico y consumo de estupefacientes desde un punto de vista distinto al empleado durante los ¨²ltimos 50 a?os, basado en perseguir tanto a los distribuidores como a los consumidores de drogas. Tambi¨¦n en EE UU hay movimientos en ese sentido, aunque de momento solo a nivel regional: desde este 1 de enero est¨¢ permitida la venta con fines recreativos en establecimientos autorizados en Colorado, y dentro de unos meses entrar¨¢ en vigor una ley similar en el Estado de Washington.

Paralelamente, Espa?a est¨¢ tomando el camino inverso. El Gobierno quiere aprobar, con toda la oposici¨®n en contra, la llamada Ley para la Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana que, entre otras medidas pol¨¦micas, prev¨¦ un aumento de alrededor del triple ¡ªde 300 a 1.001 euros¡ª de la sanci¨®n m¨ªnima por tenencia de estupefacientes en v¨ªa p¨²blica, proh¨ªbe los cultivos dom¨¦sticos de cannabis ¡ªa pesar de que su consumo privado es legal¡ª y elimina la posibilidad de sustituir las multas de posesi¨®n de drogas por un tratamiento de desintoxicaci¨®n.

En 2011 se cumplieron 40 a?os desde que Richard Nixon declar¨® su guerra contra la droga. El entonces presidente americano asegur¨® en 1971 que el consumo de estupefacientes era una ¡°emergencia nacional¡±, el ¡°enemigo p¨²blico n¨²mero uno del pa¨ªs¡±, y destin¨® millones de d¨®lares a aumentar el tama?o y la presencia de las agencias de control de estupefacientes en todo el Estado y el continente americano. Pasadas cuatro d¨¦cadas, pocos expertos se atreven a negar su fracaso: a pesar de los inmensos recursos destinados, los niveles de adicci¨®n, tr¨¢fico y violencia relacionados con las drogas contin¨²an aumentando o, en el mejor de los casos, se han estabilizado.

Lo evidenci¨® el informe de la Comisi¨®n Global de Pol¨ªticas de Drogas remitido a la ONU en 2011, que marc¨® un punto de inflexi¨®n en la percepci¨®n de que las medidas represivas eran las m¨¢s adecuadas para luchar contra el problema. Elaborado por intelectuales de la talla de Javier Solana, Kofi Annan, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o George Shultz, el informe alentaba a todos los gobiernos a experimentar ¡°con modelos de regulaci¨®n legal de las drogas (en especial el cannabis) para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos¡±.

?Por qu¨¦ Espa?a nada en contra de la tendencia mundial de abordar el problema desde un punto de vista de reducci¨®n de da?os, aumenta las sanciones e incluso elimina la posibilidad de adherirse a tratamientos de desintoxicaci¨®n para sustituir las multas por posesi¨®n? ¡°El Gobierno va a contracorriente. Volvemos a concepciones de hace 40 a?os que han sido superadas en todos los pa¨ªses civilizados¡±, explica Araceli Manj¨®n-Cabeza, quien fue directora general del Plan Nacional sobre Drogas. ¡°Eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicaci¨®n nos equipara a pa¨ªses como Rusia, donde solo se concibe al consumidor como un delincuente¡±.

Manj¨®n, que tambi¨¦n estuvo dos a?os al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ¡ª¡°donde se juzgan los grandes casos de narcotr¨¢fico¡±, recuerda¡ª, pas¨® de ser adalid del prohibicionismo en sus a?os al frente de estas instituciones a clamar por un cambio de pol¨ªticas despu¨¦s de estudiar la cuesti¨®n durante 20 a?os. ¡°Trabajar en la prohibici¨®n me dio un escenario privilegiado¡±, explica, ¡°mi ingenuidad era absoluta hasta que me di cuenta del derroche en t¨¦rminos econ¨®micos y humanos, sin obtener ning¨²n resultado positivo¡±. Hoy se considera partidaria ¡°en l¨ªneas generales¡± de la legalizaci¨®n de todas las drogas, ¡°lo cual no significa barra libre¡±, matiza. Este peri¨®dico ha intentado conocer la versi¨®n de los actuales responsables del Plan Nacional sobre Drogas, pero no ha recibido respuesta de la instituci¨®n.

