Ca?ete exime al 98% de empresas del seguro de da?os al medio ambiente

Se les llam¨® ¡°seguros verdes¡±. Una de las leyes m¨¢s ambiciosas del anterior Gobierno socialista en materia de medio ambiente fue la que, en 2007, oblig¨® a decenas de miles de empresas potencialmente contaminadoras a contratar avales o fianzas para pagar cualquier accidente del que pudieran ser responsables. En esencia, se trataba de pasar de la teor¨ªa a la pr¨¢ctica el principio de ¡°quien contamina, paga¡±. La empresa suscrib¨ªa una garant¨ªa financiera en funci¨®n de su potencial para generar da?os medioambientales con la que responder en caso de accidente. La ley de 2007 obligaba a 320.000 operadores a contratar estos seguros. La reforma que ahora ha emprendido el Ministerio de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente exime al 98% de esas empresas: solo se les exigir¨¢ a 5.470.

Los ¡°seguros verdes¡± nunca llegaron a ponerse en marcha

La ley de 2007 era tan ambiciosa que, en realidad, nunca llegaron a ponerse en marcha las garant¨ªas financieras. El desarrollo reglamentario de la norma fue retrasando su aplicaci¨®n pr¨¢ctica. Se publicaron ¨®rdenes ministeriales que ampliaban los plazos, de forma que, como explica Rita Rodr¨ªguez, abogada de la ONG WWF, ¡°nunca lleg¨® a ser exigible¡±. La reforma que impulsa el ministerio de Miguel Arias Ca?ete significa que esas garant¨ªas ya no ser¨¢n exigibles para el 98% de las actividades que la ley de 2007 s¨ª consideraba obligatorias. El ministerio argumenta que ha eximido a las actividades ¡°con escaso potencial de generar da?os medioambientales y con bajo nivel de accidentalidad¡±. Las cementeras, grandes qu¨ªmicas, centrales de energ¨ªa el¨¦ctrica, etc¨¦tera, s¨ª deber¨¢n suscribir los ¡°seguros verdes¡±.

La exenci¨®n de casi 315.000 actividades respecto a la ley de 2007 ha llamado la atenci¨®n del Consejo de Estado en su dictamen del 19 de diciembre pasado. ¡°Una exenci¨®n tan generalizada deber¨ªa, a juicio del Consejo de Estado, integrarse mejor en el presente anteproyecto de ley¡±, se?ala el texto, al que ha tenido acceso EL PA?S. Para Hugo Mor¨¢n, portavoz de Medio Ambiente del PSOE, el ¨®rgano consultivo ¡°est¨¢ criticando el hecho de que pr¨¢cticamente se produce una excepcionalidad generalizada; la excepcionalidad se convierte en regla¡±.

El propio operador ser¨¢ el que determine la cuant¨ªa de la garant¨ªa

¡°La nueva ley restringe al m¨ªnimo las actividades sujetas a la garant¨ªa. Y adem¨¢s, al escaso n¨²mero que s¨ª se las exige, les concede un principio de voluntariedad y no de obligaci¨®n¡±, a?ade. Mor¨¢n se refiere a otra de las novedades que incluye esta reforma con respecto a la norma de 2007. A diferencia de lo que ocurr¨ªa antes, cuando era la Administraci¨®n la que determinaba la responsabilidad de cada empresa, ahora el operador que est¨¦ obligado a constituir la garant¨ªa ser¨¢ el que ¡°determine su cuant¨ªa a partir de la realizaci¨®n del an¨¢lisis de riesgos de su actividad, y quien comunique a la autoridad competente la constituci¨®n de la misma¡±, seg¨²n el texto del anteproyecto que pas¨® a Consejo de Ministros a mediados de enero.

¡°Ahora ser¨¢ algo voluntario¡±, advierten los ecologistas

¡°Es como si el principio el que contamina, paga pasara a ser voluntario¡±, dice Mario Rodr¨ªguez, director de Greenpeace Espa?a. ¡°Si hay una p¨®liza suscrita, te aseguras de que el culpable de, por ejemplo, un vertido, paga lo que contamina. Si no, hay que ir a los tribunales a exig¨ªrselo. Al final, esta reforma significa que a los grupos ecologistas nos toca gastarnos los cuartos en acudir a la justicia para exigir reparaci¨®n cuando hay un accidente. La experiencia dice que, como no haya garant¨ªa o aval, no paga ni el tato¡±, asegura. ¡°Con la ley actual, necesitabas autorizaci¨®n de la Administraci¨®n. Ahora, con comunicar el plan de prevenci¨®n de riesgos ser¨¢ suficiente. Depender¨¢ de la buena voluntad de los operadores. La reforma parece una amnist¨ªa encubierta para la mayor¨ªa de empresas¡±, a?ade.

¡°No est¨¢ tan claro que un negocio peque?o no deje secuelas¡±, a?aden

Guillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluaci¨®n Ambiental y Medio Natural, asegura que ¡°Espa?a dio un paso valiente¡± en 2007 al exigir garant¨ªa financiera a las empresas. La ley traspon¨ªa una directiva europea sobre responsabilidad medioambiental que, tal y como recuerda Yanguas, daba libertad a los Estados para decidir si obligaba a sus empresas a suscribir avales o seguros. ¡°El propio Gobierno socialista se dio cuenta de que la exigencia era excesiva¡±, se?ala. Y explica que no es lo mismo un taller de coches o una tintorer¨ªa que una cementera o una qu¨ªmica. Con la reforma el ministerio pretende que las empresas con mayor potencial de generar da?os o con mayor nivel de accidentalidad ¡ª5.470 operadores¡ª est¨¦n obligados a constituir las garant¨ªas ¡°en junio de este a?o¡±. Sobre la determinaci¨®n del importe de esas garant¨ªas, afirma: ¡°Es el propio operador el interesado en tener bien cubiertos los da?os que pueda producir¡±. Que sea voluntario ¡°no impide que la Administraci¨®n lo revise¡±, a?ade.

A Rita Rodr¨ªguez, en cambio, le preocupa que ¡°todo quede en manos del operador. ?l se eval¨²a su propio riesgo y decide la cuant¨ªa de la garant¨ªa. ?Se va a revisar luego?¡±, se pregunta. ¡°Y no est¨¢ tan claro que una peque?a o mediana empresa, como un taller de chapa, no pueda causar da?o¡±, a?ade. Mario Rodr¨ªguez tambi¨¦n usa ese ejemplo: ¡°A un taller se le rompe un tanque de aceite de usado y pasa al alcantarillado. Antes, en caso de vertido, una aseguradora respond¨ªa y pagaba el da?o. ?Y ahora?¡±.