El Gobierno y las comunidades acuerdan que para 2026 ning¨²n ni?o tutelado menor de seis a?os viva en centros

Dentro de cuatro a?os no podr¨¢ haber ning¨²n menor de seis a?os tutelado que viva en un centro de acogida. Esta es una de las medidas que recoge el plan de acci¨®n contra la explotaci¨®n sexual de menores tutelados por la Administraci¨®n, que los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales y las comunidades aut¨®nomas han aprobado este jueves por unanimidad. Para ello, se potenciar¨¢ el acogimiento familiar, haciendo uso de fondos europeos.

El objetivo es que antes de 2031, ninguna ni?a o ni?o por debajo de los 10 a?os viva en centros residenciales. Los menores en el sistema de protecci¨®n son especialmente vulnerables a la explotaci¨®n sexual, sobre todo ni?as y adolescentes, y, por ello, se prev¨¦ impartir formaci¨®n especializada a los profesionales de los m¨¢s de 1.300 centros del pa¨ªs, y elaborar una ¨²nica gu¨ªa de actuaci¨®n, com¨²n a todas las administraciones, as¨ª como la creaci¨®n de servicios de atenci¨®n y recuperaci¨®n integral para las v¨ªctimas de esta violencia, mediante la colaboraci¨®n con organizaciones que ya trabajan sobre el terreno, a trav¨¦s de un plan de inserci¨®n que impulsa Igualdad.

Nacho ?lvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, se ha referido a la explotaci¨®n sexual como una ¡°amenaza latente¡± para muchas menores en los centros de acogida. As¨ª lo constat¨® Unicef en un estudio de 2017 en el que detect¨® casos en siete de nueve comunidades analizadas. En el plan se recoge que ¡°son un blanco de preferencia para los abusadores, proxenetas y explotadores sexuales¡± por su vulnerabilidad, psicol¨®gica y econ¨®mica. La detecci¨®n temprana es un desaf¨ªo, y cambiar el modelo tambi¨¦n lo es. En 2020 hab¨ªa 16.991 menores viviendo en centros, el 47% de todos los tutelados.

Acogimiento familiar

La conferencia sectorial celebrada este jueves se ha comprometido a dar ¡°un gran impulso a un nuevo modelo¡±, para que sea ¡°fundamentalmente el acogimiento familiar el instrumento que preferentemente se use¡±, ha a?adido ?lvarez. Para ello se utilizar¨¢n fondos europeos durante los pr¨®ximos a?os. Por un lado, a trav¨¦s del Fondo Social Europeo +, concretamente de la garant¨ªa infantil (que tiene el fin de luchar contra la exclusi¨®n social de los menores), y por otro, del Plan de Recuperaci¨®n y Resiliencia, a trav¨¦s del cual ya se ha repartido financiaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas y el ministerio financia proyectos piloto. ¡°De forma que vayamos garantizando que poco a poco el modelo residencial se utilice el tiempo indispensable, el menor tiempo posible¡±, ha explicado ?lvarez.

Pese a que la ley ya establece que no debe haber menores de seis a?os en residencias, en 2020 hab¨ªa 1.177. El objetivo es acabar con esta situaci¨®n antes de 2026. Y se extiende a los menores de 10 a?os antes de 2031 (en 2020 hab¨ªa 3.088 ni?os de cero a diez a?os en los centros).

El plan enfatiza que la explotaci¨®n sexual no es un hecho aislado en alguna comunidad aut¨®noma, ¡°sino que est¨¢ latente en el conjunto del sistema de protecci¨®n espa?ol, habi¨¦ndose reportado y reconocido casos en toda Europa¡±. La secretaria de Estado de Igualdad, ?ngela Rodr¨ªguez, ha destacado que ¡°el acuerdo es una buen¨ªsima noticia para este pa¨ªs, dados los tiempos que corren, en los que se cuestiona permanentemente la violencia de g¨¦nero¡±. Y ha a?adido: ¡°Sigue habiendo acuerdo institucional en la lucha contra la violencia contra las mujeres¡±.

No existen datos concretos sobre la violencia sexual que sufre la infancia en el sistema de protecci¨®n. A menudo, permanece escondida. El tratamiento psicol¨®gico y psicosocial de los menores tutelados, con enfoque de g¨¦nero, tiene que ser ¡°una parte esencial en el modelo de intervenci¨®n¡±, se especifica en el documento, y actualmente ¡°no es homog¨¦neo ni est¨¢ garantizada una base m¨ªnima com¨²n; depende del territorio e incluso del recurso en el que viva¡±. El plan pretende mejorar la atenci¨®n a las v¨ªctimas y reforzar estructuralmente el sistema para prevenir este tipo de violencia en el futuro.

