¡°Mi padre era piel y huesos, sus ¨²ltimas palabras fueron: s¨¢came de aqu¨ª, hay muchos muertos¡±

Este es el relato de Pedro, nombre ficticio de uno de los denunciantes de la residencia Elder de Tomelloso, en Ciudad Real, que prefiere no revelar su identidad: ¡°El 8 de marzo me dijeron que mi padre ten¨ªa fiebre, pero no me dejaron hablar con ¨¦l. Luego ya no cog¨ªan el tel¨¦fono. De repente un d¨ªa aparece ...

Este es el relato de Pedro, nombre ficticio de uno de los denunciantes de la residencia Elder de Tomelloso, en Ciudad Real, que prefiere no revelar su identidad: ¡°El 8 de marzo me dijeron que mi padre ten¨ªa fiebre, pero no me dejaron hablar con ¨¦l. Luego ya no cog¨ªan el tel¨¦fono. De repente un d¨ªa aparece en rueda de prensa un alto cargo de Castilla La Mancha [el director general de Salud P¨²blica, Juan Jos¨¦ Camacho] diciendo que en la residencia no hab¨ªa ni EPI [equipos de protecci¨®n individual], ni protocolos, ni m¨¦dico, ni nada. As¨ª que lo sab¨ªan todo, y espero que lo confirmen en el juicio. Me qued¨¦ de piedra. Yo vivo lejos y est¨¢bamos confinados. Por fin me llamaron el d¨ªa 20 para decirme que mi padre hab¨ªa dado positivo. Solo el 27 pudimos hacer una videollamada, y no me quito la imagen de la cabeza: mi padre era piel y huesos, como de un campo de concentraci¨®n. Fueron solo dos minutos, no aguant¨¦ m¨¢s. Sus ¨²ltimas palabras fueron: ¡®S¨¢came de aqu¨ª, hay muchos muertos¡¯. Pregunt¨¦ con qu¨¦ le estaban medicando, y me dijeron que con nada. Tampoco me dijeron si hab¨ªa un m¨¦dico. Con 92 a?os, del d¨ªa 8 que tuvo fiebre al 31 aguant¨® mucho, en un hospital quiz¨¢ se pod¨ªa haber salvado, pero no le dejaron ninguna posibilidad. ?Por qu¨¦ no lo llevaron? ?No ten¨ªa derecho a vivir por tener 92 a?os? Yo no dorm¨ªa de la ansiedad, pensaba que yo era el culpable de la muerte de mi padre. No puede ser que mi padre viviera una guerra civil, una dictadura, y muera en una democracia como en una guerra¡±.

Este es uno de los muchos casos contra residencias que est¨¢n en juzgados de toda Espa?a y que, tras un gran aluvi¨®n de denuncias en la primera ola, comienzan a tomar cuerpo. Tras meses de silencio, la semana pasada hubo novedades. En la Comunidad de Madrid un juez ha imputado a la directora de una residencia, y la Fiscal¨ªa ha denunciado a dos responsables de otro centro privado. El Supremo tambi¨¦n rechaz¨® las querellas contra el Gobierno por la gesti¨®n de la pandemia, pero confirm¨® que los juzgados de instrucci¨®n deben investigar las residencias.

La historia que cuentan las familias que han denunciado a la residencia Elder de Tomelloso es asombrosa. El director, de 31 a?os, desapareci¨® tras el primer positivo, el 10 de marzo, y dej¨® a los trabajadores a su suerte, sin protocolo y sin material, seg¨²n la denuncia de ocho familiares de fallecidos. El personal tuvo que comprar mascarillas en un bazar chino, 50 para 120 trabajadores. El m¨¦dico solo iba dos horas y al cuarto d¨ªa tambi¨¦n se fue de baja. El director estuvo en paradero desconocido, no pudo localizarlo ni el servicio de salud auton¨®mico, el Sescam, afirman los denunciantes. Al quinto d¨ªa, con diez muertos, por fin apareci¨®, pero solo para decir en Facebook que todo iba bien con las etiquetas ¡°StopBulos¡± y ¡°StopMaldad¡±. En seis d¨ªas murieron 15 personas y el centro fue intervenido por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Hasta junio fallecieron 76 ancianos, seg¨²n la denuncia. El Ejecutivo regional contabiliza 74. En otra residencia que est¨¢ al lado y tom¨® medidas murieron ocho personas. Este peri¨®dico ha contactado con la residencia, propiedad de la Fundaci¨®n Elder, entidad sin ¨¢nimo de lucro, para hablar con el director pero el centro no ha querido dar su versi¨®n de lo ocurrido.

