Galicia, primera comunidad en prever multas por no vacunarse

En Espa?a ha habido poca controversia sobre la voluntariedad de la vacuna frente a la covid. En un principio, antes de que la Uni¨®n Europea aprobara la primera, el por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegur¨® que se podr¨ªa estudiar la obligatoriedad si era necesario para llegar a una amplia cobertura vacunal. Pero pronto se desech¨® esta posibilidad. Y la aceptaci¨®n cada vez mayor parec¨ªan descartar esta opci¨®n: ...

En Espa?a ha habido poca controversia sobre la voluntariedad de la vacuna frente a la covid. En un principio, antes de que la Uni¨®n Europea aprobara la primera, el por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegur¨® que se podr¨ªa estudiar la obligatoriedad si era necesario para llegar a una amplia cobertura vacunal. Pero pronto se desech¨® esta posibilidad. Y la aceptaci¨®n cada vez mayor parec¨ªan descartar esta opci¨®n: ocho de cada diez espa?oles est¨¢ dispuesto a pon¨¦rsela en cuanto pueda. Pero el martes, Galicia se ha salido de ese guion. Su Parlamento, con la mayor¨ªa absoluta del PP de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha aprobado una reforma en la Ley de Salud auton¨®mica que permite sancionar con multas de entre 1.000 y 600.000 euros a las personas que se nieguen injustificadamente a vacunarse contra la covid y contra posibles virus futuros.

La ley cuenta con el rechazo de los grupos de la oposici¨®n (BNG y PSOE) y con el del Gobierno central, que desde unos d¨ªas antes de la llegada de las primeras dosis a Espa?a viene promulgando la voluntariedad para recibirlas. Preguntado por EL PA?S, el Ministerio de Sanidad se limita a responder que ¡°al igual que el resto de vacunaciones en Espa?a, la vacuna frente a la covid-19 no es obligatoria¡±, tal y como recoge la estrategia nacional de vacunaci¨®n. No aclara si se tomar¨¢ alguna medida al respecto o si se recurrir¨¢ lo aprobado en Galicia. ¡°Se informar¨¢ de cualquier decisi¨®n¡±, zanja una portavoz.

Nacionalistas y socialistas han asegurado que no pasar¨¢ los filtros del Tribunal Constitucional, porque ¡°vulnera derechos fundamentales y contradice normativas nacionales¡±. No obstante, frente a las cr¨ªticas de la oposici¨®n, la portavoz sanitaria del PP en el Parlamento gallego, Encarna Amigo, ha defendido que su grupo no est¨¢ ¡°haciendo nada que no est¨¦ previsto en t¨¦rminos gen¨¦ricos en la ley estatal¡±. Las multas que contempla el texto aprobado el martes para las personas que rechacen vacunarse podr¨ªan alcanzar los 600.000 euros, ya que la ley contempla tres niveles (leve, grave o muy grave) que se determinar¨¢n en funci¨®n ¡°del riesgo o da?o que cause para la salud de la poblaci¨®n¡± y siempre en el caso de que las autoridades sanitarias establezcan la obligaci¨®n.

En opini¨®n de Federico de Montalvo, experto en derecho sanitario y vicepresidente del Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a, la medida s¨ª puede tener encaje legal. En Espa?a la vacunaci¨®n obligatoria en situaciones como una pandemia tiene respaldo legal con la ley de salud p¨²blica de 1986, que permite tomar medidas que limiten derechos individuales siempre que beneficien a la mayor¨ªa de la comunidad. Aunque no haya ning¨²n pinchazo obligatorio, hay precedentes de decisiones judiciales en los que se ha obligado a personas a vacunarse: tras un brote de sarampi¨®n en Granada en el a?o 2010, un juez autoriz¨® a la vacunaci¨®n forzosa de los ni?os cuyos padres se negaban a la inmunizaci¨®n.

En el caso de Galicia, seg¨²n Montalvo, habr¨ªa que interpretar si una comunidad aut¨®noma puede aplicar la obligatoriedad, pero cree que el estado de alarma otorga poderes a sus Gobiernos para imponer medidas para frenar la epidemia. En cualquier caso, matiza, aqu¨ª no es exactamente que se obligue a nadie a vacunarse, sino que se elabora un respaldo jur¨ªdico para sancionar en caso de que alguien se niegue. ¡°No es lo mismo la medida que su aplicaci¨®n¡±, se?ala. ¡°En este caso, su papel m¨¢s que coercitivo ser¨ªa de incentivo¡±, a?ade.

En cualquier caso, a la hora de aprobar una norma jur¨ªdica, no solo hay que observar su legalidad, sino su oportunidad. ¡°Una medida no solo tiene que ser adecuada y estar legalmente prevista, sino adem¨¢s debe resultar necesaria, que no haya alternativa menos coercitiva que me permita conseguir el mismo fin. Y no es necesaria salvo que en Galicia haya un contexto espec¨ªfico de rechazo a la inmunizaci¨®n¡±, contin¨²a Montalvo. Seg¨²n el ¨²ltimo bar¨®metro del CIS, cada vez m¨¢s ciudadanos est¨¢n dispuestos a vacunarse en cuanto puedan. El 82,9% de los encuestados est¨¢n dispuestos a hacerlo, 10,4 puntos m¨¢s que hace un mes (72,5%). El porcentaje duplica a los que contestaban afirmativamente en diciembre (40,5%), d¨ªas antes de que empezaran a suministrarse en Espa?a. Todav¨ªa no est¨¢n publicados los ¨²ltimos datos detallados por comunidades aut¨®nomas.