Las voces que abogan por modificar la pol¨ªtica antidroga mundial son cada vez m¨¢s numerosas e influyentes. A la legalizaci¨®n del cannabis en Uruguay hay que sumar ocho pa¨ªses sudamericanos que se est¨¢n planteando despenalizar el consumo personal de cannabis o de todas las drogas, despu¨¦s de que un informe de la OEA (Organizaci¨®n de Estados Americanos) del pasado mayo planteara por primera vez esta soluci¨®n como alternativa a la violencia que genera el tr¨¢fico de estupefacientes en el continente. En Estados Unidos se permite la compra y venta de marihuana para uso medicinal, con receta m¨¦dica, en 17 Estados, aparte de la legalizaci¨®n para uso recreativo en Colorado y Washington y de que el distrito de Nueva York tambi¨¦n se lo plantea.

Europa tampoco escapa de la tendencia reguladora. Suiza despenaliz¨® en octubre la posesi¨®n de cannabis para uso personal. El distrito de Kreuzberg, en el centro de Berl¨ªn, aprob¨® a finales de noviembre una iniciativa para abrir coffeeshops en el parque G?rlitzer, uno de los espacios de la ciudad m¨¢s castigados por el narcotr¨¢fico. El pasado diciembre, 106 profesores de Derecho Penal alemanes ¡ªentre ellos, el expresidente del Tribunal Federal¡ª firmaron una petici¨®n a favor de la despenalizaci¨®n de las drogas blandas. Copenhague, la capital de Dinamarca, anunci¨® en marzo que pretende iniciar un programa experimental de tres a?os en los que el municipio ser¨¢ el encargado directo de producir y vender el cannabis. B¨¦lgica tambi¨¦n permite la posesi¨®n de hasta tres gramos de marihuana o de una planta para consumo personal. Portugal se convirti¨® en 2001 en el primer pa¨ªs europeo en descriminalizar el uso y la posesi¨®n de todas las drogas il¨ªcitas y ahora, una docena de a?os despu¨¦s, el uso de estupefacientes ha crecido ligeramente, pero al mismo nivel que en muchos otros pa¨ªses europeos. Por el contrario, se ha reducido el consumo de hero¨ªna ¡ªprincipal preocupaci¨®n del Ejecutivo portugu¨¦s cuando tom¨® la decisi¨®n¡ª y han descendido las condenas relacionadas con las drogas.

¡°Est¨¢ m¨¢s que demostrado que aumentar las sanciones no reduce el consumo¡±, explica Carmen Mart¨ªnez, secretaria de Organizaci¨®n de la UNAD (Uni¨®n de Asociaciones y Entidades de Ayuda al Drogodependiente). ¡°Los adictos tienen la posibilidad de recuperarse, nos lo demuestran a diario¡±, contin¨²a, ¡°no se les debe perseguir sino curar. Adem¨¢s, tampoco aumentar¨¢ la recaudaci¨®n ya que estas sanciones tan altas son imposibles de asumir por los drogodependientes¡±.

Tanto Manj¨®n como las asociaciones de consumidores de cannabis consultadas coinciden en que la nueva ley es un intento del Ejecutivo de frenar los procesos de regulaci¨®n existentes en Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, donde se han creado comisiones parlamentarias para regular los clubes de fumadores y el cultivo de marihuana. ¡°Sancionar el cultivo es una forma de yugular la actividad de los clubes de cannabis¡±, sostiene Manj¨®n. Jaume Xaus, portavoz de la Federaci¨®n de Usuarios de Cannabis, apunta en la misma direcci¨®n. ¡°No se persigue el tr¨¢fico sino las iniciativas que han surgido de la sociedad civil. Nos est¨¢n intentando poner palos en las ruedas¡±, afirma.

