La auditor¨ªa de Cremades sobre los abusos golpea a los obispos: ¡°Las v¨ªctimas no se sienten escuchadas¡±

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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La auditor¨ªa que la Conferencia Episcopal Esp...

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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La auditor¨ªa que la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) encarg¨® hace casi dos a?os al bufete Cremades & Calvo-Sotelo cuestiona duramente la gesti¨®n de los obispos ante el esc¨¢ndalo de la pederastia y su informe se?ala que durante d¨¦cadas ha prevalecido una actitud de ¡°ocultaci¨®n, relativizaci¨®n e incluso de negaci¨®n¡±. Los autores del documento, de 914 p¨¢ginas y entregado a los obispos el pasado fin de semana, afirman ¡°con contundencia¡± que las v¨ªctimas de abusos sexuales en la Iglesia ¡°no se sienten escuchadas¡± y que ¡°su voz ha estado sepultada en el silencio durante d¨¦cadas¡±. Junto a varios cientos de p¨¢ginas de an¨¢lisis ¡ªque contienen tambi¨¦n testimonios de v¨ªctimas¡ª, el bufete ha incluido una contabilidad de casos: 1.383 denuncias y al menos 2.056 v¨ªctimas, aunque subraya que estos n¨²meros solo representan la punta del iceberg. ¡°No se trata de casos aislados, de unas ¡®pocas manzanas podridas¡¯. Si un solo abuso ya era demasiado, el an¨¢lisis nos habla de miles de abusos. No sabemos, ni creemos que pueda nunca saberse, si se trata de unos pocos miles o de unos muchos miles. Pero, sin duda, son varios miles¡±, aparece en el documento, tal como adelant¨® este diario en marzo. La mayor¨ªa de las denuncias recopiladas pertenecen a las d¨¦cadas de 1960-1970 y, en contra de la idea de que es un fen¨®meno del pasado, a la de 2010-2019. La auditor¨ªa del bufete tambi¨¦n se?ala un punto grave para la Iglesia espa?ola: ¡°La pasividad ante las v¨ªctimas muestra graves defectos estructurales que atrofian la propuesta evang¨¦lica. Y esos defectos estructurales generan una responsabilidad institucional de la Iglesia cat¨®lica en Espa?a¡±. El bufete realiz¨® la auditor¨ªa pro-bono y finalmente el coste que tendr¨¢ que pagar la CEE es de 1.025.000 euros, la mayor parte, 750.000, en gastos, y el resto en el pago de colaboradores externos.

De forma ins¨®lita entre las conferencias episcopales de otros pa¨ªses cat¨®licos, los obispos espa?oles no han querido presentar el estudio ante los medios, ni hacer un acto p¨²blico. En su lugar, han sembrado la confusi¨®n publicando en su web, con pocas horas de diferencia, dos informes de mil p¨¢ginas cada uno. Por un lado, la auditor¨ªa de Cremades a trav¨¦s de un enlace de descarga dentro de una discreta nota de prensa y una actualizaci¨®n de su informe Para dar a luz, un documento realizado por su cuenta y difundido por primera vez el pasado mes de junio. Es decir, dos documentos que contrastan entre s¨ª: el de Cremades, mucho m¨¢s severo con la Iglesia, y el que los obispos han presentado simult¨¢neamente para intentar eclipsarlo. La CEE ha preferido darle m¨¢s valor a un informe en el que se investiga a s¨ª misma que a una auditor¨ªa independiente que identifica m¨¢s casos y ahora ya no les gusta. Si bien los prelados espa?oles incluyen las cifras del estudio de Cremades, solo reconocen 1.302 casos, no hacen autocr¨ªtica y ni siquiera mencionan el encubrimiento. De cualquier forma, la CEE admite las cifras de EL PA?S sobre la magnitud del esc¨¢ndalo ¡ªque en este momento contabiliza en su base de datos 1.381 acusados y 2.516 v¨ªctimas, datos similares que ahora aceptan los obispos¡ª, despu¨¦s de haber asegurado durante a?os que apenas exist¨ªan casos.

Pese a que el informe Para dar a luz se?ala que hay di¨®cesis y ¨®rdenes que han sumado a su contabilidad casos de este diario, la CEE vuelve a cuestionar su trabajo sin argumentos: ¡°Se ha puesto de manifiesto que su sistema de recogida de informaci¨®n no ofrece garant¨ªas suficientes para algo tan delicado como la violencia sexual contra menores, optando por recoger toda la informaci¨®n recibida sin cuestionar la misma¡±. Una opini¨®n que contrasta tambi¨¦n con el informe de Cremades, que por el contrario destaca el papel de los medios de comunicaci¨®n. De hecho, afirma que ¡°la principal fuente de denuncias [aportadas por todas las di¨®cesis, las ¨®rdenes y la propia CEE] trae causa del trabajo de investigaci¨®n de el peri¨®dico EL PA?S¡±. Este ha sido otro punto de fricci¨®n con los obispos, reacios a reconocer la labor de este diario, que desde 2018 les ha obligado a afrontar una gran investigaci¨®n del esc¨¢ndalo. Hace cinco a?os se registraban oficialmente 34 casos y hasta hace dos la CEE dec¨ªa que hab¨ªa ¡°cero o muy pocos¡±, se negaba a hacer una investigaci¨®n interna y proclamaba que no ser¨ªa ¡°proactiva¡± en la b¨²squeda de la verdad.

