La sanidad privada entra en cinco c¨¢rceles por la falta de m¨¦dicos penitenciarios

La falta de m¨¦dicos penitenciarios ha llevado en el ¨²ltimo a?o y medio a los directores de, al menos, cinco c¨¢rceles a licitar concursos para contratar servicios privados para la atenci¨®n primaria de sus presos. Se trata de las prisiones de Cuenca, C¨¢ceres, A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coru?a) y Mallorca, que acogen en conjunto a algo m¨¢s de 3.300 recluso...

La falta de m¨¦dicos penitenciarios ha llevado en el ¨²ltimo a?o y medio a los directores de, al menos, cinco c¨¢rceles a licitar concursos para contratar servicios privados para la atenci¨®n primaria de sus presos. Se trata de las prisiones de Cuenca, C¨¢ceres, A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coru?a) y Mallorca, que acogen en conjunto a algo m¨¢s de 3.300 reclusos y que desembolsar¨¢n por estos contratos un total de 200.000 euros. ¡°Actualmente, los efectivos que se disponen son tres m¨¦dicos, de los cuales una se encuentra de baja m¨¦dica por embarazo y los otros dos se jubilan el 15 de septiembre y 4 de octubre del presente, por lo que no se puede cubrir con un m¨ªnimo de garant¨ªas la atenci¨®n necesaria en este centro penitenciario¡±, advert¨ªa el pasado octubre, en la documentaci¨®n de la licitaci¨®n, el director de la prisi¨®n de C¨¢ceres para justificar esta contrataci¨®n.

Esta c¨¢rcel extreme?a cuenta en la actualidad con 340 internos y hasta 2019 ten¨ªa una plantilla de cinco m¨¦dicos, que se fueron jubilando sin ser sustituidos. Tras unos meses sin facultativo, el director de la prisi¨®n opt¨® por contratar a un profesional externo, al que m¨¢s tarde sum¨® otro contrato similar. ¡°Pueden atender las urgencias, las revisiones obligatorias a cada nuevo recluso y poco m¨¢s. No tiene nada que ver con la medicina que se ha hecho siempre, que ten¨ªa una parte importante de medicina preventiva para un colectivo muy vulnerable¡±, lamenta Carmen Hoyos, portavoz del sindicato profesional de sanidad penitenciaria y m¨¦dica de la prisi¨®n extreme?a hasta que se jubil¨®. En el pliego del concurso, que se adjudic¨® en diciembre pasado, se fijaba como importe m¨¢ximo del mismo 58.482 euros por nueve meses de servicio y se estimaba que el adjudicatario deber¨ªa atender al mes en el centro 604 consultas ordinarias (a siete euros cada una), 32 reconocimientos m¨¦dicos (10 euros) y 163 urgencias (otros 10 euros).

El problema se repite en los otros cuatro centros, seg¨²n la documentaci¨®n de los concursos. En el penal de Mallorca, con algo m¨¢s de 1.000 internos, solo est¨¢n cubiertas dos de las ocho plazas. ¡°Debido a esta situaci¨®n de urgencia y a la imposibilidad por parte de la Administraci¨®n Penitenciaria de proveer de estos profesionales a los establecimientos perif¨¦ricos, se objetiva la necesidad de acudir a otro tipo de v¨ªas para que la asistencia sanitaria de los internos est¨¦ m¨ªnimamente cubierta¡±, se?ala un documento del pasado 21 de junio para justificar un gasto de 29.900 euros. En parecidos t¨¦rminos se expresaba semanas antes la direcci¨®n de la prisi¨®n de A Lama, que ha adjudicado a la empresa Acci¨® Salut un contrato por 40.506 euros para cubrir con este sistema 1.080 horas de atenci¨®n m¨¦dica para sus 860 internos hasta final de a?o. La c¨¢rcel de Teixeiro, tras reconocer que ¡°la Sanidad Penitenciaria pasa por momentos dif¨ªciles¡±, gastar¨¢ en el mismo plazo cerca de 29.900 euros para ¡°prestar asistencia sanitaria continuada y permanente¡± a sus 990 reclusos. Y la de Cuenca, que cuenta con 100 internos, licit¨® un primer contrato en diciembre de 2020 y un segundo el pasado noviembre, este de 27.000 euros. El primero fue ganado por Quir¨®n Prevenci¨®n y el segundo, por CMD Salud Integral, conocidas empresas.

