El Gobierno indemniza con 1.350 millones a ACS por el almac¨¦n Castor
La instalaci¨®n de gas permanece cerrada desde septiembre pasado, cuando provoc¨® 500 se¨ªsmos frente a las costas de Castell¨®n
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy indemnizar con 1.350 millones al propietario del Proyecto Castor, el almac¨¦n de gas submarino situado frente a las costas de Vinar¨°s (Castell¨®n) cuya actividad se ha relacionado con al menos 500 se¨ªsmos. La compa?¨ªa Escal UGS, controlada por ACS en un 66,7%, renunci¨® en julio pasado a la concesi¨®n de explotaci¨®n del almac¨¦n y reclam¨® los 1.600 millones de euros (1.400 de la inversi¨®n m¨¢s gastos operativos) que cost¨®.
La instalaci¨®n permanecer¨¢ "en hibernaci¨®n", seg¨²n ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Se ha prohibido "cualquier extracci¨®n" del gas que ya conten¨ªa el dep¨®sito. "Se extingue la concesi¨®n de Escal UGS", ha a?adido la vicepresidenta. A la empresa se le reconocen los 1.350 millones de euros que se le abonar¨¢n a trav¨¦s de Enag¨¢s Transporte. El sistema gasista, a su vez, resarcir¨¢ a esta compa?¨ªa a lo largo de 30 a?os.
La infraestructura permanece cerrada desde que en septiembre pasado el Gobierno decidiera paralizar la inyecci¨®n de gas al registrarse terremotos de m¨¢s de cuatro grados de magnitud.
Escal ten¨ªa derecho a devolver la concesi¨®n, otorgada en 2008, durante un plazo de 25 a?os y a cobrar el valor neto contable. El Gobierno intent¨® librarse de esa obligaci¨®n, pero el Tribunal Supremo rechaz¨® en octubre pasado su petici¨®n de anular la indemnizaci¨®n. El Estado ha tenido que aceptar la renuncia de la empresa y compensarla. Seg¨²n c¨¢lculos del Ministerio de Industria, el proyecto Castor ha costado 1.702 millones. De ellos, 1.273 millones corresponden a la infraestructura, 186 millones son del gas colch¨®n, cantidad m¨ªnima de gas que es necesario inyectar previamente para que el almacenamiento pueda ser utilizado como tal, y 243 millones, a costes financieros.
Dep¨®sito estrat¨¦gico
El almac¨¦n Castor es un dep¨®sito estrat¨¦gico, pensado para almacenar una cantidad de gas natural equivalente al consumo total de Espa?a durante 17 d¨ªas. Se dise?¨® para poder cubrir puntas de consumo o interrupciones en el suministro. El proyecto se financi¨® con una emisi¨®n de deuda (bonos) de 1.400 millones que adem¨¢s fue respaldada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una l¨ªnea de tesorer¨ªa de 200 millones de euros. Gracias a ese apoyo el proyecto consigui¨® una calificaci¨®n crediticia m¨¢s atractiva para los inversores.
La concesionaria, por tanto, tendr¨¢ que devolver la suma de la indemnizaci¨®n a los bonistas que financiaron el proyecto. ACS aseguraba en su informe de gesti¨®n de 2013, depositado en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal ¡°tiene derecho a devolver la concesi¨®n en cualquier momento¡± y que por tanto ¡°el valor de la inversi¨®n es totalmente recuperable¡±.
Estudios s¨ªsmicos
El Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a (IGME) valid¨® en 2007 los estudios t¨¦cnicos que present¨® al Ministerio de Industria la empresa interesada en construir el proyecto Castor, el mayor almac¨¦n subterr¨¢neo de gas natural de Espa?a, en un informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de ¡°car¨¢cter confidencial¡±, pero al que tuvo acceso este diario. El texto no mencionaba espec¨ªficamente la s¨ªsmica inducida, es decir, la posibilidad de que la actividad de inyecci¨®n de gas pudiera desencadenar actividad s¨ªsmica. Quien s¨ª hab¨ªa alertado dos a?os antes de la actividad s¨ªsmica que pod¨ªa generar un proyecto de la magnitud del Castor fue el Observatorio del Ebro, un instituto de investigaci¨®n en el que participan, entre otros, el CSIC. ¡°La actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos¡±, detall¨® un informe realizado durante el proceso de evaluaci¨®n de impacto ambiental del almac¨¦n.
La crisis del Castor comenz¨® a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse peque?os terremotos en la zona de Vinar¨°s. La concesionaria hab¨ªa empezado en junio a inyectar gas colch¨®n para comprobar que la instalaci¨®n funcionaba correctamente. El 5 de septiembre se registr¨® el primer temblor. El 24 de ese mes, a las dos de la madrugada, se produjo el primero que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Dos d¨ªas despu¨¦s el Gobierno orden¨® el cese de actividad. El mayor se¨ªsmo fue uno de magnitud 4,2.
"Elevada incertidumbre"
Tras la crisis s¨ªsmica, el Gobierno encarg¨® informes a dos organismos p¨²blicos, el Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a (IGME) y el Instituto Geogr¨¢fico Nacional (IGN). Ambos concluyeron que hay relaci¨®n entre la inyecci¨®n de gas en este almac¨¦n submarino y los terremotos que se registraron en la zona. Constataron adem¨¢s que la rotura de una falla no cartografiada hasta entonces --a la que los expertos bautizan ¡®falla Castor¡¯¡ª fue la responsable de los temblores. El IGME alert¨® de la ¡°elevada incertidumbre¡± del proyecto y de la posibilidad de que las "fallas importantes" que hay en el entorno sean susceptibles de ¡°generar sismos de cierta magnitud¡±. Hacen falta m¨¢s an¨¢lisis, recomiendan ambas instituciones, que en sus informes evitaron pronunciarse sobre c¨®mo responder¨ªa el terreno a una nueva inyecci¨®n de gas.
El ministro de Industria, Jos¨¦ Manuel Soria, asegur¨® tras conocerse el contenido de esos dos informes --que tardaron meses en hacerse p¨²blicos pese a haber sido solicitados por diputados en el Congreso-- que tambi¨¦n hab¨ªa encargado estudios a ¡°expertos internacionales¡±: la Universidad de Stanford y el MIT.
El Tribunal Supremo rechaz¨® en octubre pasado la petici¨®n del Gobierno de anular la indemnizaci¨®n al almac¨¦n de gas Castor en el caso de que mediara negligencia o dolo por parte de la empresa que lo gestiona. El abogado del Estado pidi¨® --en mayo de 2012, mucho antes de la crisis de los se¨ªsmos-- la anulaci¨®n de una cl¨¢usula del real decreto de 2008 con el que se autoriz¨® la concesi¨®n administrativa por considerarla abusiva y contraria al inter¨¦s general.
La nueva Ley de Evaluaci¨®n Ambiental, aprobada en octubre pasado, obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad s¨ªsmica. Esta ¨²ltima obligaci¨®n fue incluida a ¨²ltima hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP despu¨¦s de que estallara la crisis del proyecto Castor, el almac¨¦n de gas que se relaciona con centenares de se¨ªsmos frente a las costas de Vinar¨°s (Castell¨®n).
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