La justicia condena al Gobierno de Arag¨®n por no proteger a los sanitarios frente al coronavirus
La sentencia, primera conocida en Espa?a en este sentido, considera que las Administraciones han vulnerado los derechos de los trabajadores
El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado este jueves al Gobierno de Arag¨®n, al Servicio Aragon¨¦s de Salud y al Instituto Aragon¨¦s de Servicios Sociales (IASS) por no proporcionar los equipos de protecci¨®n individual (EPI) adecuados a los sanitarios de la provincia durante la crisis sanitaria. Se trata de la primera sentencia de este tipo conocida en Espa?a. El Ejecutivo regional recurrir¨¢ la decisi¨®n ante el Tribunal Superior de Justicia de Arag¨®n, seg¨²n han confirmado fuentes de la presidencia auton¨®mica. La sentencia estima una demanda del sindicato m¨¦dico Fasamet, que tambi¨¦n ha interpuesto querellas en Huesca y Zaragoza, donde se celebrar¨¢ el juicio este viernes.
La resoluci¨®n, de 128 folios, condena a la Administraci¨®n por haber vulnerado el derecho a la integridad f¨ªsica y a la vida de los sanitarios del grupo A (m¨¦dicos y enfermeros). Adem¨¢s, les ordena restablecer dichos derechos proporcion¨¢ndoles equipos de protecci¨®n apropiados en todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros sociosanitarios o sociales, p¨²blicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Teruel. El fallo especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposici¨®n al agente biol¨®gico virus SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio o infecci¨®n que pueda llevar a desarrollar la enfermedad covid-19.
El presidente del sindicato, Leandro Catal¨¢n, ha celebrado la decisi¨®n, que califica como ¡°simb¨®lica¡±, por reconocer que ¡°el Gobierno no cumpli¨® con su obligaci¨®n¡±. Jos¨¦ Manuel Aspas, responsable jur¨ªdico de Fasamet, ha agregado: ¡°Esto deja constancia de la falta de previsi¨®n de las autoridades sanitarias¡±. La Consejer¨ªa de Sanidad aragonesa ha se?alado que ¡°la sentencia condena a proporcionar material de protecci¨®n, y eso ya se est¨¢ haciendo y se hizo en la medida de las posibilidades¡±, informa Emilio de Benito.
A juicio del juzgado, el Ejecutivo aragon¨¦s y las distintas instituciones de sanidad no contaban con un stock suficiente para hacer frente a la pandemia. Y cita, en varios p¨¢rrafos, declaraciones p¨²blicas de distintos responsables pol¨ªticos, que admitieron que faltaban EPI, como el propio presidente de Arag¨®n, el socialista Javier Lamb¨¢n. En los hechos probados de la sentencia, la magistrada se?ala, por ejemplo, una declaraci¨®n del 15 de abril del l¨ªder territorial donde ¡°pidi¨® disculpas por los errores cometidos en la gesti¨®n de la crisis sanitaria¡± y por la ¡°falta de material de protecci¨®n para el personal sanitario¡±. Igualmente, la magistrada Elena Alcalde se?ala que el 27 y 28 de febrero el director general del IASS, Joaqu¨ªn Santos, alert¨® en sendos correos electr¨®nicos de que hab¨ªa escasez de EPI.
El 9 de marzo pasado, seg¨²n reza en la sentencia, los sindicatos m¨¦dicos de Arag¨®n, entre ellos Fasamet, informaron a la entonces consejera de Sanidad, Pilar Ventura, de que los profesionales no dispon¨ªan de material. Esto llev¨® a los sanitarios a improvisar sus propios equipos, una situaci¨®n que fue aireada en las redes sociales en los momentos m¨¢s cr¨ªticos de la pandemia. La consejera dimiti¨® el 12 de mayo tras la pol¨¦mica surgida al calificar como un ¡°est¨ªmulo¡± para los sanitarios el que tuvieran que fabricarse sus propios EPI.
La magistrada tambi¨¦n ha rechazado la premisa de que las administraciones estaban ante un supuesto de fuerza mayor imprevisible e inevitable: argumenta que la pandemia no es ¡°un suceso que no hubiera podido preverse¡±. Para justificarlo, el juzgado cita un documento de la Organizaci¨®n Mundial de Salud (OMS) del 25 de enero en donde delinea, entre otras cosas, la importancia de la utilizaci¨®n de EPI en el personal sanitario para evitar contagios.
