La figura del ¨¢rbitro surge para imponer acuerdos a padres separados

Uno quiere que el ni?o haga la comuni¨®n, y el otro, no. Uno prefiere educaci¨®n privada, y el otro, p¨²blica. Uno quiere llevarse al cr¨ªo a la boda de un primo, pero ese fin de semana no est¨¢ contemplado en el r¨¦gimen de visitas y el otro se niega. No se ponen de acuerdo sobre el corte de pelo, la ortodoncia...

Hay progenitores que, una vez divorciados, trasladan sus conflictos a los tribunales. Carecen de canales de comunicaci¨®n. Sus expedientes crecen durante a?os, con escritos y denuncias cruzadas, aumentando la sobrecarga en los juzgados. La figura del coordinador de parentalidad, a¨²n incipiente en Espa?a, puede marcar la diferencia en estos casos y, por orden del juez, ayudar a tender puentes entre los padres, siempre en inter¨¦s del menor. Se han desarrollado con ¨¦xito proyectos piloto en Catalu?a, Valencia y Madrid. El Ministerio de Justicia quiere impulsar la figura y estudiar su aplicaci¨®n a trav¨¦s de programas piloto.

¡°Antes no ten¨ªa ning¨²n tipo de comunicaci¨®n con mi exmujer. Ahora hablamos por tel¨¦fono y recojo a mi hija peque?a en el patio de su casa¡±, cuenta Alfredo, un valenciano que prefiere no dar su verdadero nombre. Se separ¨® en 2014. Durante a?os no se respet¨® el r¨¦gimen de visitas establecido en la sentencia y, por cada incumplimiento, ¨¦l iba al juzgado. A principios de 2018 fueron derivados a coordinaci¨®n de parentalidad. ¡°Ahora, mi hija peque?a, que tiene siete a?os, viene conmigo a casa. Y aunque sigo sin ver habitualmente a la mayor, que es adolescente, nos hemos sentado a hablar, todo un avance¡±, cuenta.

El coordinador de parentalidad act¨²a en nombre del juez. Existen importantes diferencias con la figura del mediador. A este ¨²ltimo, los padres recurren voluntariamente, no puede tomar decisiones y debe respetar la confidencialidad de las sesiones.

En cambio, un juez puede obligar a una familia a acudir a coordinaci¨®n de parentalidad. Y el coordinador debe informar sobre la evoluci¨®n de los casos. Adem¨¢s, puede entrevistarse con el entorno de los ni?os: no solo con los padres, tambi¨¦n con el resto de la familia, el colegio, los propios menores... Si los progenitores no llegan a un acuerdo, s¨ª puede decidir. Les da pautas para relacionarse. Su papel es velar por los ni?os, que sufren las consecuencias de la incomunicaci¨®n de sus padres. Requiere de profesionales muy cualificados y con experiencia en conflicto familiar, normalmente psic¨®logos y trabajadores o educadores sociales. Los expertos puntualizan que es un instrumento indicado en casos de alto conflicto, pero no de violencia de g¨¦nero.

La pr¨¢ctica es incipiente en Espa?a y la figura no est¨¢ regulada por ley. ¡°La primera sentencia se dict¨® en 2012¡±, explica Pascual Ortu?o, magistrado de la Audiencia de Barcelona. ?l fue el ponente. ¡°Hay un ¨ªndice importante de casos con conflictos. Supe de un instrumento del mundo anglosaj¨®n, fundamentalmente Estados Unidos y Canad¨¢, que presta ayuda en los juzgados para que las familias cumplan las sentencias¡±, cuenta. Se decidi¨® a aplicarlo. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a aval¨® la figura. Y la Generalitat impuls¨® un proyecto piloto que dur¨® dos a?os y medio. Trataron 14 casos con 23 voluntarios a los que formaron previamente. M¨¢s de un a?o despu¨¦s, est¨¢n evaluando los resultados. ¡°Tenemos que analizar el coste-beneficio de la figura y su implantaci¨®n, incluyendo el perfil de profesional y de las familias¡±, explica Gemma Capdevila, subdirectora de Derecho y Entidades Jur¨ªdicas del Departamento de Justicia.

Jueces y abogados de familia defienden esta figura. A mediados de mes, los jueces decanos asistieron en Melilla a unas jornadas en las que abordaron el asunto. ¡°Los proyectos piloto evidencian una reducci¨®n dr¨¢stica de la litigiosidad y una mejora sustancial en las relaciones paternofiliales¡±, consta en el comunicado. A finales de junio, m¨¢s de 73.000 asuntos estaban en tr¨¢mite en los juzgados de familia, seg¨²n datos del Consejo General del Poder Judicial. ¡°Calculamos que en materia de ejecuci¨®n de sentencias, hay alrededor de un 15% de casos con conflictos. Dan mucho trabajo. Y en apelaciones pueden llegar a ser la mitad de los expedientes¡±, apunta el magistrado Ortu?o.

Pedro Viguer, juez decano de Valencia, fue uno de los impulsores del proyecto piloto en la regi¨®n. A mediados de 2017, el equipo psicosocial de los juzgados de Valencia inici¨® un programa con 10 familias. ¡°En casi todos los casos, los padres est¨¢n cumpliendo las sentencias y se ha iniciado el camino hacia la normalizaci¨®n¡±, dice. A esas 10 familias se sumaron otras cinco. Y la Generalitat quiere ampliar el programa y ha acordado con el colegio de psic¨®logos que se disponga de una bolsa de profesionales para que puedan actuar en peritajes, que costear¨¢ el Gobierno regional a requerimiento de los jueces.

Fuentes del Ministerio de Justicia explican que est¨¢n interesados en la figura, que van a estudiar a trav¨¦s de proyectos piloto de un a?o en lugares como Badajoz o Murcia. El primero de ellos ya se est¨¢ llevando a cabo en Madrid, en un centro de intervenci¨®n parental recientemente inaugurado y que supuso al Ayuntamiento una inversi¨®n de 1,4 millones de euros. Uno de los servicios que prestan es la coordinaci¨®n de parentalidad. ¡°Somos tres profesionales con experiencia en casos de conflicto familiar¡±, indica el director, F¨¦lix Arias. ¡°Recibimos a los padres aqu¨ª, la periodicidad depende del caso, puede ser semanal o cada m¨¢s tiempo¡±, se?ala. ¡°Todo es transparente. Se trata de evitar que padre y madre sean partes en un conflicto y sean equipo. Que entiendan que la familia se reconfigura¡±, a?ade.

Adem¨¢s de en Catalu?a, Madrid y Valencia, en estos a?os tambi¨¦n se han dictado sentencias que recogen esta figura en autonom¨ªas como Arag¨®n o Baleares. En la Comunidad de Madrid, Majadahonda ultima un proyecto.

Juan Pablo Gonz¨¢lez del Pozo, uno de los tres jueces que interviene en el proyecto del Consistorio madrile?o, conf¨ªa en que se pueda aliviar la sobrecarga de trabajo. ¡°En cada juzgado de familia de Madrid hay entre 10 y 20 casos vivos de alta conflictividad¡±. Apunta que extender los programas piloto requerir¨ªa de una gran inversi¨®n pero se muestra esperanzado con la figura: ¡°Intento poner sentencias claras, pero un juez no puede regular la vida¡±.