La Fiscal¨ªa ordena que los familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia sean escuchados en los procesos judiciales

La Fiscal¨ªa General del Estado ha emitido un oficio en el que llama a tomar las medidas oportunas para que los familiares de fallecidos en residencias a ra¨ªz de la pandemia sean escuchados, tanto en las diligencias de investigaci¨®n como en los procedimientos judiciales. El escrito, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, ha sido enviado este viernes a los fiscales superiores de las comunidades aut¨®nomas, y en ¨¦l se recuerda que el ministerio p¨²blico debe tener una ¡°posici¨®n particularmente proactiva¡± en estos casos y se les insta a que se pida la toma de declaraci¨®n de los familiares en los procedimientos judiciales, si esta no ha sido acordada de oficio por el ¨®rgano judicial. Adem¨¢s, los fiscales deben asistir a dicha declaraci¨®n, a la de las personas investigadas y a ¡°todas aquellas¡± que resulten de relevancia en el proceso. Las asociaciones de familiares han criticado repetidamente la inacci¨®n de la fiscal¨ªa, y su indignaci¨®n ha ido en aumento a medida que han ido archiv¨¢ndose denuncias. Incluso Amnist¨ªa Internacional critic¨® en un informe a principios de a?o, tras analizar casos en Madrid y Catalu?a, que el ministerio p¨²blico no est¨¢ actuando de acuerdo a los est¨¢ndares internacionales. En el oficio se solicita, adem¨¢s, informaci¨®n sobre el estado actual de las investigaciones y procedimientos penales en estos centros.

Las residencias fueron el gran foco durante la primera oleada del coronavirus, y su poblaci¨®n altamente vulnerable ha sufrido especialmente la pandemia. En las comunidades m¨¢s saturadas se restringi¨® su derivaci¨®n al hospital, lo han denunciado familiares e incluso patronales, y las asociaciones de familiares critican que la atenci¨®n que se da en muchos centros no es la adecuada, que hace falta m¨¢s personal. Hasta el pasado 25 de septiembre, 34.298 personas que viv¨ªan en residencias de mayores han muerto tras haberse contagiado de covid, 10.492 de ellas sin que se les pudiera realizar un test que confirmara que los s¨ªntomas que presentaban eran realmente debidos a este virus, en los primeros meses de la pandemia, cuando escaseaba el material.

A medida que se han ido conociendo archivos, la indignaci¨®n de los familiares ha ido en aumento. Un enfado que ha alcanzado un punto ¨¢lgido al escuchar las recientes declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien explic¨® su rechazo a que se abra una comisi¨®n de estudio sobre las residencias de la regi¨®n (donde en la primera ola de la pandemia se emitieron protocolos de triaje que cerraron las puertas de los hospitales a miles de residentes enfermos debido al virus) al decir que as¨ª se recrudece el dolor de los familiares, que ¡°ya han superado¡± lo ocurrido. Asociaciones como Marea de Residencias y la Plataforma Estatal de Organizaciones de Usuarias y Residentes han reiterado una y otra vez que se sienten solas, que no consideran que ni pol¨ªticamente ni judicialmente se ha analizado lo que sucedi¨®, que hay casos que se han archivado sin que se les haya tomado declaraci¨®n.

En su oficio, la Fiscal¨ªa recuerda ahora que es ¡°de especial importancia proporcionar a las v¨ªctimas y sus familiares la atenci¨®n y tutela¡± que el ministerio p¨²blico debe dispensarles. Por ello, ¡°se ha de velar por que sean o¨ªdos e informados en el curso de las diligencias de investigaci¨®n y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la informaci¨®n que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos¡±. Se recuerda, de hecho, una instrucci¨®n de la propia Fiscal¨ªa en 2005 en la que se establece que en los delitos de especial gravedad, antes de solicitarse por el fiscal el sobreseimiento provisional por falta de pruebas, los fiscales procurar¨¢n contactar previamente con la v¨ªctima, si no estuviera personada en la causa, ¡°a fin de asegurar la inexistencia de medios o diligencias de prueba que no hubieran aflorado en la instrucci¨®n y la v¨ªctima pudiera proporcionar¡±.

La Fiscal¨ªa advierte, citando una directiva europea de 2012, de que no se puede hacer justicia ¡°si no se permite a las v¨ªctimas explicar las circunstancias del delito y aportar pruebas de forma comprensible para las autoridades competentes¡± y recuerda que en casos de fallecimiento o desaparici¨®n, los familiares son considerados v¨ªctimas indirectas. De ah¨ª que pida que los fiscales de las comunidades aut¨®nomas remitan instrucciones u ¨®rdenes en su ¨¢mbito territorial para que se garantice que los ¡°familiares v¨ªctimas indirectas¡± sean o¨ªdos en las diligencias de investigaci¨®n, y que en los procedimientos judiciales los fiscales pidan que se les tome declaraci¨®n cuando esta no haya sido acordada de oficio. Adem¨¢s, en los procedimientos judiciales los fiscales deben asistir a la toma de declaraci¨®n de los familiares y de las personas investigadas, ¡°as¨ª como a todas aquellas declaraciones testificales que resulten de relevancia¡±.

Informaci¨®n de ¡°mayor calidad¡±

Seg¨²n cifras de la Fiscal¨ªa General del Estado facilitadas a este diario, a final de 2021 hab¨ªa 70 procedimientos judicializados con intervenci¨®n o control del Ministerio P¨²blico, bien despu¨¦s de una denuncia de los propios fiscales ante el juzgado por considerar que hab¨ªa delito en alg¨²n hecho que hab¨ªan investigado, o en casos que se iniciaron en los juzgados y requirieron de su actuaci¨®n. De las 441 diligencias de investigaci¨®n abiertas entre 2020 y el a?o pasado por los fiscales, 414 de ellas fueron archivadas (algunas porque un juzgado ya investigaba los mismos hechos). Son el 94%.

Pero estas cifras han quedado desactualizadas. ¡°Se ha podido constatar la necesidad de contar con informaci¨®n de mayor calidad acerca de los ¡°procedimientos penales incoados en las fiscal¨ªas territoriales y ¨®rganos judiciales de todo el Estado¡±, se lee en el oficio, que ¡°por su indudable importancia y trascendencia¡± deben ser puestos en conocimiento del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. En el escrito se recuerda que en marzo de 2020 se pidi¨® a los fiscales superiores que realizaran seguimiento de la situaci¨®n en estos centros, tanto de n¨²mero de fallecidos y contagiados como de medidas de confinamiento adoptadas por la Administraci¨®n o que limitaran alg¨²n otro derecho fundamental, y sobre las resoluciones judiciales sobre esta materia.

El pasado febrero, en un escrito dirigido a los fiscales de Madrid, Barcelona y Castilla-La Mancha, la Fiscal¨ªa General del Estado ya pidi¨® informaci¨®n sobre las causas por las muertes en residencias. Ahora, se lee en el oficio, el objetivo de pedir nueva informaci¨®n es ¡°analizar con exhaustividad la situaci¨®n actual y el devenir de los procedimientos penales incoados¡±. Los fiscales disponen de 30 d¨ªas para remitir el n¨²mero de diligencias de investigaci¨®n en tramitaci¨®n, a fecha 30 de septiembre de 2022; el n¨²mero de denuncias interpuestas por las fiscal¨ªas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este a?o (y una copia de las mismas si no se han remitido anteriormente), y el n¨²mero de procedimientos judiciales que se est¨¢n tramitando en los juzgados y tribunales de cada comunidad.