Interior blinda la informaci¨®n sobre el destino de los presos que se declaran trans

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha avalado la decisi¨®n del Ministerio del Interior de no informar a una asociaci¨®n feminista sobre si ha trasladado a un preso condenado por violaci¨®n y asesinato a un m¨®dulo femenino tras declararse mujer. En una resoluci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S, el Consejo concluye que revelar esta informaci¨®n, aunque no se concrete la c¨¢rcel, atentar¨ªa contra la Ley de Protecci¨®n de Datos. Seg¨²n las ¨²ltimas estad¨ªsticas de Interior y de los gobiernos vasco y catal¨¢n ¨Dque tienen transferidas la gesti¨®n de las prisiones de sus comunidades¨D, el pasado abril hab¨ªa 103 personas trans encarceladas en Espa?a, lo que representa el 0,18% de los algo m¨¢s de 55.000 reclusos existentes.

El pronunciamiento de Transparencia se produce despu¨¦s de que la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ¨Dun colectivo feminista que considera que la Ley Trans pone en peligro los derechos de las mujeres¨D presentara ante Interior el pasado 23 de enero, cuando a¨²n se tramitaba en el Congreso esta norma, una solicitud de informaci¨®n sobre la situaci¨®n penitenciaria de Jonathan de Jes¨²s Robaina, violador y asesino de su prima. El 31 de mayo de 2021, el d¨ªa en que comenz¨® el juicio, Robaina hab¨ªa pedido al tribunal, a trav¨¦s de su abogado, que le llamar¨¢n Lorena porque hab¨ªa iniciado el proceso de cambio de sexo en la prisi¨®n de Las Palmas II donde entonces estaba recluido. En el juicio aleg¨® su condici¨®n de transexual para negar su atracci¨®n por las mujeres e intentar librarse, sin ¨¦xito, de la condena por delito sexual. Finalmente, fue condenado a 41 a?os de c¨¢rcel, aunque el Tribunal Supremo la rebaj¨® luego a 38 a?os por cuestiones procesales.

El colectivo feminista reclamaba saber qu¨¦ medidas hab¨ªa tomado Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, con este recluso y si hab¨ªa procedido al traslado del mismo a un m¨®dulo femenino o a una prisi¨®n solo para mujeres. Instituciones Penitenciarias rechaz¨® ocho d¨ªas despu¨¦s facilitar esta informaci¨®n tras alegar que la instrucci¨®n interna en la que se fija el procedimiento a seguir con los reclusos trans ¨Dredactada en 2006, durante el gobierno del socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero¨D recoge que este tipo de datos pertenecen a la parcela m¨¢s ¨ªntima y personal del interno, por lo que se necesitar¨ªa un consentimiento expreso de este para facilitarlos que en este caso no constaba.

Ante esta respuesta, la Alianza present¨® una reclamaci¨®n ante Transparencia en la que alegaba que deb¨ªa ser p¨²blico si un condenado por el asesinato y la violaci¨®n de una mujer hab¨ªa sido ingresado en un m¨®dulo femenino porque estaban ¡°en riesgo¡± los derechos, libertades y seguridad b¨¢sica de las 4.500 mujeres presas, ¡°un colectivo de especial vulnerabilidad, con escasos datos, estad¨ªsticas e informes oficiales y actualizados sobre su situaci¨®n¡±. El Consejo inici¨® entonces el procedimiento que ha desembocado ahora en el aval a la decisi¨®n de Interior. Durante el mismo, el departamento de Fernando Grande-Marlaska volvi¨® a justificar su negativa a facilitar los datos al considerar que el colectivo feminista ped¨ªa una ¡°informaci¨®n sensible relativa a una persona concreta e identificada¡± y que la propia Ley de Transparencia detalla que el acceso a esta solo se facilitar¨¢ si se cuenta con el consentimiento expreso para ello o ¡°si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley¡±.

El Consejo ha terminado dando la raz¨®n a Interior al considerar que tanto el reglamento de la UE sobre datos personales de 2016 como la ley espa?ola de protecci¨®n de datos, de 2018, establecen que est¨¢ prohibido ¡°el tratamiento de datos personales que revelen el origen ¨¦tnico o racial, las opiniones pol¨ªticas, las convicciones religiosas o filos¨®fica, o la afiliaci¨®n sindical, y el tratamiento de datos gen¨¦ticos, datos biom¨¦tricos dirigidos a identificar de manera un¨ªvoca a una persona f¨ªsica, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona f¨ªsica¡±.

Transparencia tambi¨¦n recuerda que la propia ley que regula su funcionamiento admite que la Administraci¨®n estar legitimada para ser opaca cuando se le reclama ciertos datos, entre ellos, los relativos a la ¡°vida sexual¡± de una persona. ¡°En el caso que nos ocupa, es innegable que la informaci¨®n requerida contiene datos relacionados con la orientaci¨®n sexual que entran dentro del r¨¦gimen de las categor¨ªas especiales de datos personales¡±, recalca el consejo. Una portavoz del colectivo feminista ha asegurado a este diario que piensan recurrir esta decisi¨®n.

No es la primera vez que la situaci¨®n de los reclusos trans en las c¨¢rceles provoca pol¨¦mica. El pasado abril, tras la entrada en vigor de la ley, una informaci¨®n period¨ªstica afirmaba que seis reclusos del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) hab¨ªan solicitado cambiar de sexo en el Registro Civil con el supuesto fin de pasar a ocupar una celda en el m¨®dulo de mujeres. Tras la pol¨¦mica generada, Grande-Marlaska asegur¨® d¨ªas despu¨¦s, durante una sesi¨®n de control en el Senado, que Interior solo ten¨ªa constancia de una petici¨®n.

Pese al desmentido oficial, la noticia dispar¨® los bulos y la desinformaci¨®n sobre la estancia en prisi¨®n de este colectivo, el tratamiento que se les da, qu¨¦ procedimiento sigue Instituciones Penitenciarias con estas personas o si iba a cambiar en algo tras la aprobaci¨®n de la ley. La ministra de la Igualdad, Irene Montero, asegur¨® entonces que la nueva norma no afectaba ¡°a la pol¨ªtica penitenciaria¡±, ya que la ley establec¨ªa el cauce burocr¨¢tico para la autodeterminaci¨®n de g¨¦nero solo en el Registro Civil, por lo que legalmente la ley y la instrucci¨®n de 2006 de Instituciones Penitenciarias no chocaban, pese a que entre ambas hab¨ªa un claro disenso.