Si se analizan ambos informes ¡ªla auditor¨ªa y el documento que los obispos han hecho por cuenta¡ª se puede comprobar que la CEE solo incluye en el suyo informaci¨®n parcial de Cremades y deja fuera la que choca con su discurso. Un claro ejemplo es la propuesta de la auditor¨ªa de crear un fondo com¨²n de 50 millones de euros, ampliable, para reparar a las v¨ªctimas, con indemnizaciones de entre 6.000 euros y 100.000 euros, y que est¨¦ coordinado por una comisi¨®n independiente.

Por el contrario, los obispos subrayan en Para dar luz que ¡°no se aprecian razones suficientes¡± para crear un fondo en Espa?a y que ¡°resultar¨ªa por completo innecesario¡± para afrontar el esc¨¢ndalo. Recientemente, los obispos destacaban que pondr¨ªan en marcha un plan integral de reparaci¨®n, pero advert¨ªan que el que deber¨¢ pagar el costo de las multas deber¨¢ ser principalmente el agresor. Lo contrario a lo que aconseja Cremades: ¡°En ning¨²n caso podr¨¢ condicionarse al patrimonio de las personas victimarias, ni solidarizarse el riesgo generado con los feligreses a los que no podr¨¢ recurrirse para incrementar los recursos disponibles, ni utilizar los fondos provenientes del Estado o la asignaci¨®n del 0¡ä7% del IRPF¡±. La auditor¨ªa considera que las v¨ªctimas no deben ser indemnizadas ¡°con cargo al Fondo del Estado que propone el Defensor del Pueblo, cuando la responsabilidad de tales abusos le es imputable directamente a la Iglesia Cat¨®lica¡± y que la reparaci¨®n que esta debe realizar debe cubrir ¡°el derecho a la verdad¡± y ¡°a la justicia¡±, ¡°la restituci¨®n, la indemnizaci¨®n y la satisfacci¨®n¡±, y unas ¡°garant¨ªas de no repetici¨®n¡±.

La auditor¨ªa de Cremades tambi¨¦n ha incluido referencias en su trabajo al realizado por el Defensor del Pueblo, incluso a la encuesta que encarg¨® a GAD3 para conocer el alcance del problema: un 1,13% de la poblaci¨®n adulta residente en Espa?a ha sufrido abusos en su infancia en ¨¢mbito eclesi¨¢stico, porcentaje que equivale a unas 440.000 personas, con un margen de error que abre esa cifra a un abanico de entre 350.000 y 530.000 personas. El presidente de la CEE, el cardenal Juan Jos¨¦ Omella, ha atacado repetidamente esta encuesta y tambi¨¦n a los medios que han realizado la estimaci¨®n, asegurando que era ¡°mentira¡± manifestada ¡°con la intenci¨®n de enga?ar¡±.

Los obispos espa?oles siguen sin hacer autocr¨ªtica sobre su gesti¨®n. Una cuesti¨®n que refleja Cremades en su informe. La comisi¨®n que realizaba la auditor¨ªa se reuni¨® con un gran n¨²mero de obispos y altos cargos de ¨®rdenes religiosas. As¨ª describe esos encuentros: ¡°En nuestra propia experiencia, no pocas veces nos hemos encontrado con una actitud defensiva, de par¨¢lisis, ocultamiento y hermetismo por parte de algunas de las autoridades eclesi¨¢sticas entrevistadas. Hemos constatado que lo que suele prevalecer en algunas autoridades de la Iglesia es la interpretaci¨®n de que las cr¨ªticas son un ataque orquestado para desprestigiar a la instituci¨®n a trav¨¦s de la instrumentalizaci¨®n de las v¨ªctimas¡±.

La auditor¨ªa tambi¨¦n refleja la divisi¨®n interna que hay en la Iglesia sobre c¨®mo afrontar el tema de los abusos, incluso tambi¨¦n sobre el encargo a Cremades: ¡°No pocos obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos pensaban que era un error aceptar que la Iglesia deb¨ªa rendir cuentas en este momento y de esta forma. Su principal argumento es que el abuso sexual a ni?os y ni?as en la Iglesia cat¨®lica representa un porcentaje residual con respecto al abuso que se ha producido y se produce en la sociedad¡±. Otra puntualizaci¨®n importante es la descripci¨®n que hace sobre el poder de la Iglesia en el pasado, especialmente durante la dictadura. ¡°El poder que la Iglesia ten¨ªa de por s¨ª por su autoridad moral y espiritual, que la sociedad le reconoc¨ªa, se ve¨ªa incrementado por la alianza con el poder pol¨ªtico. [...] Las autoridades civiles y pol¨ªticas, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, consideraban una denuncia de abuso en el ¨¢mbito de la Iglesia como un ataque a la autoridad establecida, pudiendo tener graves consecuencias para el denunciante¡±, destaca el documento.

