La investigaci¨®n del Defensor del Pueblo estima en 440.000 las v¨ªctimas de pederastia en la Iglesia espa?ola

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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Espa?a pasa hoy de ser una excepci¨®n mundial entre los pa¨ªses cat¨®licos, sin casos de pederastia en la Iglesia reconocidos oficialmente, a ser el pa¨ªs con el c¨®mputo de v¨ªctimas m¨¢s alto del mundo: un 1,13% de la poblaci¨®n adulta actual ha sufrido abusos en el ¨¢mbito religioso, seg¨²n una encuesta a gran escala, la primera de este tipo en el pa¨ªs, que ha realizado el defensor del pueblo, ?ngel Gabilondo. El Defensor ha eludido hacer el c¨¢lculo en n¨²meros redondos en su comparecencia en el Congreso, algo que tampoco figura en el informe. Pero, seg¨²n los c¨¢lculos de EL PA?S, ese 1,13% de los 38,9 millones de empadronados en Espa?a en 2022, de entre 18 y 90 a?os (franja de edad que abarca la encuesta), se corresponde con unas 440.000 personas. M¨¢s en concreto, de ese 1,13%, el 0,6%, unas 233.000 personas, afirma haber sufrido abusos de un sacerdote o religioso, y el resto, de laicos. Para la encuesta se ha entrevistado a m¨¢s de 8.000 personas.

El estudio demosc¨®pico es uno de los pilares de la investigaci¨®n que Gabilondo ha presentado la ma?ana de este viernes en la C¨¢mara baja, 18 meses despu¨¦s de que el Congreso se la encargara. El Defensor ha presentado su informe como un intento de arrojar luz sobre este problema oculto y ha criticado ¡°el silencio de quienes pudieron hacer m¨¢s para evitar¡± la pederastia.

Estas abrumadoras cifras, que superan las 330.000 v¨ªctimas que calcul¨® Francia en 2021, suponen un vuelco hist¨®rico tras d¨¦cadas de silenciamiento de los abusos y, desde que estall¨® el esc¨¢ndalo en otros pa¨ªses a partir de 2002, a?os de negaci¨®n y encubrimiento de la Iglesia espa?ola. Hasta hace dos a?os afirmaba que conoc¨ªa ¡°cero o muy pocas¡± denuncias, en palabras del entonces portavoz de los obispos, Luis Arg¨¹ello, en 2021. Ha sido el impacto de la investigaci¨®n que emprendi¨® EL PA?S en 2018, que ha hecho aflorar las voces de cientos de v¨ªctimas, lo que finalmente forz¨® al Congreso en 2022 a querer saber la verdad de lo ocurrido. Hoy se ha dado el primer paso. Este diario ha colaborado en el trabajo de la comisi¨®n del Defensor, con todos sus datos disponibles, y Gabilondo ha resaltado este viernes que ha sido una de las fuentes de informaci¨®n del estudio. La otra, la propia Iglesia, por primera vez ha accedido a revelar datos propios, aunque incompletos y descoordinados: di¨®cesis y ¨®rdenes admiten 1.104 casos, con 974 agresores y 1.385 v¨ªctimas (902 de ¨®rdenes y 483 de di¨®cesis), unas cifras nuevas que son las m¨¢s altas conocidas hasta ahora. Su primera admisi¨®n de cifras fue en abril de 2021 y solo ascend¨ªan a 220 casos.

El 1,13% de las personas que han sufrido abusos en el ¨¢mbito religioso cat¨®lico, seg¨²n la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor, se divide en dos: un 0,6% fue a manos de sacerdotes o religiosos, y el resto, de laicos que trabajaban en sus instituciones. El estudio indica que ese 0,6% es ¡°una cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros pa¨ªses¡±. En todo caso, es un dato enmarcado en unas cifras globales de abusos a¨²n m¨¢s graves: el sondeo revela que un 11,7% de las personas entrevistadas ha sido v¨ªctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ¨¢mbito familiar. En total, la prevalencia es mayor en mujeres, un 17%, que en hombres, un 6%. En el ¨¢mbito religioso, ese dato se invierte, son los hombres quienes han sufrido m¨¢s abusos: representan el 53,8% de las personas abusadas en el ¨¢mbito religioso, y el 64,6% de las que fueron agredidas sexualmente por un sacerdote o religioso.

