El Gobierno lanza la ley de cambio clim¨¢tico como v¨ªa para salir de la crisis del coronavirus

Aunque la gigantesca tragedia del coronavirus haga casi imposible ver algo m¨¢s all¨¢ de esta emergencia sanitaria y econ¨®mica, Espa?a sigue estando en la regi¨®n m¨¢s expuesta al calentamiento global de Europa. Desde hace d¨¦cadas los cient¨ªficos alertan de los riesgos para el pa¨ªs de las olas de calor, la desertificaci¨®n, las sequ¨ªas, las inundaciones costeras... Pero Espa?a no cuenta con una ley de cambio clim¨¢tico, a pesar de ...

Aunque la gigantesca tragedia del coronavirus haga casi imposible ver algo m¨¢s all¨¢ de esta emergencia sanitaria y econ¨®mica, Espa?a sigue estando en la regi¨®n m¨¢s expuesta al calentamiento global de Europa. Desde hace d¨¦cadas los cient¨ªficos alertan de los riesgos para el pa¨ªs de las olas de calor, la desertificaci¨®n, las sequ¨ªas, las inundaciones costeras... Pero Espa?a no cuenta con una ley de cambio clim¨¢tico, a pesar de que el Congreso reclam¨® esa norma en 2011 y del aparente consenso de la mayor¨ªa de los partidos sobre su necesidad. El Consejo de Ministros ha empezado a poner remedio a esa contradicci¨®n este martes y ha aprobado el proyecto de ley de cambio clim¨¢tico y transici¨®n energ¨¦tica para remitirlo a las Cortes, donde deber¨¢ ser aprobado por los grupos.

La norma ¡ªque aspira a marcar la ruta para desenganchar al pa¨ªs de los combustibles f¨®siles y de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050¡ª busca blindar las pol¨ªticas necesarias para que Espa?a cumpla con sus compromisos clim¨¢ticos internacionales, como el Acuerdo de Par¨ªs y las diferentes normas europeas. Pero, a la vez, el Gobierno presenta esta ley como una oportunidad y una de las v¨ªas para salir de la crisis econ¨®mica ligada a la pandemia. La recuperaci¨®n verde no es algo que se reclame solo desde las ONG ecologistas; la han puesto sobre la mesa grandes multinacionales y entidades financieras, y la Comisi¨®n Europea y la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos la han asumido como uno de los ejes para salir de la crisis. De hecho, los planes de ayudas p¨²blicas que preparan las instituciones europeas apuestan por renovables, movilidad el¨¦ctrica, rehabilitaci¨®n de edificios...

El proyecto de ley promete en su pre¨¢mbulo que la transici¨®n energ¨¦tica movilizar¨¢ m¨¢s de 200.000 millones de euros de inversi¨®n ¡ªel 70% capital privado, el resto p¨²blico¨D entre 2021 y 2030. Y el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica apuesta por acelerar muchas de las inversiones que estaba previsto desarrollar a lo largo de una d¨¦cada como una forma de reactivar ahora la econom¨ªa. Tambi¨¦n, como una v¨ªa de crear puestos de trabajo. La norma promete que el empleo neto aumente entre 250.000 y 350.000 personas para 2030 gracias a estas medidas clim¨¢ticas.

La vicepresidenta para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, ha presentado este martes la norma como un modelo "de recuperaci¨®n¡± frente a la crisis del coronavirus y ha resaltado su potencial para generar ¡°empleo de calidad estable¡±. Adem¨¢s, la vicepresidenta ha insistido en que se quiere "cumplir¡± con los j¨®venes tambi¨¦n, ¡°que no quieren heredar hipotecas que no le tocan¡±.

Objetivo: 20% menos de emisiones en 2030

La norma fija un gran objetivo a largo plazo: lograr la neutralidad clim¨¢tica en 2050, lo que significa que el balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su absorci¨®n a trav¨¦s de sumideros (como bosques) deber¨¢ ser cero. En cualquier caso, para llegar a ese punto, las emisiones a mediados de siglo deber¨¢n haber desaparecido casi completamente. Pero el proyecto tambi¨¦n establece metas intermedias. Para 2030 las emisiones del conjunto de la econom¨ªa espa?ola deber¨¢n reducirse en al menos un 20% respecto a los niveles de 1990. El texto impone que este y todos los grandes objetivos de la ley solo podr¨¢n revisarse al alza.