Esta es una de las razones que aporta Fernando Garc¨ªa, presidente del Comit¨¦ de ?tica de la Investigaci¨®n del Instituto de Salud Carlos III y colaborador del Observatorio de Bio¨¦tica y Derecho de la Universidad de Barcelona, para rechazar la norma. ¡°La ley gallega supone la imposici¨®n de una obligatoriedad encubierta de la vacunaci¨®n, aunque se exprese como falta leve. Las sanciones econ¨®micas por no vacunarse que recoge esta ley implican que la vacunaci¨®n deja de ser una decisi¨®n voluntaria y libre y se convierte en una obligaci¨®n, cuyo incumplimiento se sanciona econ¨®micamente. Al margen de la legalidad de una medida tomada unilateralmente por una comunidad aut¨®noma en todo su ¨¢mbito de competencias, sin que haya circunstancias especialmente graves en Galicia en comparaci¨®n con otras comunidades, esta ley vuelve a poner en el candelero la cuesti¨®n de la obligatoriedad de las vacunas contra la covid-19. Hoy por hoy, no hay ning¨²n motivo ni epidemiol¨®gico ni ¨¦tico para imponer la obligatoriedad de la vacunaci¨®n¡±, asegura.

La mayor¨ªa de los pa¨ªses han optado por la voluntariedad en la vacuna. Algunos, como el Reino Unido o San Marino, anunciaron que estudiar¨ªan la posibilidad de hacerla obligatoria si no se alcanzaba un amplio porcentaje de la poblaci¨®n. Los expertos calculaban que har¨ªa falta suministrarla a un 70% de la poblaci¨®n para alcanzar la inmunidad de grupo: que el virus deje de circular por no haber suficientes personas susceptibles para propagarse. Esta cifra no est¨¢ tan clara, ya que no se conoce hasta qu¨¦ punto las vacunas impiden la infecci¨®n del virus o se limitan a proteger contra la enfermedad que causa. Brasil es uno de los pa¨ªses que s¨ª ha declarado obligatoria la vacunaci¨®n contra el coronavirus.

En Europa no son infrecuentes las vacunas obligatorias frente a otros pat¨®genos. Seg¨²n el Comit¨¦ Asesor de Vacunas de la Sociedad Espa?ola de Pediatr¨ªa, en 11 pa¨ªses de la Uni¨®n Europea es obligatoria al menos una (Italia, Letonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Francia, Hungr¨ªa, Polonia, Rep¨²blica Checa, Grecia y B¨¦lgica).

Norma con car¨¢cter de urgencia

La reforma de la Ley de Salud de Galicia ha sido impulsada con car¨¢cter de urgencia por el PP y no por la Xunta, que para ello precisar¨ªa de informes preceptivos. Un hecho que para los grupos de la oposici¨®n evidencia que el PP liderado por Feij¨®o ha querido ¡°esquivar informes jur¨ªdicos¡±. La norma tambi¨¦n impone otras sanciones, como una multa por no llevar mascarilla, que se marca en un m¨ªnimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en funci¨®n del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves tambi¨¦n se encuentran hacer botell¨®n, infringir los toques de queda, reuniones con m¨¢s personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.

Para el BNG, la nueva norma supone ¡°una amenaza constante, introduce medidas coercitivas, suprime y limita derechos fundamentales sin un l¨ªmite temporal¡±. El nuevo texto autoriza a las autoridades sanitarias ¡°a requerir la identificaci¨®n de personas y a emitir ¨®rdenes de obligado cumplimiento¡±, ha destacado Carreira.

Por su parte, el portavoz sanitario del PSOE, Julio Torrado, advirti¨® de que el PP ¡°utiliza el miedo para recortar derechos¡± sirvi¨¦ndose para ello de un ¡°dudoso marco jur¨ªdico¡±. Torrado calific¨® a la Xunta de ¡°r¨¦gimen sancionador autoritario que camufla tras una ley el recorte de derechos fundamentales y libertades p¨²blicas¡±.

El PP ha mostrado su satisfacci¨®n con la nueva ley. ¡°Es un d¨ªa importante por la aprobaci¨®n de una reforma legislativa que lo que hace es venir a dar garant¨ªa y actuar con responsabilidad¡±, se?al¨® la portavoz del PP para quien la norma se hac¨ªa necesaria dado que el marco normativo sanitario ¡°no estaba preparado para una pandemia tan larga¡±. ¡°No estamos haciendo nada que no est¨¦ previsto en t¨¦rminos gen¨¦ricos en la ley estatal¡±, asegur¨® Amigo. Y frente a las cr¨ªticas de la oposici¨®n, neg¨® el car¨¢cter autoritario de la norma. ¡°Lejos de ser autoritaria, lo que hace es regular y poner l¨ªmites para garantizar una asistencia digna a los contagiados¡±.

Los populares justifican adem¨¢s la reforma legislativa arremetiendo una vez m¨¢s contra la gesti¨®n del presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez. ¡°Comprometi¨® una reforma de la ley org¨¢nica que nunca lleg¨®¡±, protest¨® la portavoz del PP advirtiendo de que el estado de alarma ¡°no concreta¡± y sin embargo ¡°limita¡± las acciones que pueden desarrollar las comunidades.