Tras la pista de los n¨²meros de la violencia contra las mujeres en M¨¦xico

Las mujeres de M¨¦xico han sido las primeras en poner seriamente en cuesti¨®n el gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. El detonante: la respuesta del mismo ante los casos de feminicidio, y la violencia contra la mujer en general. Para tratarse de un mandatario que lleg¨® al poder con un discurso vehemente de cambio, sus pr¨¢cticas y las de su entorno parecen profundamente enraizadas en el entramado institucional y cultural que favorece la impunidad de la violencia de g¨¦nero en el pa¨ªs.

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Como ejemplo paradigm¨¢tico, hace unas semanas solo el Fiscal General propuso la eliminaci¨®n del delito de feminicidio de la clasificaci¨®n penal mexicana. Su argumento se resum¨ªa en que la existencia de un tipo agravado que hab¨ªa que identificar de acuerdo con una serie de criterios (que se resumen en saber si la mujer fue agredida por su g¨¦nero) ralentizaba los procesos. La respuesta de la sociedad civil fue casi inmediata, y l¨®gica: en las palabras del Fiscal se aceptaba impl¨ªcitamente la incapacidad del Estado con los medios de que dispone de lidiar con el tama?o del fen¨®meno.

Todos los an¨¢lisis comienzan en este dato: en M¨¦xico, una minor¨ªa de los homicidios de mujeres son clasificados como feminicidio. As¨ª lo muestra tanto el mapa elaborado con fuentes no oficiales por Mar¨ªa Salguero, como una simple comparaci¨®n de los propios datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P¨²blica.

Lo que es m¨¢s llamativo a¨²n es la enorme variaci¨®n que existe entre entidades federativas en dicha proporci¨®n. En algunos casos. Dif¨ªcilmente esta variaci¨®n puede atribuirse por completo a condiciones estructurales distintas en cada Estado. Con estos datos de origen, Lisa S¨¢nchez, polit¨®loga y directora general de M¨¦xico Unido Contra la Delincuencia, es tajante: ¡°?Cu¨¢ntos feminicidios ocurren realmente en el pa¨ªs cada a?o? No lo sabemos¡±. Y a rengl¨®n seguido resume algunas de las razones para la variaci¨®n: la distinta de la tipificaci¨®n entre entidades federativas, la multiplicidad de fuentes oficiales sin criterio unificado, e incluso las decisiones discrecionales de las autoridades sobre el terreno.

Cabe aqu¨ª rese?ar que la ¡®cifra negra¡¯ de delitos contra las mujeres (no denunciados, no investigados) que estima el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INEGI) mexicano ronda o supera en todos los casos el 90%. Este n¨²mero, resalta S¨¢nchez, ¡°no refleja necesariamente el subregistro de feminicidios o de homicidios dolosos de mujer¡± porque este tipo de infracciones se investigan de oficio por las autoridades y porque agrega todos los delitos del fuero com¨²n: desde el secuestro hasta la violaci¨®n, pasando por la violencia familiar. Para lo que s¨ª nos sirve la cifra negra es para resaltar lo que podr¨ªamos calificar como impunidad estructural, que tiene el potencial de afectar de manera diferenciada a las mujeres.

Tomemos, por ejemplo, la violencia familiar reportada por ellas en la Encuesta Nacional sobre la Din¨¢mica de las relaciones en los Hogares. Seg¨²n esta, nueve de cada diez hechos no se reportan. Cuando se inquiere a las mujeres por la raz¨®n para la ausencia de reportes, el abanico de respuestas va desde los factores m¨¢s individuales o culturales hasta impedimentos m¨¢s mec¨¢nicos: falta de confianza en las autoridades, ausencia de conocimientos claros sobre a qui¨¦n acudir, miedo a no ser cre¨ªda.

Este tipo de factores se activan sobre todo cuando la barrera institucional es mayor. Cuando, por ejemplo, las autoridades a las que hay que acudir para cursar una denuncia son poco operativas. Para aproximar este fen¨®meno nos sirve la Encuesta Nacional de Victimizaci¨®n y Percepci¨®n sobre Seguridad P¨²blica. En ella se pregunta a las personas que presentaron denuncias por cualquier delito qu¨¦ tipo de trato recibieron, y cu¨¢nto se demoraron en el proceso. El INEGI ofrece los resultados por entidad federativa. Para comprobar si afecta a la probabilidad de denuncia, podemos aproximar esta de la siguiente manera: en cada Estado sabemos por los datos oficiales el n¨²mero de denuncias per capita de violencia familiar. Tambi¨¦n, gracias a los datos de la encuesta del INEGI, estimamos el porcentaje de hogares con alg¨²n caso de violencia familiar f¨ªsica o sexual. Si dividimos la primera cifra sobre la segunda, tendremos una idea relativa de c¨®mo de habitual es la denuncia en el Estado en comparaci¨®n con los casos existentes.

Ahora, tomamos este ratio de denuncias de violencia familiar presentadas por hogar que reporta casos, y lo ponemos junto a las variables de facilidad de denuncia: porcentaje de denunciantes que afirman que el trato recibido fue muy malo, y porcentaje que tard¨® m¨¢s de cuatro horas en poner la denuncia. Resulta que, como cab¨ªa esperar, s¨ª hay una relaci¨®n: a m¨¢s reportes de dificultades en la denuncia, menos ratio de las mismas existe sobre la estimaci¨®n de hogares con violencia familiar.

La misma l¨®gica aplica al contexto cultural y actitudinal dominante. Tambi¨¦n por encuesta se puede aproximar el porcentaje de mujeres que en un Estado determinado no se dedican a ninguna tarea fuera del hogar (ni estudian, ni trabajan) desde hace al menos un a?o. Es una manera de aproximar la independencia econ¨®mica. De nuevo, se advierte cierta relaci¨®n con la incidencia de las denuncias por violencia familiar.

A Lisa S¨¢nchez le encaja el dato: ¡°Es perfectamente consistente con lo que se encuentra uno cuando hace monitoreos de Ministerios P¨²blicos, o incluso encuestas sobre nivel de empoderamiento de las mujeres, mayor conocimiento de sus derechos, del funcionamiento institucional¡± y su relaci¨®n con ¡°el hecho de que reportes este tipo de conductas no se vea reflejado en que pierdas el sustento econ¨®mico, la potestad sobre tus hijos, tu vivienda...¡±, a?adiendo que ¡°incluso quien llega al Ministerio P¨²blico y logra denunciar es porque sabe que existe, sabe d¨®nde buscar la informaci¨®n, a qu¨¦ n¨²mero llamar, ubicar la informaci¨®n, etc¨¦tera¡± siendo todo ello m¨¢s dif¨ªcil para aquellas mujeres en contextos de exclusi¨®n real o potencial.

Todo esto solo es, en cualquier caso, un peque?o pu?ado de indicios para soportar el que ha sido desde el principio el argumento central de la sociedad civil: ?en qu¨¦ ayudar¨ªa una reclasificaci¨®n del delito si no cambian ni los recursos p¨²blicos, ni el contexto en que estos operan? ?No est¨¢ ah¨ª el verdadero cuello de botella que no permite ni tan siquiera conocer con fiabilidad el n¨²mero de feminicidios en M¨¦xico, y que arroja altos ¨ªndices de impunidad? El cambio demandado tanto en las calles como en las encuestas (un 82% desaprueba la gesti¨®n de AMLO de la cuesti¨®n, seg¨²n el dato m¨¢s reciente ofrecido por el encuestador Alejandro Moreno) va, sin duda, m¨¢s bien en esa direcci¨®n.