Esa meta no es suficientemente ambiciosa en opini¨®n de las principales ONG medioambientales ¨DEcologistas en Acci¨®n y Greenpeace plantean que deber¨ªa subir hasta el 55%¨D. En cualquier caso, el porcentaje podr¨ªa incrementarse algo durante la tramitaci¨®n parlamentaria. Seg¨²n explica Juan L¨®pez de Uralde, de Unidas Podemos, su formaci¨®n y el PSOE han pactado ya que el objetivo de recorte subir¨¢ hasta el 23% durante esa tramitaci¨®n. L¨®pez de Uralde, quien preside la comisi¨®n parlamentaria que se encargar¨¢ de la tramitaci¨®n de la norma, cree que la ley podr¨ªa estar aprobada este a?o si se aceleran mucho los plazos.

Ese 23% de las emisiones para 2030 pactado por las dos formaciones es lo que figura ya en el Plan Nacional Integrado de Energ¨ªa y Clima, el programa de descarbonizaci¨®n para la pr¨®xima d¨¦cada que Espa?a ha aprobado y enviado a Bruselas. Este plan junto a la estrategia de adaptaci¨®n a los impactos al cambio clim¨¢tico (que est¨¢ ahora en informaci¨®n p¨²blica) y la estrategia a largo plazo de descarbonizaci¨®n (que se est¨¢ terminando de redactar) son las tres herramientas fundamentales de aplicaci¨®n de la ley.

Energ¨ªa: un 70% de la electricidad con renovables

La norma marca que para 2030 el porcentaje de renovables sobre el consumo final de energ¨ªa ¨Dque incluye electricidad y transporte¨D deber¨¢ llegar al menos al 35% (ahora est¨¢ rondando el 20%). Para ello, en ese mismo a?o el 70% de la generaci¨®n el¨¦ctrica deber¨¢ ser de origen renovable y se tendr¨¢ que mejorar la eficiencia energ¨¦tica en un 35%. En 2050, el 100% de la electricidad tendr¨¢ que generarse con energ¨ªas limpias. El proyecto de ley apuntala un sistema de subasta de renovables que destierra las subvenciones que se requer¨ªan en el pasado y ofrece certezas en las retribuciones para incentivar las inversiones. La intenci¨®n del ministerio es que este a?o se celebre la primera de estas subastas a pesar de la crisis del coronavirus.

En los primeros borradores se concretaba que cada a?o se deber¨ªan subastar 3.000 megavatios al a?o de renovables. Pero esa cifra, como otras metas expl¨ªcitas, se han eliminado del proyecto tras las recomendaciones emitidas por el Consejo de Estado, seg¨²n la versi¨®n del ministerio.

Movilidad: coches de emisiones cero en 2040

Mientras que la generaci¨®n de electricidad est¨¢ ya en una senda de descarbonizaci¨®n clara gracias a las renovables, el sector del transporte no va tan r¨¢pido. En Espa?a, el transporte por carretera es responsable de alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto de ley no marca un objetivo concreto de reducci¨®n de estos gases o de movilidad el¨¦ctrica a medio plazo, para 2030. Pero s¨ª propone que en 2050 el parque de turismos y veh¨ªculos comerciales ligeros est¨¦ libre de emisiones directas de di¨®xido de carbono, el principal de los gases de efecto invernadero. Para ello, se apunta a que ¡°se adoptar¨¢n las medidas necesarias" para que los turismos y veh¨ªculos comerciales ligeros nuevos sean de emisiones cero en 2040. En la pr¨¢ctica, esto supone cerrar la puerta a los veh¨ªculos de combusti¨®n e incentivar los el¨¦ctricos. Esta propuesta es la misma que maneja la Comisi¨®n Europea.

En la norma se establece que los territorios insulares podr¨¢n poner en marcha medidas propias y m¨¢s ambiciosas de fomento de la movilidad limpia. Esto permite a Baleares recuperar su objetivo de no permitir nuevas matriculaciones de di¨¦sel a partir de 2025 y del resto de veh¨ªculos con motores de combusti¨®n a partir de 2035. Esta comunidad manten¨ªa en suspenso este apartado de su ley de cambio clim¨¢tico a la espera de que esta norma estatal le diera cobertura suficiente.

