Las v¨ªctimas de la trama de prostituci¨®n en Murcia: diez a?os para ser escuchadas por el tribunal

Diez a?os despu¨¦s de que la polic¨ªa desarticulara una trama de explotaci¨®n sexual de menores en Murcia, el juicio contra los hombres que pagaron para prostituir a las adolescentes ¨Dde entre 15 y 17 a?os en esa ¨¦poca¨D y quienes las captaron ha despertado una pol¨¦mica social por el procedimiento seguido ¡ªuna sentencia de conformidad entre la fiscal¨ªa y los acusados¡ª y por las penas que cumplir¨¢n l...

Diez a?os despu¨¦s de que la polic¨ªa desarticulara una trama de explotaci¨®n sexual de menores en Murcia, el juicio contra los hombres que pagaron para prostituir a las adolescentes ¨Dde entre 15 y 17 a?os en esa ¨¦poca¨D y quienes las captaron ha despertado una pol¨¦mica social por el procedimiento seguido ¡ªuna sentencia de conformidad entre la fiscal¨ªa y los acusados¡ª y por las penas que cumplir¨¢n los condenados, que no entrar¨¢n en prisi¨®n, pese a que las peticiones iniciales eran elevadas. Ninguna de las 11 adolescentes se person¨® como acusaci¨®n en ese juicio ni fueron informadas del acuerdo de conformidad entre los abogados de los acusados y la Fiscal¨ªa, sellado el pasado 11 de septiembre. El tribunal solo ha escuchado a las v¨ªctimas hace unos d¨ªas, una vez que la sentencia era firme.

Esta semana, la Audiencia Provincial de Murcia ha decidido suspender la prisi¨®n impuesta a los siete hombres condenados por prostituir a las menores ¡ªen uno de los casos, el de Juan Castej¨®n, que acumulaba cinco delitos, en contra de la opini¨®n de la Fiscal¨ªa¡ª y tambi¨¦n a uno de los taxistas que las trasladaba a los locales donde eran explotadas y a una intermediaria. Ahora, queda en el aire el futuro de las tres mujeres que captaron a las adolescentes y el de otro taxista; para ellos, el fiscal ha pedido que no se suspendan las condenas y s¨ª entren en la c¨¢rcel.

En la d¨¦cada transcurrida, ninguna de las 11 menores prostituidas hab¨ªa sido contactada por el tribunal, ni siquiera para informarles sobre el acuerdo de conformidad con el que se han fijado las condenas. Seg¨²n explica el fiscal superior de la comunidad aut¨®noma, Jos¨¦ Luis D¨ªaz Manzanera, la ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la v¨ªctima del delito, no obliga a ello, aunque tampoco lo proh¨ªbe. Por eso, en su opini¨®n, habr¨ªa que modificar esa norma para reforzarla y que, en casos de violencia sexual o de especial vulnerabilidad de las v¨ªctimas, como este, ellas puedan ¡°al menos ser escuchadas¡± para que sus opiniones, aunque no sean vinculantes, puedan tenerse en cuenta.

Fue la pasada semana, y aunque el acuerdo de conformidad ya era firme y, por tanto, no pod¨ªa ser recurrido ni revocado, cuando la Audiencia Provincial cit¨® a las v¨ªctimas para escuchar su parecer sobre la posible suspensi¨®n o no de las condenas de los procesados. La magistrada ponente, Concepci¨®n Roig, se?al¨® que cinco de ellas hab¨ªan manifestado su voluntad de ¡°pasar p¨¢gina¡± y se posicionaron expresamente a favor de que los hombres con los que fueron prostituidas no entraran en la c¨¢rcel, con la intenci¨®n de concederles ¡°una segunda oportunidad¡±. Otras dos no quisieron pronunciarse al respecto, y cuatro m¨¢s pidieron al tribunal que no suspendieran las penas de prisi¨®n.

