Los familiares de residencias se manifiestan para exigir un nuevo modelo: ¡°?Basta ya!¡±

La bulliciosa plaza de Callao, en Madrid, ha enmudecido este s¨¢bado durante un minuto. Esos 60 segundos de silencio, en los que solo se escuchaba la melod¨ªa de El Cant dels ocells (El canto de los p¨¢jaros), han sido un homenaje para las cerca de 35.000 personas que viv¨ªan en residencias, de mayores o discapacidad, y han fallecido desde el inicio de la pandemia, contagiadas de covid o con s¨ªntomas de la enfermedad. As¨ª ha culminado una protesta fruto de la indignaci¨®n y el hartazgo, convocada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, que agrupa a 19 asociaciones de 11 comunidades aut¨®nomas. Han asistido 5.200 personas seg¨²n los organizadores de la protesta, 1.500 seg¨²n la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid. La marcha ha transcurrido al grito de ¡°?Basta ya!¡±, en contra de la ¡°reiterada vulneraci¨®n de los derechos humanos y fundamentales¡± de los usuarios y para exigir otro modelo de cuidados. Uno en el que haya m¨¢s personal e inspecciones, con centros m¨¢s peque?os y en el que ¡°se combata¡± la ¡°obscena privatizaci¨®n del sector¡±.

¡°M¨¢s personal y menos negocio¡±, han gritado los asistentes durante la marcha a lo largo de la Gran V¨ªa. ¡°Juzgado y Fiscal¨ªa, ser¨¦is viejos un d¨ªa¡±, se o¨ªa. ¡°Verdad, justicia y reparaci¨®n¡±. Entre los participantes, Sagrario Mancebo (61 a?os) cuenta que su madre vive en una residencia privada de la Comunidad de Madrid, en una plaza concertada porque es gran dependiente, tiene deterioro cognitivo y va en silla de ruedas. All¨ª tambi¨¦n viv¨ªa su padre, pero falleci¨®. ¡°?l siempre protestaba por la falta de personal, por las comidas¡±. Cinta Mart¨ªn lleva un cartel con la foto de una se?ora en el que se lee ¡°S¨ª importa¡±. ¡°Era mi madre¡±, explica. Muri¨® en una residencia de Sevilla, al principio de la pandemia. ¡°Cuando no hab¨ªa test, no sabemos de qu¨¦¡±, a?ade. ¡°Estoy aqu¨ª por los que estuvieron y ya no est¨¢n, y por los que estaremos. Hay que cambiar el modelo¡±.

Esta es la primera manifestaci¨®n con vocaci¨®n estatal desde 2019 y los organizadores la han tildado de ¡°hist¨®rica¡±. La anunciaron el pasado junio, cuando el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades aut¨®nomas (las competentes en la materia) aprobaran un acuerdo para cambiar el modelo de cuidados que los convocantes, si bien reconocen un avance, consideran muy insuficiente. Los sindicatos CC OO y UGT han apoyado la protesta, y tambi¨¦n la ha secundado Marea de Residencias, el otro gran movimiento que agrupa a familiares. ¡°Aqu¨ª est¨¢ hoy despierto el pueblo, el pueblo dolido, herido, advirtiendo a la sociedad y a las Administraciones que no dejaremos que la historia vuelva a arrinconar, a abandonar a las personas m¨¢s vulnerables e indefensas¡±, sentenciaba el manifiesto que la periodista Rosa Mar¨ªa Artal ha le¨ªdo al final de la manifestaci¨®n.

En ¨¦l se enumeraba una larga lista de razones por las que dicen ¡°basta¡±. Entre ellos, ¡°la conculcaci¨®n de derechos humanos¡± de los usuarios y ¡°de los derechos laborales de las trabajadoras¡±, ¡°la inexistencia de personal suficiente¡±, ¡°la deficiente atenci¨®n m¨¦dica¡±, ¡°la alimentaci¨®n escasa, pobre, mezquina¡±, ¡°la ausencia de servicios de inspecci¨®n¡± y las ¡°continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras¡±. Por ello, los manifestantes llamaron a la sociedad a exigir ¡°a las comunidades aut¨®nomas un cambio de actitud y de talante que derive en la conformaci¨®n de un nuevo modelo de residencias¡±, que se aleje del actual ¡°caduco e impropio de una sociedad avanzada¡±.

Cantantes como Joan Manel Serrat y Miguel R¨ªos hab¨ªan llamado a unirse a la manifestaci¨®n, y durante el recorrido, y al final, se han escuchado sus canciones. Una mujer proveniente de Galicia, que prefer¨ªa no dar su apellido, reclamaba que el ¡°cuarto pilar del Estado de bienestar¡± se haga efectivo.

Las organizaciones de familiares y usuarios de residencias han proliferado en los ¨²ltimos a?os, pero con la pandemia el movimiento ha ganado fuerza. Estos centros fueron el gran foco en los primeros meses de crisis sanitaria. Entonces, la cifra de muertos iba escalando d¨ªa tras d¨ªa, entre noticias de mayores que mor¨ªan sin recibir la atenci¨®n m¨¦dica adecuada. En la Comunidad de Madrid hubo un protocolo que restring¨ªa la derivaci¨®n hospitalaria de personas con gran dependencia o discapacidad. Durante la manifestaci¨®n, uno de los gritos fue ¡°Ayuso dimisi¨®n¡±. En otras autonom¨ªas, como Catalu?a, son m¨²ltiples los testimonios de trabajadores, directores de centros y familiares que corroboran que tambi¨¦n se denegaron traslados.

