La Fiscal¨ªa de Murcia debatir¨¢ si pide prisi¨®n para las proxenetas de menores a las que rebaj¨® la pena

El acuerdo entre la Fiscal¨ªa y los acusados de una red de prostituci¨®n de menores en Murcia que rebaja las penas a los encausados hasta permitirles eludir la c¨¢rcel ha abierto un debate en el seno del propio ministerio p¨²blico. Fuentes fiscales se?alan que el fiscal superior de Murcia, Jos¨¦ Luis D¨ªaz Manzanera, prev¨¦ convocar una junta de fiscales para debatir si se pide el ingreso en prisi¨®n de las cabecillas de la trama, las mujeres que captaban a las v¨ªctimas, cuyos abogados pactaron con la fiscal del caso una pena de dos a?os por cada uno de los delitos que se les atribuyen, en lugar de los siete a?os que ped¨ªa de inicio el ministerio p¨²blico. Aunque el total de penas impuestas a las mujeres suman 16, 12 y 6 a?os de c¨¢rcel, los abogados aseguraron tras el acuerdo que la previsi¨®n era que evitaran ir a prisi¨®n porque ninguna de las penas superaba los dos a?os, lo cual abre la posibilidad a que no se ejecute el ingreso. La Fiscal¨ªa, sin embargo, se plantea pedir que las mujeres s¨ª cumplan la pena de c¨¢rcel.

Los acuerdos de conformidad entre las acusaciones y los acusados para evitar el juicio son una posibilidad recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y en los delitos contra la libertad sexual hay estudios que estiman que se dan hasta en el 15% de los casos. No obstante, despu¨¦s de que diversos colectivos alzaran la voz en los ¨²ltimos a?os contra acuerdos que libraron de la c¨¢rcel a violadores para los que se ped¨ªan penas elevadas por la gravedad de sus delitos, la Fiscal¨ªa anunci¨® en septiembre de 2022 la elaboraci¨®n de una circular para poner coto a estos pactos. Dos a?os despu¨¦s, ese documento sigue sin publicarse. Fuentes de la Fiscal¨ªa General del Estado admiten el retraso, pero aseguran que el jefe del ministerio p¨²blico, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, dio orden antes del verano de que se aceleraran los trabajos y que la previsi¨®n es que est¨¦ publicada antes de que acabe el a?o.

La encargada de elaborar la circular es la Secretar¨ªa T¨¦cnica de la Fiscal¨ªa General, bajo la supervisi¨®n de Garc¨ªa Ortiz. Fuentes de este departamento alegan para explicar el retraso que se trata de un documento complejo y que ha habido circunstancias pol¨ªticas y jur¨ªdicas que han obligado a posponerlo, como las sucesivas reformas penales (sobre todo la ley del solo s¨ª es s¨ª y la eliminaci¨®n de la sedici¨®n y la reforma de la malversaci¨®n) o la ley de amnist¨ªa, que han obligado a intervenir al ministerio p¨²blico para fijar posici¨®n, restando atenci¨®n y medios a otros asuntos. Adem¨¢s, el fiscal general estuvo en funciones durante varios meses tras las elecciones generales de julio de 2023 y durante ese tiempo tampoco se pod¨ªan dictar circulares.

El texto en el que se est¨¢ trabajando aborda los derechos de todas las v¨ªctimas en el marco del proceso penal, incidiendo en la labor de protecci¨®n que incumbe a la Fiscal¨ªa. Se trata, se?alan las fuentes, de dar pautas de actuaci¨®n a todos los fiscales para cada fase del procedimiento respecto de todas v¨ªctimas, independientemente del delito, aunque se abordar¨¢ de forma especial la protecci¨®n de v¨ªctimas especialmente vulnerables como menores, personas con discapacidad y v¨ªctimas de delitos contra la libertad sexual. Los acuerdos de conformidad tendr¨¢n un apartado espec¨ªfico en el que se dar¨¢n directrices a los fiscales para garantizar que las v¨ªctimas sean siempre informadas del acuerdo con car¨¢cter previo aunque no est¨¦n personadas, como ocurr¨ªa en el caso de Murcia. Aunque en esos casos la opini¨®n de la v¨ªctima no es vinculante, la Fiscal¨ªa considera que es importante explicarle los motivos del acuerdo y las opciones legales para evitar que la conformidad pueda implicar una revictimizaci¨®n.

Las fuentes fiscales consultadas no precisan si los t¨¦rminos del texto en el que se est¨¢ trabajando habr¨ªan evitado un acuerdo como el alcanzado esta semana en Murcia, donde las v¨ªctimas no formaban parte de la acusaci¨®n y en el que el juicio se ha retrasado 10 a?os, una demora que ha sido determinante: las defensas ped¨ªan la aplicaci¨®n de la atenuante de dilaciones indebidas en su modalidad m¨¢s grave (¡±muy cualificadas¡±), lo que, seg¨²n la jurisprudencia del Tribunal Supremo, iba a llevar a rebajar la pena en uno o dos grados. La conformidad pactada entre el ministerio p¨²blico y las defensas ha acabado reduciendo la pena de prisi¨®n a los 13 procesados, a cambio de que reconozcan los hechos y abonen una indemnizaci¨®n a las v¨ªctimas de entre 500 y los 2.000 euros (la petici¨®n inicial, que se ha rebajado era de 6.000). Tambi¨¦n deber¨¢n pagar multas que van desde los 540 hasta los 4.320 euros.

Adem¨¢s de las tres mujeres que captaban a las menores para prostituirlas, en el banquillo iban a sentarse siete conocidos empresarios y promotores de Murcia que pagaron por tener sexo con las adolescentes, de entre 15 y 17 a?os. Estos acusados asumieron ante el tribunal que contactaron con una red de prostituci¨®n para que les consiguiera chicas j¨®venes y ¡°nuevas¡± con las que tener contactos sexuales. Afrontaban inicialmente penas que sumaban en conjunto hasta 25 a?os de prisi¨®n para cada uno (cuatro a?os por cada contacto con una menor) pero el acuerdo firmado entre sus defensas y la Fiscal¨ªa reduce sus penas a cinco meses de c¨¢rcel por cada uno de esos delitos. Aunque en conjunto la suma total de las penas puede superar por poco los dos a?os, el acuerdo contempla que no entren en la c¨¢rcel, una posibilidad que recoge el C¨®digo Penal (art¨ªculo 80.2).

La Audiencia Provincial de Murcia ha fijado para el pr¨®ximo 7 de octubre una vista para decidir c¨®mo se cumplen las penas impuestas. La Fiscal¨ªa, seg¨²n las fuentes consultadas, no se plantea pedir que vayan a prisi¨®n los empresarios, ni tampoco otros acusados que ejerc¨ªan como taxistas clandestinos y que han sido condenados como cooperadores necesarios a penas de entre dos a?os y un a?o y tres meses (el ministerio p¨²blico ped¨ªa inicialmente seis a?os). Pero el ministerio p¨²blico s¨ª va a estudiar en una junta de fiscales de Murcia si solicita el ingreso en prisi¨®n de las cuatro cabecillas de la red, sobre las que han reca¨ªdo penas que, sumadas, llegan a los 16 a?os.