El director de la residencia, concejal del PP en el pueblo y que ha dimitido este mes de ese cargo, es de profesi¨®n periodista, antes hab¨ªa estado en la televisi¨®n regional. Pese a lo ocurrido volvi¨® al centro en junio y sigue en el puesto, seg¨²n confirma el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¡°Nos extra?¨® mucho que la fundaci¨®n volviese a ponerlo, luego supimos que su padre es el presidente del patronato¡±, cuenta el abogado de las familias, Luis Miguel Polo. El caso, admitido a tr¨¢mite, ya es investigado por un juzgado. ¡°A ra¨ªz de que sali¨® en los medios, nos enteramos de que este se?or es periodista, y nos llama la atenci¨®n que un periodista est¨¦ gestionando una residencia de ancianos¡±. Castilla-La Mancha fue la comunidad con m¨¢s muertos en la primera ola, 161 por cada 100.000 habitantes, seg¨²n los datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE). El 35%, en residencias. Ciudad Real fue la segunda provincia de Espa?a, tras Segovia, con el mayor ¨ªndice de mortalidad: 352 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Ante la alarma social en marzo por casos como este, la Fiscal¨ªa General del Estado orden¨® a las fiscal¨ªas provinciales investigar la situaci¨®n de estos centros en todo el pa¨ªs. Durante meses dio cuenta semanal de las cifras, cientos de investigaciones abiertas. Pero pese a lo aparatoso de los n¨²meros, muchas eran meramente informativas, o respond¨ªan a denuncias gen¨¦ricas de partidos o asociaciones. Se fueron archivando decenas por falta de indicios, y la Fiscal¨ªa dej¨® de informar del asunto en julio. Parec¨ªa que la v¨ªa judicial se desinflaba y nada se mov¨ªa, hasta este mes.

?Cu¨¢ntas investigaciones hay ahora mismo en los tribunales? Nadie lo sabe. El ¨²ltimo informe de la Fiscal¨ªa General, del 20 de julio, recog¨ªa 213 diligencias penales abiertas y 30 procedimientos judiciales en marcha en Espa?a. La mayor¨ªa de las diligencias eran en Madrid (113), que tuvo un 28% de muertes en residencias hasta final de mayo, en la primera ola; Catalu?a (28), con un 34% de fallecimientos en estos centros, y las dos Castillas, con una veintena cada una. Estas dos comunidades fueron, tras Navarra, las que registraron m¨¢s decesos en residencias: Castilla y Le¨®n un 37% y Castilla-La Mancha, un 35%, seg¨²n el INE. Desde entonces la Fiscal¨ªa no ha recopilado esa informaci¨®n y desconoce la situaci¨®n. Como referencia, la de Madrid indica que ahora mismo hay 13 procedimientos judiciales y 18 diligencias en tr¨¢mite, y la de Barcelona mantiene seis. M¨¢s en detalle, en Madrid se investigan 133 muertes y hay tres residencias con un elevado n¨²mero de decesos: una con 33 y dos con 22. En las dem¨¢s se investigan entre uno y tres fallecimientos.

Otro caso, esta vez en Murcia, lo relata Encarna Vera, una de las 13 mujeres que ha denunciado a la residencia Caser Santo ?ngel. All¨ª murieron 34 personas hasta el 22 de junio, seg¨²n datos de la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Social, la mitad de las fallecidas en todas las residencias murcianas en la primera ola. Los denunciantes creen que son al menos 40. Entre ellas, la madre de Encarna, de 89 a?os. ¡°Hartos de no saber nada de nuestros familiares, una de nosotras fue a la residencia, sali¨® una mujer y le dijo que quer¨ªa hablar con una responsable. Soy yo, dijo ella. Era la se?ora de la limpieza. Ese d¨ªa no hab¨ªa nadie m¨¢s. Se fue el 80% del personal. Hubo una sola doctora para 232 personas. Murieron m¨¢s por desatenci¨®n que por covid, sospechamos que ante la falta de personal los sedaron y los dejaron encerrados en las habitaciones, mi madre muri¨® deshidratada. Y pag¨¢bamos casi 2.000 euros al mes. Nos estuvieron mintiendo, dec¨ªan que iba todo bien. ?bamos a la puerta y no nos dejaban verlos, tampoco videollamadas, y lo ped¨ª 20 veces. Nos ¨ªbamos de all¨ª llorando. Ahora me arrepiento de no haber tirado la puerta abajo. Lo ¨²nico que nos queda es pelear en los tribunales y que nos digan la verdad¡±. Sonia Vivo, otra de las afectadas, tiene una atroz experiencia del caos que denuncian: tras la muerte de su madre, la llam¨® un responsable del centro para decirle que por fin le iban a hacer una PCR.

