PSOE y Unidas Podemos pactan reforzar la protecci¨®n de los menores en situaci¨®n de violencia machista

El PSOE y Unidas Podemos han pactado incluir en la Ley de Protecci¨®n de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia medida que refuerzan el amparo de los menores en situaci¨®n de violencia machista. Entre ellas, un cambio en el C¨®digo Civil para prohibir las custodias compartidas en caso de que durante el procedimiento los jueces aprecien indicios de violencia de g¨¦nero y la introducci¨®n en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la obligatoriedad de suspender el r¨¦gimen de visitas cuando exista una orden de protecci¨®n en vigor y haya indicios de que el menor haya ¡°presenciado, sufrido o convivido¡± con dicha violencia, salvo que el juez presente una resoluci¨®n motivada que justifique lo contrario, tras haber evaluado la relaci¨®n paternofilial.

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El Gobierno aprueba la ley de infancia para ¡°acabar con la impunidad¡±

El pasado junio, el Consejo de Ministros aprob¨® en segunda lectura el anteproyecto de una norma ampliamente reclamada por organizaciones de infancia. Prev¨¦ ampliar el plazo de prescripci¨®n de los delitos sexuales contra menores, que no comenzar¨¢ a correr hasta que la v¨ªctima cumpla 30, y no los 18 actuales; que quienes tengan menos de 14 a?os solo declaren una vez en la fase de instrucci¨®n del proceso judicial, frente a las hasta cuatro veces que pueden hacerlo en la actualidad, e instaurar protocolos espec¨ªficos en todos los colegios, centros deportivos o de ocio. Se trata de una ley integral para prevenir, identificar y reparar la violencia contra los menores. Este mi¨¦rcoles ha finalizado el plazo para que los grupos parlamentarios registraran las enmiendas parciales, que se hab¨ªa ampliado en sucesivas ocasiones desde el pasado marzo. Ahora deber¨¢n debatirse las enmiendas presentadas por todos los grupos.

Pese a que la ley hab¨ªa sido reclamada durante a?os por colectivos sociales, organizaciones de infancia y feministas criticaron que era preciso reforzar la perspectiva de g¨¦nero en la normativa. Entre las enmiendas que proponen PSOE y Unidas Podemos consta que las Administraciones p¨²blicas presten especial atenci¨®n a los menores que convivan en entornos familiares marcados por la violencia de g¨¦nero, prest¨¢ndoles atenci¨®n especializada. La obligatoriedad de suspender las visitas en caso de violencia machista, recogida como uno de los objetivos fijados en el Pacto de Estado contra la violencia de g¨¦nero, ha sido largamente reclamada por expertas en la materia, dado que si bien la legislaci¨®n actual da potestad a los jueces para paralizarlas, en la amplia mayor¨ªa de los casos no se hace. La enmienda pactada contempla la posibilidad de que se mantengan las visitas, pero obliga a la autoridad judicial a justificarlo.

Otra reivindicaci¨®n feminista es la prohibici¨®n del llamado s¨ªndrome de alienaci¨®n parental (SAP), una herramienta esgrimida en algunas resoluciones judiciales y que presupone que uno de los progenitores (normalmente las madres) manipulan a sus hijos e hijas en contra del otro progenitor, algo que invalida los testimonios de los ni?os. La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunci¨® la semana pasada que lo combatir¨ªan. En una de las enmiendas recogen que ¡°los poderes p¨²blicos tomar¨¢n las medidas necesarias para evitar que planteamientos te¨®ricos o criterios sin aval cient¨ªfico que presuman interferencia o manipulaci¨®n adulta, como el llamado s¨ªndrome de alienaci¨®n parental, puedan ser tomados en consideraci¨®n¡±.

Escuchar a los menores

El PSOE y Unidas Podemos han pactado m¨¢s de una treintena de enmiendas. Entre ellas, se contemplan medidas para reforzar la escucha de los menores. Por ejemplo, que los poderes p¨²blicos garanticen que los ni?os y adolescentes sean escuchados, sin l¨ªmite de edad, en todos los procedimientos de acreditaci¨®n de la violencia y que sean apoyados por profesionales especializados. O que cuando tengan la suficiente madurez sean o¨ªdos en todos los procesos [de separaci¨®n, divorcio o establecimiento de medidas], no solo en los contenciosos, tambi¨¦n en los de mutuo acuerdo. Se contempla adem¨¢s que los menores participen en el dise?o de los protocolos de actuaci¨®n en el ¨¢mbito educativo o de la figura del coordinador de bienestar, que se instaurar¨¢ en todos los centros y ser¨¢ el referente para tratar los asuntos relacionados con la prevenci¨®n y la actuaci¨®n ante casos de violencia. Y que el Observatorio de la Infancia participe en la elaboraci¨®n de la estrategia para la erradicaci¨®n de la violencia contra los menores.

Las enmiendas recogen tambi¨¦n que los protocolos de los centros de protecci¨®n de menores deben establecer mecanismos de queja y denuncia sencillos, seguros, accesibles y confidenciales, para que los ni?os y adolescentes puedan presentar quejas sin riesgo de sufrir represalias. A su llegada a los centros, deber¨¢ proporcion¨¢rseles informaci¨®n, por escrito y en un idioma que les resulte comprensible, sobre el reglamento y los mecanismos para articular quejas. Las propuestas tambi¨¦n plantean que en el plazo de un a?o tras la aprobaci¨®n de la ley se aprueben dos reglamentos, uno de ellos para regular el procedimiento para la determinaci¨®n de la edad de los menores que lleguen al pa¨ªs sin documentaci¨®n, ¡°de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra¨ªdas por Espa?a¡±, y el otro, para desarrollar el r¨¦gimen aplicable a las medidas de contenci¨®n y seguridad que se usan en los centros de internamiento de menores, de forma que se ¡°garantice el cumplimiento de los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibici¨®n del exceso, as¨ª como su aplicaci¨®n como ¨²ltimo recurso¡±.