La Fiscal¨ªa investiga denuncias de agresiones sexuales y prostituci¨®n en un centro de menores migrantes de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha denunciado ante la polic¨ªa auton¨®mica y la Fiscal¨ªa de Menores los posibles delitos de abusos sexuales y de prostituci¨®n en un alojamiento tur¨ªstico de Mog¨¢n (en el sur de Gran Canaria) utilizado como centro de acogida de menores inmigrantes no acompa?ados. La Fiscal¨ªa de Menores ha decidido as¨ª incoar diligencias de investigaci¨®n para determinar la posible comisi¨®n de varios delitos sexuales tras tomar declaraci¨®n al director de este centro, gestionado por la Fundaci¨®n Respuesta Social Siglo XXI.

Una denuncia an¨®nima, remitida a la Consejer¨ªa de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Mog¨¢n y elaborada supuestamente por trabajadores de un centro de menores no acompa?ados de la localidad, afirma que en esas instalaciones hay chicos mayores de edad ¡ªalgo que todas las autoridades involucradas deber¨ªan impedir¡ª y que agreden sexualmente a otros. Sostiene, adem¨¢s, que varios de los ingresados ¡ª¡±al menos tres¡±¡ª se han prostituido tanto con otros residentes del lugar (un complejo de apartamentos reconvertido en centro de acogida) como con personas de fuera, y que la direcci¨®n tiene constancia de ello. Las acusaciones implican tambi¨¦n a otros trabajadores del complejo, a los que se atribuyen ¡°agresiones f¨ªsicas y maltrato continuado¡± a los residentes. Adem¨¢s, se afirma que estos episodios ¡°negligentes¡± son ¡°permitidos y fomentados¡± por la direcci¨®n del centro, tanto la pasada como la actual.

La carta asegura que la direcci¨®n del centro conoce la situaci¨®n desde hace semanas sin que sus responsables ¡°hayan hecho nada por impedirla¡±. El centro se ubica en el complejo de apartamentos Porto Bello, en la localidad tur¨ªstica de Puerto Rico. La tutela de estas personas, al igual que sucede con el resto de los aproximadamente 2.700 menores migrantes no acompa?ados en las islas, corresponde a la Consejer¨ªa de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noem¨ª Santana, ha explicado este martes que su departamento recibi¨® el pasado 31 de mayo un correo electr¨®nico an¨®nimo y que, pese a no haber remitente, se abri¨® una investigaci¨®n interna ¡°en colaboraci¨®n con la entidad que presta servicio¡± y la polic¨ªa auton¨®mica canaria, debido ¡°a la gravedad de los hechos¡±. ¡°La consejer¨ªa va a actuar con contundencia¡±, ha aseverado en declaraciones a los medios.

La fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Beatriz S¨¢nchez, ha asegurado a EL PA?S que el organismo ha observado la evoluci¨®n de este complejo desde que en febrero se produjesen en su interior altercados que provocaron el destrozo de varias zonas y que hab¨ªa instado de manera verbal a la Direcci¨®n General del Menor del Gobierno canario el desalojo de las instalaciones. La Guardia Civil ha explicado que est¨¢ ¡°comprobando¡± de oficio la veracidad del informe y que ning¨²n trabajador ha denunciado los hechos hasta el momento. S¨¢nchez ha citado este martes al director del centro para conocer su versi¨®n de los hechos. Seg¨²n Santana, la direcci¨®n del centro ha explicado a la Direcci¨®n General del Menor que ¡°en ning¨²n momento¡± ha tenido conocimiento de esos hechos, ni por parte de trabajadores ¡°ni por ninguna otra v¨ªa¡±, lo que contradice el contenido de la denuncia.

La consejera, adem¨¢s, explic¨® en declaraciones a los medios que su departamento lleva ¡°muchos meses¡± asegurando que el uso de complejos tur¨ªsticos para albergar menores no acompa?ados ¡°no es id¨®neo¡± y que el cierre de estas instalaciones ¡°constituye una prioridad¡±. Actualmente, seg¨²n sus datos, Porto Bello aloja a 121 personas, frente a las 170 que lleg¨® a albergar a principios de a?o, y este martes ser¨¢n trasladados 43 menores a otros recursos.

Un menor fugado

Seg¨²n consta en el escrito hecho p¨²blico, una de las auxiliares cont¨® al equipo educativo a principios de marzo que varios menores le hab¨ªan informado de ¡°repetidas agresiones sexuales por parte de dos de los usuarios del centro¡±. Estos dos ¡°usuarios¡± hab¨ªan sido reportados como mayores de edad y, sin embargo, permanec¨ªan en las instalaciones. En este momento, uno de los menores agredido se encuentra fugado. Las razones, seg¨²n sus compa?eros, era ¡°para evitar esas agresiones y el bullying [acoso] que sufr¨ªa por parte de algunos de los menores del centro que ridiculizaban su situaci¨®n¡±.

M¨¢s informaci¨®n

Otra crisis migratoria sin un plan para atender a menores

Los desahuciados de la crisis migratoria en Canarias

Tras llevar a cabo varias pesquisas, el equipo educativo solicit¨® a la direcci¨®n reforzar los turnos de noche para evitar dichas situaciones y presentar la correspondiente denuncia. En su escrito, los empleados sostienen que los gestores les comunicaron en ese momento ¡°que se har¨ªan cargo de todo ello¡±. ¡°La realidad¡±, afirman, ¡°es que a d¨ªa de hoy no se ha interpuesto la correspondiente denuncia, no se han reforzado los turnos de la noche, el menor contin¨²a fugado y a pesar de que la direcci¨®n tiene informaci¨®n de su paradero, no han hecho nada para intentar ayudarle¡±.

En febrero, diversas estancias del complejo quedaron gravemente da?adas a ra¨ªz de ¡°un mot¨ªn¡± de algunos de los menores. Tras los sucesos, el centro tard¨® semanas en recuperar la normalidad dado que, aseguran los denunciantes, el ¡°director en aquel entonces orden¨® al ¨²nico trabajador de mantenimiento que hab¨ªa, pintar y acondicionar su nuevo despacho¡±. En todo caso, el supuesto personal educativo sostiene en el informe que los menores ¡°han estado durante todos estos meses viviendo en p¨¦simas condiciones¡±.

Tensi¨®n por los menores

La atenci¨®n de los menores constituye uno de los puntos de fricci¨®n entre el Gobierno canario y el central. El repunte de llegadas desde 2019 oblig¨® al Ejecutivo a desplegar a toda prisa m¨¢s de 20 centros de acogida, gestionados por organizaciones privadas. La consejera de Asuntos Sociales, Noem¨ª Santana, ha asegurado en repetidas ocasiones que el archipi¨¦lago est¨¢ ¡°desbordado¡±. En diciembre, Madrid aprob¨® una ayuda de 10 millones de euros para cubrir parte de los costes, que Canarias cifra en 18 millones.

El defensor del Pueblo, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, recrimin¨® a mediados de mes a la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que ¡°no es razonable que los servicios de protecci¨®n de menores canarios asuman en solitario el reto que supone la acogida¡±.

El Ayuntamiento de Mog¨¢n se ha mostrado radicalmente en contra del uso de hoteles para albergar migrantes. La alcaldesa, Onalia Bueno, amenaz¨® a finales del pasado a?o con abrir expedientes sancionadores contra aquellas instalaciones que funcionasen como recursos humanitarios en 2021, e incluso lleg¨® a levantar un acta de denuncia a dos apartamentos. El Gobierno canario, sin embargo, blind¨® mediante decreto el uso de recursos tur¨ªsticos para alojar a menores.