El drama por la covid en las residencias: los pol¨ªticos no investigan y los fiscales no ven delito en ocho de cada 10 casos

Las heridas de miles de personas que perdieron a familiares en las residencias siguen abiertas todav¨ªa. Muchos piden que se aclaren las responsabilidades, que se investigue qui¨¦n decidi¨® que sus padres y madres no fueran trasladados al hospital. Lo necesitan Emilio G¨®mez, Mar¨ªa Jes¨²s Valero, Ana Redondo, y otros tantos hijos que en la primavera de 2020 escucharon la peor de las noticias y desde entonces tienen que vivir con mil inc¨®gnitas y una certeza: hab¨ªan muerto sin su familia, en mitad de un caos que hizo a todo el pa¨ªs llevarse las manos a la cabeza. Ahora se sienten olvidados. Pr¨¢cticamente todas las comisiones de investigaci¨®n que se han pedido en los Parlamentos regionales han sido bloqueadas por los partidos que gobiernan. Y la justicia avanza lenta, dejando un reguero de sobreseimientos por el camino. La Fiscal¨ªa ha archivado hasta finales de septiembre, 411 de las 517 investigaciones penales que hab¨ªa iniciado, ocho de cada 10.

Hasta el pasado 28 de noviembre hab¨ªan muerto en Espa?a 30.722 mayores que viv¨ªan en residencias, m¨¢s de 10.000 de ellos con s¨ªntomas compatibles con el virus, a quienes ni siquiera se les pudo someter a un an¨¢lisis que confirmara el diagn¨®stico, durante la primera ola. Dos terceras partes de los fallecimientos se produjeron en esos meses, y asociaciones de familiares, sindicatos y patronales denunciaron que en las comunidades m¨¢s saturadas se restringi¨® la derivaci¨®n hospitalaria desde residencias y que tampoco se traslad¨® la atenci¨®n sanitaria adecuada a los centros. ¡°Hemos pedido comisiones de investigaci¨®n en todas las autonom¨ªas¡±, expone Miguel V¨¢zquez, portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares y Usuarios de Residencias (laPlataforma), que agrupa a 19 organizaciones de familiares y usuarios en distintas comunidades. ¡°Necesitamos explicaciones racionales para cerrar duelos¡±.

El objetivo es explicar qu¨¦ fall¨®, y la oposici¨®n lo ha pedido en todos los Parlamentos auton¨®micos, a excepci¨®n de los de Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias y Arag¨®n (en los que s¨ª tuvieron una comisi¨®n de estudio sobre el modelo residencial). Pero las fuerzas que gobiernan han impedido que se abrieran. As¨ª, lo que reclamaba la derecha en Extremadura lo bloqueaba en Murcia. Lo que solicitaba la izquierda en Andaluc¨ªa lo vetaba en La Rioja. En la Comunidad Valenciana, la propuesta de Ciudadanos, presentada hace m¨¢s de un a?o, a¨²n no ha llegado a pleno, as¨ª que no ha sido debatida ni votada.

S¨ª llegaron a constituirse en Madrid y en Catalu?a durante la pasada legislatura, en ambos casos sin ning¨²n grupo en contra, pero la convocatoria de elecciones hizo que decayeran, y en los ¨²ltimos meses se ha rechazado su reapertura. En el primer caso, con los votos del PP y de Vox; en el segundo, con los de Junts, ERC y el PSC. En Madrid, los protocolos que excluyeron de la hospitalizaci¨®n a residentes con gran dependencia o con discapacidad en lo m¨¢s crudo de la pandemia enfrentaron p¨²blicamente al por entonces consejero de Pol¨ªticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), quien habl¨® de muertes ¡°indignas¡±, con la presidenta, Isabel D¨ªaz Ayuso (PP). En Catalu?a se ha decidido crear un grupo de trabajo, que a¨²n no est¨¢ constituido. En una comisi¨®n de investigaci¨®n, los citados est¨¢n obligados a comparecer y las sesiones son p¨²blicas. En el grupo de trabajo, el proceso se desarrollar¨¢ a puerta cerrada y el informe final se entregar¨¢ al Govern, y no al Parlament.

As¨ª que la ¨²nica comisi¨®n de investigaci¨®n actualmente en marcha est¨¢ en Castilla y Le¨®n, para indagar sobre la gesti¨®n de la covid y el modelo de cogobernanza, y tambi¨¦n sobre residencias. Est¨¢ operativa desde el pasado octubre y sali¨® adelante porque una diputada abandon¨® Ciudadanos y su cambio en el voto permiti¨® que se aprobara. La Junta, sostenida por PP y Cs, ha insistido en apuntar a las decisiones del Gobierno de Pedro S¨¢nchez, mientras que la oposici¨®n pondr¨¢ el foco en las residencias: en la comunidad dieron instrucciones que emplazaban a atender a los pacientes de estos centros ¡°sin necesidad de derivarlos al hospital¡±, aunque especificaban que deb¨ªa garantizarse la atenci¨®n sanitaria.

Las asociaciones de familiares consultadas est¨¢n decepcionadas. De la pol¨ªtica, dicen, se lo esperaban. Lo que les indigna es que la Fiscal¨ªa considere que no hubo delito en tantos casos. Es imposible trazar el mapa de los procedimientos judiciales en marcha. Una denuncia puede presentarse ante la Fiscal¨ªa, o bien directamente en los juzgados, y estas ¨²ltimas est¨¢n sin cuantificar. Por poner un ejemplo, solo en el municipio de Madrid se abrieron 143 diligencias, de las cuales 67 se corresponden con causas que proven¨ªan de los juzgados, seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa de Madrid.

Pero a juzgar por lo ocurrido con las denuncias presentadas directamente en las Fiscal¨ªas, muchos casos est¨¢n abocados al sobreseimiento. El ministerio p¨²blico ha interpuesto 40 denuncias en los juzgados, del m¨¢s de medio millar de investigaciones penales iniciadas. Hay 66 a¨²n en tr¨¢mite, seg¨²n el recuento estad¨ªstico facilitado por la Unidad Coordinadora de Atenci¨®n a las Personas con Discapacidad y Mayores, de la Fiscal¨ªa General del Estado, con datos hasta el pasado septiembre. Esto quiere decir que 411 han sido archivadas, bien porque un juzgado ya estuviera investigando el caso o porque se considerara que no hab¨ªa delito (en 2021, el 91% de los archivos se debi¨® a esto ¨²ltimo). Tambi¨¦n se han incoado 1.040 diligencias preprocesales en el ¨¢mbito civil, en el marco del papel protector del ministerio p¨²blico, por motivos como hacer un seguimiento del centro, por ejemplo si surgen brotes, o relacionados con la negativa de familiares a la vacunaci¨®n. De ellas, 302 siguen tramit¨¢ndose. La mayor¨ªa de las penales se abrieron por homicidio por imprudencia y omisi¨®n del deber de socorro (40%), pero un 36% son denuncias generales de la situaci¨®n de las residencias.

El caso de Emilio G¨®mez es uno de estos ¨²ltimos. La asociaci¨®n a la que pertenece, Pladigmare, present¨® en verano de 2020 ante la Fiscal¨ªa denuncias por las 59 residencias que registraban por entonces m¨¢s fallecimientos que la media en la Comunidad de Madrid y consideraban que hab¨ªan tenido un mal funcionamiento. Unas 30 han sido archivadas. ¡°Mi padre empez¨® con s¨ªntomas el 20 de marzo y solo le dieron paracetamol, hasta el 6 de abril, que empez¨® con morfina. Estuvo seis d¨ªas agonizando sin suero, ni nada¡±, cuenta. La ¨²ltima vez que lo vio fue el 8 de marzo. Muri¨® el 11 de abril. Ten¨ªa demencia senil y viv¨ªa en una residencia gestionada por Mensajeros de la Paz. La Fiscal¨ªa no apreci¨® hechos con relevancia penal. En el auto se alude a que la pandemia aboc¨® a una falta generalizada de material sanitario y equipos de protecci¨®n, a la saturaci¨®n de los servicios m¨¦dicos, y se menciona que la residencia sigui¨® el protocolo para evaluar la derivaci¨®n hospitalaria.

G¨®mez se revuelve al otro lado del tel¨¦fono. ¡°No se ha hecho una investigaci¨®n real, se han quedado con lo que ha dicho la residencia. Los mayores estuvieron encerrados en las habitaciones, las pruebas diagn¨®sticas no se empezaron a hacer hasta el 13 de abril, hubo falta de personal¡±, se queja. Critica que no le dieron informaci¨®n, que por tener demencia no tuvo opciones del mismo tratamiento que en un hospital. Arrastra muchos meses de dolor. Ahora se plantea denunciar su caso directamente en los juzgados, una opci¨®n que tienen quienes han pasado previamente por Fiscal¨ªa. Siente que a su padre se le arrebat¨® una oportunidad.

Mar¨ªa Jos¨¦ Carcel¨¦n, presidenta de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, radicada en Catalu?a, insiste en que se vulneraron derechos humanos de los mayores, algo que afirmaron Amnist¨ªa Internacional y M¨¦dicos sin Fronteras en dos informes muy duros. ¡°Las familias nos sentimos absolutamente indignadas, dolidas, abandonadas¡±, dice. ¡°La Fiscal¨ªa ten¨ªa la obligaci¨®n de investigar. Si esto hubiera ocurrido con ni?os, arden las calles¡±, sigue. Por ello no entiende que la Fiscal¨ªa archivara una denuncia ¡°de 195 familiares de 30 residencias¡± por ser demasiado general. ¡°No se nos puede exigir que digamos nosotros qui¨¦nes son los culpables de que no hubiera atenci¨®n m¨¦dica. ?C¨®mo podemos saber si se pidi¨® un traslado y se deneg¨® o qui¨¦n lo pidi¨®?¡±, se queja.

