La Junta de Andaluc¨ªa entrega a Vox los datos de colegiaci¨®n de los trabajadores de violencia de g¨¦nero

La Junta de Andaluc¨ªa ha confirmado la entrega de los datos que Vox solicit¨® a trav¨¦s de la Mesa del Parlamento sobre la situaci¨®n de los trabajadores que prestan sus servicios en las Unidades de Valoraci¨®n Integral de Violencia de G¨¦nero (UVIVG) y en los Equipos de Familia. La informaci¨®n suministrada no contiene datos personales, aunque s¨ª las titulaciones de esos profesionales, seg¨²n ha podido constatar este diario. La formaci¨®n de extrema derecha reclamaba nombres, apellidos y n¨²mero de colegiaci¨®n, una petici¨®n que fue duramente criticada ¡ªse consider¨® una "caza de brujas"¡ª y que la C¨¢mara regional declin¨®.?

Vox ha remitido este viernes al Parlamento dos nuevas solicitudes reclamando una ampliaci¨®n de informaci¨®n sobre las titulaciones y la formaci¨®n de los psic¨®logos que trabajan en las asociaciones Adima y Eicas, vinculadas con la defensa de la infancia y la prevenci¨®n del maltrato y abuso a menores y en Taxo y Tinsa, que realizan peritajes, seg¨²n han confirmado fuentes del partido a EL PA?S. El argumento de Vox es que son las ¨²nicas organizaciones que tienen contratas con la Junta.?

"Nos preguntamos qu¨¦ tienen que ver con la psicolog¨ªa y por qu¨¦ tienen esos contratos tan abultados sobre materias tan sensibles", explican fuentes de la formaci¨®n. La Asociaci¨®n andaluza para la defensa de la infancia y la prevenci¨®n del maltrato (Adima), realiza valoraciones dentro del programa de asistencia a menores que sufren violencia de g¨¦nero. Eicas (Equipo de Evaluaci¨®n e Investigaci¨®n de casos de abuso sexual)?forma parte de Adima y se encarga de valorar la credibilidad de menores que han podido sufrir abusos.

Francisco Serrano, l¨ªder de Vox en Andaluc¨ªa,?es un defensor de la teor¨ªa del s¨ªndrome de alienaci¨®n parental (SAP), una corriente psicol¨®gica que sostiene que los recuerdos de maltrato que tienen los ni?os, aunque parezcan cre¨ªbles, hay que ponerlos en tela de juicio porque podr¨ªan haber sido introducidos en el menor intencionadamente por parte de un progenitor para manipularlo con el fin de mostrar hostilidad hacia un padre u otros miembros de la familia en los procesos de custodia. Desde Vox se ha acusado a los profesionales en la materia de dictar sus resoluciones atendiendo "a razones ideol¨®gicas".

De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno andaluz, hay 75 trabajadores entre psic¨®logos y trabajadores sociales, que prestan sus servicios en estas unidades y los equipos sociales, encargados de evaluar el riesgo que sufren las v¨ªctimas de la violencia machista, la posibilidad de reincidencia del agresor y qui¨¦n debe tener la custodia del menor.

De ellos, el 40% no est¨¢ colegiado, una circunstancia que esgrime Vox para cuestionar las decisiones que adoptan los jueces basadas en sus informes que, en todo caso, no son vinculantes. ¡°Nos han llegado denuncias de afectados que aseguran que esos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de g¨¦nero o de decisi¨®n sobre las custodias de los menores y de que, en algunos casos no est¨¢n ni siquiera colegiados¡±, sostienen desde la formaci¨®n.

Serrano, antiguo juez de Familia, ha declarado en una entrevista en el canal local 7TV que la existencia de esos trabajadores no colegiados supone que ¡°personal no cualificado, sin ning¨²n control ni responsabilidad deontol¨®gica¡±, est¨¢ prestando ese servicio. "Si para ser m¨¦dico hay que pasar un MIR, para ser psic¨®logo igual, y no puede bastar con haber seguido un curso de violencia de g¨¦nero", ha argumentado. El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Mar¨ªn (de Ciudadanos), de quien dependen los empleados se?alados, ha dejado claro esta ma?ana que ¡°no estar colegiado no significa no tener titulaci¨®n¡±.

