Los fondos europeos de Derechos Sociales para construir residencias y centros de d¨ªa se enredan en los plazos

La distribuci¨®n de los fondos europeos en el ¨¢rea de pol¨ªticas sociales ha desatado inquietud entre las comunidades aut¨®nomas. La semana pasada iban a repartirse los casi 900 millones correspondientes a 2022 de los que los Gobiernos regionales disponen para invertir en asuntos como modernizar el sistema de servicios sociales o levantar nuevos centros de cuidados de larga duraci¨®n, que se adapten a un modelo de atenci¨®n que gire en torno a las necesidades de cada persona. El problema es que, si bien en los convenios bilaterales firmados a lo largo del a?o pasado entre el Ministerio de Derechos ...

La distribuci¨®n de los fondos europeos en el ¨¢rea de pol¨ªticas sociales ha desatado inquietud entre las comunidades aut¨®nomas. La semana pasada iban a repartirse los casi 900 millones correspondientes a 2022 de los que los Gobiernos regionales disponen para invertir en asuntos como modernizar el sistema de servicios sociales o levantar nuevos centros de cuidados de larga duraci¨®n, que se adapten a un modelo de atenci¨®n que gire en torno a las necesidades de cada persona. El problema es que, si bien en los convenios bilaterales firmados a lo largo del a?o pasado entre el Ministerio de Derechos Sociales y las autonom¨ªas se recog¨ªa que deb¨ªan plantearse objetivos hasta 2023, pero se permit¨ªa prolongar la ejecuci¨®n de las obras hasta 2026, ahora se establece que los trabajos para construir o renovar 23.069 plazas en residencias y centros de d¨ªa deben estar finalizados a final del a?o que viene. Es a lo que Espa?a se hab¨ªa comprometido con la Comisi¨®n Europea en julio del a?o pasado. Es decir, los acuerdos con las autonom¨ªas recog¨ªan un posible plazo y lo pactado con Bruselas contemplaba otro. Derechos Sociales reconoce ese disenso, pero recalca que los proyectos no est¨¢n en riesgo.

Fuentes auton¨®micas de distintos colores pol¨ªticos confirman que el pasado jueves, en un consejo territorial en el que se reun¨ªan las autonom¨ªas con Derechos Sociales, arreci¨® la preocupaci¨®n. Los responsables de las consejer¨ªas transmitieron la inseguridad que les genera la situaci¨®n. En ese encuentro deb¨ªa votarse el reparto del cr¨¦dito: 899,99 millones de euros del Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia, destinados a la econom¨ªa de los cuidados. Finalmente, el ministerio opt¨® por dejar el asunto encima de la mesa y posponer la votaci¨®n a otro consejo territorial que por el momento no ha sido convocado, para ¡°poder explicarlo bien y que las comunidades se sientan seguras¡±. Muchas de las autonom¨ªas consultadas expresan malestar, en mayor o menor grado, y piden que se retrase hasta 2026 la posibilidad de terminar la ejecuci¨®n de las obras, como cre¨ªan inicialmente.

Ya el a?o pasado, en abril, se repartieron cerca de 731 millones de euros, el tramo de los fondos europeos presupuestado para 2021, y en 2023 habr¨¢ una nueva partida. Hay distintos tipos de inversi¨®n, desde proyectos piloto de innovaci¨®n en servicios sociales hasta la dotaci¨®n de nuevos centros p¨²blicos para cuidados de larga duraci¨®n y remodelaci¨®n de los ya existentes. El meollo del asunto ata?e precisamente a esto ¨²ltimo porque implica obras, y los plazos para licitar y para ejecutarlas son elevados, seg¨²n resaltan fuentes auton¨®micas, e incluso est¨¢n teniendo problemas con el encarecimiento de los materiales.