Aunque estas licitaciones para cubrir la atenci¨®n primaria son novedosas, el problema no lo es. El Defensor del Pueblo ha denunciado de manera recurrente la carencia de m¨¦dicos penitenciarios para la asistencia primaria (la atenci¨®n especializada se hace en los hospitales m¨¢s cercanos a las c¨¢rceles) y reclamado a las administraciones soluciones, ya que los concursos p¨²blicos para ocupar estas plazas quedan a?o tras a?o ¡°pr¨¢cticamente desiertos¡±. El principal motivo, resalta la instituci¨®n, es que los sueldos son m¨¢s bajos que en el conjunto de la sanidad p¨²blica. Seg¨²n las estad¨ªsticas de Instituciones Penitenciarias, en 2018 se ofertaron 35 plazas y solo se cubrieron 11. Al a?o siguiente fueron 40 y solo seis las adjudicadas. Cifras que se repitieron en 2020. Para 2021 y 2022, Interior ha sacado un total de 80 plazas. Tambi¨¦n ha ofertado 40 plazas de interinos. La previsi¨®n es que buena parte de ellas queden de nuevo sin cubrir.

Fuentes de Prisiones insisten en que la asistencia primaria a los reclusos est¨¢ asegurada, como se demostr¨® durante la pandemia, cuando la incidencia de la covid fue menor que entre el resto de la poblaci¨®n. No obstante, admiten la existencia del problema y que est¨¢n buscando soluciones, a veces con iniciativas que van m¨¢s all¨¢ de las ofertas laborales. As¨ª, Instituciones Penitenciarias puso en marcha en noviembre un sistema de guardias telem¨¢ticas en los centros m¨¢s peque?os para que m¨¦dicos penitenciarios que han terminado sus turnos en otras prisiones atiendan telef¨®nicamente las consultas que no pueden esperar en aquellas.

Competencias transferidas

El problema no es solo de Prisiones, sino tambi¨¦n de las comunidades aut¨®nomas. La Ley de Cohesi¨®n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, orden¨® que los servicios de sanidad penitenciaria se integraran en el Sistema Nacional de Salud, lo que implicaba transferir a las comunidades las competencias sobre la atenci¨®n primaria a los presos. Van camino de cumplirse 20 a?os y solo Navarra (que lo hizo hace un a?o) y las dos comunidades que tienen transferidas la gesti¨®n de las c¨¢rceles, Catalu?a (que se hizo cargo de la atenci¨®n m¨¦dica en 2010) y Pa¨ªs Vasco (en 2011), han asumido estas competencias. Los m¨¦dicos que trabajan en las c¨¢rceles del resto del pa¨ªs siguen integrados en el Ministerio del Interior. En 2019, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, ?ngel Luis Ortiz, remiti¨® una carta a los consejeros de Sanidad del resto de comunidades para iniciar las negociaciones y cumplir con ¡°el mandato legal¡±. En la actualidad, solo algunas, que Prisiones declina concretar, han aceptado iniciar los contactos.

Mientras tanto, los sanitarios llevaron en 2020 a los tribunales esta situaci¨®n despu¨¦s de que el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazara su petici¨®n de equiparar los salarios a los de los facultativos del servicio nacional de salud. La Audiencia Nacional, en una sentencia dictada en mayo, admite el incumplimiento de la ley, ¡°puesto que ha transcurrido el plazo se?alado para el legislador sin que se haya procedido a la integraci¨®n prevista¡±. Sin embargo, ha rechazado sus pretensiones al entender que la responsabilidad de su situaci¨®n no es de Interior (contra quien se dirigi¨® la demanda), sino del Consejo de Ministros (la transferencia debe hacerse v¨ªa real decreto) y de las comunidades aut¨®nomas (a las que la ley le encomiendo fijar los pasos para el traspaso de las competencias).

Los m¨¦dicos y enfermeros de las c¨¢rceles que firmaron la demanda han anunciado que recurrir¨¢n al Tribunal Supremo. Seg¨²n los datos facilitados por la plataforma de sanidad penitenciaria, actualmente trabajan en las c¨¢rceles 296 m¨¦dicos, de los que 97 tienen m¨¢s de 60 a?os; 165, entre 50 y 60; 24, entre 40 y 50; y solo 10, menos de 40, lo que supone que en los pr¨®ximos a?os se producir¨¢n decenas de jubilaciones que dejar¨¢n plazas vacantes que se sumar¨¢n a las que se ha producido en los ¨²ltimos a?os. ¡°El problema de la falta de m¨¦dicos es grav¨ªsimo. Y se sab¨ªa desde hace tiempo lo que iba a pasar por las previsiones de jubilaciones¡±, advierte la portavoz del sindicato de sanidad penitenciaria. A las jubilaciones se suma la marcha voluntaria de m¨¦dicos que en los ¨²ltimos a?os optan por trabajar en el servicio p¨²blico de salud o en la sanidad privada, aunque con ello pierdan la condici¨®n de funcionario de carrera por la negativa de Prisiones a concederles una excedencia, seg¨²n denuncia el colectivo. Desde el 2008 hasta 2017 dejaron de trabajar en Instituciones Penitenciarias 125 m¨¦dicos, seg¨²n este sindicato.