Los ginec¨®logos espa?oles cargan contra la iniciativa antiabortista de Vox en Castilla y Le¨®n
La sociedad cient¨ªfica de la especialidad considera discriminatorias y no exentas de riesgos las propuestas que contempla la Junta
La iniciativa antiabortista lanzada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y Le¨®n, Juan Garc¨ªa-Gallardo, de la formaci¨®n ultraderechista Vox, que gobierna en coalici¨®n con el PP, se ha topado con el rechazo de los ginec¨®logos espa?oles. En un comunicado publicado a primera hora de la tarde de este lunes, la Sociedad Espa?ola de Ginecolog¨ªa y Obstetricia (SEGO) ha cargado contra la propuesta, anunciada el jueves por Gallardo, de obligar a los m¨¦dicos a ofrecer a las mujeres embarazadas que est¨¦n pensando en interrumpir el embarazo una ecograf¨ªa anticipada en 4D (que permite una visi¨®n m¨¢s n¨ªtida del feto) y o¨ªr el latido fetal.
La sociedad cient¨ªfica, que asegura ¡°no tener constancia de este nuevo procedimiento m¨¢s que por las informaciones de los medios de comunicaci¨®n¡±, sostiene que la medida es discriminatoria y no est¨¢ libre de riesgos. Este lunes el presidente de la Junta, Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco (PP), ha rectificado a su vicepresidente y ha asegurado que ni se obligar¨¢ ni se instar¨¢ (verbo que utiliz¨® su consejero de Sanidad, Alejandro V¨¢zquez, tambi¨¦n del PP, el viernes en declaraciones a este peri¨®dico) a los m¨¦dicos a ofrecer a las mujeres que decidan abortar pruebas diagn¨®sticas que no pidan.
¡°El derecho de la mujer a acogerse a la ley de la interrupci¨®n legal del embarazo (ILE) y los requerimientos al respecto est¨¢n regulados legalmente. Nuestro m¨¢ximo respeto a la legislaci¨®n vigente y nuestro m¨¢ximo respeto a las mujeres que se encuentran en esa situaci¨®n¡±, sostienen los especialistas.
La SEGO recuerda que ¡°las prestaciones a la mujer gestante en el sistema p¨²blico de salud, independientemente de la decisi¨®n de la gestante sobre la continuidad de su embarazo, vienen recogidas en los protocolos asistenciales¡±, que deben ser acordes ¡°a las recomendaciones de las sociedades cient¨ªficas¡±. Estos protocolos ¡°no establecen diferencias en la atenci¨®n inicial a la mujer gestante, asegurando de esta manera la equidad e igualdad en su asistencia, personaliz¨¢ndola y adapt¨¢ndola posteriormente a la complejidad de cada caso¡±.
Fuentes de la sociedad explican que ¡°ni existe ni puede existir ninguna diferencia en la atenci¨®n m¨¦dica que reciben las mujeres embarazadas, independientemente de que est¨¦n pensando o hayan decidido acogerse a la ley de ILE, porque supondr¨ªa una diferenciaci¨®n ¨¦ticamente inaceptable¡±.
El comunicado tambi¨¦n alerta de que las ecograf¨ªas 4D ¡°no forman parte de la sistem¨¢tica asistencial, ni puede encontrarse recomendaci¨®n alguna para su pr¨¢ctica rutinaria, ni en protocolos-gu¨ªas nacionales ni internacionales¡±.
Respecto al latido fetal, los ginec¨®logos recuerdan que las gu¨ªas cl¨ªnicas establecen que ¡°en fase embrionaria [hasta la semana diez y seis d¨ªas] se recomienda que la evaluaci¨®n ecogr¨¢fica del latido sea preferiblemente de manera visual¡± y que las ecograf¨ªas Doppler ¡°no deben ser utilizadas rutinariamente¡±. En periodo fetal, hasta la semana 13 y seis d¨ªas, este instrumental s¨ª puede ser utilizado de forma m¨¢s habitual, pero siempre que est¨¦ justificado ¡°para ciertas indicaciones cl¨ªnicas, como el cribado de trisom¨ªas y anomal¨ªas cardiacas¡±.
¡°En definitiva¡±, sigue el comunicado, ¡°existe consenso en hacer un uso prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestaci¨®n por los potenciales efectos t¨¦rmicos y/o mec¨¢nicos indeseables sobre el embri¨®n¡±. Las fuentes consultadas destacan que ¡°es parad¨®jico que una propuesta que pretende hacerse pasar como defensora del embri¨®n contemple actos m¨¦dicos que pueden resultar perjudiciales para ¨¦l¡±.
El comunicado de la SEGO concluye pidiendo a la Junta que no siga adelante con los planes anunciados por Vox: ¡°Por todo lo anteriormente expuesto, y en el caso de que se confirmen las medidas que han sido anunciadas por los medios de comunicaci¨®n y de las que no tenemos constancia directa, creemos que la Comunidad de Castilla y Le¨®n deber¨ªa reconsiderarlas atendiendo a la opini¨®n de los profesionales¡±.
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