Las enmiendas del PSOE a la ¡®ley trans¡¯: los menores de 16 a?os necesitar¨¢n aval judicial para cambiar de sexo en el registro
Las socialistas introducen modificaciones que presentar¨¢n el lunes, la mayor¨ªa de ampliaci¨®n de derechos. Tambi¨¦n incorporan l¨ªmites a la reversibilidad: para el segundo cambio intervendr¨¢ un juez
No equiparar la violencia intrag¨¦nero con la violencia machista, que la reversibilidad ¡ªvolver a recuperar el sexo anterior a la autodeterminaci¨®n¡ª requiera de un paso por el juzgado, y que todos los menores hasta los 16 a?os necesiten autorizaci¨®n judicial para cambiar de sexo. Esas son las tres cuestiones m¨¢s complejas que el PSOE quiere tocar de la llamada ley trans. Aunque confirm¨® hace una semana que no se tocar¨ªa la autodeterminaci¨®n de g¨¦nero para intent...
No equiparar la violencia intrag¨¦nero con la violencia machista, que la reversibilidad ¡ªvolver a recuperar el sexo anterior a la autodeterminaci¨®n¡ª requiera de un paso por el juzgado, y que todos los menores hasta los 16 a?os necesiten autorizaci¨®n judicial para cambiar de sexo. Esas son las tres cuestiones m¨¢s complejas que el PSOE quiere tocar de la llamada ley trans. Aunque confirm¨® hace una semana que no se tocar¨ªa la autodeterminaci¨®n de g¨¦nero para intentar calmar el intenso choque interno que esta cuesti¨®n ¡ªque una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad¡ª ha provocado, el conflicto sobre este derecho en los menores segu¨ªa en realidad abierto. As¨ª, horas despu¨¦s de que este peri¨®dico publicase las enmiendas que ya estaban redactadas, se han filtrado tambi¨¦n las que a¨²n no lo est¨¢n del todo, como la del texto que ahora mismo se maneja en torno a la autodeterminaci¨®n de g¨¦nero para los menores. Esta ¡°preenmienda¡± socialista propone que entre los 12 y los 16 a?os se requiera aval judicial. Algo que el proyecto actual recoge para los de 12 a 14 exclusivamente, y entre los 14 y los 16 lo permite con autorizaci¨®n parental y si esta no existiese, con intermediaci¨®n judicial.
La legislaci¨®n vigente no prev¨¦ el cambio de sexo en el Registro Civil de los menores, pero tras una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, s¨ª pueden acceder a la rectificaci¨®n, siempre que demuestren ¡°suficiente madurez¡±. Pero en todo caso, tambi¨¦n tienen que cumplir los mismos requisitos que los mayores de edad: diagn¨®stico de disforia de g¨¦nero y tratamiento hormonal durante al menos dos a?os. La actual redacci¨®n de la nueva ley establec¨ªa tramos distintos para acceder al cambio registral, pero sin intervenci¨®n judicial despu¨¦s de los 14 a?os, un l¨ªmite que ahora el borrador de esta enmienda pretende elevar a 16. En ning¨²n caso el proyecto de ley o las enmiendas contemplan exigir informes psiqui¨¢tricos u hormonaci¨®n.
Las enmiendas, todav¨ªa en proceso, se registrar¨¢n el lunes por la ma?ana, por lo que a¨²n podr¨ªan cambiar, tanto las que ya hay sobre la mesa como en las que se est¨¢n trabajando, pero hasta este viernes hay 15 enmiendas preparadas y varias en desarrollo, a las que ha tenido acceso EL PA?S.
En cuanto a las v¨ªctimas de la violencia intrag¨¦nero ¡ªla que se da en las relaciones afectivas o sexuales entre personas del mismo sexo y/o g¨¦nero¡ª, el proyecto de ley actual tiene un art¨ªculo espec¨ªfico, el 65, de ¡°Medidas de proteccio?n frente a la violencia en el a?mbito familiar y frente a la violencia intrage?nero¡±. Establece una equivalencia con las de violencia machista, otorg¨¢ndoles los mismos derechos laborales y de Seguridad Social, algo que tambi¨¦n aliment¨® el debate en torno a la ley porque, seg¨²n las socialistas, supone perder la especificidad de la violencia machista, para la que se cre¨® la ley de 2004 de Medidas de Proteccio?n Integral contra la Violencia de Ge?nero.
