El Gobierno aparca la ley de transparencia y oculta a qui¨¦n compra el material sanitario

La entrada en vigor del estado de alarma, hace un mes, ha congelado la aplicaci¨®n de la ley de transparencia. Los ciudadanos pueden enviar solicitudes de informaci¨®n, pero nada m¨¢s hacerlo reciben un aviso: ¡°los plazos est¨¢n suspendidos¡±. Nadie va a tramitar esa petici¨®n hasta que el pa¨ªs recupere la normalidad. Esto impide, por ejemplo, solicitar las actas del comit¨¦ de expertos en el que el Gobierno dice basar sus decisiones o pedir copia del cont...

La entrada en vigor del estado de alarma, hace un mes, ha congelado la aplicaci¨®n de la ley de transparencia. Los ciudadanos pueden enviar solicitudes de informaci¨®n, pero nada m¨¢s hacerlo reciben un aviso: ¡°los plazos est¨¢n suspendidos¡±. Nadie va a tramitar esa petici¨®n hasta que el pa¨ªs recupere la normalidad. Esto impide, por ejemplo, solicitar las actas del comit¨¦ de expertos en el que el Gobierno dice basar sus decisiones o pedir copia del contrato de compra de los 640.000 test chinos defectuosos. Tampoco hay acceso a datos como el n¨²mero de test que hace cada comunidad aut¨®noma, cifra que Sanidad no divulga pese a disponer de ella.

La contrataci¨®n es otro foco de opacidad. Desde el decreto que declar¨® el estado de alarma, el 14 de marzo, la Administraci¨®n no est¨¢ tramitando nuevos contratos salvo en caso de necesidad. Sin embargo, lo que se ve obligada a comprar de urgencia, como los suministros de material sanitario, se tramita por v¨ªa de emergencia, una figura muy excepcional pensada para situaciones como cat¨¢strofes naturales. Se aplica a casos de extrema urgencia y permite, por ejemplo, encargar sin concurso p¨²blico una obra para arreglar una carretera rota tras una inundaci¨®n.

Mientras algunas comunidades como Catalu?a o centros sanitarios como el hospital de La Paz, en Madrid, est¨¢n publicando algunas de estas compras de emergencia (documentos donde justifica la urgencia e indica a qui¨¦n se le compra y a qu¨¦ precio), el Ministerio de Sanidad las mantiene en secreto.

Al no figurar en la Plataforma de Contrataci¨®n ni existir la posibilidad de pedir datos por escrito a Sanidad a trav¨¦s del Portal de Transparencia, la ¨²nica v¨ªa para obtener informaci¨®n son las comparecencias diarias de los responsables pol¨ªticos. En varias ocasiones Salvador Illa ha evitado responder a la pregunta directa sobre qui¨¦n es el misterioso ¡°distribuidor espa?ol¡± al que Sanidad compr¨® los test defectuosos que tuvo que devolver a China. Una informaci¨®n, la contractual, que deber¨ªa ser p¨²blica, seg¨²n le ha recordado la Junta Consultiva de Contrataci¨®n P¨²blica, dependiente del Ministerio de Hacienda.

En un informe reciente, adelantado por El Confidencial, este organismo afirma que la tramitaci¨®n de emergencia no es excusa para no divulgar la adjudicaci¨®n y la formalizaci¨®n de esos acuerdos. El Ministerio de Sanidad, por tanto, incumple la ley de contrataci¨®n p¨²blica. Emilio Guichot, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recuerda que esta norma ¡°no hace excepci¨®n en la tramitaci¨®n de emergencia respecto a la publicidad de las adjudicaciones¡± y dice expresamente que debe indicar el motivo de ese tr¨¢mite (en este caso, la pandemia), ¡°el precio y la identidad del adjudicatario¡±. Guichot a?ade que tambi¨¦n la ley de transparencia obliga a Sanidad a divulgar en qu¨¦ gasta dinero p¨²blico: todos los contratos de la Administraci¨®n deber¨ªan estar publicados en el Portal de Transparencia, independientemente del tr¨¢mite usado.

Algunos expertos, como Esperanza Zambrano, subdirectora de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (el organismo p¨²blico que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia), creen que habr¨ªa que hacer una excepci¨®n con las cuestiones vinculadas a la crisis y a la gesti¨®n que se est¨¢ haciendo de ella, es decir, que al menos esas preguntas deber¨ªan tramitarse ahora.