El exhaustivo estudio tiene 779 p¨¢ginas y se ha titulado Informe sobre los abusos sexuales en el ¨¢mbito de la Iglesia cat¨®lica y el papel de los poderes p¨²blicos. Una respuesta necesaria. Es un trabajo muy meticuloso y dur¨ªsimo con la Iglesia cat¨®lica, a la que reprocha la falta de colaboraci¨®n en la investigaci¨®n, sobre todo de algunas di¨®cesis, no tanto de las ¨®rdenes religiosas. ¡°La respuesta de la Iglesia cat¨®lica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negaci¨®n o la minimizaci¨®n del problema¡±, se?ala el informe. La propia respuesta de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) a la petici¨®n de informaci¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n ¡°refleja todav¨ªa una actitud caracterizada por las cautelas y reticencias¡±. ¡°Por encima de una declarada voluntad de colaboraci¨®n, los datos han sido presentados de una forma que tiende a minimizar el fen¨®meno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la instituci¨®n, enfatizando la dimensi¨®n social del problema y rehuyendo abordar los factores internos que pueden favorecer las din¨¢micas de abuso y de encubrimiento¡±, afirma.

El documento alega que el ¡°argumento defensivo de que la investigaci¨®n deber¨ªa extenderse a los abusos sexuales en otros ¨¢mbitos olvida o minimiza la relevancia social de la Iglesia y su poder en Espa?a, durante gran parte del siglo XX. Adem¨¢s, no transmite la impresi¨®n de que la Iglesia est¨¦ especialmente interesada en el conocimiento de los delitos¡±. En esta l¨ªnea, constata que ¡°se han detectado en algunos episcopados ciertas actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigaci¨®n de los casos de abusos¡±. Como ejemplo, cita la falta de atenci¨®n a algunas denuncias cuando no se ha encontrado informaci¨®n en los archivos, ¡°presumiendo de alguna manera que las personas denunciantes, a menudo adultos de m¨¢s de 60 a?os, tienen un inter¨¦s espurio, en vez de mostrar voluntad de investigar los casos¡±. En cuanto a los archivos diocesanos, la informaci¨®n ¡°ha resultado ser excepcional y casi inexistente¡±, aunque muchas di¨®cesis solo los han consultado, no los han revisado por completo.

Uno de los puntos m¨¢s relevantes del trabajo es que tampoco ahorra cr¨ªticas a las instituciones, que ¡°durante mucho tiempo han permanecido inactivas ante la realidad de los abusos sexuales y no han realizado los esfuerzos necesarios para proteger a los menores¡± en los centros educativos. Por ello, considera que el Estado, como supervisor, tambi¨¦n tiene una responsabilidad en lo ocurrido y propone ¡°la creaci¨®n de un ¨®rgano especial de car¨¢cter temporal que tenga como finalidad la reparaci¨®n de las v¨ªctimas (...) en aquellos casos en los que, por la prescripci¨®n del delito u otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal¡±. Para ello, recomienda ¡°la creaci¨®n de un fondo estatal para el pago de las compensaciones¡±, en colaboraci¨®n con la Iglesia.

¡°Los poderes p¨²blicos tienen la responsabilidad de garantizar que las v¨ªctimas de estos delitos puedan ver satisfecho el derecho a la justicia que reclaman¡±, mediante alg¨²n tipo de declaraci¨®n p¨²blica en la que, ¡°a partir de un principio de prueba presentado ante un ¨®rgano especial integrado por personas expertas e independientes, se haga constar que un hecho ha tenido lugar, se exprese su car¨¢cter injusto y se reconozca como v¨ªctimas a quienes han sufrido sus consecuencias, adem¨¢s de acordarse una reparaci¨®n¡±. Entre las recomendaciones, el informe no incluye que se aplique una de las principales reclamaciones de las asociaciones de v¨ªctimas, la imprescriptibilidad de estos delitos. El estudio se?ala que no tendr¨ªa efecto retroactivo y se centra en propuestas de reparaci¨®n y reconocimiento del da?o. Tambi¨¦n propone celebrar un acto p¨²blico de reconocimiento a las v¨ªctimas.

