Educaci¨®n elimina requisitos para abrir nuevas universidades

El mapa de universidades espa?olas se ha extendido parcialmente desde 1997. En este tiempo, los campus privados han pasado de 12 a 32 mientras no se ha abierto ni un solo p¨²blico (hay 50). La crisis no ha afectado a la creaci¨®n de nuevos centros privados, que en ocasiones abren sus puertas pese a no garantizar la calidad docente ni una m¨ªnima actividad investigadora. Al mismo tiempo, distintos informes oficiales apuntan a la dispersi¨®n de universidades en Espa?a y a la necesidad de reorganizar ese mapa.

Con este panorama, el Ministerio de Educaci¨®n comenz¨® a trabajar ya el a?o pasado en un real decreto de creaci¨®n de centros que pretend¨ªa acotar los excesos y que finalmente ha terminado eliminando requisitos para la apertura de nuevas universidades.

El borrador, al que ha tenido acceso este diario y que a¨²n es susceptible de modificaciones, quita algunas de las obligaciones previstas en el decreto anterior, de 1991. Entre otras, la de que las universidades cubran con sus t¨ªtulos las distintas ramas del conocimiento (Humanidades, Ciencias y Tecnolog¨ªa). El ministerio y el PP defienden que es una medida para facilitar la especializaci¨®n de los campus y evitar que se abran nuevas universidades con una oferta id¨¦ntica a la de las que tiene alrededor. A?aden que se mantiene la obligaci¨®n de tener un m¨ªnimo de ocho titulaciones y se dibuja un nuevo marco de supervisi¨®n que dificultar¨¢ la proliferaci¨®n de campus privados sin los requisitos necesarios.

La oposici¨®n considera, al contrario, que se trata de un cambio que beneficia la proliferaci¨®n de las privadas. El texto tambi¨¦n elimina el art¨ªculo que obliga a tener en cuenta la demanda por mayor poblaci¨®n escolar, el desarrollo de nuevas ramas por avances cient¨ªficos o la cobertura de nuevas necesidades profesionales.

Algunas de las ¨²ltimas propuestas para abrir una universidad privada no inclu¨ªan estos requisitos, tal como denunciaban los informes oficiales. As¨ª lo destacaban cuatro expedientes llevados en abril a la Conferencia General de Pol¨ªtica Universitaria, que acabaron con informes desfavorables. Estos pronunciamientos no siempre son tenidos en cuenta, porque el Gobierno es quien determina los requisitos b¨¢sicos, seg¨²n establece la Ley Org¨¢nica de Universidades, pero son las comunidades aut¨®nomas las que dan el permiso ¨²ltimo para abrir campus obviando en ocasiones los informes previos.

El PSOE plante¨® una alternativa de control en abril para que se obligara a que los aspirantes a abrir una universidad tuvieran que acreditar que hab¨ªan subsanado los errores rese?ados en los informes. El real decreto no incluye esa idea. La diputada socialista Angelina Costa considera que los cambios ¡°no ayudan a vigilar y acotar la universidad privada, da m¨¢s flexibilidad para que proliferen, y la siguen dejando al albur de las comunidades aut¨®nomas¡±.

La conferencia de rectores de Espa?a, la CRUE, pidi¨® que los informes se?alaran de forma expl¨ªcita si eran favorables o desfavorables. El borrador tampoco incluye este extremo, aunque desde el ministerio planea recogerlo antes de presentar el texto final a los rectores y a las comunidades aut¨®nomas la pr¨®xima semana. El PP defiende que los informes siguen sin ser vinculantes porque no pueden interferir en competencias directas de las comunidades aut¨®nomas. ¡°Eso nos obliga a quedar un poco cortos en los objetivos, pero este real decreto es un buen marco general¡±, admite la diputada popular Mar¨ªa Jes¨²s Moro. El texto incluye la obligaci¨®n de que las comunidades aut¨®nomas supervisen peri¨®dicamente el cumplimiento de los requisitos exigidos, pero no fija ni los plazos ni los modos para ejercer ese control.

La investigaci¨®n es una de las actividades en las que se distancian las universidades p¨²blicas y privadas, que no suelen centrarse en un aspecto que les resulta menos rentable. El nuevo decreto establece que la investigaci¨®n debe tener cabida en ambos casos, como destaca Laureano Gonz¨¢lez, profesor de la Universidad de Cantabria y excargo de la agencia de evaluaci¨®n Aneca. La norma perfila que las universidades deber¨¢n promover ¡°el desarrollo de actividad investigadora¡± pero vuelve a quedarse en la generalidad. ¡°Tendr¨ªa que haber quedado plasmado de una forma m¨¢s completa y expl¨ªcita, pero es un paso¡±, concluye este experto.