Dado que el plazo de respuesta a una solicitud de informaci¨®n es de 30 d¨ªas, y este no empezar¨¢ a contar hasta que acabe el estado de alarma (26 de abril, de momento), la Administraci¨®n contestar¨ªa como pronto en mayo o junio. ¡°Una fecha que, claramente, no se corresponde con la necesidad inmediata de transparencia que necesita esta situaci¨®n y que se ve agravada por la ausencia de un ejercicio generalizado de transparencia proactiva de informaci¨®n de inter¨¦s¡±, escribe Zambrano. ¡°No puede ser que cuando m¨¢s transparencia es necesaria para generar confianza a la ciudadan¨ªa, menos transparencia exista¡±, a?ade Miguel ?ngel Blanes, jurista especializado en esta materia.

¡°Estamos obligados a estar encerrados, pero no a ciegas¡±, coincide Daniel Cerd¨¢n, comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias, que califica de ¡°restrictiva¡± la interpretaci¨®n que se est¨¢ haciendo del decreto de alarma. Este indica que todos los plazos quedan suspendidos salvo los de procedimientos administrativos relacionados con la gesti¨®n de la crisis. Paralizar el Portal de Transparencia equivale a no considerar prioritario dar informaci¨®n por escrito sobre esa gesti¨®n. Un sinsentido para Cerd¨¢n, que subraya que es ¡°incoherente adem¨¢s con la declaraci¨®n de la actividad informativa de los medios de comunicaci¨®n como actividad esencial, de claro inter¨¦s p¨²blico¡±, a?ade.

Este apag¨®n de la transparencia no se limita a los ministerios. La Comunidad de Madrid no est¨¢ tramitando solicitudes de informaci¨®n por escrito, como confirma un portavoz. Andaluc¨ªa tampoco. Castilla y Le¨®n, en cambio, s¨ª lo hace. ¡°Creemos que esta situaci¨®n exige toda la transparencia posible y este derecho es un ingrediente esencial para garantizarla¡±, asegura Joaqu¨ªn Meseguer, director General de Transparencia y Buen Gobierno de esta comunidad, que durante la crisis se ha distinguido por ofrecer datos detallados y comprensibles que otras no facilitan.

El Ministerio de Sanidad no contest¨® las preguntas de EL PA?S. El de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica, del que depende el Portal de Transparencia, asegur¨® que se limitan a cumplir el real decreto y que la publicidad activa contin¨²a ofreciendo informaci¨®n actualizada (durante el estado de alarma se han publicado, por ejemplo, los sueldos de 2019 de los altos cargos). ¡°Tan pronto termine el estado de alarma se responder¨¢ todo¡±, a?ade un portavoz. El Ministerio de Hacienda no coment¨® el informe de la Junta de Contrataci¨®n.

Juan Mestre, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, cree que el estado de alarma no justifica que se limite el acceso a la informaci¨®n, salvo en los supuestos en los que ya lo limitaba antes: la seguridad nacional, la defensa, los intereses econ¨®micos y comerciales¡­ ¡°Alarma no puede equivaler a opacidad¡±, a?ade. En el caso de la contrataci¨®n, Mestre recuerda que algunas Administraciones s¨ª est¨¢n informando de sus compras, y a?ade que el procedimiento de emergencia no es lo mismo que el secreto, que tambi¨¦n existe, pero para otros supuestos, apunta. ¡°Es un problema de proporcionalidad. En lo que sea imprescindible y urgente hay que ponerse en marcha y luego ya se reconstruir¨¢ el expediente y se informar¨¢, pero en lo que se pueda informar ahora hay que hacerlo¡±.

Mestre va m¨¢s all¨¢: ¡°No s¨¦ cu¨¢l es la raz¨®n para parar todas las actuaciones administrativas y judiciales sin discriminaci¨®n¡±, asegura. Se refiere, por ejemplo, a contenciosos, en los que todas las actuaciones son por escrito. ¡°O los procedimientos abreviados. No s¨¦ por qu¨¦ no podemos hacer videoconferencias. ?D¨®nde est¨¢ la Administraci¨®n electr¨®nica?¡±, se pregunta. Y vaticina que cuando vuelva la normalidad, se producir¨¢ un atasco enorme en los juzgados.

Vicente ?lvarez, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, asegura sin embargo que en una situaci¨®n de crisis como la actual ¡°vivimos en otro momento jur¨ªdico¡±, con otras reglas, por lo que cree que la transparencia no es algo prioritario. ¡°Cuando se terminen estas medidas por supuesto que habr¨¢ que rendir cuentas, tanto pol¨ªticas como administrativas y jur¨ªdicas¡±, a?ade, y pronostica: ¡°Van a venir millones de pleitos¡±.

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