Las cuatro, ha apuntado la magistrada, fueron escuchadas por el tribunal cuando el ¡°movimiento social¡± que se ha generado en la regi¨®n para protestar por las bajas condenas impuestas en este caso ¡°era ya evidente¡± y ha considerado que estaban ¡°presionadas¡± por esa indignaci¨®n social. La magistrada insisti¨® en reiteradas ocasiones durante las vistas en la presi¨®n medi¨¢tica a la que se han visto sometidas estas mujeres, que manifestaron ante el tribunal que las escuchaba por primera vez que se han sentido ¡°victimizadas doblemente¡± y que est¨¢n ¡°mucho peor¡± que antes de llevarse a cabo el proceso judicial, ya que muchas ten¨ªan ¡°superados¡± los hechos y hab¨ªan ¡°rehecho su vida¡±.

No obstante, hasta que se produjeron estas citaciones, las v¨ªctimas no hab¨ªan tenido ning¨²n conocimiento de la marcha del procedimiento judicial. La madre de una de ellas, que utiliza el nombre ficticio de Juana, explica que las chicas desconoc¨ªan incluso que podr¨ªan haber participado con sus propios abogados en el procedimiento. El fiscal superior insiste en que tanto la polic¨ªa como los ¨®rganos judiciales durante la fase de instrucci¨®n est¨¢n obligados a proporcionar esa informaci¨®n, algo en lo que coinciden el resto de fuentes jur¨ªdicas consultadas.

Pero ser informadas no siempre significa que las v¨ªctimas se vayan a personar. Teresa Peramato, fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscal¨ªa del Estado, apunta que las v¨ªctimas de delitos sexuales llegan a los procedimientos ¡°muy da?adas¡± y, aunque hayan denunciado, un paso que ya es dif¨ªcil para ellas, mantenerse en el procedimiento lo es a¨²n m¨¢s si no cuentan con un acompa?amiento integral adecuado.

La abogada jubilada y activista Herminia Su¨¢rez Mata, que a principios de los 90 puso en marcha la Asociaci¨®n de Ayuda a V¨ªctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Dom¨¦stica (Adavas), coincide en que es ¡°tristemente habitual¡± que las v¨ªctimas de delitos sexuales acaben por no involucrarse en los procedimientos. ¡°Las mujeres siempre tienen p¨¢nico a ir a los juzgados. No saben c¨®mo plantear su caso, ni c¨®mo denunciarlo. Debido a los estereotipos sociales que hay, piensan que de entrada se las va a tratar de mentirosas. Luego, van a someterlas a una cantidad de preguntas que las van a martirizar. A veces les da verg¨¹enza contar lo que han sufrido, tienen miedo a que sus familias conozcan por lo que han pasado, aunque de ninguna manera son ellas responsables de lo que han pasado¡±, explica.

Tanto es as¨ª que Juana ni siquiera a d¨ªa de hoy, diez a?os despu¨¦s de los hechos, ha podido hablar con su hija de la trama en la que se vio envuelta. ¡°Todo lo que s¨¦ es lo que me cont¨® la Polic¨ªa Nacional¡±, apunta. Lo que le contaron es que su hija estaba en un chalet donde prostitu¨ªan a menores que captaban en discotecas light, a trav¨¦s de anuncios en los que las adolescentes se ofrec¨ªan como canguros, o en sus propios colegios. Este ¨²ltimo fue el caso de su hija, que un d¨ªa acudi¨® a casa con una compa?era de clase para pedir permiso para ir con ella a cuidar a un beb¨¦. ¡°Le dije que volviera a las 7, pero no lo hizo. Ella nunca llegaba tarde. La llam¨¦ al m¨®vil y lo ten¨ªa apagado, eso me preocup¨® mucho. Cuando lleg¨® a casa ten¨ªa los ojos hinchados, no paraba de llorar, nunca la hab¨ªa visto as¨ª. Solo me dec¨ªa que no pod¨ªa hablar¡±. Al d¨ªa siguiente, cuando estaba en el trabajo, Juana recibi¨® una llamada de la Polic¨ªa Nacional que le ped¨ªa ir con urgencia a comisar¨ªa: hab¨ªan desarticulado la trama.

