Igualdad anuncia un cambio en la ley para que las j¨®venes de 16 y 17 a?os puedan abortar sin consentimiento paterno
La reforma aprobada en 2015 por el PP incluy¨® el articulado que afecta a las menores. Montero comunica el inicio de la modificaci¨®n para eliminar ese criterio, a¨²n sin fecha
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este mi¨¦rcoles en el Congreso de los Diputados una bomba pol¨ªtica: la derogaci¨®n de la reforma de 2015 de la ley del aborto. El cambio, para el que a¨²n no hay fecha cerrada, supone eliminar la necesidad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 a?os que quieren abortar. Esa modificaci¨®n, introducida en 2015, fue todo lo lejos que pudo llegar entonces el PP en su intento de acabar con el derecho a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en Espa?a. Un intento frente al que las organizaciones feministas convocaron sonoras protestas hace ya casi una d¨¦cada y que le cost¨® el puesto y el fin de su prometedora carrera al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, que encontr¨® resistencias tambi¨¦n en su propio partido.
El cambio introducido por el PP en la Ley Org¨¢nica de salud sexual y reproductiva y de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo obliga a las j¨®venes de 16 y 17 a?os a contar con el permiso paterno para abortar. Es decir, que los progenitores pueden obligar a las mujeres de esas edades a tener un hijo no deseado. La Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI) calcul¨® entonces que la medida dejar¨ªa ¡°desprotegidas¡± a m¨¢s de 400 menores cada a?o, aproximadamente una de cada 10 que abortan en esa franja de edad. No disponen de datos nuevos, explica una portavoz, porque es imposible saber cu¨¢ntas renunciaron con el cambio legal.
La ministra Irene Montero ha anunciado casi de pasada la derogaci¨®n en la comisi¨®n de Igualdad del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido este mi¨¦rcoles por la ma?ana para informar de los distintos planes de su gabinete para los pr¨®ximos meses. Ha explicado que el Gobierno ha comenzado los trabajos para hacer efectiva la modificaci¨®n ¡°con el objetivo de que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos¡±. Montero defiende que es una reforma ¡°m¨¢s que necesaria¡± y ha a?adido que se incluir¨¢n m¨¢s cambios para que la educaci¨®n sexual sea una pieza clave, ya que supone una ¡°vacuna¡± en la lucha contra las violencias machistas. Su modificaci¨®n, adem¨¢s, incluir¨¢ el derecho a las ¡°formas m¨¢s novedosas¡± de anticoncepci¨®n.
El compromiso de recuperar el acceso a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo de todas las mujeres, tambi¨¦n de las menores vetadas por el PP, forma parte del acuerdo de Gobierno firmado en diciembre de 2019 entre PSOE y Unidas Podemos. Pero el camino que toca transitar para conseguirlo no es sencillo. En primer lugar, Igualdad tendr¨¢ que someterlo a exposici¨®n p¨²blica y consultar y negociar con otro ministerio que encabeza su socio de Gobierno (Sanidad, en manos del PSOE) la letra peque?a de la modificaci¨®n. Y despu¨¦s necesita la mayor¨ªa absoluta del Parlamento, es decir, 176 votos a favor.
El anuncio de Montero tuvo este mi¨¦rcoles diferentes respuestas entre los partidos de la oposici¨®n. El grupo republicano traslad¨® su apoyo mientras el partido de ultraderecha Vox consider¨® que Igualdad ¡°ha equivocado la mirada¡±. El PP no hizo alusiones y el PSOE denunci¨® el acoso que sufren las cl¨ªnicas que realizan la interrupci¨®n voluntaria del embarazo por parte de ¡°grupos ultras¡±, seg¨²n las reacciones recogidas por la agencia Efe.
Otros pa¨ªses europeos
La asociaci¨®n ACAI se?ala que la necesidad del consentimiento paterno ¡°vino a limitar la ¨²nica v¨ªa legal que ten¨ªan las menores en desamparo para acceder a un aborto¡±, entre 400 y 500 menores de 16 y 17 a?os, seg¨²n sus estimaciones. La principal agrupaci¨®n de las cl¨ªnicas acreditadas pide a Igualdad que el cambio ¡°supere incluso la anterior normativa¡±.