Por ello, se contempla un paquete de medidas de ¡°implementaci¨®n inmediata¡± y otro ¡°a medio y largo plazo¡±, m¨¢s estructurales. Entre las primeras, la creaci¨®n de servicios especializados de atenci¨®n y recuperaci¨®n integral para ni?as y adolescentes v¨ªctimas de explotaci¨®n sexual. Se enmarca en el plan de inserci¨®n social y laboral para mujeres y ni?as v¨ªctimas de trata, de explotaci¨®n sexual y para mujeres en situaci¨®n de prostituci¨®n del Ministerio de Igualdad, que prev¨¦ una inversi¨®n global de ¡°m¨¢s de 100 millones de euros¡± entre este a?o y el que viene, ha explicado Rodr¨ªguez. Entre las medidas que se pondr¨¢n en marcha, y ¡°mientras no se consolidan como parte de la Administraci¨®n p¨²blica¡±, han previsto que las entidades que trabajan con trata y explotaci¨®n sexual puedan crear estos recursos espec¨ªficos. Se prev¨¦ que est¨¦n listos en el primer semestre de este a?o.

Detecci¨®n temprana

Tambi¨¦n es una medida a corto plazo la formaci¨®n especializada en prevenci¨®n y detecci¨®n de explotaci¨®n sexual de todos los trabajadores de los centros de protecci¨®n, que ser¨¢ financiada por el Ministerio de Igualdad, en formato digital, y la elaboraci¨®n de un protocolo armonizado para prevenir, detectar precozmente e intervenir ante casos de violencia en los centros, como prev¨¦ la ley de protecci¨®n de la infancia aprobada el a?o pasado. Este debe ir acompa?ado de una gu¨ªa com¨²n de actuaci¨®n ante casos de explotaci¨®n sexual, que incluir¨¢ un cat¨¢logo de indicios e indicadores para la detecci¨®n temprana, pautas concretas sobre notificaci¨®n y derivaci¨®n de casos y un procedimiento de intervenci¨®n coordinada [entre instituciones].

Pero adem¨¢s, tambi¨¦n se contemplan medidas estructurales, destinadas al incremento de los cuidados en la comunidad y a la desinstitucionalizaci¨®n de ni?os y ni?as y a mejorar la atenci¨®n de la infancia en el sistema de protecci¨®n, as¨ª como los sistemas de informaci¨®n. La violencia contra la infancia, y concretamente la violencia sexual, est¨¢n infrarrepresentadas en los registros, ¡°al ser una realidad invisible es dif¨ªcil determinar la magnitud del problema¡± y, por tanto, dise?ar intervenciones adecuadas. El Ministerio de Derechos Sociales est¨¢ trabajando en una estrategia de desinstitucionalizaci¨®n que incluir¨¢ el incremento del acogimiento familiar y que los centros que existan sean recursos peque?os, flexibles y que permitan un seguimiento personalizado. El tama?o de los recursos, se especifica en el plan, impacta en el desarrollo.

Si bien hay una media de 15 plazas por centro, existe gran variedad entre comunidades (hay cinco de ellas por encima de esta media, en Murcia es de 28). Antes de 2031 el n¨²mero medio debe ser de 15 en todas las autonom¨ªas. Los de m¨¢s de 30 se transformar¨¢n progresivamente, cerr¨¢ndose o sectoriz¨¢ndose, en ellos ¡°se complica la generaci¨®n de un clima de protecci¨®n e inclusi¨®n que permita identificar las situaciones de riesgo¡±.

Adem¨¢s, en el texto se especifican varios proyectos piloto financiados por Derechos Sociales, como el que testea el acogimiento familiar de dedicaci¨®n exclusiva (con una compensaci¨®n econ¨®mica porque los peque?os requieren de todo el tiempo de atenci¨®n), o sobre modelos de intervenci¨®n en servicios sociales de base para reducir las declaraciones de desamparo (lo que hace que un menor pase a estar tutelado por la Administraci¨®n).

Tambi¨¦n se actualizar¨¢n los criterios de calidad que deben cumplir los centros residenciales (que incluir¨¢ el refuerzo de los mecanismos de inspecci¨®n, control y denuncia), as¨ª como el protocolo en los casos de traslados, para identificar plazas libres, en concreto las especializadas, y que los movimientos de ni?os y ni?as con especial vulnerabilidad sean r¨¢pidos. Por otro lado, se establecer¨¢ un sistema de monitoreo de la calidad de la transici¨®n hacia la vida adulta de los menores tutelados, porque a d¨ªa de hoy ¡°es imposible saber cu¨¢l es el impacto de la protecci¨®n¡± que se les da. Se desconoce la prevalencia de personas sin hogar, ni cu¨¢ntos han logrado estudios superiores.