Justicia prepara una ley expr¨¦s para evitar el colapso en los tribunales

El Ministerio de Justicia contempla la aprobaci¨®n de una ley urgente para paliar los efectos de la pandemia de covid-19 en los tribunales. La norma, que podr¨ªa estar lista antes del verano, servir¨ªa para adaptar la Administraci¨®n de Justicia a las nuevas tecnolog¨ªas, con el fin de agilizar los tr¨¢mites y ayudar a desatascar la actividad judicial, que lleva suspendida un mes. Esta ley ser¨ªa una de las patas fundamentales del plan que prepara el ministerio para cuando se levante el estado de alarma y que contempla reformas normativas, organizativas y tecnol¨®gicas. La intenci¨®n es consensuarlo con todos los operadores jur¨ªdicos.

El Gobierno trabaja desde hace semanas en un plan para agilizar la Administraci¨®n de Justicia tras la pandemia de covid-19 y evitar, en lo posible, el colapso de los tribunales. La actividad judicial no urgente lleva un mes suspendida, lo que ha obligado a posponer tr¨¢mites y a aplazar miles de vistas que estaban programadas para estas semanas. A las consecuencias del par¨®n se unir¨¢, adem¨¢s, el previsible aluvi¨®n de asuntos derivados del estado de alarma, desde temas laborales y societarios como ERE, ERTE y concursos, a recursos contra las sanciones impuestas por saltarse el confinamiento.

Las peculiaridades de la Administraci¨®n de Justicia, con las competencias divididas entre el Gobierno central, las comunidades aut¨®nomas y el Consejo General del Poder Judicial, dificultan la toma de decisiones consensuadas, un mal al que se est¨¢ intentando hacer frente a golpe de videoconferencias. Desde que se inici¨® la crisis, se han mantenido reuniones para determinar qu¨¦ servicios eran esenciales y deb¨ªan seguir pese al estado de alarma, c¨®mo garantizar las medidas sanitarias en las sedes judiciales o qui¨¦nes deb¨ªan acudir a su puesto de trabajo y qui¨¦nes y c¨®mo pod¨ªan teletrabajar.

Pero la preocupaci¨®n ahora empieza a centrarse en el d¨ªa despu¨¦s, que en los tribunales algunos auguran como dram¨¢tico si no se atina con las medidas que se tomen. El Ministerio trabaja ya en ese plan, que el real decreto-ley de medidas urgentes complementarias en el ¨¢mbito social y econ¨®mico, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de marzo, obliga a tener listo 15 d¨ªas despu¨¦s de que se levante el estado de alarma.

El ministro, Juan Carlos Campo; el secretario de Estado, Pablo Zapatero; y el secretario general para la Innovaci¨®n y Calidad del Servicio P¨²blico, Borja Vargues, se reunieron el jueves con las cuatro asociaciones judiciales y todos coincidieron en que para abordar la justicia post-pandemia hacen falta reformas a corto, medio y largo plazo. ¡°Hay que hacer todo lo posible para que las instituciones implicadas unamos las fuerzas para que la Administraci¨®n de Justicia salga de la crisis de la forma m¨¢s r¨¢pida posible¡±, se?ala el secretario de Estado, que considera que este plan sobrevenido puede acabar convirti¨¦ndose en una ¡°oportunidad¡± para abordar de forma conjunta asuntos que estaban pendientes desde hace a?os. El ministro se reunir¨¢ este viernes con las comunidades y al encuentro se sumar¨¢ el Consejo General del Poder Judicial.

Las reformas ser¨¢n de tres tipos, avanza Zapatero: normativas, organizativas y tecnol¨®gicas. Entre las primeras, se contemplan reformas procesales urgentes v¨ªa decreto ley, tal y como ha propuesto el Consejo en un primer documento de plan de choque presentado hace dos semanas. Pero el ministerio pretende hacer un uso ¡°muy medido¡± de esta f¨®rmula, que debe limitarse a reformas urgentes que justifiquen el uso del decreto ley.

Para el grueso de las medidas, Justicia contempla una ley de agilizaci¨®n y eficiencia que intentar¨¢ exprimir al m¨¢ximo el uso de las nuevas tecnolog¨ªas, en las que los juzgados y tribunales van muy por detr¨¢s de la Administraci¨®n General del Estado. El ministerio ha tomado como modelo la Agencia Tributaria y el objetivo es disponer de una especie de c¨®digo procesal electr¨®nico para adaptar a la tecnolog¨ªa la mayor¨ªa de los procesos judiciales. Por ejemplo, algo tan extendido en otros ¨¢mbitos como poder hacer notificaciones inmediatas con servicios de mensajer¨ªa.

¡°Estamos al inicio¡±

En la nueva ley se incluir¨¢n, adem¨¢s, cuestiones t¨¦cnicas y procesales que puedan ayudar a evitar el temido colapso en los tribunales tras la crisis sanitaria. La idea es que est¨¦ aprobada antes del verano. ¡°Estamos al inicio. Las medidas que puedan incluirse ah¨ª queremos hablarlas con las comunidades, el Consejo, la Fiscal¨ªa, las asociaciones, la Abogac¨ªa y todos los implicados. Tiene que ser una ley consensuada y que est¨¦ fuera de la pugna de los partidos¡±, se?ala Zapatero.

Junto a estas reformas normativas, el ministerio pretende abordar reformas organizativas. Se contemplar¨¢n refuerzos en las jurisdicciones en las que se prev¨¦ el mayor atasco (contencioso-administrativo, civil y social) y se debatir¨¢ la posibilidad de habilitar las tardes y el mes de agosto, una propuesta que ha formulado ya el ¨®rgano de gobierno de los jueces y que tiene defensores y detractores.

La vuelta a la actividad judicial implicar¨¢, adem¨¢s, un desaf¨ªo que la Justicia comparte con todos los sectores econ¨®micos y laborales pero que tambi¨¦n presenta peculiaridades: c¨®mo retomar la actividad minimizando el riesgo de contagios. El ministerio tendr¨¢ que esperar a lo que disponga Sanidad de manera general y adaptarlo, previsiblemente, a sus circunstancias. Habr¨¢ que decidir, por ejemplo, qu¨¦ distancia f¨ªsica hay que guardar en los juzgados, qui¨¦n provee el material de protecci¨®n no solo de los trabajadores sino tambi¨¦n de los usuarios o si hay que limitar el aforo de las vistas p¨²blicas.

Algunos de estos problemas los plantearon ya el jueves las asociaciones judiciales porque se dan cada d¨ªa entre los trabajadores que prestan los servicios esenciales. Los representantes de los jueces advirtieron de que, aunque se han generalizado las medidas de protecci¨®n, siguen faltando en algunas sedes, y reclamaron que, ¡°en la medida de lo posible¡±, se vayan realizando las pruebas a quienes acuden a los juzgados a trabajar.

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