Como trasfondo del problema, el informe se?ala que ¡°hay evidencia de que el clericalismo, fuertemente arraigado en el seno de la Iglesia cat¨®lica, la sacralizaci¨®n de la figura del sacerdote como representante de Dios en la Tierra, la soledad de muchos cl¨¦rigos y la asunci¨®n problem¨¢tica de la sexualidad son factores que han podido propiciar¡± los abusos. Como factor de ¡°riesgo espec¨ªfico¡±, indica que la investigaci¨®n acad¨¦mica apunta ¡°al celibato obligatorio, la pr¨¢ctica de la administraci¨®n de la penitencia y cierta visi¨®n de la sexualidad¡±. ¡°Durante mucho tiempo, la Iglesia cat¨®lica ha percibido los abusos sexuales m¨¢s como un pecado del abusador que como un da?o causado a la persona abusada. Esta concepci¨®n ha sido superada, aunque solo recientemente¡±, se?ala el estudio.

8.013 entrevistas

La encuesta que est¨¢ recogida en el informe se basa en 8.013 entrevistas, de las que 4.802 se realizaron por tel¨¦fono y 3.211 online. Se hicieron un total de 113.126 llamadas, en las que se lleg¨® a contactar con 23.991 personas. Entre los encuestados que refirieron abusos, la mayor parte dijeron que ocurrieron en el ¨¢mbito familiar (34,1%), como siempre han se?alado todos los estudios. Sigue la v¨ªa p¨²blica (17,7%), ¨¢mbito educativo no religioso (9,6%), ¨¢mbito social no familiar (9,5%), laboral (7,5%), internet (7,3%), ¨¢mbito educativo religioso (5,9%), ¨¢mbito religioso (4,6%), ocio (4%), deportivo (3%) y sanitario (2,6%). Es decir, reflexiona el estudio, sumando los porcentajes, ¡°ello lleva a se?alar que pr¨¢cticamente un 6,6% de los abusos sexuales han ocurrido en establecimientos de car¨¢cter religioso¡±.

Un 6,1% de las personas abusadas sexualmente respondi¨® que el abusador fue un sacerdote o religioso cat¨®lico. Y adem¨¢s, un 29,3% de las v¨ªctimas indicaron que conoc¨ªan, de forma directa, otras personas que hab¨ªan sido abusadas por la misma persona. M¨¢s de la mitad de las v¨ªctimas en el ¨¢mbito religioso (51,9%) manifestaron tener conocimiento de otros casos de abusos cometidos por la misma persona.

El informe explica que la comisi¨®n encargada de la investigaci¨®n encomend¨® la encuesta porque ¡°sin este dato es imposible poder expresar una voz, con una base emp¨ªrica s¨®lida, en el debate sobre el alcance del problema en Espa?a y sobre si la prevalencia es o no comparable a la que se ha detectado en otros pa¨ªses europeos¡±. El cuestionario consisti¨® en 34 preguntas cerradas, 10 de ellas dirigidas a todas las personas encuestadas y el 24 restante solo a quienes indicaron experiencias de abuso sexual cuando eran menores.