De los 75 profesionales que prestan sus servicios, 45 lo hacen en las unidades de violencia de g¨¦nero y 30 en los equipos psicosociales y todos han pasado las pruebas preceptivas para entrar a trabajar en la Administraci¨®n, explican desde la Consejer¨ªa. La Junta dispone actualmente de nueve unidades de violencia de g¨¦nero en toda la comunidad, un servicio que no est¨¢ externalizado y que se va a ampliar a 17. Del Gobierno dependen los 21 equipos psicosociales que est¨¢n repartidos en las ocho provincias ¡ªcada uno debe contar con un psic¨®logo y un trabajador social¡ª.

Es pr¨¢ctica habitual que las distintas Delegaciones del Gobierno de la Junta recurran a entidades externas para la elaboraci¨®n de periciales solicitadas por los ¨®rganos judiciales. La Consejer¨ªa no ha podido facilitar a este diario el n¨²mero de esas empresas que prestan estos servicios, pero confirma que todos los empleados tienen la titulaci¨®n necesaria, negando las insinuaciones de intrusismo de Serrano. En el documento facilitado por la Junta a Vox, al que ha tenido acceso este diario, se especifica que 79 son contratados.

Necesidad de colegiaci¨®n

Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 establece que ¡°la colegiaci¨®n es un requisito indispensable para los trabajadores p¨²blicos¡±, si bien no hay una ley a nivel estatal que obligue a ello, un vac¨ªo legal que ha denunciado el Defensor del Menor andaluz. Desde la Consejer¨ªa de Justicia se ha trasladado a los profesionales que no est¨¢n colegiados la importancia de que se colegien y se est¨¢n estudiando los mecanismos para garantizar que todos lo est¨¦n, confirman desde este departamento. Los sindicatos, sin embrago, muestran reparos: ¡°La colegiaci¨®n obligatoria tendr¨¢ que ser fruto de una negociaci¨®n¡±, se?ala Rafael Rivero, de la Uni¨®n de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andaluc¨ªa (USTEA).

Desde el sindicato confirman que los profesionales est¨¢n relativamente tranquilos en cuanto a que se les ha asegurado que no se van a filtrar sus datos personales, pero s¨ª est¨¢n molestos con el hecho de que se facilite, aunque sea de manera gen¨¦rica, si est¨¢n colegiados o no. ¡°Si no se nos exige estar colegiados para contratarnos, no deber¨ªan ceder esos datos. Esper¨¢bamos m¨¢s protecci¨®n por parte de la Administraci¨®n¡±, sostiene Rivero. ¡°No vamos a dejar de hacer bien nuestro trabajo, pero entiendo que haya compa?eros que consideren la petici¨®n de Vox una caza de brujas¡±, explica a este diario una profesional, miembro de un equipo psicosocial de un Juzgado de Familia, que prefiere no dar sus datos personales.

La irrupci¨®n de Vox en el Parlamento andaluz y sus exigencias en materia de violencia de g¨¦nero han roto la unanimidad entre los grupos pol¨ªticos en esta materia. Desde el PSOE, la l¨ªder de la oposici¨®n, Susana D¨ªaz, ha cuestionado la entrega de datos, aunque sea gen¨¦rica, a la formaci¨®n de Serrano. ¡°La ¨²nica intenci¨®n que tiene Vox con esa lista es amedrentar a los profesionales para que no hagan su trabajo. Aqu¨ª nunca ha habido listas negras, pero los intereses de este Gobierno est¨¢n supeditados a la extrema derecha. Hoy son los trabajadores de violencia de g¨¦nero, pero ma?ana ser¨¢n otros¡±, ha advertido la dirigente socialista.

Desde las asociaciones feministas y de abogados y por parte del Defensor del Menor andaluz se ha alertado de las condiciones en las que los equipos de las UVIVG ejercen su trabajo y tambi¨¦n han reclamado una normativa que homogeneice y regule su funcionamiento. El propio Defensor reclam¨® en un informe presentado en octubre del a?o pasado sobre los equipos psicosociales que operan en Andaluc¨ªa la importancia de la colegiaci¨®n, precisamente para proteger al profesional ante las reclamaciones de los padres afectados. En el informe se constata que cuando un particular quiere reclamar, la Junta no entra a valorar las peticiones y las deriva a los colegios profesionales que, paralelamente, niegan su capacidad de supervisi¨®n porque el profesional no se encuentra inscrito ni adherido a la disciplina colegial.