En un anexo de la documentaci¨®n para establecer el reparto de los casi 900 millones, que ya hab¨ªa sido aprobada por el Consejo de Ministros y se mandaba a votaci¨®n en el consejo territorial, se materializan por primera vez objetivos concretos para cada autonom¨ªa para cumplir la meta global pactada con la Comisi¨®n Europea en la Decisi¨®n de Ejecuci¨®n del Consejo (CID, en sus siglas en ingl¨¦s), el documento en el que se recogen todos los componentes del Plan de Recuperaci¨®n, sus hitos y objetivos. Entre ellos, cu¨¢ntas plazas en residencias o centros de d¨ªa deben tener construidas o remodeladas las autonom¨ªas a finales de 2023, desde 50 en La Rioja hasta 6.000 en la Comunidad de Madrid. Hay comunidades que consideran que la meta es irrealizable en ese tiempo.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales explican que ¡°en un principio se entiende que el hito es comprometer presupuesto hasta 2023¡å, es decir, que las obras podr¨ªan continuar a partir de esa fecha y finalizarse hasta 2026, como se negoci¨® con las autonom¨ªas, ¡°y que posteriormente, al detallarse los mecanismos de verificaci¨®n [con la Uni¨®n Europea, en el CID], el cumplimiento supone acabar las obras en 2023¡å. Estas fuentes reconocen que el cambio supone ¡°una diferencia importante, que en algunos casos se va a cumplir [algunas autonom¨ªas] pero que en otros no es realista, es m¨¢s dif¨ªcil que se cumpla¡±. Por ello, a?aden que, ¡°si se abre la ventana de renegociar objetivos con la Comisi¨®n Europea, este deber¨ªa ser uno de ellos¡±. En cualquier caso, aseguran que, ¡°incluso si no se recalendarizase, habr¨ªa motivos para defender que hemos avanzado en un buen grado en el cumplimiento del hito, que las obras est¨¢n en marcha¡±.

Fuentes auton¨®micas piden que se renegocie el plazo, en la l¨ªnea de lo recogido en los convenios bilaterales. En 2021, cada comunidad dise?¨® con el ministerio su hoja de ruta respecto a todas las l¨ªneas de actuaci¨®n con estos fondos europeos, que se plasm¨® en acuerdos que se publicaron en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Las conversaciones comenzaron en muchos casos antes de que se publicara el CID. Se establecieron objetivos para cada regi¨®n, en funci¨®n de su realidad, y cada una los plasm¨® a su manera en esos documentos. Hay comunidades que se comprometen a construir un determinado n¨²mero de plazas nuevas, otras hablan de n¨²mero de centros.

Lo que es com¨²n a todas ellas es que la vigencia de los convenios es hasta 2026, y a partir de ah¨ª las hay, como Arag¨®n, que han planteado que el 100% de sus obras debe estar finalizado en 2023, y otras que, aunque prevean que los proyectos est¨¦n ya comprometidos (es decir, ya licitados y adjudicados) en 2023 e incluso iniciadas las obras, han calendarizado que su ejecuci¨®n pueda alargarse hasta 2026. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo expone de forma expl¨ªcita. Respecto a las obras de remodelaci¨®n de centros, apunta que en el segundo semestre de 2023 deber¨¢ estar el ¡°100% comprometido con anualidades hasta 2026¡å.

La consejera madrile?a del ramo, Concepci¨®n Dancausa, envi¨® una carta a la ministra Ione Belarra en la que criticaba la ¡°modificaci¨®n unilateral del convenio¡± ya suscrito por el ministerio y las autonom¨ªas: ¡°Una gran mayor¨ªa de los miembros del consejo territorial ha puesto de manifiesto la imposibilidad de cumplir con los nuevos plazos de ejecuci¨®n recogidos en dicha modificaci¨®n, con el riesgo de tener que reintegrar las cantidades transferidas¡±. La consejera catalana Violant Cervera tambi¨¦n envi¨® una carta al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho ?lvarez, seg¨²n apuntan fuentes del departamento, que consideran ¡°inaceptable el cambio de criterio a estas alturas, haciendo pagar a las comunidades aut¨®nomas la mala gesti¨®n del ministerio y us¨¢ndolas, una vez m¨¢s, como simples gestoras sin capacidad de decisi¨®n¡±. Otras comunidades expresan la necesidad de revisar los plazos, algunas con un tono m¨¢s pausado, otras haciendo hincapi¨¦ en que ¡°otras ¨¢reas disponen de plazos m¨¢s amplios¡±.

Un t¨¦cnico que particip¨® en las conversaciones del ministerio con una comunidad aut¨®noma afirma que no cree que se tenga que devolver el dinero si no se llega al 100% de ejecuci¨®n en 2023, aunque s¨ª admite la posibilidad de que, dado que el reparto de los fondos en 2023 est¨¢ ligado al grado del cumplimiento de hitos intermedios, el grado de avance pueda afectar a la distribuci¨®n del pr¨®ximo a?o. ¡°Aunque tambi¨¦n podr¨ªa no afectar. Yo creo que tenemos que recalcar que estos fondos suponen una nueva manera de trabajar y es normal que haya estos errores iniciales¡±, prosigue. Las fuentes de Derechos Sociales sostienen que no se pretende obligar a las comunidades a hacer algo diferente a lo establecido en los convenios y aseguran que ni estamos en un ¡°contexto en el que deba devolverse el dinero¡± ni tampoco ¡°se pone en riesgo ni los fondos ni las obras, dado que las comunidades est¨¢n avanzando lo m¨¢s r¨¢pido que pueden¡±.