Por eso, la enmienda del PSOE propone eliminar el t¨¦rmino ¡°violencia intrag¨¦nero¡±, para que el art¨ªculo sea ¡°Medidas de protecci¨®n frente a la violencia en el ¨¢mbito familiar¡±, otorgando a las v¨ªctimas de violencia intrag¨¦nero los mismos derechos que a las v¨ªctimas de violencia dom¨¦stica (la ejercida contra o entre hijos, abuelos u otros familiares o personas que convivan en el mismo hogar). El primer art¨ªculo quedar¨ªa as¨ª: ¡°Las personas LGTBI que sufran violencia en el ¨¢mbito familiar podr¨¢n acogerse a la orden de protecci¨®n contemplada¡± en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El segundo se mantendr¨ªa tal y como lo recoge el actual texto: ¡°Las Administraciones competentes en materia educativa escolarizar¨¢n inmediatamente a las personas descendientes que se vean afectadas por un cambio de residencia derivado de estos actos de violencia dom¨¦stica¡±.
Y cambiar¨ªa el tercero. En el anteproyecto, est¨¢ actualmente as¨ª: ¡°Existiendo una sentencia condenatoria por un delito por los actos violentos a que se refiere el apartado primero, una orden de proteccio?n o cualquier otra resolucio?n judicial que acuerde una medida cautelar en favor de la vi?ctima, esta tendra? los derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las vi?ctimas de violencia de ge?nero¡±, los de la ley de 2004. Y la enmienda propone esta redacci¨®n: ¡°Existiendo una sentencia condenatoria por un delito de violencia dom¨¦stica, una orden de protecci¨®n o cualquier otra resoluci¨®n judicial que acuerde una medida cautelar en favor de la v¨ªctima, esta podr¨¢ solicitar la reordenaci¨®n de su tiempo de trabajo, la movilidad geogr¨¢fica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deber¨¢n atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas¡±.
La otra modificaci¨®n profunda, la de la reversibilidad del cambio registral de sexo, supone que pasados seis meses desde la inscripci¨®n en el Registro Civil, la recuperaci¨®n del sexo que figuraba antes requiera aprobaci¨®n judicial a trav¨¦s de la Ley de Jurisdicci¨®n Voluntaria. Un paso que ya se contempla en el actual proyecto de ley, que establece que el primer cambio y el siguiente no requerir¨¢n nada m¨¢s que la voluntad, pero a partir del tercero, el procedimiento ser¨¢ el de jurisdicci¨®n voluntaria.
El PSOE propone que ya desde ese segundo cambio sea necesario el paso judicial. El proceso ya est¨¢ recogido en el actual texto de la ley trans: la persona que quiera realizarlo tendr¨¢ que acudir al Juzgado de Primera Instancia que le toque (sin necesidad de letrados o procuradores), presentar una solicitud manifestando ¡°su voluntad de revertir la rectificaci¨®n registral anteriormente producida¡±, ¡°acompa?ada de los medios de prueba que desee utilizar¡±. Una vez admitida a tr¨¢mite la solicitud, que la norma establece que ser¨¢ de tramitaci¨®n ¡°preferente¡±, el juzgado citar¨¢ a comparecer al solicitante, ¡°y, en su caso, a sus representantes legales, a las dem¨¢s personas que estime oportuno, as¨ª como al Ministerio Fiscal¡±, y cualquier otra prueba que considere oportuna. Con ello, ¡°resolver¨¢ sobre la concesi¨®n o denegaci¨®n de la aprobaci¨®n judicial, considerando en todo caso, si el solicitante fuera persona menor de edad, el inter¨¦s superior del menor¡±.