El Gobierno regional hab¨ªa argumentado un conflicto de competencias, al ser el Ministerio de Sanidad el titular de la gesti¨®n durante la pandemia. Sin embargo, la magistrada sostiene que ¡°tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir¡±. Es decir: los empleadores directos de los sanitarios aragoneses son las propias instituciones regionales en la materia y no el ministerio. Adem¨¢s de que la compra de material de protecci¨®n no solo la hizo el Gobierno central, sino tambi¨¦n las comunidades.
El Juzgado de lo Social reconoce que, aunque la salud no es un derecho fundamental, los demandantes invocan otros que s¨ª lo son: el derecho a integridad f¨ªsica y a la vida. ¡°Existe tan ¨ªntima relaci¨®n entre la salud y la integridad f¨ªsica, que podr¨ªa existir vulneraci¨®n del art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omiti¨¦ndose las obligaciones de protecci¨®n y prevenci¨®n que competen al empleador¡±, afirma la sentencia.
La magistrada recuerda que ¡°la declaraci¨®n del estado de alarma no conlleva la suspensi¨®n de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad f¨ªsica, ni la salud, ni tampoco supone la suspensi¨®n de los derechos a la protecci¨®n y prevenci¨®n de riesgos laborales¡±.
El fallo reconoce que ¡°los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposici¨®n a la covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protecci¨®n individuales adecuados, aun cuando podr¨ªan haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocaci¨®n de servicio a los dem¨¢s, no solo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protecci¨®n precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente¡±.
?l fallo del juzgado de Teruel a favor del sindicato de m¨¦dicos Fasamet ha dado ¨¢nimos a las numerosas organizaciones que han planteado querellas a la Administraci¨®n por no facilitar material de protecci¨®n a los trabajadores sanitarios durante la crisis del coronavirus.
El sindicato de funcionarios CSIF manifest¨® ayer que espera ¡°que el Tribunal Supremo tenga en cuenta los argumentos jur¨ªdicos planteados por el juzgado de Teruel¡±. ¡°Es una buena noticia¡±, valora, ¡°porque por fin desde los tribunales se empieza a reconocer la responsabilidad de las Administraciones en la falta de protecci¨®n de las personas que estuvieron en primera l¨ªnea contra el coronavirus¡±.
CSIF se ha querellado contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ¡°como m¨¢xima autoridad sanitaria¡±, y considera ¡°que la falta de acopio de material de protecci¨®n (mascarillas, guantes, batas, etc¨¦tera) y la posterior distribuci¨®n de material en malas condiciones (mascarillas defectuosas) suponen la vulneraci¨®n de los derechos a la protecci¨®n de los trabajadores¡±.
Uno de los grupos m¨¢s beligerantes en este sentido ha sido el de la enfermer¨ªa. El Consejo General de Enfermer¨ªa se ha querellado contra el Ministerio de Sanidad con el apoyo de varias de las delegaciones territoriales, y varias de las organizaciones territoriales (Madrid, Vizcaya, M¨¢laga, Almer¨ªa, ?lava y C¨®rdoba). Tambi¨¦n ha habido colegios provinciales o auton¨®micos que han actuado contra las consejer¨ªas correspondientes (Andaluc¨ªa, Castilla y Le¨®n, Valencia).
Tambi¨¦n ha surgido iniciativas similares promovidas por Amyts (Asociaci¨®n de M¨¦dicos y Titulados Superiores de Madrid) contra el ministro Illa y la Consejer¨ªa de Salud de Madrid.
Hasta ayer, los antecedentes que ten¨ªan todos estos procesos era desfavorable. En abril, el Tribunal Supremo rechaz¨® la petici¨®n de la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos (CESM) para que Sanidad facilitara en 24 horas material de protecci¨®n a todos los centros sanitarios. El Supremo quiso dejar claro que ampara el derecho de los m¨¦dicos a ¡°contar con todos los medios necesarios¡± para su protecci¨®n, pero desestima que esa falta de material se deba a la ¡°inactividad¡± del ministerio. ¡°No consta ninguna actuaci¨®n contraria a esa exigencia y s¨ª son notorias las manifestaciones de responsables p¨²blicos insistiendo en que se est¨¢n desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla¡±, se?al¨®.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional recuper¨® dicha tesis el 7 de abril y deneg¨® a tres sindicatos policiales la exigencia de que Interior les dotase de inmediato de equipos de protecci¨®n y de pruebas de detecci¨®n del virus. Los magistrados recordaron que el pa¨ªs se encontraba ¡°desbordado¡±, por lo que las autoridades sanitarias deb¨ªan priorizar el reparto.
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