¡°Quiero que pidan perd¨®n los culpables directos del asesinato de mi hija¡±

?ngela Gonz¨¢lez, la mujer v¨ªctima de violencia de g¨¦nero que ha conseguido que el Comit¨¦ de Naciones Unidas para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer (CEDAW) obligue a Espa?a a indemnizarla por no proteger a su hija, a la que el maltratador acab¨® asesinando en 2003 en una de las visitas pautadas en el r¨¦gimen de separaci¨®n, ha pedido esta ma?ana una disculpa oficial del Gobierno por aquella negligencia y una investigaci¨®n p¨²blica para determinar los fallos que se cometieron. "?Cu¨¢nto cuesta el asesinato de una hija por su padre? No hay dinero que pueda compensar eso. Pero, al menos, me gustar¨ªa que quienes lo permitieron reconozcan que cometieron fallos y pidan perd¨®n", ha dicho.

Gonz¨¢lez, que recurri¨® a la ONU despu¨¦s de que su caso fuera archivado tras varios a?os de batalla judicial, ha afirmado que ning¨²n representante del Gobierno se ha puesto a¨²n en contacto con ella desp¨²es de que se conociera la sentencia, hace dos d¨ªas. Su objetivo, asegura, no es econ¨®mico, sino dar visibilidad a su caso para que no vuelva a ocurrir. "Y a¨²n m¨¢s que el Gobierno, me gustar¨ªa que pidieran disculpas los trabajadores sociales y los jueces que consideraron que el derecho del padre a ver a la ni?a estaba por encima de su protecci¨®n. No me escucharon ni me creyeron, y siguen sin escuchar ni creer a otras mujeres en la misma situaci¨®n", ha advertido. Gonz¨¢lez tambi¨¦n ha pedido que se abra un centro de ayuda a v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero con el nombre de su hija, Andrea.

Tras el asesinato de la ni?a, ?ngela denunci¨® a la Administraci¨®n por no haber hecho caso de sus demandas de protecci¨®n, pero perdi¨® en todas las instancias. Desde que huy¨® de su marido en 1999, hab¨ªa puesto m¨¢s de 30 denuncias contra ¨¦l y hab¨ªa advertido en decenas de escritos de que amenazaba con hacer da?o a su hija para vengarse de ella. Al principio del proceso de separaci¨®n el juez estableci¨® que el padre solo pod¨ªa visitar a la ni?a bajo la supervisi¨®n de los servicios sociales, pero dos a?os despu¨¦s acept¨® un recurso del hombre y permiti¨® que la viera a solas. Poco despu¨¦s, el hombre la mat¨® de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid) y despu¨¦s se suicidi¨®.

Paloma Soria, abogada de la organizaci¨®n Women's Link que ha llevado el caso ante la ONU, ha recordado que el dictamen, adem¨¢s de obligar a Espa?a a indemnizar a ?ngela Gonz¨¢lez, establece que el Gobierno debe establecer medidas para que los derechos de custodia y visita no prevalezcan sobre la seguridad de los hijos cuando hay violencia de g¨¦nero, entre ellas una formaci¨®n especializada obligatoria para los jueces, fiscales y letrados que se encarguen de estos casos. "Es cierto que hemos avanzado normativamente desde que ocurri¨® este asesinato, como reconoce el propio dictamen, pero en la pr¨¢ctica persisten costumbres y prejuicios en los juzgados que hacen que en muchos casos no se proteja a las mujeres ni a sus hijos", ha explicado. El Gobierno tiene seis meses para enviar a la ONU un informe sobre las medidas que va a poner en marcha para dar respuesta a este resoluci¨®n.

Aminist¨ªa Internacional ha documentado decenas de casos en los que se demuestra que estos estereotipos persisten en los juzgados espa?oles pese a la aprobaci¨®n de la ley integral contra la violencia de g¨¦nero en 2004. "Se pide a las v¨ªctimas que denuncien, pero cuando llegan a las comisar¨ªas y a los juzgados se encuentran con tantos obst¨¢culos, que muchas desisten", afirma Virgina ?lvarez, responsable del ?rea de Pol¨ªtica Interior y Derechos Humanos de la organizaci¨®n. "Muchos casos son archivados porque la v¨ªctima no aporta pruebas, pero es que las pruebas son muy dif¨ªciles de aportar en hechos que ocurren en la intimidad y es necesario abrir una investigaci¨®n para buscar esas pruebas. Pero los casos se cierran sin hacer esas investigaciones", advierte.