El Supremo de EE UU afirma que las empresas pueden negar anticonceptivos
Los due?os de compa?¨ªas privadas pueden alegar motivos religiosos para incumplir este mandato de la reforma sanitaria
El Tribunal Supremo de Estados Unidos respald¨® este lunes que algunas empresas privadas pueden alegar motivos religiosos para negar seguros m¨¦dicos que cubran el coste de anticonceptivos a sus empleadas. En la sentencia m¨¢s importante del curso judicial, los jueces rechazaron la postura de la Administraci¨®n Obama y uno de los apartados de la reforma sanitaria m¨¢s controvertidos.
El dictamen de este lunes, el ¨²ltimo del a?o, tiene implicaciones importantes para la reforma del sistema de salud impulsada por Obama hace cuatro a?os, as¨ª como para las elecciones legislativas del pr¨®ximo mes de noviembre. Se espera que entonces el Partido Republicano haga de este caso uno de sus argumentos pol¨ªticos centrales para recuperar la mayor¨ªa en el Senado.
La m¨¢xima instancia judicial de EE UU, por una mayor¨ªa de cinco votos a cuatro, establece as¨ª que el Gobierno no puede obligar a los due?os de una empresa privada a proporcionar p¨®lizas m¨¦dicas que cubran anticonceptivos si esto va en contra de sus creencias religiosas. Seg¨²n la sentencia, la Administraci¨®n Obama no ha demostrado que esa sea la ¨²nica v¨ªa para que las mujeres accedan a este tratamiento -incluida la p¨ªldora del d¨ªa despu¨¦s-, ya que tambi¨¦n puede financiarlo el Gobierno federal, y por lo tanto no puede imponer esa responsabilidad a los empresarios.
Para la Casa Blanca, sin embargo, el dictamen pone en peligro la salud de las mujeres, seg¨²n afirm¨® en rueda de prensa el portavoz, Josh Earnest. "El abogado constitucional en el Despacho Oval est¨¢ en desacuerdo" con la sentencia, explic¨® Earnest. La decisi¨®n del Supremo ha suscitado tambi¨¦n las cr¨ªticas del portavoz dem¨®crata en el Senado, Harry Reid, quien asegur¨® que los empresarios "no deben inmiscuirse en qu¨¦ decisiones que pueden tomar las mujeres acerca de su salud".
Consideramos que ese sistema es una alternativa que cumple con todos los objetivos del Gobierno y adem¨¢s proporciona un mayor respeto a las libertades religiosas¡±
Los jueces admiten que el Gobierno ha creado un sistema para que las organizaciones religiosas que tengan objeciones a la obligaci¨®n de proporcionar anticonceptivos, ¡°no ha aportado sin embargo una raz¨®n suficiente por la que ese mecanismo no pueda estar disponible para aquellos empresarios de compa?¨ªas privadas que tengan las mismas objeciones¡±, escribi¨® el juez Samuel Alito en la sentencia. ¡°Consideramos que ese sistema es una alternativa que cumple con todos los objetivos del Gobierno y adem¨¢s proporciona un mayor respeto a las libertades religiosas¡±.
La juez Ruth Ginsburg, veterana defensora de los derechos de las mujeres y de las minor¨ªas en la corte, advirti¨® en su opini¨®n -en representaci¨®n de los cuatro jueces que se oponen al dictamen- que la sentencia es de ¡°una amplitud sorprendente¡± por sus consecuencias futuras (se estima que el 99% de las mujeres estadounidenses ha empleado alg¨²n tipo de anticonceptivos). ¡°Este tribunal, me temo, acaba de adentrarse en un campo de minas¡±, a?ade Ginsburg. Kennedy, sin embargo, rechaza esta postura en un escrito adjunto a la sentencia, asegurando que el Gobierno cuenta con mecanismos suficientes para que ninguna mujer encuentre obst¨¢culos para acceder a los tratamientos que le son garantizados por ley.
El Supremo estudi¨® esta primavera las demandas de dos empresas cuyos due?os argumentaron que la obligaci¨®n de proporcionar tales p¨®lizas m¨¦dicas, que cubren el coste de anticonceptivos, violaban sus derechos religiosos. La cuesti¨®n clave fue formulada durante la audiencia esta primavera por la juez Sonia Sotomayor: ¡°?C¨®mo practica su religi¨®n una empresa?¡± pregunt¨® a los abogados de las dos compa?¨ªas demandantes.