M¨¢s all¨¢ de esos cambios que ya se conoc¨ªan, aunque no en profundidad, el PSOE a?ade otras 12 enmiendas ¡ªde las 15 una es la supresi¨®n de un art¨ªculo porque proponen desarrollarlo de forma m¨¢s amplia con articulado nuevo¡ª, todas de ampliaci¨®n de derechos del colectivo LGTBIQ.
Algunas son breves, como una espec¨ªfica de salud para mujeres lesbianas ¡ª¡±desarrollar protocolos de atenci¨®n ginecol¨®gica para mujeres lesbianas y bisexuales¡±¡ª; una nueva secci¨®n para promover un turismo ¡°diverso e inclusivo donde se visibilice a las personas LGTBI como agentes o sujetos de la actividad tur¨ªstica, con especial ¨¦nfasis en el medio rural¡±; o que las Asociaciones de Madres y Padres (los AMPAS) tambi¨¦n formen parte del fomento que ya establece el proyecto de ley de los programas de informaci¨®n para la diversidad y contra la discriminaci¨®n que se hace en los centros educativos. Y otras son m¨¢s extensas, como las que siguen.
En el ¨¢mbito rural
La propuesta es desarrollar un articulado m¨¢s extenso para las personas LGTBIQ en el ¨¢mbito rural para que las administraciones p¨²blicas garanticen ¡°la igualdad efectiva en el acceso a los recursos y servicios dirigidos a las personas LGTBI en el ¨¢mbito rural, en las mismas condiciones que las personas residentes en entornos urbanos¡±, el respeto, la promoci¨®n y la visibilidad de la diversidad, y ¡°la participaci¨®n de las organizaciones defensoras de los intereses de las personas LGTBI que trabajan en el ¨¢mbito rural¡±, porque, a?aden, ¡°las Administraciones, en el ¨¢mbito de sus competencias, deber¨¢n tener en cuenta las situaciones de discriminaci¨®n m¨²ltiple e interseccional que sufren las personas LGTBI en el medio rural, como las personas menores de edad, j¨®venes, personas mayores, personas con discapacidad y, de manera transversal, las mujeres lesbianas y bisexuales y las mujeres trans, en el desarrollo de sus pol¨ªticas p¨²blicas¡±.
Adem¨¢s a?aden un art¨ªculo de cooperaci¨®n entre administraciones para que, a trav¨¦s de la Conferencia Sectorial de Igualdad, se promuevan las medidas para adaptar la ley al medio rural, teniendo en cuenta las de prevenci¨®n de la violencia y la discriminaci¨®n que pueden sufrir de forma espec¨ªfica en este ¨¢mbito. Y la creaci¨®n, ¡°en colaboraci¨®n con la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, de una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad¡±.
¡®Sexilio¡¯
Tambi¨¦n en el ¨¢mbito rural, introducen una disposici¨®n adicional, ¡°el estudio del sexilio¡±, es decir, ¡°el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminaci¨®n o violencia, d¨¢ndose especialmente en las zonas rurales¡±. La propuesta es que ¡°en el plazo de un a?o desde la aprobaci¨®n de esta Ley, a trav¨¦s del Consejo de Participaci¨®n de las personas LGTBI, se establecer¨¢n los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migraci¨®n de las personas LGTBI dentro de Espa?a. Teniendo en cuenta los datos que se obtengan se contemplar¨¢, en su caso, el sexilio como causa de despoblaci¨®n dentro de las medidas sobre pol¨ªticas de despoblaci¨®n del Gobierno de Espa?a¡±.
J¨®venes
La propuesta que toca a los adolescentes en las enmiendas del PSOE no tiene nada que ver con los procesos de cambio de sexo de las personas trans ni con la autodeterminaci¨®n, sino con el articulado del Instituto de la Juventud, en el que proponen una ampliaci¨®n para el fomento de ¡°la igualdad de las personas j¨®venes LGTBI+ con el resto de la ciudadan¨ªa, promoviendo el asociacionismo juvenil como herramienta para la inclusi¨®n y defensa de sus derechos¡± o que ¡°en los cursos dirigidos a personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles se incluir¨¢ formaci¨®n sobre orientaci¨®n sexual, identidad sexual o expresi¨®n de g¨¦nero que les permita contar con herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad, prevenir el acoso y educar en el respeto y la igualdad, incorporando as¨ª mismo el reconocimiento positivo de las diversidades¡±.
