El Poder Judicial cuestiona los aspectos clave de la ley de libertad sexual

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 25 la propuesta de informe al anteproyecto de la ley de libertad sexual que prepara el Gobierno. Tres vocales han redactado el borrador que se debatir¨¢ ese d¨ªa y su texto cuestiona dos apartados clave de la norma: la definici¨®n del consentimiento y la desaparici¨®n del delito de abuso sexual. El informe del Poder Judicial es preceptivo, aunque no vinculante, para la tramitaci¨®n parlamentaria de la ley.

La propuesta de los tres ponentes tiene que ser debatida en el pleno, por lo que el documento que finalmente se env¨ªe a la C¨¢mara puede ser distinto del actual. Pero si no sufre modificaciones relevantes, el Gobierno recibir¨¢ un texto muy cr¨ªtico que cuestiona los principales cambios que introduce la norma, una de las banderas del Ejecutivo de coalici¨®n de PSOE y Unidas Podemos y cuyo origen est¨¢ muy relacionado con los altibajos del recorrido judicial del caso de La Manada. La primera sentencia sobre el ataque sufrido por una joven en los Sanfermines de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, calific¨® los hechos como abuso al entender que no hubo violencia ni intimidaci¨®n, lo que desencaden¨® un enorme debate social, alent¨® la protesta feminista y precipit¨® la reforma del C¨®digo Penal. El Tribunal Supremo corrigi¨® aquel fallo y conden¨® a los agresores a 15 a?os de c¨¢rcel, pero la reforma sigui¨® adelante y, tras consultar con un grupo de expertos, el Gobierno propuso un texto que define por primera vez el consentimiento y elimina el delito de abuso sexual.

Los ponentes del Poder Judicial (dos del ala progresista, Roser Bach y Pilar Sep¨²lveda, y un conservador, Juan Manuel Fern¨¢ndez ) cuestionan ambas propuestas. Consideran que no hac¨ªa falta introducir una definici¨®n legal del consentimiento porque el C¨®digo Penal vigente ya parte de la falta de consentimiento para sancionar los delitos contra la libertad sexual (el art¨ªculo 181 castiga al que ¡°sin violencia o intimidaci¨®n y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona¡±).

El problema que se plantea habitualmente para enjuiciar estos casos, se?ala el informe, no es conceptual (qu¨¦ debe entenderse por consentimiento) sino probatorio (cu¨¢ndo existe y cu¨¢ndo no consentimiento). Por eso consideran que la definici¨®n de consentimiento que introduce el anteproyecto es ¡°innecesaria¡±.

Pero adem¨¢s, a?aden, la f¨®rmula elegida para definir este concepto puede alterar las normas habituales de los procesos penales y afectar al principio de presunci¨®n de inocencia. Se refieren los juristas al art¨ªculo 177.1 del anteproyecto de reforma del C¨®digo Penal, que establece que ¡°se entender¨¢ que no existe consentimiento cuando la v¨ªctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequ¨ªvocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto¡±. Es decir, no se define qu¨¦ es el consentimiento sino qu¨¦ no lo es, lo que obligar¨¢ al acusado, seg¨²n los ponentes, a demostrar que s¨ª existieron esas condiciones (manifestaci¨®n libre, actos concluyentes e inequ¨ªvocos, voluntad expresa de participar en el acto) para desmontar la existencia del delito. Esta situaci¨®n implica, seg¨²n el informe del Consejo, ¡°desplazar¡± la carga de la prueba, ya que siempre es la acusaci¨®n la que debe demostrar con pruebas que se cometi¨® el delito.

Los juristas se?alan que la incorporaci¨®n de una definici¨®n de consentimiento tampoco parece que pueda evitar la llamada victimizaci¨®n secundaria o doble victimizaci¨®n que sufre la v¨ªctima al verse obligada durante el proceso judicial a explicar y recordar lo ocurrido. Con la definici¨®n de consentimiento, sostiene el informe, el debate girar¨¢ sobre la existencia de todos los elementos que se integran en la definici¨®n, ¡°lo que provocar¨¢ que los interrogatorios se centren en el modo en que la v¨ªctima suele prestar consentimiento sexual¡±.

El informe cuestiona tambi¨¦n c¨®mo se ha llevado a cabo la eliminaci¨®n del delito de abusos para integrar todos los actos contra la libertad sexual en una ¨²nica categor¨ªa de delito de agresi¨®n sexual. Los juristas est¨¢n de acuerdo en que se unifique la denominaci¨®n, pero creen que se pod¨ªa haber hecho manteniendo la diferencia entre las conductas que ahora se consideran agresi¨®n (aquellas cometidas con violencia e intimidaci¨®n) y las que se consideran abuso (actos contra la libertad sexual pero sin violencia e intimidaci¨®n).

La propuesta del Gobierno, apuntan los ponentes, puede tener un ¡°efecto de desprotecci¨®n de las v¨ªctimas¡±, ya que para el agresor no tendr¨¢ mayores consecuencias emplear unos medios m¨¢s lesivos (por ejemplo, violencia) que otro de menor intensidad (como sorprender a la v¨ªctima para agredirla). ¡°Para evitarlo ser¨ªa necesario prever una modalidad agravada de agresi¨®n sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (con violencia, con amenazas)¡±, advierte el informe.

Pero la unificaci¨®n en un solo delito tambi¨¦n incurre, seg¨²n los ponentes, en el riesgo de ¡°castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad¡±. Aunque para evitarlo se incorpora en el art¨ªculo 178.3 un tipo atenuado que permite imponer una pena menos grave en atenci¨®n a la ¡°menor entidad del hecho¡±, los juristas creen que este concepto es impreciso y deja ¡°un ampl¨ªsimo margen interpretativo que podr¨ªa comprometer el principio constitucional de legalidad penal¡±.

