El calvario de una menor valenciana

Un calvario de cinco semanas. Es lo que acaba de vivir una joven de 17 a?os tras solicitar una interrupci¨®n voluntaria del embarazo en un centro de salud del municipio valenciano donde reside. La primera vez que lo pidi¨®, a finales de diciembre pasado, estaba de cinco semanas y le denegaron el volante porque, seg¨²n le dijeron, ten¨ªa que ir acompa?ada de uno de sus padres. ¡°Falso. La ley en vigor dice que si la menor puede sufrir coacciones familiares para continuar con el embarazo, como era su caso, el m¨¦dico puede practicar la operaci¨®n sin consentimiento paterno. Ella estaba segura de que su madre no le dar¨ªa su aprobaci¨®n y, adem¨¢s, como castigo la enviar¨ªa a Ecuador, su pa¨ªs de origen [tiene doble nacionalidad]¡±, explica Marcela Jabbaz, soci¨®loga y miembro de la Federaci¨®n de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana, que acompa?¨® a la menor en su periplo.

Pero la joven no conoc¨ªa la ley y comenz¨® a prepararse para cont¨¢rselo a sus padres. ¡°A principios de enero recibimos la llamada de una mujer que s¨ª conoc¨ªa la ley y nos ped¨ªa que la ayud¨¢ramos. No tenemos un programa de apoyo concreto para este tipo de problemas, pero no pod¨ªamos desatender una petici¨®n como esa¡±, relata Jabbaz. ¡°Cuando la conoc¨ª, me sorprendi¨® su madurez. Es una joven estudiosa, que tiene un proyecto de futuro, y ten¨ªa muy claro que no era el momento de tener un hijo. No era una decisi¨®n inconsciente, sino muy meditada¡±, contin¨²a. ¡°Aunque es una chica dura, porque ha vivido unas circunstancias familiares dif¨ªciles, estaba angustiada. Se sent¨ªa culpable y sab¨ªa que su madre, no tanto por razones religiosas, sino culturales, no se lo iba a permitir¡±.

La soci¨®loga acompa?¨® a la joven en su segunda visita al centro de salud. Volvieron a ponerle pegas. ¡°Preferimos que venga con los padres. A veces tienen miedo y luego no es para tanto¡±, les dijo la doctora. ¡°Y, otras veces, les dan una paliza¡±, contesta Jabbaz.

Con la ley en la mano, desmontaron todas las pegas y consiguieron un volante para una cl¨ªnica concertada. ¡°Es curioso que no te ofrezcan hacerlo en un hospital p¨²blico¡±, comenta Jabbaz. Y ah¨ª empez¨® la segunda parte del calvario. El reglamento de la ley de plazos establece que cuando la menor alegue conflicto familiar, el m¨¦dico podr¨¢ solicitar el informe de un psic¨®logo o trabajador social. Se lo exigieron. ¡°Llamamos a todas las puertas para que alguien nos lo firmara. Pero ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni el centro de salud ni profesionales particulares consideraron que entrara dentro de sus competencias. Al final, probamos casi de casualidad con la orientadora de su instituto y tuvimos suerte¡±, recuerda.

Cinco semanas despu¨¦s de la primera petici¨®n, en la d¨¦cima semana de gestaci¨®n, se realiz¨® la operaci¨®n. Si el proceso hubiera empezado m¨¢s tarde, quiz¨¢ no habr¨ªa llegado a tiempo de hacerlo antes de la semana 14?, plazo m¨¢ximo que permite la ley. ¡°Tuvo suerte de conocer a esa mujer que nos pidi¨® ayuda. ?Qu¨¦ habr¨ªa ocurrido si no llegamos a intervenir? ?Cu¨¢ntas j¨®venes como esta, y no tan j¨®venes, se ven abocadas a una maternidad no deseada porque se tropiezan con una pared burocr¨¢tica que filtra su atenci¨®n en el sistema p¨²blico?¡±, se pregunta la soci¨®loga.

Jabbaz considera que es importante dar a conocer estas historias ¡°para derribar el argumento de que hay que cambiar la ley actual porque permite abortar con inconsciencia y facilidad¡±. ¡°No solo no es f¨¢cil, sino cada vez m¨¢s dif¨ªcil. Se ha extendido tal clima de macartismo entre los m¨¦dicos, que cada vez m¨¢s procuran evitar abortos. Tienen miedo¡±, asegura.