Familias
El PSOE considera ¡°m¨¢s adecuado¡± un art¨ªculo espec¨ªfico sobre adopci¨®n y acogimiento, y propone incluir dos apartados que desarrollen algo m¨¢s lo que ya recoge el texto actual. Uno, para que se garantice, ¡°de conformidad con la normativa vigente, que en la valoraci¨®n de la idoneidad en los procesos de adopci¨®n y acogimiento familiar, no exista discriminaci¨®n por motivo de las causas establecidas en esta ley¡±, y otro para que en los centros de menores se trabaje ¡°la diversidad familiar con el fin de garantizar que los y las menores que sean susceptibles de ser adoptados o acogidos sean conocedores de la diversidad familiar por raz¨®n de la diversidad sexual e identidad de g¨¦nero¡±.
Personas mayores
La enmienda sobre personas mayores ampl¨ªa el articulado actual, proponiendo el establecimiento de ¡°las medidas necesarias para garantizar formaci¨®n de las y los profesionales que trabajan en los centros, servicios y programas de servicios sociales destinados a las personas mayores, tanto p¨²blicos como privados, sobre la realidad de las personas LGTBI mayores¡±, y que ¡°las Administraciones P¨²blicas, en el ¨¢mbito de sus competencias¡± promuevan ¡°en los espacios y recursos comunitarios dirigidos a las personas mayores de socializaci¨®n, ocio, tiempo libre y educativo, tanto p¨²blicos como privados, actividades que contemplen la realidad de las personas mayores LGTBI¡±.
Mujeres trans en situaci¨®n de prostituci¨®n
El PSOE a?ade un nuevo art¨ªculo para que las mujeres trans en situaci¨®n de prostituci¨®n tengan derecho a los recursos sociolaborales que recoge la ley del solo s¨ª es s¨ª, que entr¨® en vigor el 7 de octubre, como programas espec¨ªficos de vivienda o ayudas econ¨®micas. Adem¨¢s, matiza el texto, ¡°se medie o no situaci¨®n de explotaci¨®n sexual, podr¨¢n acceder a los recursos sociolaborales y de atenci¨®n psicol¨®gica que se establezcan en los planes y medidas para v¨ªctimas de violencia sexual o v¨ªctimas de trata y explotaci¨®n sexual que se lleven a cabo desde las administraciones competentes¡±.
Empleo
En este apartado se modifica parte del articulado actual para incidir en la ¡°especial atenci¨®n a las mujeres trans¡± en las competencias de las administraciones p¨²blicas para ¡°impulsar la integraci¨®n sociolaboral¡± de estas. Se a?ade un nuevo apartado: ¡°Asegurar que, dentro de los mecanismos de empleabilidad y planes de inserci¨®n de personas en riesgo de exclusi¨®n social ya existentes, se favorezcan medidas de acci¨®n positiva para la contrataci¨®n y el empleo estable de personas trans, con especial atenci¨®n a las mujeres trans. Se considerar¨¢ la situaci¨®n de aquellas personas que, por su condici¨®n de j¨®venes, de mujeres, de personas desempleadas de larga duraci¨®n, o de personas con discapacidad, se encuentren en situaciones de discriminaci¨®n m¨²ltiple¡±.
Y se incluye tambi¨¦n un nuevo art¨ªculo, ¡°igualdad y no discriminaci¨®n LGTBIQ en las empresas¡±, para que aquellas con m¨¢s de 50 trabajadoras cuenten con medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, ¡°que incluya un protocolo de actuaci¨®n para la atenci¨®n del acoso o la violencia contra las personas LGTBI¡±. Establece la enmienda que ¡°en el plazo de 12 meses desde la aprobaci¨®n de esta ley, las medidas ser¨¢n pactadas a trav¨¦s de la negociaci¨®n colectiva y acordadas con la representaci¨®n legal de las trabajadoras y trabajadores. El contenido y alcance de esas medidas se desarrollar¨¢n reglamentariamente¡±. Adem¨¢s de una recopilaci¨®n y difusi¨®n de buenas pr¨¢cticas en este sentido a trav¨¦s del ¡°Consejo de Participaci¨®n de las personas LGTBI¡±.