El Ministerio del Interior, que no ha consultado la reforma ni con las asociaciones de ayuda a la drogadicci¨®n ni con las de consumidores de cannabis, parece dispuesto a acabar con el actual modelo asociativo que ha surgido a la sombra de un vac¨ªo legal. M¨¢s all¨¢ de multar con entre 1.001 y 30.000 euros los ¡°actos de plantaci¨®n de drogas no constitutivos de delito¡±, la nueva normativa prev¨¦ entre sus medidas cautelares la ¡°suspensi¨®n o clausura de locales¡± en los que se est¨¦n consumiendo drogas as¨ª como la ¡°retirada de autorizaciones, permisos o licencias¡±. Con la legislaci¨®n actual, las multas por cultivos dom¨¦sticos no se imponen por defecto, pues no existe la sanci¨®n administrativa en caso de que no haya delito. Solo un juez puede decidir en cada caso si una plantaci¨®n dom¨¦stica debe ser penalizada.

La Generalitat de Catalu?a no tiene intenci¨®n de paralizar su proceso de regulaci¨®n del cannabis, seg¨²n afirman fuentes cercanas a la redacci¨®n del futuro ¡°c¨®digo de buenas pr¨¢cticas¡± que regular¨¢ la materia, y ya se estudia la manera de permitir la existencia de estas asociaciones a pesar de la nueva ley estatal.

Interior niega que se haya incluido expresamente la prohibici¨®n del cultivo para acabar con la actividad de estos clubes. En cuanto al aumento de las sanciones, considera que ¡°1.001 euros de 2014 no representan una cuant¨ªa sensiblemente superior a 50.000 pesetas (300 euros, la antigua sanci¨®n m¨ªnima) de 1992¡±. Sobre la eliminaci¨®n de la posibilidad de sustituir la multa por un tratamiento, alega que dicha medida ¡°no ha resultado eficaz para los objetivos de integraci¨®n social que persegu¨ªa¡±.

Aumentar las sanciones no reduce el consumo, dice Carmen Mart¨ªnez

Reiterados estudios han demostrado que, en materia de drogas, los gobiernos logran beneficios financieros y sociales mucho mayores invirtiendo en programas sociales y de salud, antes que dedicando los recursos a actividades de persecuci¨®n y aplicaci¨®n de la ley. Los informes demuestran tambi¨¦n que los pa¨ªses que han desarrollado estrategias de reducci¨®n de da?os (reposici¨®n de jeringuillas, asistencia, sustituci¨®n de sanciones por programas de desintoxicaci¨®n...) tienen un porcentaje de prevalencia de VIH entre adictos mucho menor. En Australia, por ejemplo, la tasa de toxic¨®manos con sida es del 2%. En Rusia, donde no existe ninguna pol¨ªtica de reducci¨®n de da?os, supera el 35%. Otro aspecto probado es que los factores que influyen en la decisi¨®n de comenzar a tomar drogas tienen que ver m¨¢s con el contexto social y econ¨®mico, la moda o los progenitores que con la normativa de cada pa¨ªs.

Seg¨²n el Informe Europeo sobre Drogas de 2013, al menos 85 millones de europeos adultos (una cuarta parte) han consumido una droga ilegal en alg¨²n momento de su vida. De estos, 77 millones declararon que hab¨ªa sido cannabis. De los 250 millones de usuarios de drogas estimados en el mundo, la ONU considera que solo un 10% se pueden clasificar como dependientes o ¡°problem¨¢ticos¡±. En Espa?a, el ¨²ltimo informe del Plan Nacional sobre Drogas, referido a 2011, expone una estabilizaci¨®n en el consumo de alcohol, hero¨ªna y cannabis y una reducci¨®n de la coca¨ªna. Seg¨²n Manj¨®n, los datos ni la situaci¨®n en Europa y Am¨¦rica justifican los cambios legislativos. ¡°No es un tema cient¨ªfico sino pol¨ªtico¡±, considera. ¡°La tendencia mundial si no va hacia la legalizaci¨®n, s¨ª hacia un tratamiento m¨¢s humano y coherente¡±.

Fe de erratas: En una anterior versi¨®n de este art¨ªculo, publicado en la edici¨®n impresa del 3 de enero de 2014, se aseguraba que el informe de la Comisi¨®n Global de Pol¨ªticas de Drogas era de la ONU, cuando realmente solo se remiti¨® a esta organizaci¨®n y fue elaborado por un organismo independiente formado por, entre otros, el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan.