La Fiscal¨ªa ordena que los familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia sean escuchados en los procesos judiciales
El Ministerio P¨²blico env¨ªa un oficio para que en un mes se remita informaci¨®n del estado actual de las investigaciones
La Fiscal¨ªa General del Estado ha emitido un oficio en el que llama a tomar las medidas oportunas para que los familiares de fallecidos en residencias a ra¨ªz de la pandemia sean escuchados, tanto en las diligencias de investigaci¨®n como en los procedimientos judiciales. El escrito, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, ha sido enviado este viernes a los fiscales superiores de las comunidades aut¨®nomas, y en ¨¦l se recuerda que el ministerio p¨²blico debe tener una ¡°posici¨®n particularmente proactiva¡± en estos casos y se les insta a que se pida la toma de declaraci¨®n...
La Fiscal¨ªa General del Estado ha emitido un oficio en el que llama a tomar las medidas oportunas para que los familiares de fallecidos en residencias a ra¨ªz de la pandemia sean escuchados, tanto en las diligencias de investigaci¨®n como en los procedimientos judiciales. El escrito, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, ha sido enviado este viernes a los fiscales superiores de las comunidades aut¨®nomas, y en ¨¦l se recuerda que el ministerio p¨²blico debe tener una ¡°posici¨®n particularmente proactiva¡± en estos casos y se les insta a que se pida la toma de declaraci¨®n de los familiares en los procedimientos judiciales, si esta no ha sido acordada de oficio por el ¨®rgano judicial. Adem¨¢s, los fiscales deben asistir a dicha declaraci¨®n, a la de las personas investigadas y a ¡°todas aquellas¡± que resulten de relevancia en el proceso. Las asociaciones de familiares han criticado repetidamente la inacci¨®n de la fiscal¨ªa, y su indignaci¨®n ha ido en aumento a medida que han ido archiv¨¢ndose denuncias. Incluso Amnist¨ªa Internacional critic¨® en un informe a principios de a?o, tras analizar casos en Madrid y Catalu?a, que el ministerio p¨²blico no est¨¢ actuando de acuerdo a los est¨¢ndares internacionales. En el oficio se solicita, adem¨¢s, informaci¨®n sobre el estado actual de las investigaciones y procedimientos penales en estos centros.
Las residencias fueron el gran foco durante la primera oleada del coronavirus, y su poblaci¨®n altamente vulnerable ha sufrido especialmente la pandemia. En las comunidades m¨¢s saturadas se restringi¨® su derivaci¨®n al hospital, lo han denunciado familiares e incluso patronales, y las asociaciones de familiares critican que la atenci¨®n que se da en muchos centros no es la adecuada, que hace falta m¨¢s personal. Hasta el pasado 25 de septiembre, 34.298 personas que viv¨ªan en residencias de mayores han muerto tras haberse contagiado de covid, 10.492 de ellas sin que se les pudiera realizar un test que confirmara que los s¨ªntomas que presentaban eran realmente debidos a este virus, en los primeros meses de la pandemia, cuando escaseaba el material.
A medida que se han ido conociendo archivos, la indignaci¨®n de los familiares ha ido en aumento. Un enfado que ha alcanzado un punto ¨¢lgido al escuchar las recientes declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien explic¨® su rechazo a que se abra una comisi¨®n de estudio sobre las residencias de la regi¨®n (donde en la primera ola de la pandemia se emitieron protocolos de triaje que cerraron las puertas de los hospitales a miles de residentes enfermos debido al virus) al decir que as¨ª se recrudece el dolor de los familiares, que ¡°ya han superado¡± lo ocurrido. Asociaciones como Marea de Residencias y la Plataforma Estatal de Organizaciones de Usuarias y Residentes han reiterado una y otra vez que se sienten solas, que no consideran que ni pol¨ªticamente ni judicialmente se ha analizado lo que sucedi¨®, que hay casos que se han archivado sin que se les haya tomado declaraci¨®n.
En su oficio, la Fiscal¨ªa recuerda ahora que es ¡°de especial importancia proporcionar a las v¨ªctimas y sus familiares la atenci¨®n y tutela¡± que el ministerio p¨²blico debe dispensarles. Por ello, ¡°se ha de velar por que sean o¨ªdos e informados en el curso de las diligencias de investigaci¨®n y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la informaci¨®n que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos¡±. Se recuerda, de hecho, una instrucci¨®n de la propia Fiscal¨ªa en 2005 en la que se establece que en los delitos de especial gravedad, antes de solicitarse por el fiscal el sobreseimiento provisional por falta de pruebas, los fiscales procurar¨¢n contactar previamente con la v¨ªctima, si no estuviera personada en la causa, ¡°a fin de asegurar la inexistencia de medios o diligencias de prueba que no hubieran aflorado en la instrucci¨®n y la v¨ªctima pudiera proporcionar¡±.
