Los pederastas figurar¨¢n en un registro p¨²blico ¡°para siempre¡±
El Gobierno impedir¨¢ que los condenados trabajen ¡°en contacto habitual con ni?os¡± Los funcionarios deber¨¢n denunciar al fiscal delitos contra menores
El Gobierno tiene la intenci¨®n de crear un registro en el que consten todos los pederastas, traficantes de menores y explotadores infantiles condenados en firme. La idea es que los abusadores queden registrados ¡°para siempre¡±, inform¨® este viernes el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los que empleen a trabajadores que tengan ¡°contacto habitual con ni?os¡±, tanto en el sector p¨²blico como en el privado, estar¨¢n obligados a asegurarse de que sus empleados no han sido condenados por delitos contra los menores (es decir, si est¨¢n en el registro). El ministerio a¨²n ignora qu¨¦ legislaci¨®n habr¨¢ que modificar para crear esta base de datos, c¨®mo acceder¨¢n los empleadores a la informaci¨®n, ni a qu¨¦ profesionales afectar¨¢.
Los anteproyectos de Ley de Protecci¨®n del Menor que present¨® Ana Mato al Consejo de Ministros tambi¨¦n recogen que las autoridades p¨²blicas, funcionarios y profesionales que conozcan cualquier delito contra un menor en el ejercicio de sus funciones estar¨¢n obligados a informar al fiscal o incurrir¨¢n en un delito de omisi¨®n.
El antecedente del ¡®caso Valdeluz¡¯
La medida que tiene previsto aprobar el Gobierno central llega muy tarde para el colegio concertado religioso Valdeluz, en Madrid. El Centro Integral de Ayuda a las V¨ªctimas de Abusos Sexuales (CIASI), dependiente de la Comunidad de Madrid, atendi¨® entre 2006 y 2007 a una alumna de un profesor de m¨²sica de este colegio, Andr¨¦s D¨ªez D¨ªez. Acudi¨® a este servicio derivada de su centro de salud, donde la trataron de problemas alimenticios.
Los especialistas del CIASI concluyeron despu¨¦s de un a?o de tratamiento que su versi¨®n era veros¨ªmil y que seguramente hab¨ªa sufrido abusos sexuales por parte del docente. La letrada del centro inform¨® a los padres de que pod¨ªan denunciar, pero que no se lo aconsejaba dado que no creer¨ªan a la menor, seg¨²n relat¨® el progenitor de la v¨ªctima, Carlos Javier R.
Pese a que los padres no quisieron denunciar, los responsables del CIASI tampoco informaron a la Fiscal¨ªa de Madrid de lo que estaba ocurriendo en el colegio religioso. Desde la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales se ha mantenido que ellos no eran competentes para trasladar esos datos privados al ministerio p¨²blico. A partir de ahora estar¨¢n obligados.
Pero el plan contra los pederastas a¨²n es muy inconcreto. ¡°Ser¨¢ requisito para el acceso a las profesiones cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con ni?os el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotaci¨®n de menores¡±, afirma el texto, seg¨²n adelant¨® EL PA?S. Pese a que la norma ya est¨¢ siendo sometida a la consideraci¨®n del Gobierno, el ministerio no aclara qu¨¦ procedimientos tendr¨¢n que seguir empleadores y empleados para cumplir ese requisito. ¡°En otros pa¨ªses, al presentar el curr¨ªculo para trabajar en un colegio, el centro est¨¢ obligado a pedir antecedentes penales¡±, explic¨® una portavoz. En Espa?a no existe una norma de este tipo. El proyecto de ley tampoco enumera qu¨¦ profesiones se ver¨¢n afectadas. ¡°Entrenadores o profesores¡±, enunci¨® esta fuente como ejemplo. Los dependientes de tiendas de ropa para ni?os no estar¨ªan incluidos, por no tener contacto continuo con menores, a?adi¨®.
Tanto el registro como el requisito para optar a determinadas profesiones generan dudas jur¨ªdicas, seg¨²n tres expertos consultados por este diario. Manuel Cancio, catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad Aut¨®noma de Madrid, apunta una primera consideraci¨®n: ¡°Los antecedentes penales se cancelan al cabo de un tiempo determinado. Esta norma parece partir de la base de que hay determinados antecedentes en los que no ocurre as¨ª. Ser¨ªa necesario cambiar el C¨®digo Penal y modificar todo el sistema de cancelaci¨®n de antecedentes penales¡±. Y a?ade: ¡°Adem¨¢s esto genera alguna dificultad constitucional, puesto que el art¨ªculo 25 recoge que las penas est¨¢n orientadas hacia la reinserci¨®n¡±. Otro jurista, en este caso especializado en Derecho Constitucional, se?ala que la imprecisi¨®n de la norma ¡°es notoria¡± y recuerda que la Carta Magna prev¨¦ la reinserci¨®n social ¡°con independencia del delito¡±. A?ade que un registro de estas caracter¨ªsticas supone ¡°una especie de justicia cautelar de por vida¡±. El Ministerio de Sanidad aclara: ¡°No se trata de imposibilitar la reinserci¨®n de estas personas¡±. El registro ser¨¢ compatible con la Ley de Protecci¨®n de Datos, a?adi¨®, y no pretende impedir que los pederastas consigan trabajo en otras ¨¢reas donde no haya contacto con menores.
La reforma para impedir trabajar con ni?os a los condenados por delitos contra menores da cumplimiento al convenio de Lanzarote, redactado por el Consejo de Europa y ratificado por Espa?a en 2011. Los firmantes se compromet¨ªan a trasladar nuevas medidas de protecci¨®n del menor a sus leyes nacionales. Entre ellas, asegurar que las personas que trabajan con ni?os no hayan sido condenadas por actos de explotaci¨®n o abuso sexual de menores.
Una reforma para agilizar la adopci¨®n y el acogimiento
La reforma incluye medidas nuevas para agilizar la adopci¨®n y el acogimiento:
- No ser¨¢ necesario el consentimiento de los padres biol¨®gicos en caso de adopci¨®n y acogimiento familiar de ni?os en desamparo si la familia biol¨®gica no ha intentado revocar la situaci¨®n en los ¨²ltimos dos a?os.
- Se crea la figura del guarda provisional: antes de que el fiscal proponga al juez el expediente de adopci¨®n, el menor podr¨¢ vivir con la familia "considerada id¨®nea" para que no resida en un centro de acogida.
- La norma pretende que los menores de tres a?os vayan a vivir con una familia de acogida directamente, sin pasar por una residencia.
- El anteproyecto reconoce el derecho del menor a saber qui¨¦n es su familia biol¨®gica y su historia m¨¦dica. Para ello, "las entidades p¨²blicas asegurar¨¢n la conservaci¨®n de la informaci¨®n que dispongan durante al menos 50 a?os", informa el ministerio.
- Se "procurar¨¢" que los hijos de v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero permanezcan con su madre.
- Las situaciones de riesgo y desamparo estar¨¢n definidas en una ley estatal, en lugar de depender de la legislaci¨®n auton¨®mica. Dos a?os despu¨¦s de que el menor sea declarado en desamaparo, solo el fiscal podr¨¢ impugnarlo, no los padres biol¨®gicos como hasta ahora.
- Adopci¨®n abierta: siempre que haya consentimiento por parte de los padres biol¨®gicos y de adopci¨®n y del menor, el juez podr¨¢ permitir que el ni?o tenga contacto con la familia biol¨®gica.
- Las madres que den en adopci¨®n su hijo al nacer deber¨¢n volver a dar su consentimiento a las seis semanas y no tendr¨¢n que renovarlo a los seis meses.
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