El trabajo analiza el problema con la abundante informaci¨®n recabada por una unidad de escucha a las v¨ªctimas, que se entrevist¨® con 487 personas que se dirigieron al Defensor para aportar su testimonio. La mayor¨ªa, 334, fueron atendidas en persona. Este trabajo ha servido para conocer en profundidad la cuesti¨®n, pero el objetivo no era cuantificar v¨ªctimas una por una, tarea que se antojaba imposible. En todo caso, la comisi¨®n s¨ª ha recopilado los n¨²meros existentes a trav¨¦s de dos v¨ªas: los casos recogidos por la propia Iglesia cat¨®lica, de di¨®cesis, ¨®rdenes y la Conferencia Episcopal, ¡°no siempre coincidentes entre ellos¡±; y la investigaci¨®n de EL PA?S, que en su base de datos abierta recoge en este momento 1.036 acusados y 2.206 v¨ªctimas. El informe no deja de se?alar que estos datos ¡°no representan m¨¢s que una peque?a parte de una realidad mucho m¨¢s extendida¡±.

Parte del inter¨¦s, y el ¨¦xito, del trabajo estribaba en la colaboraci¨®n de la Iglesia espa?ola, que hasta ahora siempre se ha negado a revelar lo que sabe sobre los abusos y los casos que conoce del pasado. Pero esa respuesta sigue pendiente, pues la informaci¨®n facilitada ha sido muy parcial. El Defensor ha usado tres v¨ªas para pedir datos: los de las 70 di¨®cesis espa?olas, las 410 ¨®rdenes religiosas y los n¨²meros globales de la CEE. Este organismo ha respondido con datos ya conocidos: las oficinas de atenci¨®n creadas en 2019 recibieron hasta el 31 de diciembre de 2022 un total de 728 agresores y 927 v¨ªctimas. Las di¨®cesis han admitido 318 casos. Las ¨®rdenes, 786. En total, 1.104 casos, donde el n¨²mero de agresores es de 974 y las v¨ªctimas, 1385. Estos n¨²meros no coinciden con los de la CEE y tampoco hay manera de saber si hay casos duplicados o son distintos. Otro problema es que las respuestas de la Iglesia solo han aportado datos an¨®nimos, que imposibilitan cruzarlos con los obtenidos a trav¨¦s de EL PA?S y los testimonios recogidos por el Defensor y obtener una cifra ¨²nica.

Pero adem¨¢s, destaca el informe, estos datos son muy incompletos. El documento es cr¨ªtico con obispos que en algunos casos ni siquiera han contestado a los requerimientos de la comisi¨®n del Defensor del Pueblo: ¡°Hay obispos que parecen haber decidido evitar el tema, que quieren pasar p¨¢gina, m¨¢s preocupados por las consecuencias para la instituci¨®n que por las que los abusos han tenido para las v¨ªctimas, lo cual les lleva a reconocer un m¨ªnimo de casos o ninguno, incluso pese a la existencia de indicios¡±. Ha sido ¡°muy alto¡± el n¨²mero de di¨®cesis que manifestaron no haber recibido ninguna denuncia o comunicaci¨®n de abusos, 20 de un total de 70, con el a?adido de la de Vic, que nunca respondi¨®. El documento destaca a tres di¨®cesis que dieron una informaci¨®n completa desde el primer momento: Girona, Santiago de Compostela y Tarragona.

En las contestaciones, por otro lado, ¡°no se deduce un criterio claro y compartido sobre los casos de abusos sexuales¡±. En cuanto al encubrimiento, las di¨®cesis no han hecho comentarios, ¡°ni siquiera de los que han sido se?alados expresamente de una forma p¨²blica por parte de v¨ªctimas o de testimonios indirectos¡±. Tan solo un obispado ha se?alado a un posible encubridor.

Pocas di¨®cesis afirman haber pagado indemnizaciones. S¨ª las han reconocido, la mayor¨ªa en juicios civiles, las de Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 100.000 y 25.000) y Vitoria (5.000). El informe destaca la falta de datos en este apartado, ¡°sobre todo si se compara con la informaci¨®n que proporcionaron las v¨ªctimas¡± que acudieron al Defensor, ¡°que relataron muchos m¨¢s casos de indemnizaciones por parte de las ¨®rdenes en comparaci¨®n con las que han pagado las di¨®cesis¡±.