La justicia condena al Gobierno de Arag¨®n por no proteger a los sanitarios frente al coronavirus

El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado este jueves al Gobierno de Arag¨®n, al Servicio Aragon¨¦s de Salud y al Instituto Aragon¨¦s de Servicios Sociales (IASS) por no proporcionar los equipos de protecci¨®n individual (EPI) adecuados a los sanitarios de la provincia durante la crisis sanitaria. Se trata de la primera sentencia de este tipo conocida en Espa?a. El Ejecutivo regional recurrir¨¢ la decisi¨®n ante el Tribunal Superior de Justicia de Arag¨®n, seg¨²n han confirmado fuentes de la presidencia auton¨®mica. La sentencia estima una demanda del sindicato m¨¦dico Fasamet, que tambi¨¦n ha interpuesto querellas en Huesca y Zaragoza, donde se celebrar¨¢ el juicio este viernes.

La resoluci¨®n, de 128 folios, condena a la Administraci¨®n por haber vulnerado el derecho a la integridad f¨ªsica y a la vida de los sanitarios del grupo A (m¨¦dicos y enfermeros). Adem¨¢s, les ordena restablecer dichos derechos proporcion¨¢ndoles equipos de protecci¨®n apropiados en todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros sociosanitarios o sociales, p¨²blicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Teruel. El fallo especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposici¨®n al agente biol¨®gico virus SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio o infecci¨®n que pueda llevar a desarrollar la enfermedad covid-19.

El presidente del sindicato, Leandro Catal¨¢n, ha celebrado la decisi¨®n, que califica como ¡°simb¨®lica¡±, por reconocer que ¡°el Gobierno no cumpli¨® con su obligaci¨®n¡±. Jos¨¦ Manuel Aspas, responsable jur¨ªdico de Fasamet, ha agregado: ¡°Esto deja constancia de la falta de previsi¨®n de las autoridades sanitarias¡±. La Consejer¨ªa de Sanidad aragonesa ha se?alado que ¡°la sentencia condena a proporcionar material de protecci¨®n, y eso ya se est¨¢ haciendo y se hizo en la medida de las posibilidades¡±, informa Emilio de Benito.

A juicio del juzgado, el Ejecutivo aragon¨¦s y las distintas instituciones de sanidad no contaban con un stock suficiente para hacer frente a la pandemia. Y cita, en varios p¨¢rrafos, declaraciones p¨²blicas de distintos responsables pol¨ªticos, que admitieron que faltaban EPI, como el propio presidente de Arag¨®n, el socialista Javier Lamb¨¢n. En los hechos probados de la sentencia, la magistrada se?ala, por ejemplo, una declaraci¨®n del 15 de abril del l¨ªder territorial donde ¡°pidi¨® disculpas por los errores cometidos en la gesti¨®n de la crisis sanitaria¡± y por la ¡°falta de material de protecci¨®n para el personal sanitario¡±. Igualmente, la magistrada Elena Alcalde se?ala que el 27 y 28 de febrero el director general del IASS, Joaqu¨ªn Santos, alert¨® en sendos correos electr¨®nicos de que hab¨ªa escasez de EPI.

El 9 de marzo pasado, seg¨²n reza en la sentencia, los sindicatos m¨¦dicos de Arag¨®n, entre ellos Fasamet, informaron a la entonces consejera de Sanidad, Pilar Ventura, de que los profesionales no dispon¨ªan de material. Esto llev¨® a los sanitarios a improvisar sus propios equipos, una situaci¨®n que fue aireada en las redes sociales en los momentos m¨¢s cr¨ªticos de la pandemia. La consejera dimiti¨® el 12 de mayo tras la pol¨¦mica surgida al calificar como un ¡°est¨ªmulo¡± para los sanitarios el que tuvieran que fabricarse sus propios EPI.

La magistrada tambi¨¦n ha rechazado la premisa de que las administraciones estaban ante un supuesto de fuerza mayor imprevisible e inevitable: argumenta que la pandemia no es ¡°un suceso que no hubiera podido preverse¡±. Para justificarlo, el juzgado cita un documento de la Organizaci¨®n Mundial de Salud (OMS) del 25 de enero en donde delinea, entre otras cosas, la importancia de la utilizaci¨®n de EPI en el personal sanitario para evitar contagios.