Sinhogarismo
La propuesta es un nuevo art¨ªculo espec¨ªfico para las personas LGTBIQ ¡°en situaci¨®n de sinhogarismo¡± para que los poderes p¨²blicos adopten ¡°las medidas necesarias¡± para prevenir esta situaci¨®n. ¡°Tendr¨¢n como foco la detecci¨®n precoz¡±, ¡°con especial atenci¨®n a aquellas m¨¢s j¨®venes¡±.
La enmienda incluye acciones a trav¨¦s de la Administraci¨®n P¨²blica como ¡°investigaciones y estudios focalizados en los factores que llevan a las personas LGTBI a una situaci¨®n de sinhogarismo, as¨ª como la realidad y necesidades espec¨ªficas de ¨¦stas¡±, ¡°capacitaci¨®n que garantice una formaci¨®n suficiente, continuada y actualizada del personal que trabaja¡± con esta poblaci¨®n, y ¡°las medidas oportunas para prevenir los delitos e incidentes de odio que sufren¡± estas personas ¡°por su orientaci¨®n sexual, identidad sexual, expresi¨®n de g¨¦nero o caracter¨ªsticas sexuales, as¨ª como por cualquier otra de las caracter¨ªsticas¡±, todas ellas protegidas ya tanto en el C¨®digo Penal como en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminaci¨®n.
Penas de c¨¢rcel para las terapias de conversi¨®n
El plazo de enmiendas, prorrogado por un acuerdo entre el PP y el PSOE la pasada semana, supuso una vuelta más a un debate que lleva incendiado varios meses, aunque estos retrasos, así como las propias modificaciones, son habituales en una tramitación legislativa. “Hemos pedido una semana para presentar las enmiendas del PSOE, que lo que buscan es dar seguridad jurídica a una ley. ¿Va a retrasar la ley? No. A partir de ahí los trámites irán rápido y podremos tener la ley más segura y garantista”, afirmó el miércoles Patxi López, portavoz socialista en el Congreso. Podemos lo vio como un retraso “que no merecen” las personas trans, el colectivo LGTBIQ ni “sus derechos”, como ha dicho en varias ocasiones esta semana la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Pero no solo el PSOE ha presentado modificaciones —y aún el resto de partidos, incluido Unidas Podemos, tiene margen para hacerlo—. Más País propone incluir las terapias de conversión en el Código Penal. El partido de Íñigo Errejón registra este viernes una enmienda a la ley trans que contempla la modificación de esa normativa para incluir penas de cárcel a quienes realicen este tipo de prácticas. Mediante un nuevo artículo, el 174 bis, la formación propone que aquel que “dolosamente infligiera, practicara, llevara a cabo o realizare Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género” a otra persona, sea castigada con la pena de prisión “de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses”. Establece, además, que se castigue con la misma pena a quienes remitan a una persona a estas terapias, “la fuercen a recibir” una de ellas o “consientan” su práctica “en un entorno bajo su supervisión donde podrían impedirla”, informa Paula Chouza.
Según recoge uno de los apartados de la propuesta, el consentimiento de una víctima de estas terapias, o de sus representantes legales, será irrelevante para la responsabilidad criminal de dicha conducta y establece también que para proceder por este delito no será necesaria denuncia de la persona agraviada ni de sus representantes legales.
El partido de Errejón considera que en la actualidad hay una “ausencia de capacidad” por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas prácticas y que las infracciones contra las terapias de conversión “no son eficaces ni disuasivas para los perpetradores”. Además, explican que el contexto criminológico en el que se producen en España determina que las víctimas tarden muchos años en decidir visibilizar la violencia a la que han sido sometidas y que los tipos penales existentes —estafa, intrusismo profesional, delitos contra los consumidores o el delito de lesiones— “no cubren suficientemente los contextos en que se dan estas prácticas”.