La peculiaridad de este caso es que, a diferencia de otras regiones, en Murcia no hubo colapso hospitalario. Fue la comunidad que menos muertes registr¨® en la primera ola, pero el 34% fueron en residencias, seg¨²n los datos del INE. ¡°No pueden alegar que era una emergencia. Dijeron que se medicalizaban las residencias, pero no fue as¨ª, no ten¨ªan personal, ni medios, ni respiradores¡±, explica el abogado de las familias, Juan Carlos Mellado. Caser Residencial, un grupo con 20 centros en Espa?a, no ha querido dar a este peri¨®dico su versi¨®n de lo ocurrido.

El abogado Carlos Vila, de Marea de Residencias, es quien ha obtenido la imputaci¨®n de la directora de un centro y tiene 15 casos en Madrid y otras seis residencias de la comunidad. Cree que lo m¨¢s relevante es ¡°que se va a investigar y que se va a aclarar qu¨¦ ha pasado¡±. Ante el argumento de que una sanidad en situaci¨®n de cat¨¢strofe impidi¨® los traslados a hospitales, alega que ¡°quien tuvo un seguro m¨¦dico se fue a un hospital privado, y el estado de alarma permit¨ªa enviarlos a estos centros, y no se hizo, igual que dijeron que se iban a medicalizar las residencias, y tampoco se hizo¡±.

Se repiten las cr¨ªticas a la pasividad de la Fiscal¨ªa en muchos casos. El letrado Carlos Sardinero, de Sardinero Abogados y colaborador de la asociaci¨®n El Defensor del Paciente, acumula ¡°cientos de casos¡± en Madrid y ninguno ha sido archivado. No comprende que, ¡°ante un hecho tan evidente¡±, la Fiscal¨ªa no haya adoptado ¡°una postura m¨¢s en¨¦rgica¡± y cree que ¡°posiblemente tenga que dar un giro¡±. Francisco Javier ?lvarez, catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, tambi¨¦n es cr¨ªtico: ¡°Los casos se est¨¢n investigando gracias a los impulsos particulares. Pero la sola existencia de protocolos que negaban asistencia sanitaria y el alto n¨²mero de muertos merec¨ªan que la Fiscal¨ªa hubiera actuado. No me cabe duda de la enorme trascendencia penal y social de lo ocurrido en las residencias de ancianos¡±. El caso de Tomelloso, por ejemplo, apareci¨® en todos los medios, pero la Fiscal¨ªa de Ciudad Real ha declarado que no ha investigado el caso porque no recibi¨® ninguna denuncia. El propio Gobierno auton¨®mico anunci¨® en marzo que lo investigar¨ªa y denunciar¨ªa, pero explica ahora que cuando el Tribunal Superior de Justicia inici¨® su investigaci¨®n en las residencias lo dej¨® en sus manos. El abogado de los denunciantes no tiene constancia de que ninguna Fiscal¨ªa haya actuado.

Pedro en Ciudad Real, Encarna en Murcia, y muchos otros quieren justicia y que se sepa la verdad, pero ya tienen una gran desconfianza en el sistema. ¡°Los juzgados han dormido el tema, no quieren meterse ah¨ª¡±, lamenta Encarna. Presentaron su querella en mayo ¡°y siete meses despu¨¦s a¨²n se est¨¢n pasando la patata caliente entre el juzgado n¨²mero 6 y el n¨²mero 9, a ver qui¨¦n lo admite a tr¨¢mite¡±. Cree que la Fiscal¨ªa deber¨ªa haber actuado de oficio, va con retraso y si no se hubieran movido en los medios y salido a la calle no les habr¨ªan hecho ni caso. En Murcia se ha desatado el esc¨¢ndalo en esta segunda ola con la publicaci¨®n de fotos internas de residencias, hechas por los auxiliares que llegaron de refuerzo a centros con problemas. La Fiscal¨ªa de Murcia, que ha archivado todas las diligencias de la primera ola, ha abierto ahora una investigaci¨®n en varias residencias y ve indicios ¡°interesantes¡±. ¡°Hay que ver caso por caso¡±, explica el fiscal, Jos¨¦ Luis D¨ªaz Manzanera. Sobre las resistencias que encuentran, Sonia Vivo a?ade en Murcia: ¡°Tenemos que contratar peritos de fuera, porque los de aqu¨ª no quieren enfrentarse a la Administraci¨®n¡±. Pedro concluye: ¡°A m¨ª se me han quitado las ganas de votar en este pa¨ªs. Ahora solo espero que al menos el juez haga su trabajo¡±.