Algo que tambi¨¦n apunta el abogado Andr¨¦s Ollero. ?l lleva nueve procesos en juzgados de instrucci¨®n, dos de ellos tras una denuncia del ministerio p¨²blico, y asegura que hay una gran diferencia entre los casos que han pasado previamente por Fiscal¨ªa y los que no. ¡°Un fiscal levanta el tel¨¦fono, pide a la polic¨ªa judicial que consiga informes y los consigue. Nosotros, como simples abogados, no podemos hacerlo. Y la diferencia entre tener esa documentaci¨®n y no tenerla es fundamental en la causa¡±, resume.

Marea de Residencias protest¨® el pasado 11 de noviembre ante la Fiscal¨ªa de Madrid y los han citado a una reuni¨®n en diciembre. ¡°Exigimos que nos contesten por qu¨¦ no han tenido hasta ahora en cuenta los protocolos¡±, expone una de sus portavoces, Mar¨ªa Jes¨²s Valero. Ella perdi¨® a su padre y su caso est¨¢ judicializado, como el de ¡°m¨¢s de 300 familiares¡±, canalizados a trav¨¦s de la asociaci¨®n.

La justicia es lenta. Ni a los familiares ni a los letrados consultados les consta que haya ning¨²n responsable pol¨ªtico llamado a declarar. De hecho, el Tribunal Supremo desestim¨® denuncias contra miembros del Gobierno central y Ejecutivos auton¨®micos: afirmaba que no quedaba debidamente justificada la autor¨ªa de los hechos punibles que se les atribu¨ªan y remit¨ªa a los juzgados ordinarios la investigaci¨®n. Durante el proceso de instrucci¨®n, y dado que los juzgados han citado sobre todo a directores y m¨¦dicos, la intenci¨®n de los denunciantes es ir escalando, poco a poco, para tratar de llegar a quienes tuvieran alg¨²n tipo de responsabilidad en las decisiones tomadas durante la pandemia, explica Carlos Vila, uno de los abogados de Marea de Residencias: ¡°Queremos llegar hasta el final¡±.

Este es uno de los principales problemas, en opini¨®n de Carlos Romeo Casabona, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad del Pa¨ªs Vasco: que ¡°cuanto m¨¢s arriba se vaya, m¨¢s dif¨ªcil es delimitar qui¨¦nes fueron las personas responsables y c¨®mo se tomaron las decisiones¡±. Y, por otro lado, se?ala que ser¨¢ muy complicado ¡°establecer una relaci¨®n de causalidad entre los fallecimientos y la falta de medios u otros recursos que se pudieron denegar¡±, demostrar que alguien podr¨ªa haber sobrevivido. Jos¨¦ Mar¨ªa Toro, secretario general del C¨ªrculo Empresarial de Atenci¨®n a las Personas (Ceaps), una de las patronales de la dependencia, recalca que hicieron lo que pudieron: ¡°No hemos dejado que la gente se muera, sino que en una emergencia sanitaria, si no se pod¨ªa ir al hospital y con bajas de personal, hac¨ªamos lo que estaba en nuestra mano¡±.

La fiscal delegada auton¨®mica de lo civil y provisi¨®n de apoyos a las personas con discapacidad de Canarias, Rosa Rubio, asegura que siempre se investiga y considera que ¡°se generaron unas expectativas a las familias y a la sociedad que no se ajustaban a la realidad¡±. ¡°Entiendo que digan que alguien tiene que responder por lo sucedido, pero en este caos identificar la comisi¨®n de un delito por acci¨®n o por omisi¨®n, o determinar que falt¨® la diligencia debida, es muy dif¨ªcil¡±, expone. El fiscal superior de Castilla y Le¨®n, Santiago Mena, dec¨ªa hace dos semanas en las Cortes, sobre el archivo de las denuncias: ¡°Desde el punto de vista penal, no hemos tenido dudas ni aqu¨ª ni pr¨¢cticamente en toda Espa?a¡±.

Juristas consultados ven m¨¢s factibles las demandas civiles o por la v¨ªa contencioso-administrativa, que pueden derivar en una indemnizaci¨®n, si se prueba un funcionamiento anormal de un servicio p¨²blico o un incumplimiento contractual. El letrado Carlos Sardinero, con clientes en Madrid y Valencia, explica que lleva ¡°cientos¡± de casos por esta v¨ªa y media docena por lo penal. Una de las claves para que las causas prosperen, asegura, es que sean individuales y no colectivas.

Esta es la f¨®rmula que quiso emplear Ana Redondo, de la Asociaci¨®n de Afectados por la Gesti¨®n de las Residencias en Castilla y Le¨®n. Su madre, de 83 a?os y con deterioro cognitivo, muri¨® tras contagiarse. Finalmente no ha podido ser, tuvo una mala experiencia con un despacho de abogados, se le agotaron los plazos y las fuerzas. ¡°Yo no quer¨ªa una indemnizaci¨®n, sino que se depuraran responsabilidades y que algo as¨ª no vuelva a ocurrir¡±.