El TSJ de Canarias condena a Sanidad de las islas por negarle la operaci¨®n de cambio de sexo a una persona transexual

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que en abril de 2022 conden¨® al Servicio Canario de Salud (SCS) a pagar a una persona trans de Lanzarote un total de 20.737,10 euros en concepto de reintegro por el importe de la faloplastia (t¨¦cnica quir¨²rgica que permite la reconstrucci¨®n del ¨®rgano geni...

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que en abril de 2022 conden¨® al Servicio Canario de Salud (SCS) a pagar a una persona trans de Lanzarote un total de 20.737,10 euros en concepto de reintegro por el importe de la faloplastia (t¨¦cnica quir¨²rgica que permite la reconstrucci¨®n del ¨®rgano genital masculino) a la que se someti¨® en una cl¨ªnica privada fuera de Canarias en agosto de 2018. La Sanidad le hab¨ªa denegado anteriormente la solicitud. Fuentes del SCS han asegurado que el organismo ¡°respeta el pronunciamiento judicial¡± y han rehusado hacer m¨¢s comentarios. La sentencia del TSJC es susceptible de recurso de casaci¨®n para la unificaci¨®n de doctrina.

Para el TSJC, todo el caso constituye una ¡°denegaci¨®n injustificada de tratamiento¡±, por lo que la condena al SCS estuvo plenamente justificada: ¡°Cuando se plantea la reclamaci¨®n de reintegro¡±, recapitula, ¡°la administraci¨®n rechaza la misma argumentando que la parte actora acude por decisi¨®n propia a los servicios distintos a los de la Seguridad Social y sin contar con autorizaci¨®n¡±. Para la Sala, resulta ¡°evidente¡± que no es as¨ª, ya que la decisi¨®n de acudir a la cl¨ªnica privada ¡°no fue una decisi¨®n unilateral y caprichosa de la parte actora, sino que acudi¨® a dicho centro sanitario porque en la sanidad p¨²blica en la que estaba siendo tratada no pod¨ªa facilitarle tal prestaci¨®n¡±. A?ade que ¡°en el caso presente, el SCS ni siquiera acord¨® la derivaci¨®n a otro centro p¨²blico, como solicit¨® Endocrinolog¨ªa¡±.

Salud mental

¡°En el caso presente¡±, recoge el TSJC en su fallo, ¡°el actor es una persona transexual¡± que hab¨ªa sido diagnosticada con un trastorno de disforia de g¨¦nero, ¡°lo que implica una importante condici¨®n de salud mental¡±. En su opini¨®n, en el momento en el que se identific¨® como un hombre trans, busc¨® atenci¨®n m¨¦dica y solicit¨® procedimientos m¨¦dicos espec¨ªficos, como la faloplastia, ¡°que son esenciales para su bienestar y calidad de vida¡±. La solicitud le fue denegada por el Servicio Canario de la Salud ¡°debido a la supuesta falta de un centro de referencia adecuado¡±, recuerda el Tribunal Superior.

La Sala incide, adem¨¢s, en que el actor ¡°presentaba una creciente ansiedad y agravaci¨®n de su trastorno adaptativo a medida que demoraba la atenci¨®n m¨¦dica¡± y recuerda que, de acuerdo con el historial m¨¦dico, expresaba su angustia por la demora en los tratamientos y exteriorizaba ¡°ideas autol¨ªticas¡± [de suicidio]. ¡°Estos hechos indican que su situaci¨®n era de suma importancia y trascendencia desde el punto de vista m¨¦dico y psicol¨®gico¡±, dice la resoluci¨®n, ¡°lo que se ajusta a la interpretaci¨®n amplia de urgencia vital establecida por la jurisprudencia¡±.

El TSJC, eso s¨ª, ha desestimado los recursos de suplicaci¨®n interpuestos tanto por el SCS como por la propia persona afectada contra la sentencia del Juzgado de lo Social n¨²mero 1 de Arrecife (Lanzarote). Esta instancia hab¨ªa estimado parcialmente el 29 de abril de 2022 la demanda del afectado, quien solicitaba que, igualmente, se le resarciera por la operaci¨®n de mastectom¨ªa (extirpaci¨®n de los senos) a la que tambi¨¦n se hab¨ªa sometido en la sanidad privada, y por la que ped¨ªa otros 7.445 euros. El motivo para esta ¨²ltima decisi¨®n fue que tanto el juzgado en primera instancia como la Sala consideraron probado que el SCS le desaconsej¨® la intervenci¨®n de mastectom¨ªa porque llevaba menos de un a?o en tratamiento de hormonaci¨®n y, a pesar de ello, se extirp¨® los senos en un centro privado.

En septiembre, el Tribunal Supremo dict¨® sentencia por primera vez a favor de una persona trans y en contra de la comunidad aut¨®noma de Galicia, que le hab¨ªa vetado reiteradamente, desde hac¨ªa seis a?os, el derecho que reclamaba a operarse con cargo a la sanidad p¨²blica. La sentencia oblig¨® a la Xunta de Galicia a planificar el tratamiento pre y postoperatorio de C.T.G.A. (Vigo, 1972), conocida en las redes sociales desde las que batalla por la causa como Charlotte Goiar. Adem¨¢s, deber¨¢ pagar ¨ªntegramente una complicada cirug¨ªa cuyo coste oscila entre 15.000 y 25.000 euros fuera de la comunidad, ya que en Galicia no existe (y esa era la raz¨®n que aduc¨ªa la Consejer¨ªa de Sanidad) ning¨²n centro p¨²blico habilitado para ello.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cambio, rechaz¨® en junio que el Servicio Madrile?o de Salud (SERMAS) reintegrase los gastos generados por una mamoplastia privada a una ciudadana trans que, a?os antes, hab¨ªa visto cancelada la misma intervenci¨®n, por motivos de salud, en la sanidad p¨²blica. La actuaci¨®n de los servicios m¨¦dicos obedeci¨® entonces, seg¨²n el fallo, a un protocolo de transexualidad frustrado por razones exclusivamente m¨¦dicas, y la decisi¨®n de acudir a la v¨ªa privada fue, para la paciente, completamente voluntaria.