La chica, que ten¨ªa ¡°15 a?os reci¨¦n cumplidos¡± cuando sucedieron los hechos, tiene diagnosticada una depresi¨®n cr¨®nica desde aquellos d¨ªas. Al igual que su madre, tiene miedo de manera constante de estar siendo vigilada por la trama. Juana trat¨® incluso, para no empeorar su estado, que su hija no conociera el resultado del procedimiento judicial: penas de dos a?os por cada delito de prostituci¨®n cometido por las captadoras y los taxistas, y cinco meses por cada delito en el caso de los prostituidores. Las condenas han sido rebajadas considerablemente al aplicarse la atenuante ¡°muy cualificada¡± de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento judicial se ha retrasado diez a?os.

El fiscal superior reconoce el malestar que generan entre la ciudadan¨ªa este tipo de retrasos que, sin embargo, lamenta, ¡°son constantes¡± y llevan a la aplicaci¨®n de atenuantes en las penas ¡°todos los d¨ªas¡±. Se trata de un asunto que es muy complejo de abordar porque requerir¨ªa, dice, una ¡°reforma profunda¡± de un sistema judicial infradotado, con una enorme carencia de jueces y fiscales, que lleva a que las causas complejas se eternicen en el tiempo. Y, aunque la ley considera que las dilaciones suponen un perjuicio para los acusados y por ese motivo sirven como atenuante de las condenas, D¨ªaz Manzanera se muestra tajante al afirmar que esas mismas dilaciones generan tambi¨¦n un enorme da?o a las v¨ªctimas. Una opini¨®n que comparte Su¨¢rez Mata, que va incluso m¨¢s all¨¢ al afirmar que esta atenuante ¡°pone de manifiesto que las v¨ªctimas son completamente secundarias en un proceso penal, siguen ocupando la ¨²ltima fila del proceso penal, no se aborda su situaci¨®n y el da?o sufrido¡±.

En esa misma l¨ªnea, Peramato apunta que ¡°la dilaci¨®n, en todo caso, perjudica a los investigados, pero a las v¨ªctimas les causa un da?o tremendo en su recuperaci¨®n personal¡±. Por eso, en su opini¨®n, los acuerdos de conformidad no deben ¡°demonizarse¡±, porque no siempre son negativos para las v¨ªctimas, en el sentido de que pueden agilizar la respuesta judicial, evitar un juicio que puede dilatarse m¨¢s a¨²n en el tiempo, y acelerar el cobro de posibles indemnizaciones que, en casos de violencia sexual, puntualiza, ¡°nunca reparan totalmente el da?o causado¡±. En este caso, el acuerdo alcanzado fija indemnizaciones de entre 500 y 2.000 euros por cada uno de los delitos cometidos.

Para Su¨¢rez Mata, estas bajas indemnizaciones, sumadas a las rebajas de las condenas que podr¨ªan desembocar en que los acusados se libren de la c¨¢rcel, lanzan un peligroso ¡°mensaje de tranquilidad¡± a proxenetas y puteros: el de que ¡°sale muy barato satisfacer los deseos de poder a trav¨¦s del sexo¡±. En su opini¨®n, en este caso es clave aplicar una perspectiva de g¨¦nero para entender que ¡°no es tolerable que el cuerpo de las mujeres est¨¦ dentro del mercado, porque el consentimiento de ellas est¨¢ viciado, se produce por necesidad y vulnerabilidad¡±. M¨¢s a¨²n, advierte, cuando las v¨ªctimas prostituidas son, como en este caso, menores de edad.

Para Peramato, ¡°tenemos que seguir trabajando mucho para incorporar el enfoque de g¨¦nero en las actuaciones judiciales, y eso requiere de mucha formaci¨®n¡±. La fiscal reconoce que se est¨¢ haciendo un ¡°esfuerzo muy grande¡± en ese trabajo formativo, tanto en las universidades como a trav¨¦s de la formaci¨®n continua de jueces y fiscales, puesto que sin esa perspectiva, considera imposible dar ¡°un tratamiento procesal adecuado¡± a casos de violencia sexual y de g¨¦nero. ¡°Tener una perspectiva de g¨¦nero es absolutamente esencial para abordar los delitos que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Sin esa perspectiva, la actuaci¨®n de jueces y fiscales puede ser equivocada y llegar a resultados que no hacen verdadera justicia¡±, concluye.