El caso saca a la luz las grietas en el control a entidades tutelares

El caso de Afal Futuro, que contrat¨® para sus tutelados productos y servicios a empresas vinculadas a su c¨²pula y que supuestamente pudo desviar fondos de los incapacitados hacia sus propias cuentas, ha hecho zozobrar el sistema de fundaciones tutelares y ha visibilizado los agujeros en la transparencia de su gesti¨®n. Una gesti¨®n creciente ya que cada a?o se presentan en los juzgados espa?oles alrededor de 27.000 demandas para incapacitar a adultos, la mayor¨ªa, por enfermedad o deficiencia: desde demencias o alzh¨¦imer hasta toxicoman¨ªas graves. La mayor¨ªa de las veces, los jueces fijan como tutor a un familiar de estas personas que ya no pueden tomar decisiones por s¨ª mismas sobre su salud o su patrimonio. Si no tiene familia o las autoridades consideran que esta no lo har¨ªa de manera adecuada, se puede fijar a una entidad tutelar independiente, p¨²blica o privada, como Afal Futuro. Estas organizaciones deben rendir cuentas peri¨®dicamente ante la justicia de su gesti¨®n y de la situaci¨®n del enfermo, pero, como reconocen los expertos, no siempre lo hacen en tiempo y forma.

El proceso tiene numerosas rendijas ¡ªlas entidades no est¨¢n obligadas a dar cuenta cada vez que contratan un curso, un servicio o un seguro para su incapacitado, por ejemplo¡ª, sobre todo en la administraci¨®n de grandes patrimonios (habitualmente viviendas, pero tambi¨¦n productos financieros cuyo volumen lo convierte en algo complejo de gestionar). El fiscal coordinador de discapacidades de la Fiscal¨ªa de Barcelona, V¨ªctor Alegret, subraya las grietas del control exhaustivo que necesitan estas cuentas con muchos ceros. ¡°Hay que reconocer que ni fiscales ni jueces tenemos conocimientos econ¨®micos o servicios de contabilidad especializados, y es posible que se aprueben cuentas con errores que no se han detectado¡±.

Alegret destaca que la situaci¨®n ha empeorado, adem¨¢s, desde que llegaron los recortes. ¡°Hace tres a?os intent¨¦ que una economista colaboradora de la secci¨®n de Delitos Econ¨®micos viniera a la fiscal¨ªa de incapacidades para personas con patrimonios importantes, pero a los 15 d¨ªas se acab¨® el presupuesto y la colaboradora dej¨® de venir¡±. En esta l¨ªnea es tambi¨¦n clara la petici¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado, que en su memoria de 2013 solicita que los fiscales dispongan de acceso telem¨¢tico directo a las bases de datos para as¨ª conocer la situaci¨®n patrimonial de los discapacitados.

¡°Es posible que se aprueben cuentas con errores¡±,
admite un fiscal

Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, cree que la vigilancia sobre la gesti¨®n de los tutores no es la que deber¨ªa. ¡°No se est¨¢ haciendo un cumplimiento estricto de las normas que hay. No hay inspecciones adecuadas que velen para que todo se d¨¦ con normalidad. No es tanto un problema normativo como de vigilancia. Y se tendr¨ªa que estar particularmente vigilante sobre estos casos, porque hablamos de personas especialmente vulnerables¡±.

En el caso de Afal, a pesar de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n identific¨® indicios de delito, la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa de Madrid ha comenzado de cero y el ministerio p¨²blico maneja con cautela las diligencias en marcha. ¡°La investigaci¨®n es ampl¨ªsima y su objeto es valorar si la actuaci¨®n es incorrecta, si ello constituye un delito y si perjudica los intereses de los tutelados. En tal caso denunciaremos al juzgado y rechazaremos a Afal como tutor¡±, se?ala el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix.

Los trabajadores sociales creen?que es un problema de vigilancia

Este fiscal apunta a que si se confirman las sospechas sobre la entidad, eso significar¨ªa que los mecanismos de control sobre estas entidades est¨¢n fallando; ¡°todos, los de jueces y los fiscales, sin duda¡±, resalta. ¡°Tendremos que valorar entonces si hay que hacerlo de otra manera para que se rindan cuentas [por parte de las fundaciones ante el juez] de manera muy detallada¡±. La fiscal¨ªa debe vigilar las rendiciones de cuentas anuales por parte de las entidades antes de la aprobaci¨®n definitiva del juez.

Afal Futuro no es el ¨²nico organismo tutelar que est¨¢ bajo la lupa. La Agencia Madrile?a para la Tutela de Adultos (AMTA), creada en 1995, tambi¨¦n ha recibido decenas de quejas de familiares y ha sido cuestionada por los grupos de la oposici¨®n. Achacan a esta entidad que atiende a unas 4.500 personas falta de medios, sobre todo, una escasa dotaci¨®n de trabajadores sociales (de los 39 empleados solo 10 son asistentes sociales) y retrasos en la presentaci¨®n de los inventarios y rendiciones de cuentas, que permiten vigilar la administraci¨®n de patrimonio del discapacitado, sus ingresos y gastos. Es una de las organizaciones que no rinde cuentas adecuadamente de la gesti¨®n del patrimonio de sus tutelados. El a?o pasado, la Fiscal¨ªa de Alcal¨¢ de Henares destac¨® que la entidad ¡°no presentaba los extractos bancarios de las cuentas de los tutelados¡±, seg¨²n recoge la Memoria de la Fiscal¨ªa de Madrid 2013.

De manera preventiva, la Confederaci¨®n de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzh¨¦imer (CEAFA) se ha desmarcado de Afal. ¡°Con la asociaci¨®n Afal dej¨® de tener relaci¨®n cuando en 2007 esta decidi¨® de manera voluntaria abandonar la estructura confederal¡±, inform¨®.