Este Tribunal, me temo, acaba de adentrarse en un campo de minas¡±, a?ade Ginsburg"
La Primera Enmienda de la Constituci¨®n estadounidense establece que el Gobierno no podr¨¢ aprobar ninguna ley que limite el libre ejercicio de la religi¨®n, sin embargo, estos dos casos plantearon si ese derecho, correspondiente a los ciudadanos, se puede extender tambi¨¦n a las empresas. Los demandantes se amparaban en la Ley de Libertad Religiosa de 1993, seg¨²n la cual si una normativa limita el libre ejercicio de la religi¨®n de un ciudadano deber¨¢ cumplir con un inter¨¦s general del Gobierno. La corte deb¨ªa determinar por tanto si esa libertad
La Administraci¨®n Obama determin¨® en 2012 que todas las empresas, a partir de un cierto n¨²mero de empleados, deb¨ªan proporcionar seguros m¨¦dicos que cubran el coste de los anticonceptivos, sin gasto adicional para la consumidora -como ocurr¨ªa antes de la reforma sanitaria. A pesar de que los anticonceptivos pueden ser recetados por cuestiones m¨¦dicas, los demandantes se oponen a su consumo al equipararlas con el aborto.
Aquella decisi¨®n provoc¨® un intenso enfrentamiento entre la Casa Blanca y diferentes organismos religiosos de EE UU, que reclamaron una excepci¨®n para las instituciones, as¨ª como para ONGs de afiliaci¨®n religiosa. Obama cedi¨® y aprob¨® que los grupos religiosos no tuvieran que costear el gasto de tratamientos anticonceptivos, sino que simplemente les obligar¨ªa a garantizar que sus empleadas s¨ª tengan acceso a p¨®lizas que los cubran.
El remedio para aquella crisis no fue suficiente y en los ¨²ltimos dos a?os numerosas empresas han presentado demandas similares a las consideradas por el Supremo. Sus due?os no representan a organizaciones religiosas y no pueden atenerse a la misma excepci¨®n legal, pero defendieron que la ley les obliga a actuar en contra de sus creencias bajo amenaza de una penalizaci¨®n econ¨®mica. El Supremo les acaba de dar la raz¨®n y se espera que la Administraci¨®n Obama determine muy pronto c¨®mo garantizar el acceso de millones de mujeres a uno de los beneficios que hasta ahora deb¨ªan proporcionar las empresas para las que trabajan.
Los cuatro m¨¦todos en cuesti¨®n
La sentencia del Tribunal Supremo de EE UU se refiere a la posibilidad de no incluir cuatro tratamientos anticonceptivos en los seguros m¨¦dicos que obligatoriamente deben suscribir las empresas a sus empleadas. Se trata de cuatro m¨¦todos que los due?os de las compa?¨ªas consideran ¡°abortivos¡±, y que, por tanto, violentan sus conciencias.
Dos de ellos son los distintos tipos de las denominadas p¨ªldoras del d¨ªa siguiente, un anticonceptivo de emergencia. Estos medicamentos han estado envueltos en pol¨¦mica desde que se aprobaron, porque en un primer momento se adujo que actuaban de dos maneras: como un combinado hormonal que retrasa la ovulaci¨®n (por lo que impide la fecundaci¨®n), pero, tambi¨¦n, porque se cre¨ªa que dificultaba la implantaci¨®n de un ¨®vulo fecundado en la pared del ¨²tero. Esta ¨²ltima alegaci¨®n se vio a posteriori que no era cierta, y as¨ª lo indica la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, pero la Agencia del Medicamento de EE UU (FDA) todav¨ªa no ha modificado su informaci¨®n.
Los otros son dos dispositivos intrauterinos (DIU), el m¨¢s simple de cobre y el recubierto de hormonas. En estos casos la FDA indica que ¡°puede impedir la implantaci¨®n del ¨®vulo fecundado¡±. Para quienes consideran que la vida empieza en cuando el espermatozoide llega a su destino, dificultar su desarrollo es abortar.
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