Acribillada con sus hijos

El ¨²nico crimen que cometi¨® la activista filipina Juvy Capion fue el de proteger las tierras de sus ancestros de la etnia b'laan. Se opuso a su explotaci¨®n por la empresa Xtrata-Saggitarius Mining Inc. (SMI), que lidera en la sure?a isla de Mindanao el macroproyecto de la mina de cobre de Tampakan, y pag¨® cara su osad¨ªa: un grupo de hombres armados acribill¨® su casa el 19 de octubre de 2012. Ella muri¨® de tres balazos, y sus dos hijos, de 8 y 13 a?os, sufrieron la misma suerte. Adem¨¢s, seg¨²n diferentes medios de comunicaci¨®n, la joven de 27 a?os estaba embarazada.

Testigos aseguraron en el juicio celebrado para esclarecer la masacre de los Capion que los asesinos eran militares del 27? Batall¨®n de Infanter¨ªa del Ej¨¦rcito de Filipinas. Pero, el pasado 5 de agosto, el juez desestim¨® la denuncia contra el teniente Dante Jim¨¦nez y 15 de sus hombres. Adujo que no se puede probar que los proyectiles de los fusiles M-1 y M-14 que mataron a la familia perteneciesen a las tropas regulares. El magistrado s¨ª otorg¨® veracidad a los soldados, que aseguraron haber actuado en respuesta al ataque del marido de Capion, un guerrillero del movimiento comunista Nuevo Ej¨¦rcito Popular. ?l, aunque reconoce su militancia armada y la considera una reacci¨®n l¨®gica en la situaci¨®n actual, ha negado siempre que se encontrase en el lugar. Y a la misma conclusi¨®n lleg¨® un grupo de 30 ONG que abri¨® una investigaci¨®n sobre el caso.

Por eso, Juvy Capion es uno de los nombres de la lista que ha elaborado Global Witness con los 67 ecologistas que han sido asesinados en la excolonia espa?ola entre 2002 y 2013. La ONG internacional asegura que muchos de ellos han muerto a manos de agentes del Estado. O sea, sus Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares que controla. ¡°La situaci¨®n comenz¨® a empeorar a partir del 2001, y contin¨²a deterior¨¢ndose¡±, denuncia a EL PA?S Clemente Bautista, coordinador nacional de la red de organizaciones ecologistas Kalikasan-PNE y uno de los investigadores que ha trabajado con Global Witness en la elaboraci¨®n del estudio.

¡°Muchas de las muertes las provocan las Fuerzas de Protecci¨®n de Inversiones (IDF), un grupo paramilitar que ha evolucionado de las SCAA de la d¨¦cada de los noventa y que ha contado con el visto bueno tanto de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo como de su sucesor Beningo Aquino. Estas fuerzas, integradas muchas veces por militares regulares, protegen los intereses de las empresas que deforestan los bosques y explotan los recursos mineros en proyectos de gran envergadura¡±, explica Bautista. Sin ir m¨¢s lejos, la mina de Tampakan por la que fue asesinada Capion ha supuesto una inversi¨®n de unos 4.300 millones de euros. Pero en la mayor¨ªa de los casos no se tienen en cuenta ni el impacto en el Medio Ambiente ni los derechos de los propietarios de las tierras, muchas veces pertenecientes a minor¨ªas ¨¦tnicas.

¡°Adem¨¢s, el sistema judicial es solo un ¨®rgano m¨¢s del Gobierno, cuyos funcionarios corruptos se lucran con las licitaciones de estos proyectos¡±, apunta el activista filipino. ¡°Muy pocos sospechosos son arrestados, y, menos a¨²n, son los que acaban en la c¨¢rcel. Hemos presentado multitud de denuncias pero la mayor¨ªa es desestimada¡±. No en vano, Global Witness asegura que la mayor¨ªa de los asesinatos son dif¨ªciles de esclarecer porque son cometidos por dos hombres que viajan r¨¢pido en una motocicleta. A pesar de ello, la ONG asegura que ha documentado 14 cr¨ªmenes perpetrados por el Ej¨¦rcito, tres a manos de funcionarios locales, y dos cometidos por la Polic¨ªa.

Pese a ello, el coronel Arnulfo Burgos asegur¨® a finales del a?o pasado que todo eso son invenciones. ¡°Las Fuerzas de Seguridad nunca han utilizado la fuerza m¨¢s all¨¢ de lo que permite la ley¡±, recalc¨® en una rueda de prensa destinada a responder a las acusaciones que lanz¨® otra ONG, Human Rights Watch, en t¨¦rminos similares. ¡°Pero entender¨¢n que su deber es protegerse de los grupos armados que operan en la isla de Mindanao¡±, sentenci¨®. Diferentes grupos activistas acusan al Gobierno de encubrir sus operaciones contra ecologistas bajo el amplio paraguas del a campa?a de pacificaci¨®n destinada a derrotar a los grupos guerrilleros.

¡°Con la divulgaci¨®n del informe esperamos que la comunidad internacional se involucre m¨¢s en lo que sucede y haga presi¨®n para que se investigue el aumento de las violaciones de los Derechos Humanos. Por otra parte, esperamos que las comunidades locales se unan para luchar juntas con m¨¢s fuerza¡±, comenta esperanzado Bautista, consciente de que ¨¦l y todos sus colaboradores est¨¢n ahora en el punto de mira. ¡°Los intereses econ¨®micos que mueven las industrias de la madera y de la miner¨ªa son enormes. Adem¨¢s, el 95% de las materias primas que obtienen se exporta al extranjero y es vital para el crecimiento de pa¨ªses como China¡±.

All¨ª, de hecho, la situaci¨®n de los ecologistas no es mucho mejor. El asesinato es raro, pero no as¨ª la coacci¨®n y la amenaza, que llegan en muchas ocasiones con la complicidad del Gobierno. Lo sabe bien Deng Ping, la joven investigadora de Greenpeace que lider¨® hace unos meses la primera investigaci¨®n que la ONG internacional dirig¨ªa contra un coloso estatal chino, la mayor minera del mundo: Shenhua. ¡°No ha venido casi ninguno de los periodistas chinos a los que hemos invitado, y quienes s¨ª han escuchado la presentaci¨®n del informe reconocen que han recibido orden expresa de no escribir nada al respecto. Adem¨¢s, hemos constatado que hab¨ªa agentes secretos infiltrados en la rueda de prensa¡±, cont¨® Deng a este peri¨®dico el d¨ªa en el que Greenpeace denunci¨® c¨®mo Shenhua est¨¢ agotando los recursos h¨ªdricos de la provincia de Mongolia Interior.

¡°El deterioro del medio ambiente en China est¨¢ ligado al crecimiento de un sistema econ¨®mico insostenible¡±, reconoce un ecologista de Shangh¨¢i que prefiere mantenerse en el anonimato. ¡°Su impacto se siente en nuestro pa¨ªs, pero tambi¨¦n en toda Asia, de donde vienen muchos de los recursos que necesita consumir China para mantener el ritmo. Es l¨®gico que las autoridades traten de amedrentarnos para no poner en peligro la mentira en la que vivimos, y la presi¨®n que ejercen va en aumento de forma proporcional a la preocupaci¨®n de la poblaci¨®n por el medio ambiente¡±.