El Gobierno admite la ¡°dudosa constitucionalidad¡± de las inmatriculaciones, pero las da por buenas ¡°salvo excepciones¡±

Las organizaciones que combaten desde dentro de la Iglesia cat¨®lica contra las decenas de miles de inmatriculaciones realizadas por los obispos ¡ªedificios, iglesias, terrenos, fincas, etc. que la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica registr¨® a su nombre entre 1998 y 2015¡ª ya saben a qu¨¦ atenerse ante el Gobierno y la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE). El Ejecutivo admite la ¡°dudosa constitucionalidad¡± de esas inmatriculaciones, pero las da por buenas ¡°salvo excepciones¡±. Por su parte, los obispos aceptan que ha podido haber ¡°algunas, muy pocas, anomal¨ªas¡±, pero sostienen que todo se ha hecho dentro de la ley y para cumplir la misi¨®n evangelizadora de la Iglesia. Enfrente, los reproches de los l¨ªderes de algunas de las 200 organizaciones agrupadas en Redes Cristianas sonaron con estruendo durante un congreso celebrado este domingo y este lunes para tratar el tema. El debate se hab¨ªa convocado con el t¨ªtulo Es hora de devolver. ?A desinmatricular!.

Iniciado el domingo con la participaci¨®n, entre otros especialistas, del secretario general de la Asociaci¨®n de Te¨®logos Juan XXIII, Juan Jos¨¦ Tamayo, el encuentro concluy¨® este lunes al mediod¨ªa con las intervenciones de Alberto Herrera Rodr¨ªguez, subsecretario de Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democr¨¢tica, y de Fernando Gim¨¦nez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Econ¨®micos de la CEE. Les dio r¨¦plica en la mesa Antonio Manuel Rodr¨ªguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la coordinadora Recuperando. Terminado el debate, un nutrido grupo de las Redes Cristianas se manifest¨® ante el palacio episcopal del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que es tambi¨¦n vicepresidente de la CEE.

Adem¨¢s, ha habido un manifiesto final, que los dirigentes han entregado en la sede del Ejecutivo, en la CEE y en la Nunciatura (embajada) del Estado vaticano en Madrid. Este es uno de sus p¨¢rrafos: ¡°Las inmatriculaciones eclesi¨¢sticas son el mejor ejemplo del voraz y acumulador neoliberalismo episcopal que atenta contra el Evangelio de Jes¨²s de Nazaret, contra la doctrina social de la Iglesia y contra los mandatos del papa Francisco¡±. Despu¨¦s de subrayar que ¡°la Iglesia cat¨®lica espa?ola es la ¨²nica en toda la cristiandad occidental con esos privilegios¡±, Redes Cristianas exige a los prelados ¡°devolver los bienes de dominio p¨²blico de los que se ha apropiado; y pagar, como hacen los ciudadanos responsables, los impuestos c¨ªvicos y sociales que se derivan de los bienes que leg¨ªtimamente poseen¡±. Concluye pidiendo a la sociedad que se indigne y rompa de una vez su indiferencia. ¡°?Despertemos y exijamos a los poderes p¨²blicos que lo rescaten y nos lo devuelvan!¡±.

¡°Los obispos, ?nos roban?¡±

¡°Ustedes se pueden enfadar conmigo y no coincidir¨¢n en casi nada con lo que les voy a decir, pero me han invitado a hablar y siempre acudo¡±, admiti¨® Gim¨¦nez Barriocanal, que, sin embargo, dijo asistir al encuentro ¡°a t¨ªtulo personal¡± y no como representante de los prelados espa?oles. Detr¨¢s, en una gran pantalla, hab¨ªa proyectado un argumentario con el t¨ªtulo Los obispos, ?nos roban?. No dej¨® punto por rebatir, incluido el asunto del dinero, donde neg¨® que, entre unos y otros privilegios y actuaciones ¡ªsueldos de los profesores de catolicismo, diferentes capellan¨ªas, la escuela cat¨®lica concertada, la equis en las declaraciones de la renta sin que los cat¨®licos pongan nada de su bolsillo, el sostenimiento del patrimonio arquitect¨®nico, etc.¡ª, la Iglesia cat¨®lica reciba del Estado, a trav¨¦s de sus diferentes Administraciones, unos 11.000 millones de euros cada a?o, como ha calculado la organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro Europa Laica. ¡°Los bienes son del pueblo cristiano. No son del obispo¡±, enfatiz¨®, finalmente. Fue aplaudido por los asistentes, que reconocieron su valent¨ªa.