La ley de 2010 obligaba ya antes de la reforma a las menores a informar a uno de sus progenitores salvo que alegara ¡°un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas coacciones, malos tratos, o [que] se produzca una situaci¨®n de desarraigo o desamparo¡±. Una portavoz de ACAI argumenta que es ¡°dif¨ªcilmente sostenible¡± que las j¨®venes de 16 y 17 a?os puedan decidir libremente ser madres, casarse o rechazar tratamientos m¨¦dicos pero no interrumpir voluntariamente su embarazo. Y pide una legislaci¨®n en l¨ªnea con otros pa¨ªses de Europa, como Francia, donde se permite el aborto a partir de los 16 a?os y sin necesidad de informar a la familia.
Por otra parte, Montero ha anunciado que extender¨¢ la atenci¨®n integral que reciben las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero que son agredidas por sus parejas o exparejas a las v¨ªctimas del resto de violencias machistas, como las agresiones sexuales o la explotaci¨®n sexual. Lo har¨¢ a trav¨¦s de un nuevo plan que prev¨¦ aumentar la asistencia telef¨®nica y digital y los dispositivos de control telem¨¢tico a los agresores y construir 50 nuevos centros de atenci¨®n integral.
Combatir el s¨ªndrome de alienaci¨®n parental
Igualdad quiere acabar con la aplicaci¨®n del llamado s¨ªndrome de alienaci¨®n parental (SAP). ¡°Tomaremos las medidas necesarias para que el SAP deje de ser utilizado como un criterio¡±, ha dicho Montero, que record¨® que es una ¡°reivindicaci¨®n hist¨®rica¡± del movimiento feminista. Se trata de una herramienta esgrimida en algunas resoluciones judiciales y que presupone que normalmente las madres manipulan a sus hijos e hijas contra sus progenitores, lo que invalida los testimonios de los menores.
El SAP carece de base cient¨ªfica, es descartado adem¨¢s en numerosas sentencias judiciales, y descalificado por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud y el Consejo General del Poder Judicial. Montero ha anunciado que lo trabajar¨¢ con la vicepresidencia Segunda y Justicia. Seg¨²n la ministra, las consecuencias de su aplicaci¨®n resultan ¡°enormemente preocupantes¡± porque contribuyen a la ¡°impunidad de formas de violencia contra la infancia y son, desde luego, inasumibles para un Gobierno feminista¡±.
Dos normas y una modificaci¨®n pol¨¦mica
Ley de Supuestos. La ley Org¨¢nica 9/85 de 5 de julio 1985 tuvo un camino dif¨ªcil hasta su aprobaci¨®n. El 6 de octubre de 1983 el Congreso de los Diputados aprob¨® el proyecto de ley que modificaba el art¨ªculo 417 bis del C¨®digo Penal, que despenalizaba tres supuestos de interrupci¨®n del embarazo: violaci¨®n, riesgo para la salud f¨ªsica y ps¨ªquica de la madre y malformaci¨®n del feto. La mayor¨ªa de los abortos practicados en aquellos a?os se acog¨ªan al supuesto del riesgo para la salud ps¨ªquica materna.
Ley de Salud Sexual. Hicieron falta 25 a?os m¨¢s para ampliar el derecho al aborto en Espa?a. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo se public¨® en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el 4 de marzo de 2010. En 2010 se aprob¨® la ley de plazos actualmente en vigor, que permite el aborto libre sin necesidad de justificaci¨®n en las 14 primeras semanas de gestaci¨®n. Pero su estabilidad como norma dur¨® poco, ya que estaba en el punto de mira del PP y de las autodenominadas organizaciones provida.
Reforma a medias. En diciembre de 2013, el Gobierno del Partido Popular present¨® una reforma de la ley del aborto que eliminaba la posibilidad de interrumpir libremente el embarazo en las primeras semanas y establec¨ªa un sistema de indicaciones m¨¢s restrictivo que el de 1985 al eliminar las malformaciones como supuesto espec¨ªfico para abortar y exigir dos informes (en vez de uno) para demostrar el da?o en la salud ps¨ªquica y mental de la madre. En la pr¨¢ctica, supon¨ªa la normativa m¨¢s restrictiva en democracia. Ante la falta de consenso y las protestas que gener¨® la iniciativa, Mariano Rajoy anunci¨® la retirada del anteproyecto de ley en septiembre de 2014, lo que provoc¨® la dimisi¨®n de Alberto Ruiz-Gallard¨®n como ministro de Justicia. El partido logr¨® aprobar dos a?os m¨¢s tarde la reforma que obliga al consentimiento paterno en el caso de las j¨®venes de 16 y 17 a?os.
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