Baleares suspende el veto a los coches de gasolina y di¨¦sel
El Gobierno central se compromete a no recurrir la ley de cambio clim¨¢tico de las islas, que inclu¨ªa el fin de los motores de combusti¨®n a partir de la pr¨®xima d¨¦cada
El Gobierno de Baleares ha dejado en suspenso el veto a los veh¨ªculos di¨¦sel nuevos y a los de combusti¨®n en general que pretend¨ªa empezar a aplicar a partir de la pr¨®xima d¨¦cada. Lo hace para evitar que el Ejecutivo central bloquee su ley de cambio clim¨¢tico, en la que se incluye el calendario por el que los di¨¦sel nuevos no pod¨ªan circular por las islas a partir de 2025 y el resto de veh¨ªculos con motores de combusti¨®n a partir de 2035. Ambas Administraciones han llegado a un acuerdo que implica esa moratoria a la espera de que el Gobierno central apruebe una ley estatal de cambio clim¨¢tico. A partir de ese momento, Baleares espera poder recuperar ese calendario que ahora ha dejado en suspenso.
La ley de cambio clim¨¢tico estatal, que prepar¨® el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica pero que no lleg¨® a entrar en el Congreso en la anterior legislatura, apostaba por vetar la venta y matriculaci¨®n de veh¨ªculos que emitan di¨®xido de carbono ¨Clos de gasolina, di¨¦sel y gas natural¨C a partir de 2040. Ese calendario se ajusta a las previsiones que tiene la propia Comisi¨®n Europea, que aboga por que en 2050 toda la econom¨ªa de la UE sea neutra en carbono.
Pero Baleares decidi¨® ir un paso m¨¢s all¨¢ y situarse en la vanguardia de la lucha contra los veh¨ªculos de combusti¨®n, que, adem¨¢s de contribuir al cambio clim¨¢tico, suponen un riesgo para la salud de la poblaci¨®n debido a las part¨ªculas y otros contaminantes que tambi¨¦n expulsan ese tipo de motores. Sin embargo, el Ejecutivo central ha recordado este martes que ese veto a la circulaci¨®n de los veh¨ªculos invade competencias estatales.
La aprobaci¨®n de la ley balear, que cont¨® con el apoyo de PSOE, M¨¦s y Podemos, desencaden¨® la ira de la patronal de fabricantes de autom¨®viles, Anfac, que llev¨® el caso ante la Comisi¨®n Europea y la Administraci¨®n central. El Gobierno espa?ol apreci¨® que algunos puntos de la ley pod¨ªan invadir competencias estatales y decidi¨® convocar al Ejecutivo balear a una comisi¨®n bilateral. Ese es el paso previo que establece la legislaci¨®n antes de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Si el Estado lo hubiera hecho se habr¨ªa suspendido autom¨¢ticamente la ley durante al menos seis meses.
Al margen de los veh¨ªculos, la norma balear plantea tambi¨¦n un calendario de cierre de las centrales que queman combustibles f¨®siles ¨Ccarb¨®n, petr¨®leo y gas natural¨C para generar electricidad. Adem¨¢s, establece que en 2050 el 100% del consumo energ¨¦tico de las islas sea de origen renovable. En 2035 se deber¨¢ haber llegado al 35%. Adem¨¢s, se plantean objetivos de reducci¨®n del consumo energ¨¦tico del 26% en el 2030 y del 40% en 2050.
Ley estatal
El vicepresidente y conseller de Transici¨®n Energ¨¦tica de Baleares, Juan Pedro Yllanes, ha destacado este martes que con el acuerdo que se ha cerrado con el Gobierno central "se mantiene el texto de la norma". Es decir, que no cambia la redacci¨®n de la ley y solo se deja en suspenso el calendario de veto a los veh¨ªculos de combusti¨®n.
En declaraciones a EL PA?S. Yllanes ha interpretado que al no modificarse la redacci¨®n de la ley, "en principio ese horizonte de 2025 [para el veto a las matriculaciones de di¨¦sel] podr¨ªa ser autorizado por la ley estatal de cambio clim¨¢tico y transici¨®n energ¨¦tica". Seg¨²n el vicepresidente balear, "el Estado tiene la intenci¨®n de ser enormemente r¨¢pido en sacar la ley de cambio clim¨¢tico; no puede ser de otra manera a la vista de la situaci¨®n de emergencia clim¨¢tica". Y en el marco de esa nueva ley estatal se reconocer¨¢ "el r¨¦gimen especial" de los territorios insulares por su "especial fragilidad" que permitir¨¢ que Baleares pueda empezar a vetar los motores de combusti¨®n a partir de la pr¨®xima d¨¦cada.
La patronal Anfac ha aplaudido este martes el acuerdo alcanzado entre las dos Administraciones. Y ha sostenido que "debe contribuir a eliminar la incertidumbre provocada entre los consumidores por esta prohibici¨®n taxativa en las islas, que est¨¢ afectando negativamente a las ventas".
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