Sin dinero para los dependientes

?Se imagina que, pese a tener todo el derecho del mundo, no le dieran la tarjeta sanitaria hasta que la comunidad aut¨®noma en la que reside tuviera dinero para garantizar su asistencia? Pues algo parecido sucede con el sistema de dependencia. Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia admiten que no cumplen con los plazos en el reconocimiento de las ayudas no tanto porque la tramitaci¨®n de la norma sea un embrollo burocr¨¢tico (que lo es, en unos sitios m¨¢s que en otros) sino por falta de liquidez.

As¨ª lo plantea un informe que el Tribunal de Cuentas ha elaborado para fiscalizar la gesti¨®n de la Ley de Dependencia. El texto, provisional a falta de alegaciones, detalla c¨®mo Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias o Murcia reconocen ¡°de forma expl¨ªcita¡± que ¡°la carencia de recursos econ¨®micos suficientes¡± y la ¡°imposibilidad legal de abonar las prestaciones econ¨®micas de forma inmediata (...) por las limitaciones presupuestarias¡± explican el ¡°importante retraso¡± en despachar los expedientes. Algo parecido pasa en Castilla-La Mancha, donde el reconocimiento de las prestaciones econ¨®micas ¡ªlos ingresos en met¨¢lico a los cuidadores familiares, por ejemplo¡ª ¡°se dejan de facto en suspenso hasta que en el ejercicio siguiente se habilitan los cr¨¦ditos necesarios¡±.

Ello explica, en buena parte, que existan 189.427 personas a las que se les ha reconocido el derecho de acogerse a alguna de las ayudas de la ley pero siguen aguardando a recibir la prestaci¨®n econ¨®mica o el servicio del que son acreedores, seg¨²n los ¨²ltimos datos publicados ¡ªel 31 de enero¡ª por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la entidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se ocupa de la dependencia.

El texto describe sin reparos que depende del lugar de residencia del beneficiario, este acceder¨¢ antes o despu¨¦s a las ayudas. En total, son 11 las regiones que incumplen el plazo m¨¢ximo de seis meses para reconocer el derecho a acceder a una prestaci¨®n. Los retrasos son ¡°especialmente significativos¡± en Andaluc¨ªa, Asturias, la Comunidad Valenciana y Extremadura, donde se superan los 300 d¨ªas. En conjunto, el t¨¦rmino medio es de 246 d¨ªas (algo m¨¢s de ocho meses). Estos datos corresponden al an¨¢lisis de expedientes tramitados entre enero de 2011 y abril de 2013.

Fuentes del departamento de Bienestar Social de Canarias responden que el gran peso de la dependencia descansa sobre ellos: ¡°nosotros asumimos el 80% del gasto frente al 20% del Estado¡±. Desde la Generalitat Valenciana, recuerdan que siempre han solicitado mayor financiaci¨®n para la autonom¨ªa.

Los incumplimientos de los plazos ¡°sigue constituyendo una de las principales debilidades¡± del sistema, apunta el documento.

Que se lo digan a E. M., de 66 a?os. Su mujer, M. L. S., de 63 a?os tiene demencia asociada a la enfermedad de P¨¢rkinson, que sufre desde los 42 a?os. E., que vive en Valencia, present¨® la solicitud de la dependencia en mayo de 2011. Pero no fue hasta enero de 2013 cuando le lleg¨® la resoluci¨®n de la valoraci¨®n de su mujer (dependencia en grado 3, la m¨¢s alta) y el reconocimiento de que ten¨ªa derecho a ayuda. Transcurrieron 18 meses, el triple del plazo de seis meses que fija la ley. O lo que es lo mismo, 540 d¨ªas, m¨¢s del doble de la media estatal.

Adem¨¢s, existe una ¡°gran disparidad entre las autonom¨ªas en cuanto a la valoraci¨®n de la capacidad econ¨®mica de los beneficiarios¡±, seg¨²n el informe del Tribunal de Cuentas, una variable que sirve para evaluar la aportaci¨®n que le corresponde abonar a cada uno de los usuarios. Esta suma se fija a partir de la renta y el patrimonio, seg¨²n indica la ley, ¡°lo que no ocurre actualmente en todas las autonom¨ªas¡±. Lo mismo sucede, en consecuencia, con el copago, para cuyo c¨¢lculo tambi¨¦n existe una gran heterogeneidad ¡°lo que resulta contrario al principio de igualdad que inspira el sistema de dependencia¡±.

Adem¨¢s, destaca la ¡°excesiva dispersi¨®n normativa¡± que ha tenido el desarrollo del sistema. Ello ¡°no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que inspiran al sistema¡±. Para ilustrar esta cr¨ªtica, el documento subraya que existen nada menos que 671 normas auton¨®micas de diverso rango y 134 estatales que intervienen en la dependencia.

A pesar de describir este escenario fragmentado y asim¨¦trico, el informe exculpa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de la desigualdad que afecta a la norma. Por ejemplo respecto al incumplimiento de plazos en la gesti¨®n de la dependencia ¡°que es competencia exclusiva de las comunidades aut¨®nomas¡± y que constituye, insiste, ¡°una de las grandes debilidades¡± del sistema. Ello aunque el real decreto 1226/205 por el que se establecen las funciones del Imserso le encomienda a esta entidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ¡°la elaboraci¨®n de propuestas de normativa b¨¢sica que garanticen la igualdad de los ciudadanos y el desarrollo de pol¨ªticas de cohesi¨®n social interterritorial¡±.