Paulino Campos, de la asociaci¨®n gallega Rede, integrante de la plataforma convocante, reclama que se investigue lo sucedido. ¡°Ni la justicia ni los Parlamentos [auton¨®micos] han levantado todav¨ªa el culo del sill¨®n¡±, critica. Habla de que los intentos de que hubiera comisiones de investigaci¨®n se han visto frustrados y de la cantidad de casos que han acabado archivados. No hay un ¨²nico dato sobre cu¨¢ntas denuncias se han presentado, porque los familiares pod¨ªan acudir directamente a los juzgados o tambi¨¦n a la Fiscal¨ªa. Seg¨²n cifras facilitadas por la Fiscal¨ªa General del Estado, a final de 2021 hab¨ªa 70 procedimientos judicializados con intervenci¨®n o control del Ministerio P¨²blico, bien despu¨¦s de una denuncia de los propios fiscales ante el juzgado por considerar que hab¨ªa delito en alg¨²n hecho que hab¨ªan investigado, o en casos que se iniciaron en los juzgados y requirieron de su actuaci¨®n. De las 441 diligencias de investigaci¨®n abiertas entre 2020 y 2021 por los fiscales, 414 terminaron en archivo (algunas de ellas porque un juzgado ya investigaba los mismos hechos).

¡°Los casos que contin¨²an son una gota en el oc¨¦ano¡±, critica Miguel V¨¢zquez, presidente de Pladigmare, asociaci¨®n madrile?a tambi¨¦n integrante de la plataforma convocante. ¡°Despu¨¦s de esta hecatombe parece que no se hubiera aprendido nada. Lo ocurrido ha sido consecuencia de una pandemia, pero tambi¨¦n de un modelo de residencias que ha hecho aguas por todos lados, tambi¨¦n antes de la covid, solo que no era tan visible¡±, defiende. ¡°Hay mucha indignaci¨®n, desasosiego. Hab¨ªa muchas esperanzas de que las cosas pudieran cambiar y estamos haciendo un esfuerzo por valorar positivamente los pasos que se hayan dado, aunque sean t¨ªmidos, pero quedan muy lejos de lo que se deber¨ªa haber hecho¡±, dice.

Se refiere al acuerdo de junio, aprobado por 10 votos a favor y 9 en contra. En ese pacto se acordaron los requisitos m¨ªnimos que se exigir¨¢n a los servicios de dependencia en el pa¨ªs, entre ellos las residencias. Se decidi¨® que ya no puedan construirse centros con m¨¢s de 120 plazas (el tama?o m¨¢ximo ser¨¢ de entre 75 y 120, en funci¨®n de donde se ubiquen) y que estos funcionen de manera m¨¢s parecida a un hogar, con planes personales de atenci¨®n para cada usuario. Tambi¨¦n deber¨¢ haber protocolos contra el maltrato, y de aqu¨ª a tres a?os tendr¨¢ que acabarse con las sujeciones f¨ªsicas o farmacol¨®gicas. Se da hasta finales de 2029 para que cambie todo el modelo.

Lo acordado es un m¨ªnimo com¨²n. Suscit¨® el rechazo de las patronales del sector, que lo consideraron insostenible econ¨®micamente si no hay un gran desembolso de financiaci¨®n extra, y de los sindicatos, por verlo insuficiente. La plataforma de familiares tilda el momento de ¡°crucial¡± porque las comunidades tienen hasta finales de febrero para adaptar sus normativas. Pero nueve regiones votaron en contra (Galicia, Madrid, Andaluc¨ªa, Murcia, Ceuta, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Castilla y Le¨®n y Castilla-La Mancha). Algunas, como Catalu?a y Pa¨ªs Vasco, por motivos competenciales, y aseguran que ya aplican o superan los est¨¢ndares pactados. Otras adujeron que el modelo es inviable econ¨®micamente, como la Comunidad de Madrid, que aplicar¨¢ su propia hoja de ruta para cambiar los centros, seg¨²n dijo la presidenta de la Comunidad, como tambi¨¦n lo afirman Galicia y Murcia. Fuentes de Derechos Sociales explicaron en junio que quienes no cumplan se exponen a recibir menos financiaci¨®n. Los manifestantes piden que las comunidades aut¨®nomas vayan m¨¢s all¨¢, que cada una cuente con un plan para construir residencias p¨²blicas.

¡°La sociedad no puede seguir mirando para otro lado¡±, sostiene Mar¨ªa Jos¨¦ Carcel¨¦n, presidenta de la Coordinadora 5+1, asociaci¨®n catalana integrante de la Plataforma. ¡°El acuerdo no resuelve el tema de las ratios de personal¡±, se?ala. Es decir, la exigencia m¨ªnima de trabajadores. En su opini¨®n lo planteado en el acuerdo en absoluto garantiza un cambio de modelo en la atenci¨®n y debe m¨¢s que doblarse para que esta sea adecuada. ¡°Tampoco se exige un determinado n¨²mero de inspectores, ni se crean en los centros ¨®rganos donde los familiares tengan capacidad de decisi¨®n, y las macrorresidencias van a seguir existiendo porque las ya operativas van a seguir¡±, critica. ¡°Tenemos un problema: poco personal, falta de control y privatizaci¨®n terrible. Es la tormenta perfecta¡±. Por ello, piden a las Administraciones que act¨²en. En el manifiesto le¨ªdo al final de la marcha, los convocantes lanzaban un ¡°mensaje inequ¨ªvoco¡±, ¡°ya no tenemos fuerzas para rendirnos¡±. Desde el escenario, Carcel¨¦n insist¨ªa: ¡°Este es el comienzo. No nos vamos a cansar. Rendirse no es una opci¨®n¡±.