El Gobierno regional hab¨ªa argumentado un conflicto de competencias, al ser el Ministerio de Sanidad el titular de la gesti¨®n durante la pandemia. Sin embargo, la magistrada sostiene que ¡°tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir¡±. Es decir: los empleadores directos de los sanitarios aragoneses son las propias instituciones regionales en la materia y no el ministerio. Adem¨¢s de que la compra de material de protecci¨®n no solo la hizo el Gobierno central, sino tambi¨¦n las comunidades.

El Juzgado de lo Social reconoce que, aunque la salud no es un derecho fundamental, los demandantes invocan otros que s¨ª lo son: el derecho a integridad f¨ªsica y a la vida. ¡°Existe tan ¨ªntima relaci¨®n entre la salud y la integridad f¨ªsica, que podr¨ªa existir vulneraci¨®n del art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omiti¨¦ndose las obligaciones de protecci¨®n y prevenci¨®n que competen al empleador¡±, afirma la sentencia.

La magistrada recuerda que ¡°la declaraci¨®n del estado de alarma no conlleva la suspensi¨®n de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad f¨ªsica, ni la salud, ni tampoco supone la suspensi¨®n de los derechos a la protecci¨®n y prevenci¨®n de riesgos laborales¡±.

El fallo reconoce que ¡°los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposici¨®n a la covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protecci¨®n individuales adecuados, aun cuando podr¨ªan haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocaci¨®n de servicio a los dem¨¢s, no solo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protecci¨®n precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente¡±.

?l fallo del juzgado de Teruel a favor del sindicato de m¨¦dicos Fasamet ha dado ¨¢nimos a las numerosas organizaciones que han planteado querellas a la Administraci¨®n por no facilitar material de protecci¨®n a los trabajadores sanitarios durante la crisis del coronavirus.

El sindicato de funcionarios CSIF manifest¨® ayer que espera ¡°que el Tribunal Supremo tenga en cuenta los argumentos jur¨ªdicos planteados por el juzgado de Teruel¡±. ¡°Es una buena noticia¡±, valora, ¡°porque por fin desde los tribunales se empieza a reconocer la responsabilidad de las Administraciones en la falta de protecci¨®n de las personas que estuvieron en primera l¨ªnea contra el coronavirus¡±.

CSIF se ha querellado contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ¡°como m¨¢xima autoridad sanitaria¡±, y considera ¡°que la falta de acopio de material de protecci¨®n (mascarillas, guantes, batas, etc¨¦tera) y la posterior distribuci¨®n de material en malas condiciones (mascarillas defectuosas) suponen la vulneraci¨®n de los derechos a la protecci¨®n de los trabajadores¡±.

Uno de los grupos m¨¢s beligerantes en este sentido ha sido el de la enfermer¨ªa. El Consejo General de Enfermer¨ªa se ha querellado contra el Ministerio de Sanidad con el apoyo de varias de las delegaciones territoriales, y varias de las organizaciones territoriales (Madrid, Vizcaya, M¨¢laga, Almer¨ªa, ?lava y C¨®rdoba). Tambi¨¦n ha habido colegios provinciales o auton¨®micos que han actuado contra las consejer¨ªas correspondientes (Andaluc¨ªa, Castilla y Le¨®n, Valencia).

Tambi¨¦n ha surgido iniciativas similares promovidas por Amyts (Asociaci¨®n de M¨¦dicos y Titulados Superiores de Madrid) contra el ministro Illa y la Consejer¨ªa de Salud de Madrid.

Hasta ayer, los antecedentes que ten¨ªan todos estos procesos era desfavorable. En abril, el Tribunal Supremo rechaz¨® la petici¨®n de la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos (CESM) para que Sanidad facilitara en 24 horas material de protecci¨®n a todos los centros sanitarios. El Supremo quiso dejar claro que ampara el derecho de los m¨¦dicos a ¡°contar con todos los medios necesarios¡± para su protecci¨®n, pero desestima que esa falta de material se deba a la ¡°inactividad¡± del ministerio. ¡°No consta ninguna actuaci¨®n contraria a esa exigencia y s¨ª son notorias las manifestaciones de responsables p¨²blicos insistiendo en que se est¨¢n desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla¡±, se?al¨®.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional recuper¨® dicha tesis el 7 de abril y deneg¨® a tres sindicatos policiales la exigencia de que Interior les dotase de inmediato de equipos de protecci¨®n y de pruebas de detecci¨®n del virus. Los magistrados recordaron que el pa¨ªs se encontraba ¡°desbordado¡±, por lo que las autoridades sanitarias deb¨ªan priorizar el reparto.

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