La Fiscal¨ªa advierte, citando una directiva europea de 2012, de que no se puede hacer justicia ¡°si no se permite a las v¨ªctimas explicar las circunstancias del delito y aportar pruebas de forma comprensible para las autoridades competentes¡± y recuerda que en casos de fallecimiento o desaparici¨®n, los familiares son considerados v¨ªctimas indirectas. De ah¨ª que pida que los fiscales de las comunidades aut¨®nomas remitan instrucciones u ¨®rdenes en su ¨¢mbito territorial para que se garantice que los ¡°familiares v¨ªctimas indirectas¡± sean o¨ªdos en las diligencias de investigaci¨®n, y que en los procedimientos judiciales los fiscales pidan que se les tome declaraci¨®n cuando esta no haya sido acordada de oficio. Adem¨¢s, en los procedimientos judiciales los fiscales deben asistir a la toma de declaraci¨®n de los familiares y de las personas investigadas, ¡°as¨ª como a todas aquellas declaraciones testificales que resulten de relevancia¡±.
Informaci¨®n de ¡°mayor calidad¡±
Seg¨²n cifras de la Fiscal¨ªa General del Estado facilitadas a este diario, a final de 2021 hab¨ªa 70 procedimientos judicializados con intervenci¨®n o control del Ministerio P¨²blico, bien despu¨¦s de una denuncia de los propios fiscales ante el juzgado por considerar que hab¨ªa delito en alg¨²n hecho que hab¨ªan investigado, o en casos que se iniciaron en los juzgados y requirieron de su actuaci¨®n. De las 441 diligencias de investigaci¨®n abiertas entre 2020 y el a?o pasado por los fiscales, 414 de ellas fueron archivadas (algunas porque un juzgado ya investigaba los mismos hechos). Son el 94%.
Pero estas cifras han quedado desactualizadas. ¡°Se ha podido constatar la necesidad de contar con informaci¨®n de mayor calidad acerca de los ¡°procedimientos penales incoados en las fiscal¨ªas territoriales y ¨®rganos judiciales de todo el Estado¡±, se lee en el oficio, que ¡°por su indudable importancia y trascendencia¡± deben ser puestos en conocimiento del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. En el escrito se recuerda que en marzo de 2020 se pidi¨® a los fiscales superiores que realizaran seguimiento de la situaci¨®n en estos centros, tanto de n¨²mero de fallecidos y contagiados como de medidas de confinamiento adoptadas por la Administraci¨®n o que limitaran alg¨²n otro derecho fundamental, y sobre las resoluciones judiciales sobre esta materia.
El pasado febrero, en un escrito dirigido a los fiscales de Madrid, Barcelona y Castilla-La Mancha, la Fiscal¨ªa General del Estado ya pidi¨® informaci¨®n sobre las causas por las muertes en residencias. Ahora, se lee en el oficio, el objetivo de pedir nueva informaci¨®n es ¡°analizar con exhaustividad la situaci¨®n actual y el devenir de los procedimientos penales incoados¡±. Los fiscales disponen de 30 d¨ªas para remitir el n¨²mero de diligencias de investigaci¨®n en tramitaci¨®n, a fecha 30 de septiembre de 2022; el n¨²mero de denuncias interpuestas por las fiscal¨ªas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este a?o (y una copia de las mismas si no se han remitido anteriormente), y el n¨²mero de procedimientos judiciales que se est¨¢n tramitando en los juzgados y tribunales de cada comunidad.
La Fiscal¨ªa de Madrid pide retomar "sin demora" las visitas a residencias
La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha dictado una instrucción para que los fiscales retomen “sin demora” las visitas presenciales a las residencias, ya que durante la pandemia hubo que suspenderlas para preservar la salud de trabajadores y residentes. En caso de que detecten irregularidades, deben informar “a la mayor brevedad posible” a la autoridad administrativa, remitiendo una copia del escrito dirigido a la Comunidad y del acta de la visita a la Fiscalía madrileña, “que asumirá las labores de coordinación de todas las fiscalías” de la región en la materia.
En los últimos días, las condiciones en las que viven los mayores en las residencias han estado en el punto de mira. Las declaraciones de Mariano Turégano, un hombre de 82 años que vive en una residencia en el pleno de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes se hicieron virales y conmovieron a miles de personas. “Hemos trabajado mucho, ustedes lo deberían saber porque hoy disfrutan de privilegios que nosotros peleamos, no para nosotros, sino para ustedes. Eso no se consigue mirando para otro lado. Es insólito que hoy estemos aquí pidiendo vivir con dignidad”. Se quejaba de la comida, de la falta de trabajadores.
En la instrucción de la Fiscalía madrileña, se afirma que en la pandemia se recordó la “especial vulnerabilidad” de los mayores y personas con discapacidad que viven en estos centros, lo cual justifica la “necesidad de extremar el celo” en la tarea de “control, seguimiento y supervisión de la labor inspectora de la administración autonómica competente, como garantes del respeto de los derechos de las personas ingresadas en los mismos”. La Fiscalía ha elaborado un modelo de acta para facilitar la recogida de datos a los fiscales que lleven a cabo este servicio. En su instrucción recuerda además que el modelo residencial “marco” debería responder a una concepción “basada en un sistema más respetuoso con la persona”, estructurado en ejes como “la idea de hogar”, "el trato profesional, cercano y humano", "la dotación de medios suficientes y adecuados" y el “respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona mayor”.