Nadie quiere gestionar la salud de los presos

La ley de cohesi¨®n del Sistema Nacional de Salud, de 2003, daba 18 meses de plazo a las comunidades aut¨®nomas para que asumieran las competencias de sanidad penitenciaria. Han pasado 18 a?os y solo tres se hacen cargo de ellas: Catalu?a (que ya las ten¨ªa desde 1983), Pa¨ªs Vasco (lo hizo en 2011) y, desde este mismo mi¨¦rcoles, Navarra. Casi dos d¨¦cadas en las que se van acumulando carencias en la atenci¨®n de la salud de los presos, y en las que las administraciones auton¨®micas han mostrado, en general, escaso inter¨¦s por gestionarla.

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El principal problema es econ¨®mico. Un informe de la comunidad de Navarra, que ahora asume las funciones, calcula que el coste total anual de la sanidad penitenciaria en Espa?a es de 131 millones de euros. Cuando se transfieren las competencias, la administraci¨®n central debe compensar proporcionalmente a las comunidades. Una de las claves es negociar la cuant¨ªa. Pero no la ¨²nica. Seg¨²n ?ngel Luis Ortiz Gonz¨¢lez, secretario general de Instituciones Penitenciarias, la mayor¨ªa de las autonom¨ªas ni siquiera est¨¢n realmente negociando. Los sindicatos aseguran que las comunidades llevan 18 a?os ¡°poni¨¦ndose de perfil¡± para no asumir unas competencias que dan m¨¢s problemas que r¨¦ditos.

La mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas consultadas responden que est¨¢n en negociaciones, sin entrar en m¨¢s detalles. La m¨¢s clara es Castilla-La Macha. ¡°No hemos asumido la competencia, como la de la administraci¨®n de la justicia, por ejemplo, porque no ha habido acuerdo en la financiaci¨®n. No queremos competencias para exhibirlas, sino para prestar mejor servicio y esto solo se consigue con mayor financiaci¨®n. La actual es claramente insuficiente¡±, sentencia un portavoz de su Consejer¨ªa de Sanidad.

Uno de los contratiempos que conlleva esta interinidad de competencias es que no se cubren los puestos de m¨¦dicos en las prisiones, que funcionan como centros de salud: all¨ª est¨¢n los facultativos de atenci¨®n primaria, que los derivan a los especialistas en caso de necesidad. Estos est¨¢n fuera de la prisi¨®n, en el hospital de referencia que cada una tenga asignada.

En teor¨ªa deber¨ªa haber medio millar de m¨¦dicos en las prisiones espa?olas para atender a una poblaci¨®n de unos 47.000 reclusos, descontando los de las comunidades transferidas. Solo hay cubiertas, aproximadamente, la mitad de las plazas. En ellas el sueldo es 1.450 euros brutos, inferiores de media al mes que los de sus colegas de los centros de salud y es muy complicado encontrar quien quiera asumir el puesto. En Prisiones justifican que los sueldos de estos funcionarios los decide el Ministerio de Hacienda, reacio a revisar unos salarios que seg¨²n la ley de 2003 ya deber¨ªan estar pagando las comunidades.

Francisco Amaya, m¨¦dico de la prisi¨®n granadina de Albolote y representante del sindicato CSIF, explica que adem¨¢s de una cuesti¨®n de salarios, es hacer el trabajo en buenas condiciones. ¡°Cuando ten¨ªamos plantillas medianamente completas se pasaba consulta en casi todos los centros a diario, a demanda, funcion¨¢bamos como un centro de salud. Luego tuvimos que hacerlo en d¨ªas alternos y ahora, en mi centro, a cada m¨®dulo le toca una vez por semana. Esto redunda en que se multiplican las consultas de urgencia y no se puede realizar una atenci¨®n programada. Un ejemplo es el seguimiento de las citolog¨ªas para mujeres en el ¨¢rea ginecol¨®gica, algo que ahora no podemos hacer¡±, relata.

Alta incidencia de enfermedades infecciosas y mentales

Los centros penitenciarios tienen una incidencia de enfermedades infecciosas mucho m¨¢s alta que en la poblaci¨®n general. VIH, hepatitis o tuberculosis tienen grandes prevalencias y la sanidad penitenciaria fue, en su d¨ªa, pionera en abordar estos problemas. Campa?as e iniciativas como el programa de intercambio de jeringuillas fueron copiados en la sociedad en general y reconocidos por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud o el Plan Nacional sobre Drogas.

En las c¨¢rceles tambi¨¦n padecen altas tasas de enfermedades mentales, que en buena medida, tratan los m¨¦dicos de primaria asignados a ellas. ¡°Es una parte importante de nuestro trabajo, como mucho tenemos el apoyo de psiquiatras que vienen una o dos veces al mes; dos veces por semana, en el mejor de los casos¡±, asegura Amaya, quien reconoce que con los medios que hay esta atenci¨®n es claramente insuficiente. ¡°Y luego tenemos el problema de la edad: los presos cada vez son mayores y las prisiones se est¨¢n convirtiendo en geri¨¢tricos¡±, remata.

En opini¨®n de Joaqu¨ªn Leyva, del sindicato Agrupaci¨®n de los Cuerpos de la Administraci¨®n de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), transferir las competencias supondr¨ªa mejores posibilidades de carrera profesional para los m¨¦dicos, lo que permitir¨ªa cubrir r¨¢pidamente las plazas y restablecer una mejor asistencia. ¡°Nadie dice expresamente por qu¨¦ no quiere las competencias, pero todos echan la culpa al de enfrente y se pasan la patata caliente¡±, sentencia.

Otro de los escollos que el representante de ACAIP se?ala es el gasto farmac¨¦utico. Al contrario que en la poblaci¨®n general, a los presos se les pagan ¨ªntegramente los medicamentos. ¡°En prisi¨®n proliferan enfermedades cr¨®nicas que suponen un alto coste en f¨¢rmacos. En una comunidad como Madrid, con siete prisiones de m¨¢s de un millar de presos, el desembolso es alto¡±, a?ade.

Ortiz Gonz¨¢lez niega que esto sea un problema: ¡°Cuando se hace transferencia se valora el coste farmac¨¦utico, el de los salarios, el de la propia asistencia primaria. Todo eso se analiza y las dos partes se sientan de manera leal. Si hacemos transferencia va aparejada del dinero correspondiente. ?Que hay que hablar? Claro. Pero para eso hay que sentarse. En el caso de Navarra han sido tres a?os de negociaci¨®n, de cruzar papeles¡±. El Gobierno Foral asumir¨¢ un coste de 2,1 millones de euros anuales para financiar las funciones y servicios de la sanidad penitenciaria.