Italia viola la Carta Social Europea por no garantizar el acceso al aborto

En Italia entre el 50% y el 70% de los profesionales sanitarios (en funci¨®n de la especialidad) alegan razones de conciencia para no practicar o no participar en las interrupciones voluntarias del embarazo. En ese pa¨ªs, las mujeres se ven obligadas a visitar varios centros ¡ªincluso varias regiones¡ª para acceder a esta prestaci¨®n sanitaria, que es legal y que te¨®ricamente est¨¢ garantizada en la sanidad p¨²blica. El Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales ha dictaminado hoy que Italia vulnera los derechos de las mujeres, por no implementar medidas que permitan el acceso a esta intervenci¨®n m¨¦dica sin que esa alt¨ªsima objeci¨®n de conciencia suponga una barrera. Este organismo, dependiente del Consejo de Europa, exige al Gobierno italiano que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para garantizar esta prestaci¨®n sin barreras.

Italia tiene una ley de plazos similar a la espa?ola ¡ªque el Gobierno de Mariano Rajoy derogar¨¢¡ª. All¨ª, las mujeres no necesitan alegar ninguna justificaci¨®n para abortar hasta la semana 10 de gestaci¨®n (en Espa?a hasta la 14); y a partir de ese plazo pueden hacerlo si existe riesgo para la salud o anomal¨ªas fetales graves. El Comit¨¦ expone que si la interrupci¨®n voluntaria del embarazo es legal, debe asegurarse su acceso. Los expertos de este organismo ¡ªcon el voto discrepante de su presidente, el espa?ol Luis Jimena Quesada¡ª?no dicen que el alto nivel de objeciones de conciencia sea ilegal, pero s¨ª afirman que las leyes italianas incluyen una serie de acciones para garantizar el acceso a esta prestaci¨®n que no se est¨¢n desarrollando. Esto vulnera el derecho a la protecci¨®n de la salud y la no discriminaci¨®n de las mujeres.

La decisi¨®n, explica Ricardo Priore, del Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales, es vinculante ya que Italia ha firmado la Carta Social Europea y tambi¨¦n los protocolos que permiten a las asociaciones y organismos reclamar y monitorizar su cumplimiento; y es precisamente la denuncia y la reclamaci¨®n de una organizaci¨®n, la Federaci¨®n Internacional de Planificaci¨®n Familiar (Red Europea), la que motiva el dictamen. As¨ª, dice Priori, Italia tendr¨¢ que poner en marcha las medidas necesarias para cumplir con la decisi¨®n del Comit¨¦ e informar de ellas en las reuniones de ministros de los pa¨ªses miembros del Consejo de Europa ¡ªque agrupa a 47 Estados, incluido Espa?a¡ª.

Las cifras de objeci¨®n de conciencia en Italia ¡ªdonde en 2009 se registraron 118.579 abortos¡ª son muy altas. El 70,7% de los ginec¨®logos, el 51,7% de los anestesistas y el 44,4% del personal no sanitario se declara objetor al aborto, seg¨²n los datos del Ministerio de Sanidad. Unas cifras que, seg¨²n las autoridades italianas no influyen en el acceso a la intervenci¨®n. La Administraci¨®n italiana asegura en su respuesta al Comit¨¦ que la movilidad de los profesionales sanitarios y la implantaci¨®n del aborto farmacol¨®gico garantizan que las mujeres puedan recurrir a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Tambi¨¦n que eso hace que exista un ¡°equilibrio¡± de profesionales sanitarios objetores y no objetores, tal y como recoge su ley, que dicta que haya al menos un 50% de estos trabajadores que no alegue razones de conciencia.

La organizaci¨®n IPPF, sin embargo, habla de vulneraciones graves por los obst¨¢culos de acceso. En Bari (sureste del pa¨ªs), por ejemplo, solo hay un m¨¦dico no objetor de conciencia, y cuando ¨¦l no est¨¢ ning¨²n otro realiza estas intervenciones o prescribe los f¨¢rmacos para el aborto farmacol¨®gico. En N¨¢poles, la policl¨ªnica cerr¨® este servicio tras el fallecimiento del ¨²nico ginec¨®logo no objetor; una situaci¨®n similar, dicen, a la de otros pueblos, sobre todo del sur del pa¨ªs.

El Comit¨¦ de Derechos Sociales afirma ahora en su decisi¨®n, que la objeci¨®n de conciencia debe protegerse y tenerse en cuenta, pero que su protecci¨®n reglamentaria no puede ni limitar ni obstaculizar el ejercicio de los derechos recogidos por la ley; en este caso el derecho a acceder a un aborto. Este organismo considera que los servicios encargados de la interrupci¨®n del embarazo deben estar organizados para responder a las necesidades de los pacientes y para garantizar el acceso a estos servicios. Esto, dice, significa que en la medida en la que el n¨²mero y el momento de las solicitudes de interrupci¨®n del embarazo no se pueden prever antes de que se hagan, deben tomarse medidas para asegurar la presencia de personal sanitario que no sea objetor de conciencia cada vez que se requiera esta intervenci¨®n.

Apuntan tambi¨¦n que en una intervenci¨®n sanitaria como el aborto, donde el tiempo representa un factor determinante, estas acciones para garantizar el acceso tienen que estar establecidas a priori. El hecho de interponer un recurso para que se garantice la prestaci¨®n, dicen, supone demasiado tiempo para las mujeres y una fuente de estr¨¦s que puede perjudicar la salud de las afectadas.

Las mismas indicaciones que el Comit¨¦ da a Italia podr¨ªan aplicarse a Espa?a ¡ªque tambi¨¦n ha firmado la Carta Social Europea aunque no la opci¨®n de recurso de las organizaciones a su cumplimiento¡ª. En este pa¨ªs no hay una ley espec¨ªfica que regule la objeci¨®n de conciencia, aunque este derecho est¨¢ recogido en la ley del aborto de 2010, que define que los profesionales que participen directamente en la intervenci¨®n podr¨¢n objetar, pero tambi¨¦n que las autoridades deben garantizar esta prestaci¨®n sanitaria en la sanidad p¨²blica o en la privada, con cargo a los presupuestos p¨²blicos. Esto hace que las administraciones concierten los servicios con cl¨ªnicas privadas. La sanidad p¨²blica realiza menos del 7% de estas intervenciones, aunque no existe un registro para saber el n¨²mero de personal sanitario objetor.

El anteproyecto de ley del aborto que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy extiende el derecho a la objeci¨®n de conciencia a todo el personal sanitario, involucrado directamente o no en la interrupci¨®n voluntaria del embarazo.