Catalu?a cambia la ley para prohibir el ¡®fracking¡¯
La Administraci¨®n catalana no podr¨¢ otorgar los permisos urban¨ªsticos para construir instalaciones de fracturaci¨®n hidr¨¢ulica
El fracking est¨¢ prohibido en Catalu?a. La oposici¨®n de la Generalitat a permitir esa pol¨¦mica pr¨¢ctica extractiva de hidrocarburos es ley desde el pasado jueves, cuando se public¨® la Ley de Acompa?amiento de Presupuestos. Esta recoge una modificaci¨®n de la normativa sobre urbanismo que se?ala que no est¨¢ ¡°permitido utilizar la tecnolog¨ªa de la fracturaci¨®n hidr¨¢ulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las caracter¨ªsticas geol¨®gicas, ambientales, paisaj¨ªsticas o socioecon¨®micas¡±.
En la pr¨¢ctica, lo que ese cambio implica es que la Administraci¨®n catalana no podr¨¢ otorgar los permisos urban¨ªsticos para construir y poner en marcha en territorio catal¨¢n instalaciones con el objeto de utilizar esa t¨¦cnica basada en la destrucci¨®n de la roca madre del suelo mediante la inyecci¨®n a presi¨®n de agua y productos qu¨ªmicos.
Hasta ahora, la Generalitat ya hab¨ªa ido denegando una a una todas las peticiones de licencias para utilizar el fracking en subsuelo catal¨¢n, en algunos casos porque hab¨ªa expirado el calendario para presentar la documentaci¨®n, pero quedaban algunos flecos pendientes. Sobre todo en cuatro zonas a caballo de Catalu?a y Arag¨®n donde el Ministerio de Industria hab¨ªa autorizado la exploraci¨®n para conocer si se pod¨ªa extraer gas o petr¨®leo del subsuelo. Aunque los resultados fueran positivos, ser¨ªa imposible llevarlas a cabo, a no ser que las instalaciones se sit¨²en completamente en territorio aragon¨¦s. ¡°En Catalu?a est¨¢ totalmente prohibida¡±, confirm¨® ayer el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Pere Torres.
La decisi¨®n de la Administraci¨®n, no obstante, no descansa sobre argumentos medioambientales. Reside en un estudio del Gobierno catal¨¢n que concluye que la fractura hidr¨¢ulica apenas permitir¨ªa aflorar el equivalente a 0,7 a?os del consumo de gas de la comunidad. Ante esas expectativas, el documento apostaba por dar carpetazo para evitar los ¡°costes sociales¡± causados por los movimientos opositores
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