La familia de la mujer a la que su marido remat¨® en un hospital insiste en que la juez es responsable
La instructora dej¨® en libertad al hombre pese a que la Guardia Civil lo hab¨ªa se?alado como autor de las graves lesiones por las que la v¨ªctima estaba ingresada
El 9 de mayo de 2015 Aniceto Rodr¨ªguez, un jubilado ourensano de 74 a?os, cosi¨® a cuchilladas a su mujer, Isabel Fuentes, cuando esta se recuperaba en una cama del hospital de Ourense de un traumatismo craneoencef¨¢lico que la hab¨ªa mantenido durante un mes en cuidados intensivos. La mujer, de 65 a?os, hab¨ªa recibido un mes antes en su casa un golpe brutal en la cabeza con un objeto de hierro. D¨¢ndola por muerta, su marido asegur¨® a la Guardia Civil que alguien hab¨ªa asaltado la vivienda asesin¨¢ndola a ella mientras ¨¦l dorm¨ªa. Los agentes sospecharon inmediatamente del hombre y presentaron un atestado a la juez de instrucci¨®n de Ver¨ªn alertando de este hecho mientras se trasladaba a la v¨ªctima al hospital. No obstante, la magistrada no emiti¨® orden de alejamiento por entender que exist¨ªan indicios ¡°pero no pruebas¡± de violencia machista. La familia de la v¨ªctima pidi¨® desde el principio la recusaci¨®n de la juez. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la exculp¨® y archiv¨® la causa. Los familiares vuelven a recurrir.
Beatriz Seijo, abogada de la familia de Isabel Fuentes, present¨® en 2015 su primer recurso contra la decisi¨®n del CGPJ de archivar la causa contra la juez instructora. Destacaba entonces Seijo que el CGPJ no hab¨ªa respondido a la posible negligencia cometida por la juez de instrucci¨®n al no haber realizado la comparecencia que marca la ley tras recibir un atestado por parte de la Guardia Civil ¡°que avisaba de una tentativa de homicidio en el ¨¢mbito de la violencia de g¨¦nero¡±.
Entonces acudi¨® al Tribunal Supremo. Pidi¨® un pronunciamiento de la Fiscal¨ªa de Ourense -asegur¨® que le hab¨ªa reconocido en privado que la juez ¡°no mand¨® el atestado", sino que inform¨® "telef¨®nicamente"- y de la Guardia Civil, que en el episodio que casi cost¨® la vida de la mujer en su domicilio hab¨ªa alertado a la instructora de una tentativa de homicidio en el ¨¢mbito de la violencia machista.
La abogada pretend¨ªa as¨ª desmentir el argumento del archivo contra la juez en el que se precisaba que no hab¨ªa pruebas para determinar el alejamiento del marido.
El Supremo orden¨® que se investigaran de nuevo los hechos. Se hizo incluyendo declaraciones de guardias civiles que participaron en las indagaciones durante el mes que transcurri¨® entre las dos agresiones y que afirmaron que la juez desech¨® su petici¨®n de detener a Aniceto d¨ªas antes del crimen en el hospital. No obstante, se mantuvo el archivo. La letrada se?al¨® entonces que se estaba ¡°tapando un error del sistema¡±.
Con el nuevo recurso de alzada presentado ahora, la familia de Isabel Fuentes insiste en reclamar la responsabilidad de la juez en la instrucci¨®n. Los parientes se muestran convencidos de que la juez no protegi¨® de forma suficiente a la mujer tras la primera agresi¨®n, producida en la casa familiar, a pesar de que el atestado de la Guardia Civil ya apuntaba a que hab¨ªa sido atacada por su marido. La ausencia de arresto o de orden de separaci¨®n provoc¨®, seg¨²n los familiares, que Aniceto Rodr¨ªguez pudiese rematar a su mujer en la habitaci¨®n del hospital de Ourense.
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