Los juristas aplauden que, ¡°con buen criterio¡±, el Gobierno ¡°no ha querido trasladar esta indiferenciaci¨®n valorativa¡± a las agresiones sexuales contra menores de 16 a?os. El art¨ªculo 181 de la propuesta de C¨®digo Penal distingue entre un tipo b¨¢sico con pena de prisi¨®n de dos a seis a?os y un tipo agravado para los casos en que en la realizaci¨®n de actos sexuales con un menor de 16 a?os concurra alguna de las modalidades de agresi¨®n sexual descritas en el art¨ªculo 178 (¡±violencia, intimidaci¨®n o abuso de una situaci¨®n de superioridad o vulnerabilidad de la v¨ªctima, as¨ª como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situaci¨®n mental se abusare y los que se realicen cuando la v¨ªctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad¡±).

El anteproyecto del Gobierno contempla la especializaci¨®n de juzgados y jueces en materia de violencias sexuales pero, seg¨²n los ponentes del Consejo, no queda claro si esa futura especializaci¨®n prev¨¦ la creaci¨®n de ¨®rganos jurisdiccionales espec¨ªficos ¡°que abordar¨ªan de forma exclusiva y excluyente los delitos de violencia sexual¡± o si se revisar¨¢n las competencias actuales de los juzgados de violencia sobre la mujer para incluir los delitos contra la libertad sexual.

Tambi¨¦n debe clarificarse, a?aden, qu¨¦ ¨®rgano judicial -el juzgado de menores, el de violencia sobre la mujer u otro- ser¨ªa competente en caso de un delito de violencia sexual cometido por un menor; y determinar si la creaci¨®n de nuevos ¨®rganos especializados supondr¨ªa la atribuci¨®n de la competencia sobre la violencia sexual de g¨¦nero, que quedar¨ªa excluida de los juzgados de violencia sobre la mujer.

En cualquier caso, los vocales Roser Bach y Juan Manuel Fern¨¢ndez, ambos jueces de carrera, no consideran justificada la creaci¨®n de nuevos juzgados especializados en delitos de violencia sexual, al entender que las razones que justifican la especializaci¨®n jurisdiccional se disipan en una tan transversal como esta. La otra ponente, Pilar Sep¨²lveda, abogada y fundadora de la Asociaci¨®n de Mujeres V¨ªctimas de Agresiones Sexuales, discrepa en este punto y s¨ª cree justificada la especializaci¨®n.

Igualdad rechaza las cr¨ªticas

La delegada del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero, Victoria Rosell, ha criticado este viernes la postura del informe preliminar del Consejo General del Poder Judicial sobre la definici¨®n de consentimiento: ¡°Ninguna definici¨®n legal puede invertir la carga de la prueba porque no puede afectar al derecho constitucional a la presunci¨®n de inocencia¡±, considera Rosell. ¡°Ser¨¢ el fiscal o la acusaci¨®n quien deber¨¢ probar y no la defensa. Es parecido al argumento que usaron el Consejo y muchos juristas con la ley de violencia de g¨¦nero de 2004¡±.

Rosell tampoco comparte las consideraciones del informe respecto a la eliminaci¨®n del abuso sexual en la propuesta. ¡°Aunque use un lenguaje jur¨ªdico poco comprensible, lo que pasa es que est¨¢n en contra de la desaparici¨®n del abuso y de que todo sea agresi¨®n y lo han dicho justo al d¨ªa siguiente de la sentencia definitiva de la Manada de Manresa [el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a acaba de confirmar la condena a cinco hombres por abusos sexuales por violar en grupo a una menor de 14 a?os en 2016]], que con nuestra propuesta ser¨ªa agresi¨®n. No hay indiferencia valorativa. En el anteproyecto de ley la agresi¨®n tiene m¨¢s agravantes y escalones de pena que nunca, con una m¨ªnima que va de cuatro a?os a m¨¢ximas de 14 o 15¡±.

La Ley Org¨¢nica de Garant¨ªa Integral de Libertad Sexual, ahora en fase de anteproyecto, es una de las normas incluidas en el acuerdo de Gobierno de coalici¨®n. Hace casi un a?o, a finales de febrero de 2020, provoc¨® un choque entre Igualdad ¨Cel ministerio que ha elaborado el texto, en manos de Unidas Podemos- y Justicia (en manos del PSOE). Podemos interpret¨® que el PSOE quer¨ªa ralentizar la presentaci¨®n de la propuesta en el Consejo de Ministros, con la vista puesta en la celebraci¨®n del 8 de Marzo, D¨ªa Internacional de la Mujer. El PSOE argument¨® que quer¨ªa estudiar t¨¦cnicamente la propuesta y ajustarla. Se llev¨® al Consejo de Ministros el 3 de marzo del 2020, pero un a?o despu¨¦s a¨²n sigue pendiente de los dict¨¢menes de distintos organismos.

Los socios de Gobierno han vuelto a tener esta misma semana un encontronazo a cuenta de otra propuesta del Ministerio de Igualdad incluida tambi¨¦n en el acuerdo del Gobierno de coalici¨®n: el borrador de la futura ley trans, que Unidas Podemos espera llevar al Consejo de Ministros este mes y para la que el PSOE reclama m¨¢s debate. ¡°Tenemos que seguir trabajando en la seguridad jur¨ªdica¡±, se?al¨® el jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.