Del subsecretario de la Presidencia destac¨® su reconocimiento de la ¡°dudosa constitucionalidad¡± del procedimiento inmatriculador orquestado por la Ley Hipotecaria de 1946 y ampliado muy generosamente por el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en 1998, que permit¨ªa a los obispos inscribir bienes con su mera certificaci¨®n y sin aportar t¨ªtulos de propiedad, apropi¨¢ndose de m¨¢s de 100.000 fincas, edificios, templos, plazas, cementerios y monumentos hist¨®ricos sostenidos con dinero p¨²blico. Se extra?¨® de que, pese a esos ¡°visos de inconstitucionalidad¡±, nadie hubiera presentado en todos estos a?os un recurso.

¡°Creemos en la pol¨ªtica ¨²til, y eso no es compatible con resolver de forma r¨¢pida grandes problemas¡±, dijo Alberto Herrera, para salir al paso de las exigencias planteadas reiteradamente por las Redes Cristianas, decepcionadas con el Gobierno por haber incumplido sus promesas electorales. ¡°?Esto significa que el asunto est¨¦ cerrado? En absoluto. ?Solo un millar de bienes [inmatriculados supuestamente por error] son los ¨²nicos con problemas? No. Esto no es un punto final¡±. Prometi¨® que el Ejecutivo va a continuar desarrollando ¡°actuaciones¡± que favorezcan que el registro de la propiedad responda a la realidad de los t¨ªtulos v¨¢lidos.

Ambos ponentes fueron replicados por Antonio Manuel Rodr¨ªguez, portavoz de la coordinadora Recuperando, con un argumento central: todas las inmatriculaciones han sido practicadas por una norma inconstitucional y, por tanto, son nulas de pleno derecho. ¡°Que la pol¨ªtica sea ¨²til, pero adem¨¢s que sea justa¡±, pidi¨® al representante del Ejecutivo, para lamentar que no se haya formulado una declaraci¨®n formal de nulidad. ¡°Hay que preguntarse por qu¨¦; ah¨ª est¨¢ el inmenso poder f¨¢ctico de la Iglesia espa?ola¡±, sentenci¨®.

Interviene el Tribunal Europeo

El privilegio de los obispos para inscribir a su nombre en el Registro oficial cualquier bien sin due?o conocido fue suprimido en 2015 por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, del PP, ante la creciente presi¨®n ciudadana y una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaraba las inmatriculaciones como ¡°arbitrarias¡± y obligaba al Gobierno a pagar una alta indemnizaci¨®n por permitir al obispo de Palencia la inscripci¨®n de un templo propiedad de un particular en el conocido caso de Ucieza.

Desde entonces, ha habido otras sentencias contrarias al episcopado, como la restituci¨®n del convento de las Jer¨®nimas, en Palma de Mallorca, registrado a su nombre por el obispo local y devuelto por orden judicial a sus propietarias, unas monjas que han sostenido un pleito de siete a?os. Otras sentencias, en cambio, han dado la raz¨®n a los prelados, en la idea de que han actuado dentro de la legalidad. Con la inmatriculaci¨®n de esos m¨¢s de 100.000 bienes desde 1946, de ellos casi 35.000 entre 1998 a 2015, gran parte de los obispos se han convertido en los principales propietarios en sus respectivas provincias.