Adem¨¢s, se obliga a las gasolineras que tienen un mayor volumen de negocio (alrededor del 10% de estos negocios) a instalar puntos de recarga para veh¨ªculos el¨¦ctricos. Se regulan tambi¨¦n las obligaciones de instalaci¨®n de estos sistemas de recarga en los edificios y se crear¨¢ un punto de informaci¨®n oficial en la web sobre las infraestructuras de carga del pa¨ªs.

El texto lanza varias exigencias para los municipios de m¨¢s de 50.000 habitantes, que deber¨¢n poner en marcha zonas de bajas emisiones como tarde en 2023, adem¨¢s de planificaciones espec¨ªficas de movilidad que incluyen el fomento de los veh¨ªculos el¨¦ctricos, el transporte p¨²blico y la bicicleta. Adem¨¢s, blinda las zonas de bajas emisiones para que no se puedan revertir.

Combustibles f¨®siles: desinversi¨®n p¨²blica

Los combustibles f¨®siles ¨Dlos grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero¨D est¨¢n en el punto de mira. Se regula el veto a las nuevas explotaciones de hidrocarburos a partir de la aprobaci¨®n de la ley y de la controvertida t¨¦cnica de la fractura hidr¨¢ulica o fracking. Por otro, se apuesta por un plan de desinversi¨®n estatal, aunque sin fechas concretas. El objetivo es que ¡°la Administraci¨®n General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector p¨²blico estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracci¨®n, refinado o procesado de productos energ¨¦ticos de origen f¨®sil¡±. Para ello, el Ejecutivo tendr¨¢ que presentar un calendario.

El texto tambi¨¦n abre la puerta a una limitaci¨®n de nuevos beneficios fiscales a los productos energ¨¦ticos de origen f¨®sil. No se vetan, sino que se establece que para que se conceda una ayuda de este tipo ¡°deber¨¢ estar debidamente justificada por motivos de inter¨¦s social, econ¨®mico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnol¨®gicas¡±.

Financiaci¨®n: sin pol¨ªticas fiscales

El proyecto de ley trata de asegurar una suficiente financiaci¨®n para las pol¨ªticas de cambio clim¨¢tico en los Presupuestos Generales del Estado. Pero no impone un porcentaje concreto de los fondos que deber¨¢n contribuir a los objetivos de cambio clim¨¢tico, sino que establece que esa cantidad ser¨¢ la equivalente a la que establezca la Uni¨®n Europea en su marco financiero plurianual.

La norma marca tambi¨¦n que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisi¨®n se tendr¨¢n que destinar a medidas de cambio clim¨¢tico y transici¨®n energ¨¦tica. Permite que, como hasta ahora, se destinen en un porcentaje importante a pagar las primas a las renovables del sistema anterior a las subastas. La ley de cambio clim¨¢tico, sin embargo, no afronta la reforma de la fiscalidad para dar un impulso a los tributos verdes como reclaman desde hace a?os a Espa?a los organismos internacionales.

Riesgos econ¨®micos

El proyecto obliga a las empresas cotizadas, entidades de cr¨¦dito, aseguradoras y reaseguradoras a elaborar informes anuales sobre la exposici¨®n de su actividad a los riesgos del cambio clim¨¢tico. Las entidades financieras tambi¨¦n deber¨¢n publicar objetivos espec¨ªficos de descarbonizaci¨®n de su cartera de pr¨¦stamos e inversiones alineados con el Acuerdo de Par¨ªs a partir de 2023. Por su parte, el Banco de Espa?a, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci¨®n General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborar¨¢n conjuntamente, cada dos a?os, un informe sobre la evaluaci¨®n del riesgo para el sistema financiero espa?ol del calentamiento global y las pol¨ªticas para combatirlo.

Adaptaci¨®n: indicadores de impacto

La norma tambi¨¦n centra una parte importante del texto en la adaptaci¨®n y apuesta por definir un sistema de indicadores de impactos del cambio clim¨¢tico para guiar las pol¨ªticas y planes p¨²blicos. Tambi¨¦n propone la elaboraci¨®n de mapas de vulnerabilidad. En la planificaci¨®n urbana, se introducen modificaciones para que los Ayuntamientos tengan en cuenta el cambio clim¨¢tico y los fen¨®menos meteorol¨®gicos extremos. Adem¨¢s, se imponen restricciones y limitaciones a las concesiones en dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre en un intento por contrarrestar la reforma de la Ley de Costas llevada a cabo por el PP en 2013.

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