Las acusaciones en las denuncias son de homicidio imprudente, abandono, trato degradante, lesiones, maltrato. ?Qu¨¦ posibilidades hay de que prosperen? Manuel Cancio, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Madrid, cree que no deber¨ªa haber tanto archivo de casos, ¡°se debe abrir instrucci¨®n e investigar¡±. ¡°Pleitos habr¨¢ seguro, condenas ya veremos¡±, opina, como la mayor¨ªa de los juristas y abogados consultados, porque el homicidio imprudente es dif¨ªcil de probar. ¡°Aquellos que toman decisiones de gesti¨®n err¨®neas pueden llegar a responder, igual que quien firm¨® protocolos para no enviar ancianos al hospital¡±, asegura. El problema es determinar una relaci¨®n causa efecto y que un fallecido podr¨ªa haber sobrevivido si no fuera por la imprudencia atribuida. Pero Cancio se?ala que, por ejemplo, el Tribunal Supremo estableci¨® en el caso del Madrid Arena que basta ¡°un incremento del riesgo¡± de la persona. Si se aplicara, habr¨ªa condenas.

Un magistrado del Tribunal Supremo consultado por este peri¨®dico ve dif¨ªcil que prosperen los procedimientos penales, cuando los hospitales rechazaban ingresos de las residencias por fuerza mayor, pero ve muy claras las demandas civiles posteriores para una indemnizaci¨®n. La sentencia del Supremo del viernes apunta esa l¨ªnea: ¡°Los da?os ligados al funcionamiento anormal de un servicio p¨²blico son directamente indemnizables en la jurisdicci¨®n contencioso administrativa sin otra exclusi¨®n que aquellos ocasionados por fuerza mayor¡±. Directores de residencias consultados quieren que se llegue hasta el final en las investigaciones, pues aseguran que la mayor¨ªa hizo todo lo que estaba en su mano por tratar de derivar a los mayores a hospitales. Aunque reconocen que en el sector est¨¢n inquietos. Temen que la responsabilidad termine recayendo sobre ellos.

Los casos m¨¢s flagrantes son los que est¨¢n saliendo adelante. El pasado mes de octubre, la Fiscal¨ªa de Madrid archiv¨® la primera denuncia que recibi¨® sobre el tema al no apreciar ¡°relevancia penal¡± y fij¨® el criterio general a seguir en el resto de casos abiertos. La denuncia de esta semana por homicidio imprudente a la doctora y la gerente de una residencia, explican desde del ministerio p¨²blico, se debe a un comportamiento diferente a la mayor¨ªa. La Fiscal¨ªa apunt¨® que la m¨¦dico no contact¨® con el geriatra de enlace que deb¨ªa decidir sobre la derivaci¨®n de la residente hasta ocho d¨ªas despu¨¦s de que tuviera s¨ªntomas. La mujer, de 85 a?os, muri¨® al d¨ªa siguiente de su traslado.

Carlos Sardinero explica que si los responsables de los centros usaron todos los medios que ten¨ªan a su alcance para tratar de proporcionar atenci¨®n m¨¦dica, no hay responsabilidad penal. Pero se?ala que si hubo abandono, hay delito. Apunta que ser¨¢n los primeros llamados a declarar porque son ¡°el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil¡±. Pero son ¡°el comienzo, dado que ellos aportar¨¢n datos sobre las indicaciones que recibieron de las Administraciones p¨²blicas¡±. Sardinero asegura que una de las claves es que las acciones judiciales sean individuales, mejor que multitudinarias.

Ignacio Palomar, director de Servilegal Abogados, que defiende una veintena de casos, reconoce la dificultad para probar responsabilidades penales. ¡°Es probable que muchos se archiven, contamos con ello, pero es crucial que exista una instrucci¨®n y se investigue, ante la opacidad de lo sucedido¡±, sostiene. La instrucci¨®n otorga la prueba que permite una posterior indemnizaci¨®n civil, en caso de que el procedimiento penal se archive. ¡°Se conocer¨¢n las llamadas a emergencias, se interrogar¨¢ al personal, se ver¨¢ si ha habido intento de derivaci¨®n real a hospitales, se ver¨¢ cu¨¢ndo se suministraron los equipos de protecci¨®n individual y medios de prevenci¨®n, y cu¨¢ndo se tomaron medidas efectivas, etc.¡± Respecto a la v¨ªa civil, apunta que ¡°la mayor¨ªa de contratos con las residencias las obligaban a prestar servicios m¨¦dicos¡± y al haber una ¡°dejaci¨®n de funciones¡± se genera un incumplimiento de contrato.

A la espera de justicia, Pedro recuerda: ¡°Fui yo solo a enterrar a mi padre. No sab¨ªa si estaba enterrando a mi padre o una caja, porque no lo he visto, no lo he velado. Solo me dieron su reloj. Dorm¨ªa siempre con ¨¦l¡±. Luego le entregaron sus pertenencias. Faltaban la cartera y el DNI. A¨²n no han aparecido.

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