El sistema penitenciario y la salud mental
El autor denuncia que las personas con enfermedades mentales de larga evoluci¨®n terminan excluidos del sistema de atenci¨®n sociosanitaria
En Estados Unidos en 1970 se alert¨® sobre el aumento de la enfermedad mental entre los reclusos en prisiones. Y en la pasada d¨¦cada, estudios europeos ratificaron la alerta. El incremento fue relacionado con el descenso de camas psiqui¨¢tricas que se ven¨ªa observando, atribuible en parte a las reformas psiqui¨¢tricas iniciadas en la segunda mitad del siglo XX. Las reformas propon¨ªan el despliegue de servicios y programas en la comunidad, al tiempo que se iban cerrando las instituciones manicomiales. En parte se atend¨ªa a que la atenci¨®n comunitaria es m¨¢s eficiente que la hospitalaria desde un enfoque financiero.
Sin embargo en muchos pa¨ªses, incluida Espa?a, no se ha hecho el necesario esfuerzo socioecon¨®mico en el desarrollo comunitario, con lo que personas con enfermedades mentales de larga evoluci¨®n terminan excluidos del sistema de atenci¨®n sociosanitaria y expuestos a verse involucrados en delitos que les conducen a centros penitenciarios. Una minor¨ªa de ellos son considerados no imputables por los tribunales, por lo que no se les puede condenar y son internados en hospitales psiqui¨¢tricos penitenciarios.
La democracia espa?ola hered¨® de la dictadura algunas sinrazones que no quiso o no supo c¨®mo cambiar en la Transici¨®n, ni tampoco despu¨¦s. Una de ellas es la singularidad espa?ola mediante la que el sistema penitenciario depende del Ministerio del Interior. En las democracias avanzadas de nuestro entorno, y tambi¨¦n en las latinas que siguen el modelo europeo, los cuerpos policiales son el brazo ejecutor de los ministerios del interior, mientras que los sistemas penitenciarios son parte del brazo ejecutor del Poder Judicial, en justa aplicaci¨®n del principio de separaci¨®n de poderes. Su uso pol¨ªtico frente al terrorismo podr¨ªa haber justificado la singularidad espa?ola; pero ya va siendo hora de corregir ese error en la arquitectura del Estado.
Dec¨ªa un preso en una c¨¢rcel andaluza: ¡°cuando cerraron los manicomios las c¨¢rceles se llenaron de locos¡± (lo contaba el diario.es hace un a?o). El preso hab¨ªa sido declarado no imputable por su enfermedad mental, pero una Audiencia Provincial, ante la ausencia de hospitales psiqui¨¢tricos convencionales, dispuso como medida de seguridad su internamiento en un pabell¨®n para personas con enfermedad mental de una c¨¢rcel. Un recurso de amparo fue elevado ante el Tribunal Constitucional, el cual sentenci¨® un a?o despu¨¦s (2018) con car¨¢cter garantista que el ingreso en la unidad psiqui¨¢trica dentro de la c¨¢rcel era una ¡°prisi¨®n encubierta, carente de absoluta cobertura legal¡±.
Para poder atender a las personas inimputables sometidas por ¨®rdenes judiciales al internamiento psiqui¨¢trico, se habilitaron dos hospitales psiqui¨¢tricos penitenciarios dependientes de la Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias: Fontcalent (Alicante) en 1984 y Sevilla en 1990. Seg¨²n un informe interno de la Secretar¨ªa, en el de Sevilla se ingresan todos los reclusos varones procedentes de Andaluc¨ªa, Canarias, Extremadura y de las ciudades aut¨®nomas de Ceuta y Melilla; mientras Fontcalent cubre el resto del territorio nacional para hombres y todo el territorio nacional para mujeres. Las estad¨ªsticas comparadas muestran un escaso n¨²mero de camas forenses en Espa?a como pa¨ªs; pero el problema no es solo que son pocas, sino que est¨¢n concentradas en solo dos centros que no cubren bien el territorio nacional. ?C¨®mo ciudadanos del noroeste espa?ol pueden ser recluidos en Alicante, residiendo sus familias a m¨¢s de mil kil¨®metros? Adem¨¢s son centros en los que el hacinamiento ha sido denunciado en numerosas ocasiones. Mercedes Gallizo, siendo directora general de Instituciones Penitenciarias, hablaba de ¡°superpoblaci¨®n¡±, de centenares de presos con enfermedad mental. En la p¨¢gina web se pod¨ªa leer (2018) que los dos centros ¡°tienen m¨¢s un car¨¢cter hospitalario que penitenciario¡±, pero tal afirmaci¨®n no es consecuente con la realidad del n¨²mero de psiquiatras disponibles en cada centro.
Entre los informes emitidos por la Secretar¨ªa merece la pena se?alar el de 2012. No ocultaba la situaci¨®n y advert¨ªa de los riesgos que aporta su estructura org¨¢nica y de gesti¨®n, se?alando las dificultades pr¨¢cticas de casar los reg¨ªmenes penitenciarios con las necesidades de los programas terap¨¦uticos. Tambi¨¦n los redactores del informe manifestaban las dificultades para reclutar personal sanitario especializado, sobre todo psiquiatras, dificultades que atribuyen al aislamiento y dependencia org¨¢nica de los dos centros penitenciarios.
Este art¨ªculo ha considerado todo el territorio espa?ol peninsular y extra peninsular excepto Catalu?a. La Generalitat recibi¨® las competencias en materia de prisiones en 1983 y ha desarrollado un sistema auton¨®mico que no se parece nada a lo descrito hasta ahora. La Unitat Hospitalitzaci¨® Psiqui¨¢trica Penitenci¨¤ria armada en Catalu?a depende del departamento de Sanidad y dispone de estructuras, programas y recursos humanos dignos de ser tomados como referencia. Y estamos hablando de Espa?a.
Italia contaba en 2013 con seis Ospedali Psichiatrici Giudiziari. El Senado los calific¨® de ¡°vergogna¡± (verg¨¹enza) y exigi¨® su cierre. Tras unos a?os de retraso el primer ministro Matteo Renzi puso en marcha el cierre de todos los hospitales penitenciarios y promovi¨® su relevo por una red de unidades denominadas REMS (Residencia Medidas Seguridad). Estas unidades, que hoy suman m¨¢s de 30, dependen en exclusiva del Departamento de Salud Mental. No cuentan con m¨¢s de 20 camas cada una y carecen de celdas, solo son atendidas por personal sanitario y carecen de presencia policial. Los definen como espacios residenciales con objetivos terap¨¦utico-rehabilitadores y de integraci¨®n social.
Alemania, Noruega, Suiza o Chile gozan de sistemas similares; es decir de redes nacionales de centros indubitablemente sanitarios, especializados en atender a personas con enfermedad mental de acuerdo con sus necesidades personales, incluida la de seguridad, y con objetivos de rehabilitaci¨®n y regreso a la Comunidad. ?Por qu¨¦ Espa?a es diferente?
Francisco Torres Gonz¨¢lez es catedr¨¢tico de Psiquiatr¨ªa en la Universidad de Granada y ex-viceconsejero de Salud en la Junta de Andaluc¨ªa.)
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