Sus tuits pueden violar la ley anti blasfemia de Pakist¨¢n

Ensaf Haidar se qued¨® de piedra cuando hace unos d¨ªas recibi¨® un correo electr¨®nico de Twitter advirti¨¦ndole de que sus tuits pod¨ªan violar la ley de blasfemia de Pakist¨¢n. Haidar no es paquistan¨ª ni vive en ese pa¨ªs. La activista saud¨ª refugiada en Canad¨¢ no ha sido la ¨²nica en recibir el controvertido mensaje de la red social. Al menos otros dos comentaristas cr¨ªticos con el extremismo isl¨¢mico han denunciado el intento de restringir su libertad de expresi¨®n con mensajes similares. La campa?a coincide adem¨¢s con el lanzamiento en Google de una app para que los musulmanes puedan denunciar a potenciales blasfemos.

¡°Querido Twitter, no tengo miedo de expresar mis opiniones y no puedes silenciarme bajo ning¨²n concepto. ?Queda claro?¡±, tuite¨® como respuesta Haidar. La activista es la mujer de Raif Badawi, el bloguero saud¨ª encarcelado desde 2012 y condenado a mil latigazos por ¡°faltar al respeto al islam¡±. A partir de entonces ella se refugi¨® con sus hijos en Canad¨¢, desde donde lucha por la liberaci¨®n de su marido y la libertad de expresi¨®n.

Lo que ha puesto en el punto de mira a Haidar es un tuit del pasado agosto en el que mostraba a una mujer con el velo integral y ped¨ªa: ¡°Retuitea si est¨¢s contra el niqab¡±. Twitter le dice que ese mensaje podr¨ªa violar la ley paquistan¨ª y le sugiere que ¡°tal vez quiera pedir asistencia legal sobre el asunto¡±. Ella ha sido tambi¨¦n una de las primeras en dar la alerta sobre la app antiblasfemia de Google.

Adem¨¢s de Haidar, los otros dos afectados son el columnista canadiense Anthony Furey, y Mohammad Tawhidi, un cl¨¦rigo chi¨ª australiano de origen iran¨ª. En el caso de Furey, la supuesta ofensa son unas vi?etas de Mahoma que colg¨® hace cuatro a?os, seg¨²n explic¨® en su columna del pasado s¨¢bado. Tawhidi pidi¨® en un tuit a la polic¨ªa australiana que investigara el extremismo en las mezquitas tras un asesinato con arma blanca ocurrido en Melbourne el pasado noviembre.

El nexo que les une es su actitud cr¨ªtica ante el extremismo religioso y la acusaci¨®n a Twitter de contribuir a silenciar las ideas progresistas dentro del islam. La red social rechaza esa acusaci¨®n. ¡°Si recibimos una solicitud v¨¢lida de una entidad autorizada, de vez en cuando puede ser necesario retirar el acceso a ciertos contenidos en un pa¨ªs concreto¡±, ha asegurado un portavoz de la compa?¨ªa citado por la agencia France Presse.

Los afectados coinciden en que la medida avala la controvertida ley de blasfemia paquistan¨ª que permite que cualquier acusado de insultar al islam, su profeta o su libro sagrado pueda ser condenado a muerte con el simple testimonio de un musulm¨¢n. A menudo, el recurso a esa acusaci¨®n esconde disputas personales y afecta de forma desproporcionada a las minor¨ªas religiosas. Adem¨¢s, como se ha visto en el caso de la cristiana Asia Bibi, incluso tras la absoluci¨®n del Supremo su vida corre peligro. Aunque no hay constancia de que nadie haya sido ejecutado legalmente por esa causa, al menos 70 acusados han muerto linchados por turbas enardecidas desde 1990.

El pasado verano Pakist¨¢n amenaz¨® con bloquear Twitter si no eliminaba contenido que el Gobierno consideraba ¡°ofensivo¡±. Entre 2012 y 2016, las autoridades ya impidieron el acceso a YouTube a causa de un cortometraje amateur sobre Mahoma que gener¨® protestas de los extremistas. Tambi¨¦n prohibi¨® Facebook durante dos semanas en 2010 por alojar contenido supuestamente blasfemo.

La app de Google para denunciar a quienes insulten al islam no proviene sin embargo de Pakist¨¢n sino de Indonesia, el pa¨ªs con mayor poblaci¨®n musulmana del mundo. Smart Pakem, que es como se llama el invento, fue lanzada el mes pasado a petici¨®n del Gobierno de Yakarta para facilitar que se denuncie a quienes tengan ¡°creencias err¨®neas¡± en violaci¨®n de la ley isl¨¢mica (Shar¨ªa). El c¨®digo penal indonesio proh¨ªbe la blasfemia que define como ¡°acto u ofensa de hablar de forma sacr¨ªlega sobre Dios o las cosas sagradas¡±. Un total de 148 personas han sido condenadas por esa causa desde 2004, seg¨²n el recuento de Human Rights Watch.