El peso de las v¨ªctimas en el informe de Cremades es relevante, a diferencia tambi¨¦n del documento Para dar a luz, en el que los obispos no dan una cifra propia de v¨ªctimas en mil p¨¢ginas. Incorpora un gran n¨²mero de sus reclamaciones, entre las que destaca que se haga p¨²blico el nombre de los abusadores. Hasta ahora la CEE se ha negado a publicar listas de los pederastas, como s¨ª han hecho varias di¨®cesis de EE UU o de Alemania. Tambi¨¦n inciden en que ¡°se sepa la verdad¡±, ¡°el alcance de los abusos cometidos¡±, ¡°que haya un perd¨®n p¨²blico y privado (unitario y personal)¡± y que se impulse la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales en general. ¡°En nuestro proceso de escucha a los supervivientes hemos encontrado que sent¨ªan un vac¨ªo en el abordaje humano de su situaci¨®n. Los responsables de responder dentro de la Iglesia con frecuencia est¨¢n muy centrados en la estructura, los procedimientos y la institucionalidad¡±, reza el documento de la auditor¨ªa. Esta ha considerado clave ¡°poner a la v¨ªctima¡± en el centro, lo que ¡°implica mantener siempre una presunci¨®n de que quien denuncia haber sido v¨ªctima de un abuso sexual dice la verdad¡±. Por eso, los redactores del documento no han utilizado el t¨¦rmino ¡°presunta v¨ªctima¡±.

El encubrimiento es otro de los puntos tratados por la auditor¨ªa, que tampoco abordan los obispos, a pesar de que al menos 75 obispos y superiores religiosos est¨¢n acusados de encubrir, silenciar o tapar caos de abusos, seg¨²n ha revelado este diario, y 31 de ellos est¨¢n a¨²n vivos y de ellos, 11 en activo. En su an¨¢lisis, el bufete destaca que el sistema de ocultaci¨®n ha contribuido a mantener el problema en el tiempo y a impedir que se conociera la realidad. La auditor¨ªa cita los traslados habituales de pederastas a otra localidad, parroquia o colegio: ¡°Es evidente que con ello no se previene la comisi¨®n de abusos futuros y que lo ¨²nico que se consigue con esta v¨ªa es desplazar el problema a otro lugar. En muchas ocasiones duele comprobar que se prioriz¨® la protecci¨®n de la instituci¨®n y el posible esc¨¢ndalo sobre la protecci¨®n del ni?o¡±. Pese a ello, el trabajo de Cremades destaca que, en todos los casos analizados, teniendo en cuenta las diferentes leyes sobre el tema en las ¨²ltimas d¨¦cadas, no ha encontrado casos en los que ¡°propiamente pudieran calificarse como de encubrimiento¡±. Eso no impide afirmar, seg¨²n aparece en el documento, que ¡°en el pasado se tap¨® y se mir¨® hacia otro lado¡±.

Sobre este tema, la auditor¨ªa reflexiona que durante d¨¦cadas la Iglesia no ha tenido ¡°un sistema claro¡± que tratara las denuncias de abusos ni ¡°normas establecidas que hubieran podido contribuir a la protecci¨®n de ni?os¡± o, si las hab¨ªa, ¡°no se aplicaron¡±. Tambi¨¦n se?ala una falta de comunicaci¨®n entre di¨®cesis, ¨®rdenes religiosas e incluso entre sacerdotes cuando ocurr¨ªa un caso concreto, y que si hab¨ªa informaci¨®n casi nunca se dejaba por escrito. ¡°Esto es especialmente relevante en los casos en que los denunciantes descritos en las fuentes externas se?alan que hab¨ªan acudido a los responsables de la di¨®cesis o de la orden religiosa a poner en comunicaci¨®n los hechos y, sin embargo, no hay constancia escrita de nada en los archivos. De esta realidad es f¨¢cil deducir que muy posiblemente se actu¨®, cuando se hizo, de forma verbal, sin abrir ning¨²n tipo de expediente¡±, explica el documento. Por otra parte, la auditor¨ªa tambi¨¦n se?ala que ¡°un n¨²mero indeterminado de expedientes han sido destruidos, de conformidad con la normativa can¨®nica, tras el fallecimiento del acusado¡±. De hecho, una de las propuestas de la auditor¨ªa es que se haga una revisi¨®n en los puntos del derecho can¨®nico que regulan la destrucci¨®n de archivos.

Otras propuestas concretas que recoge el informe del bufete es establecer un registro de v¨ªctimas y que la Iglesia entregue ¡°todos los casos que conozca¡± a la justicia. Algo que no suele hacer, incluso a pesar de las repetidas solicitudes de la Fiscal¨ªa Espa?ola. Solo entrega en el caso de que el delito no haya prescrito y la v¨ªctima siga siendo menor de edad. El documento tambi¨¦n propone que la CEE impulse una comisi¨®n de protecci¨®n con un delegado por cada 300 personas y ¡°un referente de protecci¨®n por cada 30 ni?os¡±, ¡°y para cada actividad, un responsable de protecci¨®n¡±.